Dr. Eugenio Yáñez
Expectativas y especulaciones
Después de mucha espera, interminables vacilaciones y continuos
ajustes, finalmente la siempre unánime Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP) aprobó el sábado 29 de marzo la nueva Ley de
Inversión Extranjera propuesta por el gobierno cubano, que sustituye
a la Ley 77 de 1995. El alcance y los límites de esta disposición,
que entrará en vigor noventa días después de
su publicación en la Gaceta Oficial, se definirán claramente solo
cuando se hagan públicos los reglamentos de su instrumentación.
Como la separación de poderes en Cuba es una ficción, y la misma ni
siquiera se proclama en los documentos constitucionales, era
evidente no solamente que la propuesta gubernamental sería aprobada,
sino que lo sería por unanimidad, como es la norma en todas las
aprobaciones del órgano “legislativo” cubano en sus casi treinta y
ocho años de existencia.
Alrededor de la aprobación de la nueva ley se crearon infinidad de
expectativas. Ya a finales de diciembre del 2013 Raúl Castro había
anunciado la celebración de una sesión extraordinaria para el mes de
marzo del 2014, lo que representaba algo poco común, pues el
“parlamento” cubano se reúne dos veces al año, y casi siempre por un
día cada vez, aunque en contadas ocasiones algunas sesiones pueden
durar dos días.
A
ese anuncio se sumó una gran cantidad de especulaciones de expertos
y adivinadores de feria en todas partes, que aseguraban saber todo
lo que sería aprobado, y que centraban sus vaticinios en la supuesta
posibilidad de que los cubanos residentes en el exterior pudieran
invertir en Cuba, algo que, por otra parte, ya estaba expresado en
la Ley 77 de 1995, aunque tal posibilidad nunca se materializó. Y
muy pocos recordaban que antes de esa ley de 1995 existió otra de
1982 que contenía tantas restricciones, dificultades y trabas
burocráticas que nunca pasó de ser una pieza de museo.
Al
ambiente especulativo generalizado contribuyó también por esos días
el reportaje del diario The Washington Post sobre el magnate
azucarero Alfonso Fanjul, nacido en Cuba, y actualmente con
ciudadanía española y residente en Estados Unidos. El castrismo
nacionalizó todas las propiedades de la familia Fanjul al comienzo
de la revolución, y ellos emigraron a probar suerte en otros países
del área. Hoy, más de medio siglo después de aquellas
confiscaciones, las empresas azucareras de los Fanjul en República
Dominicana y Estados Unidos producen más azúcar que toda la que
produce en Cuba ese “gobierno revolucionario” que le confiscó las
propiedades familiares en 1960.
Por
ese reportaje del influyente rotativo norteamericano se pudo saber
que Alfonso “Alfy” Fanjul había visitado Cuba al menos en dos
ocasiones y conversado con funcionarios del régimen, y aunque dijo
al diario que sus intenciones eran “reunir a la familia cubana”,
señaló también que podrían explorarse posibilidades de negocios si
hubiera avances políticos y diplomáticos, y que “al final del
camino me gustaría ver a nuestra familia de regreso en Cuba, donde
empezamos… pero tiene que ser bajo las circunstancias correctas”.
Como si no fuera suficiente con lo dicho, añadió: “¿Podemos
considerar una inversión más adelante? Si hay un acuerdo entre Cuba
y Estados Unidos, y se puede hacer legalmente, y hay un marco
adecuado establecido, entonces veremos esa posibilidad”.
Como se puede observar fríamente, esas declaraciones del señor
Fanjul no constituían afirmaciones rotundas y definitivas ni
compromisos o anuncios de ningún tipo, sino simplemente expresiones
condicionales sujetas a muchos aspectos que estaban implícita o
explícitamente expuestos en la misma oración, pero que sin embargo
resultaron abundante combustible para el Miami pasional y
extremadamente emocional que se mueve en la prensa escrita, la radio
y la televisión del sur de La Florida.
La
polémica en Miami, -como era de esperarse- tomó fuerza inflamable, y
las posiciones de inquisidores y panegiristas fueron cada vez más
rugientes y apocalípticas, y todo eso contribuyó a incrementar la
especulación sobre lo que traería la nueva ley de inversión
extranjera que se estaba cocinando en los fogones de La Habana.
A
la especulación contribuyeron también muchos de los agentes de
influencia del régimen que radican en territorio de Estados Unidos.
Sus declaraciones, entrevistas y reuniones sobre el tema, recibieron
amplia cobertura en sus mediocres órganos de prensa en el sur de La
Florida y además, como tantas otras veces, continuaron desarrollando
su trabajo enfocado a influir en una academia perdida, nostálgica, o
quizás envidiosa o despistada.
Algunos de esos propagandistas de la dictadura pretendieron
presentar las cosas como si casi fuera un honor para un exiliado
cubano irse a invertir a la Cuba de los Castro si finalmente el
régimen se mostraba lo suficiente generoso para permitírselo, lo que
daban como algo ya casi seguro en la nueva ley.
Ya
en la ley de 1995 no se impedía explícitamente a los cubanos
residentes en el exterior invertir en la Isla, pero en la práctica
no se les permitió en ninguna circunstancia. Con la nueva ley se da
la misma situación de posibilidad para invertir, al definir al
inversionista extranjero como “persona natural o jurídica, con
domicilio y capital en el extranjero, que participa como accionista
en una empresa mixta o participe en una empresa de capital
totalmente extranjero, o figure como parte de un contrato de
asociación económica internacional”.
Evidentemente, ese lenguaje no excluye a nadie que reúna esos
requisitos de residencia en el extranjero y disponibilidad de
capital para invertir. Sin embargo, ya el régimen aclaró -y para eso
existen los reglamentos que instrumentan la ley- que quienes
realicen actividades contra “Cuba” o se relacionen con “la mafia
terrorista y anticubana de Miami”, quedarán excluidos.
Casi nadie ignora que cuando desde La Habana hablan de realizar o
participar en actividades contra “Cuba” se pueden estar refiriendo a
cualquier cubano en el exterior que mantenga una posición crítica
frente al gobierno cubano que no sea del agrado de la gerontocracia,
y que lo de relacionarse con “la mafia terrorista y anticubana de
Miami” puede abarcar lo que les de la gana a los propagandistas de
la tiranía. Por eso queda claro que las posibilidades reales de los
cubanos en el exterior para convertirse en “inversionistas
extranjeros” en Cuba, dependerá de la opinión puntual y específica
del gobierno sobre cada caso que se presente a su consideración, y
que el requisito de “portarse bien” será imprescindible para que un
cubano pueda invertir en la Isla, sea un modesto emprendedor o un
magnate de primera línea.
Los
miserables al servicio de la tiranía, aunque pretendan embellecer
algunas palabras de un idioma español que no precisamente dominan,
aunque hayan nacido en Cuba, quieren que los cubanos nos olvidemos
de la Ley 890 de 1960, encaminada a acabar con la gran propiedad
privada en Cuba. Aquella ley sentó las bases del comunismo que
eliminó poco después también la mediana y la pequeña empresa
privada.
La
890 pretendía justificarse señalando en su primer Por Cuanto que “La
obra creadora de la Revolución, en sus múltiples aspectos, está
basada fundamentalmente, en el pleno desarrollo económico de la
nación”. Y en el segundo expresaba que “Es evidente que ese
desarrollo no puede lograrse sino mediante la planificación adecuada
de la economía, el aumento y racionalización progresiva de la
producción y el control nacional de la industria básica del país”.
En
cierto sentido es comprensible que el régimen y sus sicarios
verbales pretendan olvidarse de aquella ley promulgada el 13 de
octubre de 1960, hace casi cuarenta y tres años y medio, pues es una
muestra expresa de que nada de lo que se prometió con la
nacionalización de las grandes empresas cubanas fue cumplido: ni el
pleno desarrollo económico de la nación, ni la planificación
adecuada de la economía, ni el aumento y racionalización progresiva
de la producción, ni mucho menos el control nacional de la industria
básica del país, cuando la nación cubana se encuentra en ruinas y lo
que queda del parque industrial y tecnológico, y de las capacidades
gerenciales, anda por el piso y sin perspectivas inmediatas de
solución o ni siquiera de mejoría.
Por
eso es tan importante para la quinta columna de la dictadura que la
gente se olvide de todo lo relacionado con aquella ley de 1960 y el
fracaso de “la revolución”. Quieren hacer borrón y cuenta nueva para
poder beneficiarse con la mezcla de especulaciones y promesas de que
ahora “todo es diferente”. Eso sirve de aderezo también para la
renovada campaña contra el embargo de Estados Unidos y por la
liberación de los cinco espías que ya son tres, temas que se
introducen solapadamente en cuanta oportunidad tienen los agentes
del régimen en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo.
Sin
embargo, aunque sus secuaces se refieren al levantamiento del
embargo, La Habana no ignora que la Helms-Burton es inexpugnable
mientras un Castro esté en el poder, por eso su objetivo inmediato
es lograr la autorización para que los ciudadanos estadounidenses
puedan viajar a Cuba sin restricciones, así como el acceso del
régimen a los créditos, porque ambas acciones darían nuevas entradas
de dinero fresco a las raquíticas arcas del gobierno, que cada vez
están más quebrantadas por la ineptitud, la ineficiencia y la
corrupción generalizada.
A
todo ese ambiente de despiste y especulación, como siempre,
contribuye una parte de la prensa poco seria, sobre todo en español,
que opina sin informarse demasiado sobre los temas correspondientes,
y que todavía presenta titulares del tipo de que “Cuba aprueba tal
cosa”, o “Cuba condena tal otra cosa” refiriéndose
irresponsablemente a “Cuba” en abstracto cuando debería referirse al
gobierno cubano.
Porque quienes dirigen esos medios no quieren aceptar, por cobardía,
ignorancia o complicidad, que el gobierno cubano ha demostrado
durante más de medio siglo que toma las decisiones sin importarle en
lo más mínimo lo que piense, desee, o le interese a los cubanos en
la Isla, y mucho menos a los casi dos millones de cubanos que, por
una razón u otra, residen en el extranjero; y que somos tan cubanos
como los miembros del buró político del partido comunista cubano.
Y lo expreso de esta manera para no decir que tal vez, en lo
relativo a la defensa de la soberanía nacional, podemos ser más
cubanos que esa camarilla de corruptos ancianos entreguistas
aferrados al poder.
En
medio de todo este contexto tampoco faltaron frases sibilinas como
esas de que “Cuba” se estaba preparando para abrirse al capitalismo
y la inversión extranjera, o de que muchas de las personas
adineradas que han visitado Cuba recientemente expresan en privado
que “los dirigentes del partido más reacios a la normalización con
EE UU han perdido influencia” (y uno podría preguntarse con cuántos
de los dirigentes del partido más reacios habrían conversado esas
personas adineradas cuando viajan a Cuba), o de que producto de la
tensa situación en Venezuela se estaban apresurando en La Habana
para aprobar la nueva ley de inversión extranjera, como si la crisis
de la economía cubana ya no fuera aguda desde mucho antes que
comenzaran en febrero los disturbios en Venezuela.
Sin
embargo, como pasa tantas veces en estos casos, algunas cosas
comenzaron a saberse con mayor certidumbre cuando el régimen comenzó
a filtrar informaciones sobre lo que se estaba discutiendo y
aprobando en la Asamblea Nacional.
Cuando empezaron a conocerse algunas de esas noticias filtradas pudo
comprobarse, una vez más, que la distancia que separa a algunos
“expertos” que les encanta robar micrófonos y cámaras en el sur de
La Florida, de los embaucadores de feria, resulta demasiado delgada
y estrecha, y que en ocasiones es preferible disfrutar de dibujos
animados infantiles que de las proyecciones de determinados
personajes de visita en muchos programas de la radiodifusión en
español en Miami y sus alrededores. Muchos de esos personajes, sin
embargo, no son demasiado proclives a publicar en la prensa escrita,
porque escribir coherentemente resulta algo mucho más complicado
para ellos que improvisar disparates en transmisiones de radio o
televisión.
¿Fracaso, respiro o victoria?
Lo
más interesante de este proceso alrededor de la nueva ley de
inversiones, tal vez, es que aunque se han repetido decenas y
centenares de veces, o quizás hasta miles de veces todo tipo de
comentarios y opiniones alrededor de la lo aprobado en La Habana,
gracias al portentoso poder de reproducción y multiplicación de
información en el ciberespacio, -que van desde profundos y serios
hasta regulares, ridículos y absurdos- uno de los aspectos quizás
más significativos de la nueva ley ha pasado casi inadvertido para
tantas personas.
Se
trata del reconocimiento implícito por parte de la dictadura del
fracaso de todos los planes y programas económicos de “la
revolución”, desde la primera y segunda ley de reforma agraria en
1959 y 1963, el “programa del Moncada”, pasando por aquellas
primeras nacionalizaciones masivas de 1960 y la “ofensiva
revolucionaria” de 1968 hasta el día de hoy.
Reconocimiento del fracaso que le correspondió hacer público, en
primer lugar, a Marino Murillo, miembro del buró político del
partido, Vicepresidente del gobierno, y jefe de la Comisión de
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba (tiene más cargos que
autoridad), que lo hizo así si nos guiamos por la versión del
periódico oficialista Juventud Rebelde:
“Al hacer una comparación con las tendencias
mundiales, el Vicepresidente del Consejo de Ministros indicó que en
los países que muestran un desarrollo exitoso, la tasa de
crecimiento anual ha sido del siete por ciento como promedio, cifra
de la cual Cuba ha estado muy alejada.
Para crecer es importante lograr incrementos
anuales en el país entre el cinco y el ocho por ciento, y esto está
muy relacionado con sostener altas tasas de acumulación (es decir,
de inversiones), argumentó Murillo Jorge.
Cuba necesita, para un crecimiento anual del
siete por ciento, mantener ritmos de inversiones de por lo menos el
20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta tasa de
acumulación exige a su vez, para no afectar el consumo de la
población, de financiamiento externo”.
Con
su lenguaje romo, que no se puede decir que se caracteriza ni por la
excelencia de la composición ni de la sintaxis, señaló, según
reporta Associated Press:
“La economía nos hace falta que nos crezca
mínimo entre un 5% y un 7%, ese 5% y 7% demanda tasas de inversión
anual en el entorno del 20% y eso demanda un financiamiento
externo”.
“Cuba [o sea, el
régimen] necesita de $2,000 millones a $2,500 millones anuales en
inversión extranjera directa para llevar adelante su modelo
socioeconómico socialista, próspero y sustentable”,
Es
decir, según lo que afirma Murillo, que los países que muestran un
desarrollo exitoso crecen anualmente a un promedio del 7%, y Cuba
debería crecer entre un 5 y un 8% anual para lograr ese crecimiento
y alcanzar ese nivel de desarrollo, pero si se miran las cifras de
crecimiento de la economía de Cuba no ya en los últimos años, sino a
lo largo del más de medio siglo de la llamada etapa revolucionaria,
y a pesar de los enormes subsidios recibidos primero de la Unión
Soviética y posteriormente de Venezuela, ¿cuántas veces superó el 5%
anual?
Entonces, regresando de nuevo a la Ley 890 de 1960, aquella que
planteaba demagógicamente que “la obra creadora de la Revolución,
en sus múltiples aspectos, está basada fundamentalmente, en el pleno
desarrollo económico de la nación”, ahora que se reconoce
claramente que sin financiamiento externo no habrá ese abstracto
futuro socialista, próspero y sustentable que constituye en nuestros
días el nuevo canto de sirenas del neocastrismo, habría que concluir
que “la obra creadora de la revolución” ha resultado un fracaso
absoluto. Es decir, que a lo largo de más de medio siglo ha sido
una estafa monumental, y un experimento de ingeniería social que,
como todos los frutos del voluntarismo y de la falta de libertad, no
logra parir más que deformaciones, miserias, y desastres.
Un
aspecto que tampoco ha sido señalado convenientemente, y que se ha
diluido en la maraña de informaciones, opiniones y comentarios
alrededor de la nueva ley, es el señalamiento de Marino Murillo de
que la inversión extranjera era un complemento del desarrollo
económico del país y de su esfuerzo inversionista, pero que, sin
embargo, en algunos sectores sería determinante para el desarrollo
que se pretende alcanzar. O sea, la inversión extranjera podrá ser
un complemento de forma global en la economía en su conjunto, como
ya había adelantado el régimen, pero que sin embargo tendrá carácter
fundamental en algunos y no pocos casos.
Pero no fue solamente el señor Murillo quien tuvo que mencionar el
fracaso disfrazado de novísima ley inteligente y abarcadora. Al
presentar el proyecto de ley a los muy dóciles diputados a la
Asamblea, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, Rodrigo Malmierca, en la misma línea, dijo claramente
que el país aspiraba a atraer anualmente una cifra entre los $2,000
y $2,500 millones de dólares en inversiones foráneas.
Y
resumió el fracaso de la revolución y la problemática actual de la
“actualización del modelo” en treinta y dos palabras lapidarias que,
sin embargo, la triunfalista prensa oficial no destacó como lo que
son, el reconocimiento de la bancarrota total y definitiva del
castrismo, pero también del neocastrismo, y quizás hasta para el
postcastrismo.
“Si no crece la economía a niveles de alrededor
de 7% del Producto Interno Bruto y si no acumulamos entre 25 y 30%
para hacer inversiones, no nos vamos a poder desarrollar”.
Por
si todo esto fuera poco, diferentes agencias de prensa han recogido
estas palabras del llamado “zar de las reformas:
“Se le da prioridad a la cooperativa (no estatal)
pero donde quiera que haya inversión extranjera debe estar el Estado
para controlar la participación de la fórmula no estatal y los
extranjeros... Para que no se produzca una concentración de la
propiedad lo que se establece en la nueva ley es que siempre tiene
que estar el Estado.
Murillo hizo hincapié en que la agricultura será
uno de los sectores que se va a priorizar para la inversión
extranjera así como la producción de alimentos. Con carácter
excepcional se permitirá la participación de empresas cubanas no
estatales, prioritariamente las cooperativas”.
Todo está muy claro: la agricultura y la producción de alimentos,
fracaso permanente de “la revolución socialista de los humildes, por
los humildes y para los humildes” durante 55 años, y tema
considerado como “asunto de seguridad nacional” durante la era de
Raúl Castro, dependerán ahora de “los capitalistas” para funcionar,
desarrollarse y alimentar a los cubanos.
Y
por si fuera poco el ridículo implícito en esa situación, en estas
tareas con esos “capitalistas” podrán participar cooperativas, pero
no empresas agropecuarias estatales, porque está claro que no sirven
para nada.
Sin
embargo, aunque una vez más se demuestra que la producción privada y
cooperativa es superior y mucho más eficiente que la estatal, el
estado parasitario cubano considera que deberá “controlar” la
fórmula no estatal y los extranjeros… nada menos que para que no se
vaya a producir una concentración de la propiedad. Es un ejemplo de
la naturaleza del alacrán que, como en la fábula, acaba clavando su
aguijón incluso en quien se arriesga a ayudarlo a cruzar el río.
De
manera que, por un lado, las empresas estatales agropecuarias son
excluidas de las empresas mixtas en las ramas de la producción
agropecuaria y la de alimentos, y por otra parte, los pequeños
empresarios privados (que el régimen insiste en llamar con el
absurdo nombre de cuentapropistas) no pueden asociarse con
inversionistas extranjeros. De lo que resulta que las
posibilidades de asociación empresarial con extranjeros no se
permiten al sector más improductivo e ineficiente de la
economía nacional, las empresas agropecuarias estatales (lo cual
sí es muy saludable), pero tampoco a uno de los
sectores más dinámicos, creativos e innovadores de la sociedad
cubana: los cuentapropistas.
Y
entonces, si esas son las condiciones de crecimiento y participación
que establece el régimen para poderse desarrollar -algo que habría
que ver si realmente será así- ¿cómo deberían calificarse los
cincuenta y cuatro años de esfuerzos, sacrificios, limitaciones y
promesas vacías en aras del futuro luminoso que continuamente
proclamaba primero Fidel Castro y después y hasta ahora su dilecto
hermano?
¿Qué será del supuesto socialismo próspero y sustentable que ahora
promete el régimen de la gerontocracia si, por cualquier razón que
sea, la economía no logra crecer hasta niveles de alrededor del 7%
del Producto Interno Bruto y la acumulación no se comporta entre un
25 y 30% para realizar inversiones? ¿Aceptar tranquilamente que “no
nos vamos a poder desarrollar”? ¿Medio siglo más de período
especial? Tal vez la gerontocracia lo pretenda ver así, pero de
seguro los cubanos no soportarían una situación de ese tipo.
De
manera que el régimen, le guste o no, tiene poco margen de maniobra:
la cifra del 7% de crecimiento del PIB y el 25-30% de inversión
resulta una coyunda de la que no podrá zafarse fácilmente. Ni la
exportación masiva de médicos, ni los subsidios de una Venezuela
desfondada por la mala gestión de sus ineptos y corruptos
gobernantes, ni las remesas y envíos de los cubanos en el exterior,
ni el turismo, el níquel, el azúcar y la biotecnología, y mucho
menos el petróleo submarino, demasiado profundo y de difícil acceso,
pueden garantizar a La Habana los recursos que necesita
imperiosamente.
Así
que tendrá que depender de la inversión extranjera -malditos
capitalistas- y de cómo funcione la Zona de Desarrollo Especial
Mariel y el Puerto del mismo nombre, y ninguna de esas variables
garantizan el éxito de manera automática, porque, por el contrario,
requieren mucho camino por recorrer, entre el que se incluye, de
forma urgente y fundamental, un acelerado cambio de mentalidad de la
gerontocracia y su burocracia accesoria, porque de lo contrario las
cuentas, simplemente, no cuadran.
Algunos detalles de la nueva ley
Desde La Habana se insiste en las maravillas de la nueva ley y se
destacan aspectos que consideran atractivos para los potenciales
inversionistas, y otros que tratan de pasar como que de contrabando
entre los positivos, aunque no puedan lograrlo. La prensa
oficialista destaca los siguientes:
- Ofrecer garantías al inversionista extranjero, como la debida seguridad jurídica, la no expropiación, excepto por razones de interés social o utilidad pública.
- En caso de ocurrir expropiaciones, deberán ser compensadas con la debida indemnización.
- Prorrogar los plazos de la inversión y la libre transferencia al exterior de los dividendos o beneficios.
- Posibilitar al inversionista la opción de venta de su parte en la asociación, así como facilidades y excepciones tributarias.
- Reducir hasta el 15% los impuestos por utilidades.
- La contratación de la fuerza de trabajo se hará a través de entidades empleadoras cubanas.
Ya
volveremos sobre algunos de estos aspectos, fundamentalmente el
último, referido a que la contratación de la fuerza de trabajo se
realizará a través de las llamadas entidades empleadoras cubanas,
nombre que sustituye a la palabra “proxeneta”, más de acuerdo para
calificar las actividades que realizan tales “entidades empleadoras”
Se
mencionó durante la presentación y discusión de la ley que la
política inversionista aprobada contiene 34 principios generales y
11 sectoriales, aunque ninguno se detalla en los documentos
publicados. Además, se plantea que la promoción de la inversión
extranjera se realizará
- a partir de una amplia y diversa cartera de proyectos
- por gama de sectores o actividades fundamentales
- y se potenciará la participación de empresarios de diversos países.
También se señaló que se priorizará la promoción de estas
inversiones hacia las zonas especiales de desarrollo, iniciando el
trabajo por Mariel, así como orientar la mayor parte hacia sectores
de exportación.
Y
se plantearon otras tres condiciones de fundamental importancia para
el proyecto:
- adicionalmente la inversión extranjera se dedicará a eliminar los cuellos de botella en la cadena productiva,
- favoreciendo la modernización y cambio del patrón tecnológico en la economía,
- así como garantizará la satisfacción eficiente de las necesidades del país con el objetivo de sustituir importaciones.
La
prensa extranjera no ha hecho demasiado énfasis en las ramas
priorizadas por el régimen con relación a la política inversionista:
- agrícola y forestal
- industria alimentaria
- energía y minas
- azucarera
- sideromecánica
- ligera
- química
- electrónica
- farmacéutica y biotecnológica
- comercio mayorista
- salud
- construcción
- turismo y
- transporte.
Hay
que destacar que aunque se prohíbe explícitamente la participación
extranjera en los servicios de salud y educación a la población, y
en todas las instituciones armadas, se hace la salvedad de que esa
prohibición de participación de las inversiones extranjeras no se
extiende a los sistemas empresariales militares, que sí podrían
admitirla.
Hay
que decir que en la presentación de la Ley que hizo el ministro
Malmierca ante los diputados, para no se dijera que pecó de “falta
de objetividad”, señaló que aunque las nuevas posibilidades de
negocios ofrecían amplias oportunidades para los inversionistas,
también se presentaban algunos obstáculos que habría que tener en
cuenta, entre ellos
- el bloqueo económico
- la situación del endeudamiento externo
- errores anteriores cometidos en esa actividad y
- la escasez de divisas.
Casi nada. Y esa situación de caos y bancarrota es mencionada
eufemísticamente como “algunos obstáculos” que habría que tener en
cuenta.
Y
continuando con la demagogia populista y voluntarista de siempre,
para dar idea de que para cada problema el régimen tiene una
solución, cuando en realidad sucede lo contrario, que para cada
solución el régimen tiene un problema, hizo referencia a cómo se
enfrentarían y superarían esos “algunos obstáculos” mencionados,
soluciones que, como se verá, quedan todas en el campo de lo
abstracto, lo intangible, el voluntarismo y la superficialidad:
- potenciar los aspectos favorables
- avanzar en el prestigio financiero del país y
- ganar la confianza de los inversionistas con reglas claras que oferta el nuevo marco legal.
De
forma excepcional la nueva legislación autoriza la creación de
empresas de capital totalmente extranjero para ejecutar aquellas
inversiones cuya complejidad e importancia lo requieran,
especialmente para obtener infraestructura industrial, así como para
contribuir al cambio de la matriz energética del país a través del
aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Para esas empresas
de capital totalmente extranjero habrá menos incentivos fiscales que
para las empresas mixtas entre inversionistas cubanos y extranjeros.
Se
pretende también garantizar la participación mayoritaria cubana en
las asociaciones con inversionistas extranjeros que se destinen a la
explotación de recursos naturales, prestación de servicios públicos,
desarrollo de la biotecnología, comercio mayorista y el turismo.
Otros factores favorables presentados por el régimen para mejorar su
imagen incluyen insistir en que la nueva ley ofrece garantías al
inversionista extranjero, como la debida seguridad jurídica, la no
expropiación, excepto por razones de interés social o utilidad
pública, y con la debida indemnización, la posibilidad de prorrogar
los plazos de la inversión, la libre transferencia al exterior de
los dividendos o beneficios, la opción de venta en cualquier momento
de su parte en la asociación, así como facilidades y exenciones
tributarias.
El
dictamen final realizado por el Parlamento después de “discutir” y
de, como siempre, aprobar unánimemente la nueva legislación, insiste
en supuestos atractivos de Cuba para la inversión extranjera, como
serían los que señalaron y que mostramos a continuación, aunque
posiblemente esos diputados tendrían que pasar muchísimo trabajo si
se vieran obligados a demostrar tales afirmaciones:
- calificación de los recursos humanos
- estabilidad sociopolítica
- seguridad
- seriedad
- honrar los compromisos contraídos y
- política firme de lucha contra la corrupción.
La nueva ley vista desde fuera de Cuba
Ni
el alboroto triunfalista de la prensa oficialista, ni sus bufones
cortesanos y sicarios digitales, ni sus extasiados simpatizantes y
agentes en Estados Unidos y el mundo democrático y libre, al que
tanto critican al mismo tiempo que disfrutan, podrán sacarle al
régimen las castañas del fuego. Tendrá que seguir dependiendo de
esos capitalistas extranjeros -que no existirían si en sus países un
gobierno como el que hay en Cuba, que odia patológicamente la
riqueza que no sea la de la camarilla, les hubiera impedido crecer y
desarrollarse. También tendrá que seguir haciendo de tripas corazón
con esos tan odiados “gusanos” y “apátridas” que con sus remesas y
envíos contribuyen a la existencia de sus familiares y amigos, que
la dictadura cubana mata de hambre y abruma con carencias y
limitaciones.
Sin
embargo, ni aun así las cosas serán color de rosa en el Palacio de
la Revolución ni en La Rinconada con esta nueva ley: una cosa es la
cantaleta oficialista que publica la prensa domesticada y repiten
sus correveidiles por el mundo, y otra la fría realidad del análisis
de los inversionistas serios.
Y
lo que estos han señalado hasta ahora merece que sea pensado con
detenimiento.
En
un documentado trabajo de Rolando Cartaya en Martínoticias, se
destacan opiniones de personas que han seguido de cerca el tema de
las inversiones extranjeras en Cuba y que han manifestado sus
criterios y preocupaciones alrededor de la nueva ley aprobada:
En
este análisis, Cartaya cita a varios especialistas sobre el tema:
John Kavulich, asesor principal de políticas del Consejo Económico y
Comercial Estados Unidos-Cuba:
“Lo que han anunciado que van a hacer, ¿parece
progresista? Sí. ¿Tiene el potencial para ser progresista? Sí”, dijo
Kavulich. “Pero Cuba ha tenido una ley de inversión extranjera desde
1980. Y uno de los problemas ha sido que cuando el gobierno percibe
que ha avanzado lo suficiente da marcha atrás y trata de revertir o
eliminar las oportunidades que ha presentado a las empresas.
Cualquier cambio ahora deberá contemplarse en ese contexto
histórico”.
“Hay muchos países en el mundo que son mucho más
transparentes y que no se relacionan tanto con sus socios y
colaboradores como si fueran rehenes”.
Kavulich señaló la falta de transparencia legal y procesal como una cuestión clave que afecta el entorno empresarial en Cuba. Enumeró entre algunos de los principales desafíos que las empresas extranjeras enfrentan en la isla
·
la repatriación de las ganancias,
·
el arbitraje de conflictos y
controversias, y
·
las regulaciones que disponen
que la contratación de personal cubano se
haga a través de una agencia
gubernamental de empleos”.
Hace referencia el artículo también a Andrew MacDonald, director y
ejecutivo principal de Esencia Group. Su compañía planea construir
en Cuba plantas de energía obtenida de la biomasa, para lo que se ha
integrado en una empresa mixta con otra del Ministerio del Azúcar de
Cuba.
“Hay algunos factores peculiares… Puede ser un
poco burocrático a veces, pero el país se está desenvolviendo
económicamente en la dirección correcta”.
“Uno de los problemas en Cuba es que no es tan fácil como comprar la gallina para que ponga los huevos. Se necesita hacer mucho trabajo preparatorio e invertir muchos recursos antes de que una empresa mixta sea aprobada, y solo entonces puede uno empezar realmente a trabajar".
“Las oportunidades son enormes, porque Cuba es un país rico en recursos naturales… respeto a los cubanos por sus capacidades técnicas y su recursividad”.
John McAuliff, director ejecutivo de una organización no lucrativa
que aboga por relaciones más cálidas entre Estados Unidos y Cuba,
Fund for Reconciliation and Development:
“En una situación de transición en la que no
todas las reglas ni todas las leyes están claras, uno se puede meter
en problemas con la ley por extralimitación, o codicia, o
ignorancia” (…) “Ha habido problemas
serios con empresarios que han tratado de tomar atajos y han
terminado enfrentando cargos criminales en Cuba”.
Además, Cartaya recoge el criterio de Robert L. Muse, abogado que se
especializa en leyes de Estados Unidos aplicables a Cuba:
“Yo exhortaría a [el
gobierno de] Cuba a ir rápidamente de lo general a lo altamente
específico.
• ¿Cuáles son los plazos?
• ¿Cómo son los procesos de aprobación?
• ¿Cómo se van a hacer respetar?
Luego, pasar a la especificidad de la elaboración
de normas y reglamentos” (…) “No bastará con hacer pronunciamientos
generales de que Cuba está buscando ahora inversiones extranjeras.
Algunas preguntas tendrán que ser preventivamente respondidas”.
“Este es un país que se está abriendo a la
inversión extranjera después de 60 años de hibernación en ese
sector. Quien invierta estará prácticamente abriendo el camino, pero
ello entraña riesgos”.
Si
opiniones como estas no se tienen en cuenta, es difícil creer que se
está analizando en serio la nueva ley de inversiones.
Otro aspecto importante a señalar sobre la ley tiene que ver con la
existencia de las llamadas entidades empleadoras, que el vespertino
oficialista Juventud Rebelde define de esta manera:
“Entidad empleadora: entidad cubana con
personalidad jurídica facultada para concertar con una empresa mixta
o de capital totalmente extranjero, un contrato mediante el cual
facilite a solicitud de esta los trabajadores necesarios, quienes
conciertan sus contratos laborales con dicha entidad. Según los
debates realizados durante la discusión de esta ley, y
preocupaciones reiteradas entre los parlamentarios cubanos, se ha
enfatizado en que estas entidades empleadoras tienen un fin
facilitador, no recaudatorio, por lo que solo podrá retener para su
funcionamiento una pequeña parte de los salarios de los
trabajadores, quienes recibirán el pago en moneda nacional”.
Este sencillo párrafo que pretende realizar aclaraciones sobre el
tema encierra también dos trampas sustanciales, una que tiene que
ver con la incompetencia e inutilidad de las empresas estatales
cubanas, y otra se relaciona con el enfoque sistemático del
totalitarismo cubano de reducir a sus trabajadores, que
supuestamente son los dueños de todo, a condición de no-personas
para favorecer los intereses del Estado contra los de los
individuos.
Veamos esas dos trampas, aunque no necesariamente en orden de
importancia:
Una
trampa es aceptar que esas entidades tengan “un fin facilitador, no
recaudatorio, por lo que solo podrá retener para su funcionamiento
una pequeña parte de los salarios de los trabajadores”. Tal vez eso
sea claro en otro lugar, pero con la proverbial ineficiencia de las
empresas estatales cubanas, ¿qué porcentaje de ingresos necesitará
esa entidad empleadora estatal para poder funcionar, porcentaje que
reducirá los ingresos de los trabajadores contratados?
La
segunda es dar como válido que los trabajadores cubanos contratados
por las entidades empleadoras recibirán sus salarios en moneda
nacional, es decir, en pesos cubanos (CUP). Sin embargo, es sabido
que los inversionistas extranjeros deben pagar el salario completo
de sus trabajadores a tales entidades empleadoras estatales en
moneda fuerte, sean divisas internacionalmente reconocidas o en
pesos cubanos convertibles (CUC), al menos mientras exista la doble
moneda en el país.
Y
la pregunta que se desprende de esta situación es muy concreta: ¿a
qué tasa de cambio se calculará la conversión del pago de los
inversionistas extranjeros a los empleados cubanos? ¿A la tasa del
mercado y las Casas de Cambio del gobierno (CADECAS), que en la
actualidad es de 1 CUC = 24 pesos cubanos (CUP), o a la tasa de 1
CUC = 1 CUP, como hace hasta ahora, o quizás a una tasa arbitraria
que el régimen podría establecer o modificar cada vez que le diera
la gana?
Aunque el gobierno ha asegurado en su prensa domesticada que los
trabajadores de las empresas extranjeras o mixtas ganarían más que
el salario mínimo que se establezca, eso no quiere decir que se les
pagaría lo que verdaderamente les corresponde. Ese es uno de los
problemas pendientes a dilucidar cuando se conozca la reglamentación
de la ley y durante su implementación, que solamente podrán irse
conociendo poco a poco, en la medida que la información vaya
apareciendo, pero que será fundamental para poder entender la forma
en que funcionará la ley y su verdadero carácter con respecto a los
trabajadores cubanos.
Perspectivas de éxito de la nueva ley
No
se conocen todavía los reglamentos que instrumentarán la ley, que
pueden establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso de la
nueva legislación. Aunque los resultados finales de su aplicación no
dependerán exclusivamente de lo que aparezca escrito en los
documentos, porque la efectividad de la actividad de dirección y
gestión de la economía en su conjunto y de las diferentes unidades
por separado resulta tan influyente o más que lo que puedan pesar
los reglamentos e interpretaciones de la ley.
Un
economista tan experimentado como el cubano Carmelo Mesa-Lago,
profesor emérito de la Universidad de Pittsburg, en Estados Unidos,
señaló oportuna y claramente que “el test de la ley es cómo se va
a implementar en la práctica”, simplificando con esas pocas
palabras lo que tiene por delante la dictadura para poder lograr los
resultados que espera con la nueva legislación.
De
la misma manera, como bien señaló un especialista americano
anteriormente citado en el mencionado trabajo de Rolando Cartaya,
para el eventual éxito de la nueva ley “serán claves la
especificidad de los términos y la claridad del proceso”, algo
similar, con otras palabras, a lo señalado por Mesa-Lago. Ese
especialista norteamericano fue muy preciso: “No bastará con
hacer pronunciamientos generales de que Cuba está buscando ahora
inversiones extranjeras. Algunas preguntas tendrán que ser
preventivamente respondidas”.
No
debe olvidarse, tampoco, que a pesar de toda la alharaca del régimen
con la ley de inversión extranjera, la Zona de Desarrollo Especial
Mariel ofrece condiciones mucho más atractivas a los inversionistas
extranjeros que las que ofrece la nueva ley aprobada el pasado 29 de
marzo en La Habana para el resto de la Isla. De manera que la cúpula
gobernante tendrá que balancear con mucha inteligencia, sentido
común y claridad estratégica la orientación de las inversiones
extranjeras cuando pretenda, como ha dicho, dirigir esfuerzos hacia
la infraestructura industrial del país y sectores como las redes
alternativas de energías renovables, puesto que ninguna de estas dos
vertientes se llevaría a cabo en la Zona de Mariel.
Aunque la torpe estrategia de “sin prisa pero sin pausa” no lo
propiciaría no se debería descartar tampoco la creación de nuevas
zonas de desarrollo especial en otras regiones costeras del país,
como Cienfuegos, Matanzas, Santiago de Cuba y otro puerto de
importancia de la costa norte en el oriente del país. A la larga,
ese esquema lo llevaron a cabo los chinos y les ha dado resultado,
sin perder ni una pizca del poder político, que es lo que le quita
el sueño a la gerontocracia y la burocracia parasitaria.
Cuba, como todos sabemos, se ha dirigido desde 1959 como si fuera un
“fincamento”, es decir, como una peculiar combinación de finca
castrista de Birán y campamento militar tropical, pero aun
suponiendo que todo el proceso preparatorio para la elaboración y
aprobación de la nueva ley de inversiones extranjeras haya sido
llevado a cabo en un marco de “democracia partidista”, sin que se
hayan presentado dificultades, desacuerdos o errores fundamentales y
se haya logrado como resultado un producto casi perfecto o
excelente, la forma en que se gestione y se aplique en la
vida diaria la dinámica que surgirá producto de esta ley tendrá
resultados decisivos para el éxito y el fracaso de la misma.
Y
todos sabemos que la gestión de la economía nacional y empresarial
durante más de medio siglo de “revolución” cubana no se ha
caracterizado ni por la excelencia del resultado ni por la
optimización de los procesos, sino por la improvisación, la
mamarrachada, el caos y el voluntarismo. ¿Ahora sería diferente,
simplemente por la importancia de la nueva ley y lo complejo de la
situación? Los ingenuos y los híper-optimistas harían bien en
preguntarse cuánto tiempo hace que Raúl Castro proclamó que el país
estaba al borde del abismo y que era imprescindible cambiar, y ya se
conocen los resultados.
Ya
vimos, también, que algunos factores “políticos” sustituirían a
elementos “técnicos” en determinadas decisiones, como la aprobación
puntual y caso por caso de los cubanos residentes en el exterior que
buscarían aprobación para invertir en la Isla, lo que depende de que
se “porten bien” en sentido general, y hasta se les podría exigir
determinadas acciones específicas en algunos casos que resultarían
de beneficio para el régimen. Dejo bien claro, para que no existan
confusiones, que no me refiero a que la dictadura intente reclutar
como agentes a los eventuales inversionistas cubanos residentes en
el exterior, ni tengo ningún derecho a suponer eso simplemente
porque algún compatriota estuviera interesado a ir a invertir
(podría decirse ir a apostar) su dinero en Cuba.
Para tratar de entender mejor los eventuales peligros en los
resultados del funcionamiento de la nueva ley, pongamos por caso el
compromiso de dar respuesta a las solicitudes de los inversores en
45 ó 60 días, en dependencia del nivel de complejidad y aprobación
de las solicitudes, que puede situarse en órganos de la
Administración Central del Estado (45 días) o en el Consejo de
Ministros (60 días).
Tal
vez las primeras solicitudes se aprobarán o rechazarán con
celeridad, incluso habrá casos donde la respuesta llegue antes de
los cuarenta y cinco o sesenta días requeridos, pero lo importante
será cuando pase la euforia inicial de estos primeros tiempos y las
cosas vuelvan a la rutina, a esa velocidad y estilo que en inglés se
conoce como “business as usual” y que muchos sabemos cómo
funciona en Cuba y que se llama “lo de siempre”.
¿Cómo reaccionará el inversionista extranjero ante una demora de
estos plazos? ¿Tendrá paciencia para comprender que se encuentra en
Macondo y que tal vez le convendría esperar un poco más? ¿O pensará
como el especialista americano citado anteriormente cuando dijo que
“hay muchos países en el mundo que son mucho más transparentes y
que no se relacionan tanto con sus socios y colaboradores como si
fueran rehenes”, y partirá a buscar otras oportunidades en otros
lugares?
¿Y
cómo reaccionarán los inversionistas extranjeros cuando comprueben
en la práctica la forma en que tienen que depender de las llamadas
entidades empleadoras estatales? En abstracto puede no parecer tan
macabro ese proyecto, pero cuando el inversionista se detenga a
pensar que él asume el riesgo y pone el capital, pero que no puede
decidir cuáles trabajadores contrata y cuáles no, podría pensar, con
razón, que lo están manipulando.
Más
aún, si aceptara esa bochornosa regla del juego que establece el
régimen, tan pronto como ese inversionista aprenda -lo que no
demorará- cuáles son los procedimientos de idoneidad que utiliza la
entidad empleadora estatal para seleccionar o rechazar la mano de
obra con que podrá contar el que trae su capital del extranjero,
comenzará a sentirse muy mal por tener que participar en un
mecanismo infame como ese, o a tener que sentirse cómplice por
aceptar que así funcionen los negocios en pleno siglo 21 sin que él
haga nada por evitarlo.
O
cuando pretenda de buena fe funcionar con el criterio de la
adquisición preferente de bienes y servicios en el mercado nacional
si estos son ofrecidos en iguales condiciones de calidad, precio y
plazos de entrega a las del mercado internacional, y compruebe que
es prácticamente imposible que ese tan sui géneris mercado
nacional cubano sea capaz de ofrecerle bienes y servicios en iguales
condiciones que el mercado internacional, y no le quede más remedio
que pensar “I’m sorry” y dirigirse al mercado extranjero para
poder mantener el funcionamiento adecuado de su empresa, porque el
mercado nacional no está en condiciones de garantizárselo.
De
manera que habrá que esperar para ver 1) cómo se desarrollan los
acontecimientos y cómo actúa el régimen en la aplicación de la nueva
ley y la gestión de la economía; 2) cómo se manejan las relaciones
con los “cubanos de ultramar”, que al igual que aquellos “chinos de
ultramar” podrían ser una fuente importante de capitales si no se
les impusieran lastres políticos para invertir, como hizo Deng
Xiaoping con los chinos en el continente, y 3) cómo desde La Habana
se manejan las complejas relaciones con Estados Unidos y la Unión
Europea, que son las únicas fuentes sustanciales que verdaderamente
pueden aportar los capitales que necesita el régimen para su
subsistencia.
Ya
que hablamos de chinos, finalicemos estonces, prediciendo el futuro
de la nueva ley de inversiones en la Isla, con la, que muchos
presentan como clásico y antiguo proverbio chino y que nuestro
colega Antonio Arencibia, desde La Coruña, aclara que se trata de
una profunda frase del físico danés Niels Bohr:
Es muy difícil hacer predicciones, sobre todo cuando se trata del
futuro.
Sin embargo, si
mencionamos a Bohr, puede venir muy bien otra idea suya que sirve
perfectamente para retratar a los personajes del castrismo y el
neocastrismo:
“Un
experto es un hombre que ha cometido todos los errores posibles en
una materia muy concreta”.
Si
eso es así, ¿quién puede ser más experto que los hermanos Castro
para dirigir la aplicación de la nueva ley de inversión extranjera,
si ellos acumulan más de medio siglo de barbaridades dirigiendo el
país, y han cometido todos los errores posibles en todas las
materias posibles?
![NEOCASTRISMO [Hacer click en la imagen]](http://4.bp.blogspot.com/_5jy0SZhMlaU/SsuPVOlq2NI/AAAAAAAAH1E/4xt2Bwd2reE/S150/ppo+saturno+jugando+con+sus+hijos.jpg)
