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Leopoldo Castillo, conocido periodista del canal y conductor del programa "Aló ciudadano", dijo que "La Globovisión que conocimos, la Globovisión que vivimos en los últimos 12 años, no es la Globovisión que vamos a vivir. Yo quiero poner las cosas claras, lo demás es engaño", dijo Castillo.
La dirección del canal estaba supuesta a ser compartida por Castillo y por Vladimir Villegas, hermano del ministro de Información, Ernesto Villegas, pero éste último anunció en su cuenta de Twitter que había desistido de la idea "en vista de diferencias que surgieron con la nueva directiva de Globovisión" y porque "no hubo consenso con respecto a propuestas en materia de programación" ni con respecto a sus competencias, explicó.
Carlos Zuloaga, el hijo menor de Guillermo Zuloaga, fundador de Globovisión fue el encargado de comunicar el cierre. "Yo ya tengo lista mi renuncia y la de mi papá, lo que queda es entregarla. Cuando regrese en la tarde (de ayer lunes) las entrego, estaré aquí ayudando esta semana en las reuniones operativas pero no en nómina", aclaró Zuloaga.
Los directivos reunieron a los empleados de Globovisión para informarles que a partir de este martes están bajo una nueva administración.
En una carta leída por su hijo, Guillermo Zuloaga, quien presidió Globovisión durante 18 años, aseguró que la venta del canal le genera "sentimientos encontrados" y afirmó que las negociaciones "han sido impecables" durante el proceso de venta. "Para mantener a Globovisión abierta hace falta más que dinero".
"A nuestra querida audiencia, gracias a su lealtad Globovisión sobrevivió momentos importantes, sigan fieles y críticos a esa pantalla. No me despido porque estaré en contacto", finalizó Zuloaga, quien se exilió en Estados Unidos, luego de que el fallecido presidente Hugo Chávez le amenazara con llevarlo a la cárcel por sus opiniones críticas a su gobierno.
La venta del canal comprende el 80% de las acciones que están en manos de dos familias, mientras que el otro 20% de la televisora fue confiscado por el gobierno hace tres años a su propietario, que sostiene demandas contra el Estado para recuperarlo.
No se ha revelado el monto de la transacción.
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