"Las crecientes y creíbles alegaciones de que el Gobierno cubano puede haber sido cómplice en el asesinato de su crítico más prominente, una figura principal en la lucha por los derechos humanos, no puede ser ignorada por la comunidad internacional", indica Payá en la carta publicada en Ginebra.
También señala que "las familias de las víctimas y el pueblo de Cuba tienen el derecho a conocer la verdad y tienen el derecho a la justicia. Esto solo puede ocurrir con la creación de una investigación internacional e independiente".
La carta está respaldada por una cuarentena de ex dirigentes políticos, como los ex presidente de El Salvador Armando Calderón Sol, de Uruguay Luis Alberto Lacalle y de Perú Alejandro Toledo, parlamentarios europeos y latinoamericanos, y representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En su cuenta de twitter el miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, quien acompañó a Rosa María a la reunión de Ginebra escribió: "dios les cria pero el diablo..delegacion del regimen,rusia,china,nicaragua,pakistan.intentaron evitar rosa hablara.finalmente lo hizo serena".
Rosa María Payá en su presentación se refirió "al dramático nuevo testimonio" del dirigente de las juventudes del Partido Popular (PP) de Madrid Ángel Carromero, conductor del coche accidentado en el que murieron Oswaldo Payá y el también disidente cubano Harold Cepero, que en una entrevista aseguró que un vehículo del Gobierno cubano chocó contra ellos.
Carromero está en libertad vigilada en España tras ser repatriado desde Cuba, donde fue condenado a cuatro años de cárcel.
En unas recientes declaraciones al diario estadounidense "The Washington Post", Carromero declaró que fueron golpeados por un vehículo con matrícula del Gobierno, y que posteriormente fue drogado y maltratado por las autoridades de Cuba.
Estas circunstancias, aseguró, fueron las que le llevaron a realizar una declaración falsa, afirmando que el vehículo derrapó por la gravilla sobre la calzada y se salió de la misma.
En una conferencia de prensa previa a su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, Rosa María Payá anunció que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales en España para tratar de aclarar las circunstancias de la muerte de su padre.
Payá expresó su "indignación" por la actitud del Gobierno español "por tratar a Carromero como un delincuente, cuando no lo es".
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, manifestó el pasado día 7 que si Carromero tiene "evidencias" de que el accidente de tráfico en el que murió Payá fue provocado por otro coche debería acudir a los tribunales.
El titular de Exteriores dijo también que el Gobierno español "no tiene ninguna evidencia" de que las cosas no ocurrieran como dijo el propio Carromero en el juicio celebrado en Cuba y como quedó constatado en el memorándum de entendimiento firmado con las autoridades del país para permitir su traslado a España.
García-Margallo agregó que el Ejecutivo trabaja conforme a la información que en su día recibió de la embajada y el contenido del memorándum aceptado por Carromero y que, por lo tanto, si él tiene otra información, "hará bien en ir a un tribunal".
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