Políticos, académicos y hombres de negocios despistados sobre Cuba

cubanalisis

Dr. Eugenio Yáñez

El inicio del proceso de restablecimiento-normalización de relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, anunciado el 17 de diciembre del 2014, y todas las acciones concretas y específicas que se han producido desde entonces -fundamentalmente por la parte norteamericana- ha permitido, entre otras cosas, comprobar el nivel de candidez e ingenuidad -mirémoslo con buena fe- de muchos de los participantes, ya sean políticos como académicos y hombres de negocio, y tanto estadounidenses como latinoamericanos o europeos.  

 

No me estoy refiriendo a ciudadanos de a pie, que pueden tener un nivel de información más o menos apropiado de acuerdo a sus intereses y motivaciones, sino a profesionales de la política, la docencia superior o la empresa, que con sus declaraciones dejan ver perfectamente que por su falta de información y desconocimiento de las realidades cubanas y de cómo funcionan las cosas en esa curiosa finca de los hermanos Castro, conocida también como República de Cuba, auguran un camino demasiado cuesta arriba para los intentos de convertir en “normales” unas relaciones bilaterales que durante más de medio siglo han sido totalmente anormales.

 

Dejemos de lado por esta vez el tema de las supuestas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos que algunos consideran que se reproducirían casi de inmediato en cuanto el régimen de La Habana “entienda” que debe negociar con EEUU y dar paso a “reformas” de tipo político que favorezcan a los cubanos de a pie, puesto que ya se ha hablado demasiado sin que se haya podido demostrar nada más allá de leyendas urbanas y esperanzas abstractas que, aunque demasiado agradables al oído y las ilusiones, no tienen fundamento, pues los hermanos castros no han renunciado ni tampoco planean renunciar a su monopolio del poder.  

 

De manera que analizaremos otros aspectos más concretos para razonar sobre las perspectivas del entendimiento del gobierno de EEUU con el régimen de La Habana y la posibilidad real de que la población cubana en la Isla se pueda beneficiar de esos acontecimientos.

 

El “bloqueo”

 

Uno de los primeros despistes que se notan en esos políticos, académicos y hombres de negocios tiene que ver con todo lo relacionado con el embargo, llamado “bloqueo” por el régimen de La Habana. Y antes que todo hay que reconocer que, sin duda alguna, fue el gobierno de Cuba quien ganó la batalla del “bloqueo” en todo el mundo, no solo por las más de dos decenas de resoluciones anuales en la ONU condenándolo, sino por la cantidad de personas que supuestamente deberían estar mejor informadas sobre el tema y sin embargo no lo demuestran.

 

Es una equivocación muy generalizada considerar que las carencias y miserias que sufren los cubanos son provocadas por el embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano (que no contra “Cuba”). La afirmación se recibe como axioma que no necesita demostración y se repite como mantra en todas partes, sin tener en cuenta realidades evidentes.

 

Limitémonos, por el momento, a referirnos a la alimentación de los cubanos, y sin hacer abuso de estadísticas y cifras, sino basándonos en hechos muy generales y que cualquier cubano que haya vivido esos tiempos podrá atestiguar sin vacilación alguna. Ninguno de los paladines anti-embargo a toda costa se pregunta cuál era la situación de la economía cubana posterior a 1959 en cuanto a la alimentación de la población, antes de que fuera decretado y poco a poco implantado el embargo por parte de Estados Unidos.

 

De hacerlo con un mínimo de seriedad, se enterarían de que Cuba antes del triunfo de “la revolución” ocupaba el tercer lugar en América Latina en cuanto a consumo de proteínas y calorías por habitante, solamente superada por Argentina y Uruguay. Además, ya antes de la proclamación e inicio de la implantación del embargo los cubanos sufrieron carencias y limitaciones de productos agropecuarios producidos en el país, no a causa de ningún “bloqueo” de alguna potencia extranjera, sino por la ineficiencia administrativa, ineptitud y falta de interés productivo en las llamadas “granjas del pueblo” estatales, que surgieron con motivo de la primera ley de reforma agraria en mayo de 1959, ley mediante la cual fueron expropiadas sin ningún tipo de compensación todas las fincas de más de 30 caballerías (402.6 Hectáreas) de tierra, estuvieran en explotación o no.

 

Esa medida se reforzó en octubre de 1963 con la así llamada segunda ley de reforma agraria, supuestamente promulgada con la intención de destruir el poder de la “burguesía rural y la contrarrevolución” en los campos cubanos. Producto de dicha ley, una vez más fueron confiscadas sin compensación nuevas tierras, ahora todas las fincas con áreas superiores a las 5 caballerías (67.1 Ha), que fueron incorporadas también a las funestas “granjas del pueblo”.

 

Esas “granjas del pueblo”, grosero remedo del “sovjós” soviético caracterizado siempre por su ineficiencia y baja productividad en la hoy afortunadamente desaparecida URSS, y en todos los países del también desaparecido “campo socialista”, llegaron a controlar en Cuba el 78% de las tierras del país, agrícolas o no, quedando el 22% restante en manos de campesinos privados y cooperativas agropecuarias. Sin embargo, ese minoritario 22% en manos privadas y cooperativas resultó siempre mucho más productivo y eficiente que todas las “granjas del pueblo” estatales, a pesar de que estas recibían atención priorizada en recursos de todo tipo por parte del régimen.

 

A pesar de ello, el gobierno totalitario cubano controló la comercialización de productos agropecuarios con regulaciones absurdas y precios leoninos con que pagaba los productos acopiados a los campesinos para supuestamente llevarlos hasta los consumidores en todo el país, y además realizaba esa comercialización usando mecanismos caracterizados por su absoluta ineficiencia. Si a esto le añadimos el ingrediente de una burocracia negligente,  la pérdida de las cosechas se convirtió en una norma de la agricultura castrista. En esas absurdas condiciones, la producción privada y cooperativa no pudo nunca desarrollarse convenientemente después de 1959.

 

Por si fuera poco, el Estado controlaba totalmente la venta y distribución de semillas a los productores, así como la de aperos de labranza y de todos los insumos y herramientas de trabajo fundamentales para la actividad, como machetes, arados, espuelas para jinetes, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, medicamentos veterinarios, equipos de riego, postes y alambre de púas para cercados, recursos de mecanización como tractores, cosechadoras, aviación agrícola, alimentos para el ganado, medicamentos veterinarios, y muchos más, siempre priorizando a las “granjas del pueblo” por sobre los campesinos y cooperativistas en la asignación y distribución de esos recursos.

 

Además, el Estado estableció disposiciones arbitrarias para el control de los productores, como la prohibición de sacrificio de ganado vacuno por parte de sus legítimos dueños (vigente hasta nuestros días), o la obligatoriedad de los campesinos y cooperativistas, en dependencia del territorio donde estaban localizadas sus tierras, de sembrar determinados productos en cada época del año, junto a la prohibición de cosechar otros que no fueran de interés estatal en esos momentos.

 

Como resultado de toda esa política insensata y la ineficiencia característica de todas las economías “socialistas” del mundo, cayó en picada la producción de un conjunto de productos agropecuarios que hasta 1959 satisfacían las necesidades del mercado por sí solos o se complementaban con algunas importaciones, pero nunca al nivel de desastre provocado por el “socialismo” castrista, que en estos momentos tiene que importar el 80% de los alimentos que se venden en el país, y que indudablemente no son suficientes para satisfacer las demandas de la población. Basta con ver los tumultos y riñas para intentar comprar productos agropecuarios que se venden “por la libre”, la raquítica cuota de venta de alimentos en cantidades “normadas” (racionadas) para cada persona, y los precios de los productos agropecuarios -comparados con salarios, pensiones e ingresos promedio- en el extendido mercado negro.

 

Gracias a “la revolución” y no al “bloqueo”, desaparecieron prácticamente del mercado, o su producción se redujo hasta niveles risibles, productos agropecuarios que desde siempre se obtenían en Cuba sin dificultades, como café, malanga, boniato, yuca, calabaza, frutas tropicales, vegetales, leche, quesos, mantequilla, huevos, carne de res, pollos, guanajos, guineos, cerdos, carneros, conejos, pescados, mariscos, especias, dulces, helados, jugos y refrescos.

 

Igual suerte corrieron otros que, aunque la producción nacional no era suficiente para las necesidades del país, se obtenían en el mercado en cantidades adecuadas y a precios razonables gracias a importaciones complementarias que se llevaban a cabo, como eran los casos del consumo de arroz, frijoles, embutidos, grasas comestibles y hasta  alimentos que ni siquiera se producían en Cuba, como tasajo, bacalao o yogurt, que se importaban no solamente desde Estados Unidos, sino también desde España, Portugal, Argentina, Italia, Inglaterra, Noruega, México, Uruguay, Chile, Canadá, Medio Oriente, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Colombia, Costa Rica, y muchos países más.

 

Entonces, las limitaciones, carencias y necesidades insatisfechas de los cubanos en lo que tiene que ver con su alimentación, desde el mismo comienzo de “la revolución” hasta nuestros días, no son efecto de un inexistente “bloqueo”, pues eso nunca existió más allá de unos pocos días durante la Crisis de Octubre de 1962, para evitar la entrada de más armas nucleares soviéticas a Cuba.

 

La verdadera causa de esas tan durísimas condiciones alimenticias para los cubanos, que cada día que pasa se hacen más difíciles todavía, no hay que buscarlas en una supuesta acción agresiva de una potencia extranjera como Estados Unidos, que no existe, sino en la ineficiencia que siempre ha caracterizado toda economía del “socialismo real” en todas partes, y a la ineptitud de todos sus dirigentes, que siempre son designados para dirigir la economía nacional y las empresas estatales no por su capacidad, resultados anteriores ni experiencia, sino por su “confiabilidad” política y su lealtad a los mandarines de turno.

 

De manera que, aunque el embargo fuera eliminado ahora mismo de un plumazo con la autorización unánime del Congreso de Estados Unidos, la dura situación y dificultades de los cubanos para alimentarse no desaparecerán por arte de magia mientras siga existiendo un modelo productivo y comercial ineficiente y absurdo, que ha fracasado en todas partes del mundo donde ha sido aplicado, y en todas las épocas históricas en que se ha querido someter totalmente la producción y el mercado a un plan elaborado por burócratas.

 

El acceso a la Internet y las telecomunicaciones

 

Este es otro de los mitos que pulula con más fuerza desde el 17 de diciembre, porque se parte del principio, absolutamente falso, de que las limitaciones de los cubanos de a pie en la Isla para el acceso a Internet, sistemas modernos de telecomunicaciones, televisión satelital, redes sociales, y llamadas telefónicas internacionales a precios razonables, están determinadas por los padecimientos e insuficiencias tecnológicas que el malvado bloqueo de Estados Unidos impone a Cuba.

 

Sin embargo, a manera de ejemplo, puede señalarse que desde hace varios años existe una conexión submarina con un cable Venezuela-Cuba capaz de ofrecer conexiones de Internet a velocidades mucho más altas de las que funcionan en el país, pero ésta aún no ha entrado en servicio a la población, ni los gobernantes  han explicado por qué. Por eso los pocos afortunados que pueden tener algún tipo de conexión a la Internet -aunque sea a la red local y cerrada dentro del país que ha establecido el gobierno- solo obtienen velocidades extremadamente lentas y a precios escandalosos.

 

Para que los despistados tengan una idea adecuada de lo que quiere decir “escandalosos” precios, sépase que una hora de conexión en Cuba cuesta el equivalente a 4.50 dólares, en un país donde el salario medio se mueve alrededor de los 20 dólares mensuales, y las pensiones entre 10 y 12 dólares al mes. Y nadie se vaya a confundir porque en estos días, y solamente por un limitado tiempo, en lo que parece un movimiento oportunista frente a negociaciones sobre estos temas entre el gobierno cubano y EEUU, el monopolio estatal de comunicaciones del régimen, ETECSA, haya ofrecido una rebaja de precios que, aun siendo significativa en cuanto a porcentaje de descuentos para los abusivos precios que se cargan en la Isla, sigue siendo prohibitiva para la aplastante mayoría de los cubanos.

 

Lo mismo sucede con la televisión satelital: no se trata de limitaciones técnicas ni de que el gobierno cubano, que no rinde cuentas a nadie, no tuviera recursos para que pueda funcionar adecuadamente. Muchos cubanos, por su cuenta, y sin permiso del régimen, utilizan antenas que captan señales de este tipo y las distribuyen entre amigos y vecinos del barrio, gratuitamente o cobrando un precio por el servicio. Es decir, que no es imposible hacerlo, y el gobierno podría hacerlo fácilmente si, por ejemplo, fuera mucho más eficiente en la producción agropecuaria y no tuviera que gastar casi dos mil millones de dólares anuales importando alimentos que se podrían producir en la Isla.

 

El verdadero problema radica en que el régimen no tiene ningún interés en que los cubanos puedan tener acceso a ningún tipo de libertad de información, en ningún sentido y en ningún lugar, puesto que su poder totalitario se basa en el control absoluto y riguroso de toda la información que pueda recibir la población. Y que nadie pretenda desgastarse en una bizantina discusión sobre si el gobierno actual es totalitario o autoritario, porque cualquier conclusión a que se pudiera arribar no cambiaría para nada la esencia de lo que se está describiendo aquí.

 

Pues sea lo que sea, totalitario o autoritario, no deja de ser un régimen dictatorial que pretende modificar a su conveniencia la conducta y acciones de la población, ya sea controlando directamente todos los medios de información y difusión del país como impidiendo el acceso a otras fuentes de información, como son la Internet, la televisión satelital, las redes sociales y la prensa independiente, y a la vez prohibiendo, interfiriendo o bloqueando totalmente publicaciones y señales radiales o televisivas extranjeras que no convengan al gobierno. Y no nos referimos solo a los casos de Radio y Televisión Martí, o como se hizo hace unos años con la CNN en español, sino también a la prohibición de las publicaciones soviéticas Tiempos Nuevos y Spútnik, en tiempos de la perestroika, que el régimen castrista consideraba como información “subversiva” y nada recomendable para la población.

 

De manera que, mientras prime ese criterio ideológico por parte de la dictadura en La Habana, no tendrán la más mínima importancia ni aplicación práctica en este asunto todas las medidas de flexibilización y cualquier otro gesto positivo que pudiera implementar la administración Obama hacia el gobierno cubano.

 

Por lo tanto, todos los cándidos e ingenuos -no tenemos que pensar mal gratuitamente- harían bien en informarse correctamente antes de continuar proclamando buenas nuevas y futuros promisorios que, de momento, solamente existen en sus veleidades intelectuales o en su imaginación.

 

La inversión extranjera

 

Una narración clásica habla de la historia de dos fabricantes de zapatos que se fueron a explorar el mercado en una isla lejana. Al llegar allí comprobaron que todos los isleños andaban descalzos. Uno de los fabricantes pensó: “aquí no hay nada que hacer, pues esta gente no utiliza zapatos”. Sin embargo, el otro fabricante pensó de manera muy diferente: “este es un mercado excelente, pues aquí todos necesitan zapatos”.

 

Para ilustrar la actitud empresarial y emprendedora, esa anécdota es válida. Sin embargo, no refleja una realidad concreta, puesto que una cosa sería la necesidad de un producto, y otra muy distinta la demanda real de ese producto. En otras palabras, aunque todos los isleños de la narración anduvieran sin zapatos, e incluso pudiera decirse que aunque todos necesitaran zapatos, eso no significa que la hipotética isla sería un buen mercado para los fabricantes de zapatos, si no sabemos la capacidad real de aquellos habitantes de adquirir zapatos, de acuerdo a su necesidad y a los recursos de que dispusieran para comprarlos.

 

Algo similar ocurre en el caso de Cuba cuando se habla de las posibilidades que se abren para la inversión extranjera o la exportación hacia la Isla. Acabo de leer un artículo donde un académico y un empresario en México hablaban de las potencialidades del mercado cubano para un producto comestible ligero que actualmente se produce y comercializa en México. El empresario decía que Cuba era un mercado virgen con más de once millones de habitantes ávidos de consumir. Lo cual es cierto.

 

Sin embargo, es algo que de nada vale sin conocer la capacidad real de demanda que tienen los cubanos. Las personas que analizaban desde México la viabilidad de ese producto señalaban que el costo de producción en Cuba sería más alto que en el país azteca porque la materia prima principal debería ser importada. Y que además tendrían necesidad de desarrollar una red de productores cubanos que suministrara otras materias primas que sí se pueden producir en la Isla. Y añadían que aunque el costo de producción sería más elevado que en México, estos gastos se compensarían por la utilización de una mano de obra cubana mucho más barata y un mucho menor costo de rentar locales en Cuba para los establecimientos de producción y los de venta minorista de los productos.

 

Toda esa conversación era muy correcta, “by the book”, como mismo se enseña en una escuela de administración cualquiera en el mundo. No obstante, se trata de un tema muy peligroso comercialmente, porque en ella no se abundó en la capacidad de los cubanos para consumir los productos que vendería ese fabricante. No porque no les gustaran, pues son productos de buena aceptación en México, y no necesariamente enmarcados en la cultura mexicana, es decir, podría pensarse razonablemente que también les gustarían a los cubanos.

 

El problema radica en la capacidad de demanda real de los cubanos no solamente para esos productos, sino para todos los productos que existan en el mundo. Admitiendo que los cubanos no pagan directamente la educación y los servicios de salud pública -lo cual no significa que sean gratuitos- los trabajadores estatales, que constituyen el 80% de la fuerza laboral del país, tienen que satisfacer sus necesidades de alimentación, vestuario, calzado, transporte, vivienda, higiene, cultura, recreación y esparcimiento, con un salario promedio mensual de 20 dólares, o de unos 10-12 dólares mensuales si se tratara de pensionados y jubilados.

 

Naturalmente, en esas condiciones prácticamente es imposible vivir. De ahí que una parte de los cubanos reciban remesas del exterior enviadas por familiares y amigos, y que otra parte tenga que “resolver” desviando (robando) productos estatales y comercializándolos en el mercado negro, a riesgo de ser capturados y encarcelados.

 

El 20% de los trabajadores del país, que actúan como “cuentapropistas” y no trabajan para el Estado, tiene ingresos no tan definidos como los empleados estatales: algunos reciben prácticamente lo mismo (el equivalente a 20 dólares mensuales) o un poco menos que los trabajadores estatales, mientras otros cuentapropistas puede tener ingresos muy, pero muy superiores, fundamentalmente los propietarios de “paladares” (restaurantes privados), transportistas, o quizás dueños de gimnasios o salas de proyección, así como músicos, compositores, artistas plásticos, artesanos, bailarines, diseñadores, cineastas, y escritores que logren contratos en el exterior.

 

¿Cómo se puede realizar un riguroso estudio de mercado en estas condiciones? Se podrá argumentar que ningún estudio de mercado puede pronosticar con un 100% de precisión cómo será el comportamiento del mercado frente al producto que se investigue, lo cual es cierto, pero en ningún caso un estudio de mercado se basaría en bases tan endebles como habría que hacer en Cuba, sobre todo si se tratara de nuevos productos que no se conocen anteriormente en el país, como en el ejemplo que se mencionaba de la conversación del académico y el negociante en México.

 

Otra cosa sería recurrir al concepto de la “maquiladora”: producir en Cuba, aprovechando  relativas ventajas competitivas de costo de la mano de obra y alquileres, y arriesgándose a las tribulaciones de cualquier productor extranjero en la Isla frente a la desorganización tradicional, irregularidades de abastecimientos, sustracción de recursos, necesidad de importar las materias primas, dificultades materiales (comunicaciones, electricidad, agua, estado de las carreteras y calles, las casi permanentes escaseces, y la continua y poco disimulada intromisión estatal (aunque el régimen jure lo contrario), para posteriormente exportar esos productos a mercados que pudieran ser relativamente cercanos y amplios como México, América Central y el Caribe.

 

Aún quien esté dispuesto a correr todos esos riesgos desde el punto de vista de mantener funcionando un negocio, deberá estar muy advertido también de que en Cuba no existen regulaciones para el funcionamiento de relaciones comerciales estrictamente controladas por la ley, ni tribunales o arbitrajes apegados al Derecho, ni muchas de las garantías que pudiera esperar cualquier negociante interesado en operar en un país que funcione de una forma medianamente aceptable para los actividades económicas y negocios.

 

A lo que habría que sumar la escandalosa cultura de la corrupción que corroe a todos los cubanos, y no solamente cubanos de a pie, sino todo el estamento y cuerpo administrativo del país, todos los “dirigentes” de la economía, desde directores de alto nivel y grandes organizaciones hasta los funcionarios mas modestos y de más bajo nivel jerárquico.

 

Y no olvidar tampoco que, si el gobierno cubano lo estima necesario, podría llegar hasta confiscar el negocio sin ofrecer compensación alguna, y el inversionista “siquitrillado” podría sentirse contento y con muy buena suerte si no pasa un tiempo en prisión antes de ser expulsado del país.

 

Si alguien tiene dudas sobre lo anterior, puede interesarse por las historias conocidas y escritas de algunos inversionistas canadienses, españoles o chilenos, por ejemplo, que son muy esclarecedoras en este sentido.

 

Conclusión

 

Hay mucho más que analizar, y muchos otros temas que valdría la pena abordar sobre el asunto que nos ocupa ahora, como el transporte entre ambos países, las exportaciones, las relaciones bancarias y la utilización de tarjetas de crédito, pero que podrían hacer mucho más extenso, casi interminable, este análisis.

 

No se trata de suponer que nada se puede hacer en Cuba aprovechando adecuadamente las nuevas realidades que se están delineando a partir del relanzamiento de las relaciones entre los gobiernos de EEUU y Cuba a partir del 17 de diciembre del 2014. Ni tampoco es que se desee o pretenda presentar un enfoque absolutamente negativo o pesimista de las posibilidades que se abren ahora en el campo de negocios y relaciones económicas.

 

The Washington Post acaba de alertar en un editorial publicado el domingo 22 de febrero que “las altas expectativas y ansiedades profundas que rodean el deshielo entre Estados Unidos y Cuba, que el presidente Barack Obama anunció hace dos meses, se estrellan contra la realidad de que el proceso todavía está en sus primeros y tímidos balbuceos”, destacando a continuación en ese mismo editorial que “Los líderes políticos harían bien en no sucumbir a la exuberancia inducida de la transformación de las relaciones económicas que podrían estar a la mano - y mucho menos acerca de la transformación política del régimen comunista cubano. Los contactos oficiales no deben endulzar o dar legitimidad inmerecida a una dictadura dinástica que sigue siendo una de las más represivas del planeta”.

 

Lo que he estado a lo largo de este análisis tratando de hacer, simplemente, es dejar claro que las cosas no serán de coser y cantar como creen algunos, como si no hubiera nada que discutir, comprender y superar, y que por ninguna razón debería decirse festinadamente que podría comenzarse a hacer casi de inmediato y sin ningún tipo de dificultad lo que ya lleva  más de medio siglo sin hacerse.

 

No solamente porque ni siquiera sabemos si el gobierno cubano quiere realmente hacer o no determinadas cosas, sino algo mucho más importante: aun suponiendo que lo quisiera hacer, si sabría verdaderamente cómo y cuándo hacerlo, y si dispone de inmediato de las personas adecuadas para hacerlo efectiva y eficientemente.

 

Y en ese último aspecto, todo está más confuso todavía.