Catherine Malabou-The Deconstruction of Biopolitics

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Raul Castros's daughter is Now "Official"

capitolhillcubans

At San Francisco General Hospital in San Francisco, Calif./ Lacy Atkins

Earlier this year, the State Department granted a visa to Cuban dictator Raul Castro's daughter, Mariela, to deliver a host of anti-U.S. policy speeches in San Francisco and New York City.

In doing so, we argued at the time, the State Department was making an exemption for the dictator's daughter from Presidential Proclamation 5377, which denies visas to Cuban nationals affiliated with that country's totalitarian regime.

Moreover, that it threw a bucket of cold water on President Obama's Presidential Proclamation 8697 of August 2011, which sought to "close the gap" in granting visas to foreign nationals affiliated with human rights violators -- and singling-out "prolonged arbitrary detentions" as a main violation.

Mariela's father, is one of the world's worst offenders of such detentions.

Yet, some artfully argued that Mariela was not "officially" part of the Cuban government and, as such, not subject to the visa ban.

Today, Mariela's name was included in her father's list of appointees to his National Assembly.

Thus, she is now "official" and subject to the visa ban.

Proponen crear junta mixta que vaya a Cuba a revisar situación de salud del presidente Chávez

Proponen crear junta mixta que vaya a Cuba a... by Globovision

South Korea elects first female president

 

(CNN) -- Emerging from victory, Park Geun-hye who will become the next president of South Korea -- the first woman for the Asian nation -- pledged to "take care of our people one-by-one."

In a speech made at the headquarters of her Saenuri political party Thursday morning, she invoked a phrase coined by her father, Park Chung-hee, who also served as president in an era when he was encouraging people to pull South Korea out of poverty.

"I would like to re-create the miracle of 'let's live well' so people can worry less about their livelihood and young people can happily go to work," said Park.

Park, 60, will assume office in February, in a country grappling with income inequality, angst over education and employment prospects for its youth, and strained relations with North Korea. South Korea is also a strategic Western ally and the fourth-largest economy in Asia.

Park won 52% of the vote, compared with 48% for her rival, Moon Jae-in of the Democratic United Party, according to the country's National Election Commission.

Both the president-elect and Moon, the liberal candidate, had similarly moderate plans, addressing income inequality, reigning in the power of family-owned conglomerates and improving relations with North Korea.

"This wasn't the knockdown, drag out, left-against-right type of campaign," said David Kang, professor of international relations and business at the University of Southern California. "There's a surprising consensus about taking a more moderate stance."

"I think Park won by acting to the center. Her claims are that she's going to moderate many of the policies of the previous administration."

Park acknowledged Moon and his supporters Thursday.

"I believe there is common ground between myself and Moon Jae-in," she said. "We are both willing to work for the country and for the people of South Korea.

"Whether you were for or against me, I want to hear your opinions. I will try to stop the separation and conflict that has been going on for the last half century through reconciliation and harmony."

Park of the Saenuri party, won the highest office in a conservative Asian nation with traditional gender values.

Just because a woman has won the presidency, it doesn't mean South Korea has achieved everything it needs in terms of gender equality, said Kang, who is also director of Korean Studies Institute at USC.

"That a woman could be elected in South Korea is historic and important. At the same time, what you basically have to do is be political royalty. So I think gender roles are changing in South Korea. It's a step forward, but let's also remember how unique she is as a person."

Park is the daughter of former President Park Chung-hee, whose legacy left the Korean public divided. Some claim he was a dictator who ignored human rights and cracked down on dissent, while others credit him with bringing economic development to South Korea. Her father was assassinated in 1979. Keep reading >>

Cuba y Venezuela sin Hugo Chavez

Cubanálisis El Think-Tank

Dr. Eugenio Yáñez

La actual crisis de salud del presidente venezolano Hugo Chávez parece definitiva.

 

Cuatro operaciones en un año y medio a un paciente que padece cáncer en los huesos no son cosa de juego, y a pesar del secretismo que ha rodeado este tema, las pocas noticias que se han podido conocer, las propias informaciones que ha ofrecido el gobierno venezolano, las opiniones de prestigiosos oncólogos sobre los pronósticos y posibilidades del paciente, el hecho de que la televisión cubana interrumpiera su programación en la noche del sábado 8 de diciembre para retransmitir a Hugo Chávez anunciando que partía urgentemente hacia Cuba para ser operado, no presagian nada agradable.

 

Se suma a todo lo anterior, para dejar entrever que la situación de salud resulta extremadamente compleja para el caudillo venezolano, la designación de Nicolás Maduro como sustituto de Chávez, la presencia de coroneles de las FAR cubanas en una misa por la salud del caudillo venezolano en la iglesia de Jesús de Miramar en La Habana, y la precipitada visita a Cuba del presidente ecuatoriano Rafael Correa para solidarizarse con el enfermo: supuestamente Correa sería el heredero del “socialismo del siglo XXI” para el frente internacional -tarea que ni Raúl Castro, ni Evo Morales ni Daniel Ortega tienen talla intelectual para pretender-, pero con menos carisma y muchos menos recursos que el teniente coronel de Sabaneta, su influencia será marcadamente más limitada.

 

Prueba de esas limitaciones de Correa es la siguiente noticia que circuló en la noche del domingo: “El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, visitó este domingo la ciudad oriental de Santiago de Cuba, donde se mostró interesado en apoyar el programa de construcción de casas para los damnificados del huracán “Sandy”, que azotó severamente esa zona de la isla el pasado 25 de octubre”. No es lo mismo mostrarte “interesado” que regalar recursos a manos llenas.

 

Nunca en nuestros análisis hemos sido alarmistas, y los lectores saben que nunca hemos dado por muerto a Fidel Castro sin tener evidencias, a pesar de las innumerables “muertes” que se le han pronosticado y, sobre todo, anunciado, en los últimos años. De igual forma, nunca nos dejamos llevar por tremendismos morochos ni hemos seguido ciegamente a algunos agoreros venezolanos que en este tema se han movido de ridículo en ridículo sin cansarse de repetirse en el error, y siempre hemos preferido seguir certezas y realidades antes que deseos y “ojalás”.

 

Sin embargo, parece ser que esta vez hay una situación irreversible. Ni estamos diciendo ni pretendemos decir que la vida de Hugo Chávez terminará en cualquier momento en medio de la actual crisis, pues ni somos médicos ni pretendemos serlo, ni existe información pública suficiente para consultar a verdaderos especialistas sobre el tema.

 

Simplemente, nos referimos solamente al aspecto estrictamente político de su vida, y en esa dimensión es evidente que ya Hugo Chávez parece estar fuera del juego: no es lo mismo superar un complejo conjunto de cirugías como a las que ha sido sometido el teniente coronel, y posteriormente dedicarse a una vida privada de reposo y tranquilidad junto a su familia, que pretender después de ese calvario volver a asumir las funciones inherentes a un jefe de Estado: resulta, evidentemente, imposible.

 

De manera que no sería nada ocioso comenzar a pensar seriamente en escenarios post-Chávez, o más exactamente, en Cuba y Venezuela sin Chávez. No resulta ocioso que nosotros comencemos a pensar en eso detalladamente, pero partiendo de ahí no hay que llegar a la errónea conclusión de que ahora también en La Habana estarían comenzando a pensar en ese mundo sin Hugo Chávez, como han hecho algunos.

 

Creer que La Habana haya estado todo este tiempo ajena a estas elementales previsiones, y ahora es que comienza a correr para improvisar, o que los escenarios futuros de Venezuela a corto y mediano plazo pueden delinearse ignorando a La Habana, es pecar de supina ignorancia de la verdadera realpolítik.

Igualmente grave es hacerse la idea de  que el régimen cubano “reacciona” a lo que ocurre en Venezuela,  y no darse cuenta de que su participación, en la era  chavista, siempre ha sido,  es y será, absolutamente proactiva: el  gobierno cubano “acciona” en Venezuela, no  “reacciona”,  sea para designar  un sustituto,  definir una política económica, encarcelar a un adversario, o  para cualquier  asunto  de importancia.  No digo esto ignorando  la soberanía  de Venezuela  ni despreciando los sentimientos de los venezolanos, sino constatando una triste realidad, en la que Hugo Chávez y los hermanos Castro son cómplices culpables, y sin atenuantes.

Un ingenuo “experto” en el tema pronosticaba en la televisión de Miami hace varios días que antes de fin de año se verían dramáticas medidas en La Habana por parte del régimen cubano, orientadas a la profundización de “reformas” dirigidas al mercado, para poder enfrentar la realidad post-Chávez.

 

Eso no tiene sentido: una cosa sería que determinados aspectos del concepto general del llamado modelo económico en Cuba se aceleren, pero eso no significa que vayan a existir precipitaciones y medidas impensadas, como si en La Rinconada y Punto Cero no se hubiera analizado desde hace ya mucho tiempo -incluso antes de que el teniente coronel supiera de su enfermedad- en cómo serían los escenarios venezolanos sin Hugo Chávez, fuera porque el caudillo de Sabaneta perdiera unas elecciones que no pudieran “arreglarse” a tiempo, o porque quedara excluido del poder por cualquier causa, como atentado, accidente o enfermedad.

 

Porque se puede improvisar en el restaurante Versailles de la Calle Ocho, en La Carreta de Hialeah, en La Isla de New Jersey, en El Floridita de Los Ángeles, o en el Parque del Dominó, pero no en los tanques pensantes neocastristas en La Habana, que saben perfectamente que tanto la propia estabilidad del régimen como su subsistencia dependen estrechamente de los destinos del mecenas venezolano y de la evolución de los acontecimientos en Caracas.

 

Como para desmentir tamaña candidez del supuesto “experto” mencionado, este párrafo del discurso de Raúl Castro pronunciado en la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado día 13 de diciembre, ya tras la operación de Hugo Chávez en La Habana, es más que elocuente: “la actualización del modelo económico cubano, tras las medidas iniciales de supresión de prohibiciones y otras trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas, marcha con paso seguro y se empieza a adentrar en cuestiones de mayor alcance, complejidad y profundidad, partiendo de la premisa de que todo lo que hagamos va dirigido a la preservación y desarrollo en Cuba de una sociedad socialista sustentable y próspera”.

 

Esas palabras, y la totalidad del discurso en general, no reflejan nada de tremendismo o decisiones heroicas por parte del régimen, ni tampoco volteretas precipitadas hacia el mercado: se mantiene el paso que se trae hace ya tiempo, independientemente de lo que pueda estar pasando en Venezuela, porque todos esos escenarios ya estaban previstos.

 

Eso no significa que las nuevas realidades del agravamiento de la salud de Hugo Chávez provoquen un alocado aceleramiento en la aplicación de determinadas reformas en Cuba. Lo que se desprende de las recientes declaraciones del vicepresidente del gobierno cubano Marino Murillo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, de que en los próximos dos años se profundizará en la aplicación de medidas de “perfeccionamiento”, es que se insistirá en enfoques que no van mucho más allá de las reformas soviéticas de 1965 propiciadas por el economista Evsei Liberman para las empresas estatales -y que Ernesto Guevara nunca entendió, a pesar de sus apologistas- mezcladas con tímidas aperturas hacia el sector de los cuentapropistas y los arrendatarios de tierras, que no impedirán, sin embargo, la necesidad de disponer de 1,900 millones de dólares para la importación de alimentos en el 2013.

 

El profesor cubano Enrique Patterson, que no tiene nada de ingenuo, a diferencia del anteriormente mencionado “experto”, en un ángulo diferente de análisis de las realidades cubano-venezolanas, planteó recientemente en la televisión de Miami una hipótesis que resulta muy interesante: se preguntaba si acaso ni el propio Hugo Chávez sabría más detalles sobre su enfermedad que Fidel y Raúl Castro, quienes quizás no le habrían informado minuciosamente de la magnitud y verdadera gravedad que enfrentaba, tratando de  que Chávez no se deprimiera y pudiera presentarse a las elecciones presidenciales como si estuviera en perfectas condiciones, con la enfermedad ya superada.

 

Algunos venezolanos, indignados con razón,  han señalado que Chávez engañó al pueblo al anunciar que ya no quedaban células malignas en su organismo y que la enfermedad estaba superada, y por lo tanto pedirles que votaran por él, pero la hipótesis de Patterson supondría que Hugo Chávez hablaba convencido de lo que decía, y que los hermanos Castro le ocultaron la realidad porque, en su planificación de posibles escenarios futuros para Venezuela, necesitaban a un Chávez candidato a presidente que le cerrara el paso al candidato opositor Henrique Capriles, para después encaminar los rumbos de la sucesión de acuerdo a los intereses de La Habana.

 

Hipótesis al fin y al cabo esta de Patterson, es necesario pensar con mucha calma en ella, porque teniendo en cuenta las características de la personalidad de Fidel Castro -que en este tema de Venezuela y Chávez no puede considerarse fuera del juego de ninguna manera, porque no lo está ni lo estará- no debería ser rechazada a priori, más aun cuando contiene una lógica aplastante para la supervivencia del régimen de La Habana: pensar que consideraciones éticas o morales limitarían a los hermanos Castro a renunciar a esa opción tan vinculada a su propia supervivencia sería, simplemente, no conocerlos.

 

El eterno problema de las sucesiones

 

El gran problema de la sucesión tras la muerte -biológica o política- de un caudillo, al menos en el mundo latino, es que, por regla general, sus colaboradores pueden ser leales, pero no pueden heredar su carisma y su control casi absoluto: sucedió tras la muerte de Trujillo en República Dominicana, y posteriormente tras la de Marcelo Caetano en Portugal y la de Francisco Franco en España -a pesar de haber creído este último que todo estaba “atado y bien atado”.

 

Si no sucedió absolutamente lo mismo en Haití con “Baby Doc” Duvalier ni en Cuba con Raúl Castro, y no se perdió de golpe todo el “legado”, fue porque -en cierta medida-, más que “sucesores” desde afuera, ambos sucesores resultaban una especie de vice-caudillo ligado por vínculos familiares al caudillo original -hijo, hermano-, cada uno en su contexto. Pero ni Hugo Chávez, ni Evo Morales, ni Daniel Ortega, ni Rafael Correa, tienen un “sucesor” en sus países que pueda ser capaz de garantizar la continuación del supuesto “socialismo del siglo XXI” cuando ellos no puedan ser los líderes, por cualquier razón.

 

En Venezuela se le trató de buscar una solución funcional a ese complejo problema con la designación de Nicolás Maduro como el sucesor de Hugo Chávez, pero la constitución venezolana es muy explícita en ese tema, aunque ya se han manejado muy diferentes interpretaciones de sus postulados: el vicepresidente sustituye al presidente y termina su período presidencial si la ausencia del presidente se produce en los últimos dos años de su mandato (como sucede en estos momentos, cuando el actual mandato expira el 10 de enero del 2013), pero si se tratara del caso de que el presidente no pueda asumir un nuevo mandato en la fecha establecida, entonces le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional ocupar interinamente la presidencia del país y convocar a elecciones en un período de treinta días.

 

En un primer momento, una serie de “iluminados” en Miami y Caracas se burlaban del vicepresidente Nicolás Maduro por haber sido en su juventud conductor de autobús, y despectivamente comenzaron a referirse a él como “el autobusero”. Sin embargo, Maduro no es un tonto ni mucho menos, tiene décadas de militancia y disciplina política marxista y amplia experiencia en su condición de dirigente sindical desde el Metro de Caracas, y se le considera una persona que sabe escuchar y es abierto a la negociación.

 

Tiene toda la confianza de Chávez, de quien ha sido un incondicional absoluto, y de los hermanos Castro. Sin dudas, Maduro es un político mucho más preparado y mucho mejor formado que el conjunto de buhoneros políticos y payasos que en Miami y Caracas se dedicaron a subestimarlo, por el solo hecho de haber sido un “autobusero”, cuando fue designado por Chávez para la sucesión el pasado 8 de diciembre.

 

El día cinco de enero del 2013 debe elegirse la nueva presidencia y la directiva de la Asamblea Nacional venezolana, ante la cual Chávez debería asumir su nuevo mandato cinco días después. El actual presidente de ese órgano hasta el día cinco de enero es Diosdado Cabello, que actualmente es también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y un rival político de Nicolás Maduro.

 

Diosdado Cabello era un oficial del ejército cuando participó junto a Chávez en el fallido golpe de estado de febrero de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, y tiene muy buenas relaciones en el sector militar. Además, era el vicepresidente de la república cuando Chávez fue sacado del poder en abril del 2002, y se mantuvo leal al presidente hasta que este regresó al gobierno dos días después, por lo que se considera a sí mismo con méritos históricos suficientes como chavista y como “bolivariano”.

 

Sin embargo, debido a su acérrimo nacionalismo y sus evidentes y no muy disimuladas posiciones contra la ingerencia castrista, no es bien visto en Cuba, por pertenecer y en cierto sentido liderar al sector del chavismo que no ve con buenos ojos la demasiado estrecha relación de Caracas con La Habana. Para decirlo desde la perspectiva y con el lenguaje del régimen en Cuba, Diosdado Cabello no es una persona “confiable”, lo que dificulta enormemente sus perspectivas.

 

Entre lo que se comenta dentro de la avalancha de temas políticos en Venezuela en estos convulsos días, es que el chavismo duro (se supondría que con anuencia de La Habana) intentaría proponer para presidente de la Asamblea Nacional a Fernando Soto Rojas, un veterano de la Liga Socialista junto a Nicolás Maduro, donde militaron juntos hace ya muchísimos años, y que también anteriormente fue presidente de la Asamblea Nacional. Con esta jugada los ortodoxos del chavismo duro estarían pretendiendo dejar fuera del juego a Diosdado Cabello, pero las cosas no parecen tan sencillas.

 

Cabello tiene marcada influencia en el sector militar venezolano, y excelentes relaciones con una importante parte del generalato del país, incluidos los altos mandos acusados de vínculos con el narcotráfico. No es fácil creer que este grupo aceptaría tranquilamente el desplazamiento de Diosdado Cabello y la subordinación sin protección alguna a un civil como Nicolás Maduro, con fama de flexible y negociador. Ninguno de ellos quisiera arriesgarse a que esa “flexibilidad” pueda terminar en algún tipo de arreglo de extradición del gobierno venezolano con la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

 

Por otra parte, y sobre este tema, se comenta también que Diosdado Cabello le propuso a la embajada norteamericana en Caracas que si él fuera apoyado para establecerse como el hombre fuerte de Venezuela en esta coyuntura, mantendría a los cubanos a distancia, garantizaría sin problemas los flujos de petróleo hacia Estados Unidos, y mejoraría las relaciones con ese país, todo eso a cambio de que no hubiera presiones contra su persona por eventuales acusaciones de narcotráfico o de corrupción.

 

Se trata de rumores al fin y al cabo, pero son elementos que dan vueltas entre la comidilla política en Venezuela en estos días de incertidumbre, y podrían tener una fundamentación lógica y pragmática. De haber sucedido, es evidente que tal hecho no habría pasado inadvertido a los servicios cubanos de contrainteligencia en Caracas.

 

Lo que si que no es un rumor es que Diosdado Cabello, por primera vez en los catorce años de poder de Hugo Chávez, visitó brevemente La Habana en estos días de la cuarta operación del presidente venezolano, cosa que no había hecho nunca anteriormente, y de seguro que en estos momentos no fue ni para conocer La Habana Vieja ni tampoco la playa de Varadero.

 

¿Qué se conversó en La Habana con Cabello? ¿Qué se le puede haber ofrecido o qué se le puede haber solicitado, y a cambio de qué? ¿Impunidad, poder, amenazas, presiones?

 

No deberíamos sorprendernos si un día nos enteramos de que durante esa breve visita a Cuba se le puede haber ofrecido desde la vicepresidencia ejecutiva junto a Maduro, o quizás respaldo si después de Maduro quisiera aspirar como Presidente del país, o aun apoyarlo para la presidencia en esta coyuntura actual a cambio de compromisos muy concretos, hasta haberle presionado fuertemente para apoyar a Nicolás Maduro sin crear dificultades, o quien sabe si hasta le hayan podido mostrar evidencias suficientes -reales o fabricadas- para incriminarlo ante la DEA norteamericana en acciones de narcotráfico.

 

Con tantas cosas en juego para la supervivencia del régimen en La Habana no hay que pensar que los extensos tentáculos del castrismo vayan a estar durmiendo mientras se está asegurando la permanencia del espíritu de Hugo Chávez en el poder venezolano, y con ello el apoyo incondicional a La Habana de los hermanos Castro.

 

Lo que si parece comprobado también es que en el último viaje de dos días de Chávez a Venezuela, donde evidentemente fue para atar cabos de última hora, antes de anunciar su regreso a La Habana para la cuarta y muy compleja y peligrosa cirugía, encontró el tiempo necesario para firmar un importantísimo decreto presidencial que coloca bajo la autoridad del Vicepresidente los servicios de inteligencia y contrainteligencia del país, hasta ahora bajo el mando del Ministerio del Interior.

 

La jugada, evidentemente, fortalece la posición y el poder de Nicolás Maduro en ausencia de Hugo Chávez, a la vez que debilita al Ministerio del Interior al quitarle el control de los órganos de más importancia y trascendencia para esa cartera, así como al mismísimo ministro Néstor Reverol, quien es considerado un hombre cercano a Diosdado Cabello.

 

Como quiera que se puedan desarrollar las cosas, La Habana no puede plantearse ni en broma escenarios donde los suministros de petróleo subsidiado o el generoso pago por la colaboración de médicos, maestros, entrenadores, asesores y otros profesionales, fueran interrumpidos de golpe. Ni siquiera se aceptaba esa opción en los escenarios del 2006 y 2012, en que los candidatos opositores pudieran obtener la presidencia venezolana.

 

La mayor concesión que podría haberse hecho en negociaciones con Diosdado Cabello y los chavistas que no simpatizan demasiado con La Habana sería un compromiso de retirada escalonada y con tiempo suficiente de parte de la colaboración cubana en Venezuela, -fundamentalmente la militar y de seguridad, pero nunca de la protección del presidente- y alguna promesa de negociar alrededor de las condiciones del financiamiento del petróleo venezolano que se suministra a Cuba. No mucho más, al menos por el momento, y en dependencia de cómo evolucionen los acontecimientos en Venezuela y la correlación de fuerzas de cada bando.

 

Las realidades venezolanas

 

Sin embargo, todo este complejo ajedrez dificulta mucho las cosas. Además de resultar imposible un chavismo sin Chávez en Venezuela, la necesidad de conjugar dos fuerzas “chavistas” opuestas, representadas por Maduro y Cabello, y a pesar de que Chávez dio su apoyo total a Maduro en ese sordo y callado enfrentamiento, no existen garantías de que las diversas facciones e intereses que componen el chavismo respaldarán la decisión del caudillo, no solamente tras su eventual muerte, sino incluso desde ahora mismo.

 

No es lo mismo lo que pueden pensar Adán Chávez, Elías Jaua, o Alí Rodríguez Araque, del grupo de los “duros”, que lo que piensen los recientemente ascendidos generales del “cartel de los soles” o los integrantes de la “boli-burguesía” (burguesía bolivariana) que se han enriquecido aceleradamente a la sombra de la corrupción y los negocios ilícitos facilitados y bendecidos por Diosdado Cabello.

 

Por otra parte, es interesante destacar cómo todos los movimientos y estrategias del chavismo para la sucesión, tanto los de los “duros” como los de los “nacionalistas”, se hacen de espaldas a la oposición y sin contar para nada con ella.

 

Todo este análisis lo estoy escribiendo el sábado 15 de diciembre, el día anterior a las elecciones regionales que se celebrarán en Venezuela el domingo 16, por lo que es imposible en estos momentos conocer los resultados. Sin embargo, y aunque los chavistas plantean que están en condiciones de ganar las 23 gobernaciones estatales en juego en todo el país, lo que parecería demasiado optimista -antes de las elecciones controlaban 15- y la oposición no demuestra hacerse demasiadas ilusiones esta vez, habría que esperar por los resultados para considerar hasta que punto la oposición democrática venezolana pudiera tener determinado peso específico en las negociaciones por la sucesión de Hugo Chávez.

 

Aparentemente, de acuerdo a las encuestas en días anteriores a estas elecciones, y con la enorme carga emocional que la maquinaria del chavismo ha transmitido a todos los venezolanos alrededor de la enfermedad del caudillo, las posibilidades opositoras son, en el mejor de los casos, bastante limitadas.

 

Por consiguiente, y a la espera de los resultados de las elecciones del domingo 16, continuemos con este análisis de la proyección de la sucesión de Chávez, que se complica más aun cuando se tiene en cuenta la difícil situación económica de Venezuela en estos momentos, y su relativa escasez de capital, en un momento en que en los precios del petróleo se mueven a la baja el mercado mundial.

 

Varios problemas demasiado serios y complejos siguen pendientes y latentes en la realidad venezolana, independientemente de la evolución de la salud de Chávez. Posibles soluciones para algunos de ellos se han pospuesto momentáneamente, pero no pueden ser diferidos eternamente sin riesgo de crisis mayores.

 

Entre esos problemas se cuentan la imprescindible devaluación de la moneda nacional, el bolívar, cuyo tipo de cambio artificial actual está generando una inflación galopante; el interrumpido diálogo de reconciliación nacional, propuesto por el mismo Chávez tras su victoria presidencial en octubre; se han frenado los esfuerzos para lograr una amnistía propuesta para todos los presos políticos, algunos de los cuales también padecen de cáncer; por ahora ya tampoco se habla más de la renovación de las más altas instituciones del estado, como el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral; y el avance de la delincuencia y la inseguridad en las calles cada vez resulta mayor y más preocupante, si cabe, sin que el gobierno logre hacer nada efectivo para eliminar o al menos aliviar este flagelo.

 

Ya la chequera venezolana que Hugo Chávez manejaba sin límites y festinadamente en América Latina y el Caribe no estará a disposición de su sucesor, quienquiera que sea. Ni Rafael Correa en Ecuador tiene recursos ni voluntad para regalar el dinero a manos llenas como hacía Hugo Chávez para atenuar conflictos o ganar voluntades.

 

De manera que apelar al bolsillo generoso (con dinero del pueblo venezolano) para resolver crisis regionales en el continente, o problemas sociales complejos en el propio país, cada día se hace más difícil, cuando no imposible para el sucesor. Lo que también significa que el ALBA, esa entelequia “bolivariana” tan poco efectiva y cada vez más intrascendente, irá cayendo en picada en los próximos tiempos, hasta resultar totalmente irrelevante.

 

Sin embargo, y esto es algo que no se recuerda muy a menudo, la totalidad de las reservas de oro del país fueron llevadas para Venezuela hace poco tiempo, y todavía no se sabe exactamente, al menos con el nivel de transparencia que se requeriría en una situación como esa, ni por dónde andan ni cuál es su destino, ni tampoco se sabe quién o quiénes toman las decisiones en este sentido, ni cómo las toman.

 

Tales reservas, a los precios actuales del oro en los mercados mundiales, representan decenas y decenas de miles de millones de dólares, lo que le daba al chavismo, o más exactamente a Hugo Chávez, una determinada capacidad de maniobra que se olvida a menudo. Por eso el caudillo se ha movido entre la inminente bancarrota y la “magia” de continuar gastando dinero a manos llenas, sin que se entienda demasiado por parte de muchas personas y de algunos gobiernos cómo es posible eso, pero comoquiera que sea, es una complicación adicional para la sucesión.

 

Posibles escenarios y estrategias

 

De manera que el carácter de sucesor “automático” y capaz de un “aterrizaje suave” que Chávez pretendió otorgar de a dedo a Nicolás Maduro durante su corta visita casi de despedida a Venezuela, es ficticio a los efectos legales, políticos y prácticos.

 

Para que Maduro pueda ser realmente el sucesor debería ser aceptado como candidato del Partido Socialista Unido Venezolano (PSUV), y entonces ganar las eventuales elecciones que se celebrarían en caso de que Chávez no pudiera asumir la presidencia de la nación el diez de enero de 2013.

 

De acuerdo al verdadero estado de salud del presidente venezolano, es difícil que pueda asumir el nuevo mandato, al menos en condiciones normales. Por ley, ese acto de jurar un nuevo mandato tiene que hacerse en territorio venezolano (no en el extranjero) ante la Asamblea Nacional, o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual implicaría estar en Venezuela el día de la toma de posesión del cargo, lo cual no sería nada fácil teniendo en cuenta la salud de Chávez en estos momentos, tres semanas antes de la fecha prevista.

 

Si se observan detenidamente los intereses de los hermanos Castro en Cuba y de los chavistas “duros” en Venezuela, hay que considerar que intentarían que Hugo Chávez jurara a cualquier precio su nuevo mandato como presidente venezolano, que comienza el 10 de enero del 2013, aunque fuera por unos instantes solamente, y hasta en una silla de ruedas o una camilla de ambulancia si no hubiera otra opción.

 

Una vez habiendo tomado posesión, y nombrado Nicolás Maduro como vicepresidente para el nuevo período 2013-2019, lo que haría Chávez, es que se podría entonces recurrir inmediatamente a la figura jurídica de una ausencia temporal del presidente que ha comenzado su mandato, y dejar al vicepresidente Maduro como el sustituto legítimo de un presidente que temporalmente resulta inhabilitado por problemas de salud.

 

Naturalmente, un Hugo Chávez tan disminuido en su salud solamente podría aspirar a que se desconozca esa evidencia y se legitime una ausencia “temporal” y no “absoluta” en el inicio de su mandato, contando con la complicidad tanto de la Asamblea Nacional como la del Tribunal Supremo de Justicia, pero esos serían “detalles” menores dentro de una lúgubre conspiración castro-chavista para mantener el poder a toda costa.

 

De lograr hacerlo así, lo que no sería imposible, Maduro podría funcionar de jure y de facto como presidente provisional al menos por dos períodos de noventa días cada uno, períodos que debería aprobar, uno por uno, la Asamblea Nacional, donde el oficialismo disfruta de cómoda mayoría.

 

Si se hiciera de esa manera, solamente después de esos seis meses de interinato habría que convocar a elecciones presidenciales en caso de que Hugo Chávez Frías no estuviera todavía en condiciones -como muy bien podría ser el caso aún después de ese período- de asumir finalmente la presidencia del país.

 

Aparecen entonces problemas prácticos relacionados con la salud de Hugo Chávez y las posibilidades reales de que esté en su país y pueda presentarse ante la Asamblea Nacional en Caracas, como está establecido en la Constitución venezolana, el día que debe llevarse a cabo la toma de posesión para el próximo mandato de seis años, que es el 10 de enero del 2013.

 

Trasladarlo por avión de La Habana a Caracas supondría someter su maltrecha anatomía y debilitada salud a un elevado cambio de presión durante el viaje en avión, que podría resultar dañino o hasta fatal para Chávez, pero no debemos descartar que, a falta de otra posibilidad, fuera trasladado a Caracas hasta por mar, en un buque habilitado como hospital de campaña, si se considera imprescindible garantizar que pueda juramentar el cargo: no es ciencia-ficción ni se trata de fantasías. Sencillamente, el castrismo tendría que ser capaz de cualquier cosa en este sentido.

 

Teniendo en cuenta esas dificultades prácticas, ya se ha comenzado a hablar dentro de las filas del chavismo en Caracas -y no habría que descartar la influencia desde La Habana de interpretaciones en este sentido- sobre la supuesta posibilidad “legal” de que Chávez jurara su cargo en la Embajada de Venezuela en La Habana, que, de acuerdo con todas las convenciones internacionales existentes, es territorio venezolano, como sucede con todas las embajadas de cualquier lugar en cualquier país del mundo.

 

Esta variante sería una interpretación muy peculiar de las disposiciones de la constitución venezolana, y no está claro si es realmente válida o no en términos constitucionales y legales, pero no por ello sería algo que no fuera intentado por el chavismo duro en caso de considerarse necesario.

 

Y, una vez más, si para materializar una acción como esa fuera necesaria la aprobación por parte del Tribunal Supremo de Justicia o de la Asamblea Nacional, o de ambos, de tan peculiar interpretación, el chavismo puede contar con esa aquiescencia, en un país donde la separación e independencia de los poderes del Estado ha ido siendo reducida a pura ficción.

 

De manera que los escenarios que se avecinan, cronológicamente hablando, y en caso de que no surjan imponderables o situaciones no previstas -tales como una eventual muerte de Hugo Chávez, una situación de conmoción nacional, una crisis de ingobernabilidad, o un intento de golpe de estado-, serían tres:

 

• Elección del Presidente y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el día 5 de enero del 2013. Debe desarrollarse sin excesivas complicaciones, sea reeligiendo a Diosdado Cabello, o eligiendo a Fernando Soto Rojas, o a otra persona no mencionada todavía, al menos en los corrillos políticos venezolanos. A partrir de ahí, surgirían dos posibilidades:

 

• Juramentación por parte de Hugo Chávez Frías del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2013-2019, el día 10 de enero del 2013, ante la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia (¿o en la Embajada de Venezuela en La Habana?). Inmediatamente después designará a Nicolás Maduro como Vicepresidente Ejecutivo, y hecho esto se solicitaría autorización de ausencia temporal del presidente, por motivos de salud, dejando el cargo interinamente por un período de noventa días (prorrogables una sola vez) en manos del Vicepresidente Nicolás Maduro.
• De no ser posible este escenario anteriormente mencionado, que aparentemente sería el más positivo tanto para el chavismo como para el neocastrismo en las condiciones actuales, cuando no sería realista pensar que Hugo Chávez podría estar en condiciones de asumir el cargo sin limitaciones de su salud, la Asamblea Nacional debería proclamar la ausencia del presidente de la República para asumir el alto cargo, y entonces el Presidente de esa Asamblea Nacional que haya sido electo para esa posición el día 5 de enero del 2013 -es decir, cinco días antes- sería proclamado Presidente provisional de la república, estando obligado a convocar elecciones presidenciales en un plazo de treinta días a partir de ese momento.
• Otro escenario, mucho más difícil de materializar, y mucho más peligroso, sería desconocer abiertamente lo que señala la constitución venezolana y designar a Nicolás Maduro como presidente, sin necesidad de realizar nuevas elecciones. Podría ser tentador para algunos sectores del chavismo “duro”, pero al mismo tiempo sería una violación tan flagrante de la constitución venezolana que podría desencadenar situaciones demasiado explosivas en el país y una vigorosa reacción de los chavistas que no desearían a Maduro, y un escenario como ese debe ser lo que menos le interese a los chavistas duros y a La Habana en estos momentos.

¿Conclusiones?

 

¿Cuál será el escenario que prevalezca? Si pudiera saberse con exactitud no habría ninguna necesidad de elaborar escenarios, y se trabajaría solamente con la opción que se creyera que se materializaría con certeza, como si se tratara de la siempre despistada “planificación socialista”, pero eso no es posible.

 

Sin embargo, es posible suponer los escenarios que resultarían más probables, teniendo en cuenta el balance de las fuerzas y medios de cada bando contendiente.

 

En ese caso, el escenario de la juramentación presidencial de Chávez para el período 2013-2019 en cualquier estado de salud que se encontrara, con tal de que estuviese vivo, en un acto celebrado ante la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo en Caracas, o en la Embajada de Venezuela en La Habana, sería al que tanto el neocastrismo como el chavismo duro apostarían con todos sus medios y recursos.

 

El escenario de la imposibilidad de Chávez de presentarse a la toma de posesión debido a su estado de salud, sería menos agradable para chavistas y neocastristas, pero no puede descartarse tampoco: dependerá entonces de quién haya sido elegido presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2013 y deberá actuar como presidente provisional del país para convocar las elecciones presidenciales, de los compromisos que se hayan establecido con ese presidente de la Asamblea, y de las promesas y concesiones que se hayan manejado de cada parte antes de esa fecha.

 

Si el anterior fuera el escenario que prevalece, Nicolás Maduro tendría que consolidarse en treinta días como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para aspirar a recoger la antorcha del chavismo si ganara esas elecciones. Aparentemente, aunque el camino no está exento de dificultades, si antes de la convocatoria  a elecciones se hubiera logrado concertar y poner de acuerdo, al menos tácticamente para esas elecciones, a los grupos representados por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

 

Como puede observarse, en estos escenarios que se manejan no parece que la oposición democrática venezolana tenga muchas posibilidades de influir o de participar ni tan siquiera con carácter simbólico, dada la enorme carga emocional que el chavismo ha conseguido poner de su lado con la figura de un presidente Chávez gravemente enfermo y luchando por su vida.

 

Lamentablemente, las desuniones entre las filas opositoras, y sus dudosas estrategias de renunciar a protagonismos nacionales para concentrarse en otros regionales o locales, no le han aportado solidez ni alcance para esta nueva situación que ha surgido en los últimos tiempos, y para la cual, evidentemente, no estaba preparada, mientras que tanto los chavistas de ambos grupos antagónicos como los cerebros del neocastrismo en La Habana, estaban diseñando escenarios, opciones y estrategias desde hace mucho tiempo.

 

Los resultados de las elecciones del domingo para escoger gobernadores parecen confirmar, lamentablemente, ese desfase de los opositores antichavistas venezolanos, que solamente lograron que triunfaran 3 de sus 23 candidatos, lo que significa que el oficialismo, que hasta ahora contaba con  15 gobernadores, tendrá 20 a partir de estos resultados. El Periódico Juventud Rebelde, en La Habana, tituló la noticia como “Victoria aplastante de la Revolución Bolivariana en elecciones regionales”.

 

Lo más significativo de la oposición fue la reelección de Henrique Capriles Radonski como gobernador del central estado de Miranda (que incluye a Caracas), derrotando al ex-vicepresidente chavista Elías Jaua, lo que permite suponer que una vez más Capriles podría ser protagónico en unas nuevas elecciones presidenciales que habría que celebrar si Chávez no está en condiciones de desempeñar el cargo.

 

¿Cuál será el futuro de Venezuela en los próximos meses? Difícil saberlo con exactitud, y habrá que ver de que manera se van a desarrollar los acontecimientos, sobre todo en las próximas tres semanas, que van a resultar decisivas para lo que pueda venir después del día 10 de enero del 2013, en un sentido o el otro.

 

Y ese futuro también influirá, cualquiera que sea, en el desarrollo de los acontecimientos tanto en La Habana como en toda Cuba. Por consiguiente, el neocastrismo de ninguna manera puede haberse dado el lujo de no haber previsto estos escenarios y no estar preparado, mejor o peor, para cualquiera de ellos.

 

De manera que un corre-corre en La Habana para aplicar “reformas” de mercado antes de fin de año, a causa de las sorpresas que puedan estar ocurriendo en Venezuela, no va más allá de una mediocre ciencia-ficción de improvisados, que en realidad no le quita el sueño a nadie ni en La Rinconada ni en Punto Cero.

 

Los desenlaces previsibles de esta Odisea Bolivariana se anunciaron discretamente en Caracas, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela proclamó para el cierre de la campaña para elegir gobernadores la consigna “Asumir la tristeza como motor para la lucha y la victoria revolucionaria”.

 

Por su parte, la gran apuesta en La Habana alrededor de esta trama es la continuación de las relaciones privilegiadas con Venezuela, independientemente de quién esté al timón del buque morocho. Esta idea se sintetiza en las palabras de Fidel Castro en una carta al grupo que celebraba el octavo aniversario del ALBA en Caracas el pasado sábado 15 de diciembre. Palabras que tienen la anticipación del anuncio de un eventual alejamiento del poder, por una causa o por otra. Son muy explícitas sobre las perspectivas de Hugo Chávez y las intenciones del régimen:

 

“Tengo la seguridad de que ustedes con él y aún por dolorosa que fuese la ausencia de él serían capaces de continuar su obra”.

Elecciones en Cuba: Control Político, Manipulación y Testosterona Biranica [II]

Cubanálisis El Think-Tank

Lazaro Gonzalez/
[1ra parte: AQUI >>]

Resulta sintomático, si no conclusivo, que constituyendo el conocimiento de la “realidad” la percepción que cada observador tiene sobre ella, lo evidente al sistema legal cubano en general y a las normas jurídicas que rigen el sistema electoral en particular, en tanto instrumentos del sistema político del régimen para controlar el poder; conduzcan a Aurelio Alonso, un veterano politólogo cubano -residente en la isla- desde los tiempos de la abortada revista Pensamiento Critico hasta la debacle del Centro de Estudios de América, ambos ejecutados a “mano libera” por el actual Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba Raúl Castro,  y nada sospechoso de criticón enajenado, a constatar desde la percepción que su compromiso de pensador orgánico le consiente que:

 “Y sobre todo la posibilidad de rectificar estructuralmente, y también legalmente. Subrayo la necesidad de dar forma legal a los cambios, porque en estos cincuenta años no siempre ha habido una correspondencia entre las decisiones de cambio y las modificaciones de legalidad que esos cambios suponen. Nuestra legalidad puede ser muy caprichosa, porque ingeniar una legalidad auténticamente socialista también es un reto. Existe una diferencia entre leyes que legitiman la visión oficial y las que aseguran la justicia, la equidad y el bien común de la sociedad”^[29]. [Cursivas y subrayados - LG]

El Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular[30] aprobado por Acuerdo del Consejo de Estado sin consulta popular de ninguna índole, establece en el Artículo 67 las razones por las que tan prestigioso delegado puede cesar en sus funciones:

a)   renuncia;

b)   domiciliarse fuera de la circunscripción que representa;

c)   pasar a desempeñar cargos o cursar estudios fuera de la  localidad;

d)  enfermedad o accidente que le impida cumplir sus obligaciones de delegado;

e)   inhabilitación para ejercer cargo público electivo;

f)   revocación;

g)   haber vencido el término para el cual fue elegido;

h)   fallecimiento;

i)   cualquier otro motivo justificado.

 

Examinando las de mayor interés a los efectos de los objetivos del presente trabajo, encontramos que el propio reglamento en su Articulo 77 se pronuncia sobre la “inhabilitación para ejercer cargo publico”, sin que precise las causales que la determinan: “Cuando un delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular resulte inhabilitado para ejercer cargo público electivo, está en la obligación de comunicarlo de inmediato al presidente de la Asamblea, con el fin de que éste dé por terminadas sus funciones y proceda a organizar el proceso para su sustitución”.

 

Las personas que han vivido la singular por aberrante, experiencia cubana, son testigos que el simple hecho de arreglar el servicio sanitario de su casa o vender [o comprar] boniatillo sin licencia de elaborador de alimentos, constituyen actividades cotidianas que acumulan meritos suficientes para ser objeto de la aplicación de los Artículos 7 y 9[31] de la Ley Electoral cubana en los casos que les resulte conveniente.

 

Si la causal [i] referida a “cualquier otro motivo justificado” brinda una puerta de par en par abierta a cualquier parecer resultado de la vileza humana que se considere conveniente convocar; la revocación [f] se suele aplicar a cajas destempladas a inquietos presuntos conflictivos, invocando incompatibilidades con los principios revolucionarios y la moral y la ética socialista que se pregonan a extramuros de Punto Uno.

 

El propio Aurelio Alonso aun desde su orgánica adhesión, se ve obligado a observar que “Otro tanto sucede con la «revocación de mandatos», único principio que hasta ahora condiciona el tiempo y que nunca, que yo recuerde, ha sido aplicado. O, al menos, se ha seguido la mala política informativa de callar las revocaciones”. ^[29].

 

De esta manera, luego de sobrevivir a todos los filtros de contención establecidos por las comisiones de candidaturas, cualquier representante “legalmente” electo que represente una potencial fisura en el formalmente monolítico sistema político, puede ser sepultado definitivamente “six feet underground” de la armada muralla totalitaria por una simple jaqueca crónica.

Pero donde se demuestra explicita e irrefutablemente que “… en Cuba el proceso electoral es parte del Sistema Político…”^[32];  en tanto uno de sus pilares constitutivos, expresión y concreción del sistema de dominio político y el control social de la nación por un clan; lo encontramos en que el cuerpo legal considera el normal proceso de reclamación solo a priori y a nivel de circunscripción electoral local, no permitiendo la impugnación legal de los resultados de los comicios a ningún otro nivel.

Así se constituye el reiterativo y muñido mego fraude a escala de todo un país que constituye el proceso electoral del régimen cubano, donde son instaurados en los escaques correspondientes de la postrada estructura de castas los “elegibles”; mientras prohíbe expresamente de derecho y reprime brutalmente de hecho, a cualquier candidato y/o alternativa política.

 

Dada la naturaleza de un poder absoluto e incuestionable, el clan biránico de hecho asume tanto el poder constituyente como los ejecutivos, legislativo y judicial [poderes constituidos]; delegando por razones técnico-administrativas estos últimos, sin renunciar a la facultad de reasumirlos expeditamente cuando lo considere necesario.  Ayer un Comandante de la Revolución tercero en la línea de mando supremo, asalta y desvalija una institución gubernamental, solo para instalar al día siguiente en el sillón ministerial a un devoto trepador.

De igual modo se evidencia el carácter profundamente deliberado y manipulador del diseño del sistema electoral cubano [en tanto caso particular del sistema legal], por cuanto la rigidez de las normas jurídicas cubanas presuponen la potencialidad del hecho jurídico ^[33,34] que alternativas y cuestionamientos políticos al monopolio exclusivo puedan erosionarlo. Luego cualquier proceso de reclamación, cierto que excepcional dadas las circunstancias pero potencialmente posible, es vedado de facto.

Con frecuencia alarmante, se observa que la opinión publica e incluso activistas demócratas, emplean indistintamente como homólogos los términos Estado de derecho y estado democrático.

 

En sentido genérico se suele considerar que un Estado de derecho es aquel que es regenteado por un sistema de leyes e instituciones estructurado en torno a una constitución; condición que cumple alevosa pero satisfactoriamente el régimen cubano. De lo que se trata es que estamos en presencia de un sistema autoritario de una dictadura personal donde los deseos del líder se erigen en normas jurídicas incuestionables.

Tipificada como acepción “débil” o formal del estado de derecho para distinguirla de la  sustantiva o material, donde “…cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no solo sus formas sino también sus contenidos” ^[35]; el Estado de “derechos” biránico es una anacrónica aberración glandular construido a impulsos de las eyaculaciones seminales de un agreste y sicópata patán.

Regresando al plano de análisis concreto, el Artículo 7 [Reglamento de las Asambleas Municipales] deja claramente establecido el verdadero rol de las Asambleas Municipales en la estructura del sistema político cubano [Cursivas, negritas y subrayados - LG]:

“Artículo 7)   Dentro de los límites de su competencia, la Asamblea Municipal del Poder Popular tiene las atribuciones siguientes:

a)  cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de   carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado;”[36]

Cualquier semejanza de esta estructura funcional verticalista de la organización política de un estado y gobierno, con el de una jerarquía militar de “ordeno y mando”, es absolutamente causal y no casual.

En consecuencia, de las 20 atribuciones que la ley confiere a las Asambleas, solo dos se refieren en alguna medida a los ciudadanos representados en ella mediante elección [Cursivas - LG]:

h)   adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las leyes vigentes, sobre asuntos de interés municipal y controlar su aplicación;

s)   conocer acerca de la atención y tramitación de las quejas y planteamientos formulados por los ciudadanos;

Es decir, las quejas y los planteamientos de la población solo son aceptables, que no asumibles, en los marcos de una constitución que deja “… expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado,…” [37].

Cualquier otra acepción que un ciudadano cubano [o foráneo] le imprima a su “queja” o “planteamiento”, es anticonstitucional y expresamente prohibida, pudiendo ser considerada como un intento de “…derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”;  en cuyo caso “… todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso,…” [Ver nota 36].

La reciente golpiza y detención arbitraria por 19 días del activista y comunicador social Antonio Rodiles, la publica represión captada por la televisión mundial a  Andrés Carrión en ocasión de la visita de Benedicto XVI a Cuba, la sistemática y  brutal coacción a  Las Damas de Blanco; conforman junto a  los mas de 6 mil arrestos de disidentes solo en los primeros 11 meses del ano, testimonio elocuente del celo con que se manejan estos asuntos en la Cuba de los hermanos Castros. Las lóbregas muertes de los lideres de la disidencia Laura Pollán, Oswaldo Paya y Harold Cepero; así como los asesinatos políticos cometidos en los casos de Orlando Zapata Tamayo, Juan Wilfredo Soto García y Wilmar Villar Mendoza, por solo mencionar las mas recientes; constituyen una ínfima fracción de los  sufrimientos causados por un clan vándalo que empleando el terror ciudadano como política de estado, evidencian concluyentemente los extremos a los que están dispuestos a llegar en todo aquello que potencialmente pueda mermar su poder absoluto.

Retomando el quehacer cotidiano de las Asambleas Municipales del Poder Popular, estas se convocan por su Presidente [usualmente cuatro veces al ano] con una agenda cerrada elaborada por el mismo de acuerdo a la “situación concreta” que de lugar a la reunión [Reglamento de las Asambleas Municipales/ Articulo 37][38].  El Art. 37.c que faculta formalmente a los delegados  a presentar a discusión los temas de su interés con anticipación no precisada en el referido reglamento, son discrecionalmente consideradas por el Presidente a priori y durante el desarrollo de los debates.

La Sección Quinta del reglamento confiere plenas facultades al Presidente para encauzar las sesiones de acuerdo con el orden que establezca, arreando hacia la talanquera conveniente cualquier jaca cerrera[39]. No obstante, en el curso de los debates los delegados pueden hacerles preguntas, que nunca cuestionamientos “…al presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea, a los integrantes de las comisiones de trabajo, a los miembros del Consejo de la Administración Municipal y a los directores administrativos de las entidades radicadas en el territorio” [Articulo 43].

Cuando el “cuadro centro” –como se denomina en la jerga de la burocracia político-administrativa cubana a los máximos jefes en cada instancia-, y que en virtud del  Articulo 8 “…representa al Estado en su demarcación territorial …” y no a los ciudadanos; decide concluir el “debate”; los proyectos de acuerdos son metidos a votación que puede ser ordinaria, nominal o secreta [40], sin que se precise en las normas jurídicas si la misma es por mayoría simple o estructurada. [Cursivas y subrayados – LG].

Todo el debate sobre los enormes problemas de la comunidad y el municipio, en que una deliberada política de empobrecimiento estructural los ha sumido; todas las esperanzas, inquietudes y preocupaciones de una población a la que se le niega constitucionalmente el status de ciudadano, quedan restringidas a la representación de los órganos superiores del estado y el gobierno en el territorio, en una suerte de kantiano -o kafkiano- fin en si mismo, que subvierte la organización política del país y la subordina al afán del sátrapa.

 

Enclaustrado en este paredón sin resquicio, desempeñan los delegados electos las funciones que el poder y no los ciudadanos les asignan.  Los deberes y derechos de los mismos están meridianamente acotados en los Artículos 57 y 58 del Reglamento de las Asambleas Municipales[41]. Entre los primeros destacan informar a los órganos municipales sobre las opiniones, necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores; rendirles cuenta periódicamente e informarlos sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades que se presentan para resolverlas. En términos de derechos, estos se limitan a rígidas formalidades circunscriptas a la Asamblea.

 

La sabiduría y el sentido común popular guían la pauta de la población ante el accionar de los representantes minimalistas de los “lleva y trae” del poder: absoluta indiferencia.   Pero esta impasibilidad que encuentra expresión en el contundente “no coger lucha”, es en si misma un capitulo de desobediencia civil en cuanto reacción de rechazo político, a la que se le presta la máxima atención en todo el andamiaje del sistema. Porque en Cuba, el “no coger lucha”, es la alternativa proveniente de la naturaleza humana sojuzgada que despliega su “propia lucha” al margen del sistema.

 

A pesar de tensar todas los resortes del poder y la compulsión social en la comunidad [los denominados “factores”: PCC, CDR UJC, FMC,  MININT, FAR, etc.], la participación ciudadana en las asambleas de rendición de cuentas del delegado, así como en otras asociadas es ínfima, no sobrepasando el 20-25% de los electores. El “sistema” aplicadamente toma nota de ello y no ofrece información pública de ninguna índole.

 

Como parte del engranaje del poder, el delegado a su vez cumple la inestimable función de ser una fuente privilegiada de información local para el señorío biránico a través del tenebroso Sistema Único de Protección y Vigilancia[42], el cual la emplea para perfeccionar sus mecanismos de compulsión, coerción social y represión. [En la referencia 43 puede consultarse lo normado sobre las relaciones de los Delegados con sus Electores.]

 

Y es que el delegado [y por extensión todos los servidores públicos elegidos] constituye una figura clave en tanto representante directo de los ciudadanos, pero su función ha sido groseramente distorsionada como observa desde los altibajos de su status de intelectual orgánico Aurelio Alonso [Cursivas y subrayados - LG]:

“Tiene que ver con lo que hacen los delegados municipales: rendir cuentas a sus electores; nadie más lo hace en este país. Los pobres delegados municipales no tienen ningún poder efectivo y, sin embargo, se someten a todo el embate de los CDR, de la base, de la circunscripción, por los desastres que hay y que ellos no pueden resolver. Incluso han consagrado la clasificación diferenciada de «soluciones» y «respuestas». De modo que lo que no tenga solución debe tener respuesta. Bueno, en fin, que con respuestas no se resuelve nada. Se convierte la gestión en una quimera. Pero el concepto de rendición de cuentas no lo podemos subestimar por eso, no lo podemos desechar, no podemos hacer con «rendición de cuentas» lo que hemos hecho con «transición». No podemos dejarla en el limbo lingüístico que permita al enemigo monopolizarla. Rendición de cuentas es un concepto clave para la democracia socialista, pero rendición de cuentas de verdad. Rendición de cuentas de todo el mundo. Si el jefe del organismo central que es separado por problemas de corrupción tuviese que pasar periódicamente por un mecanismo efectivo de rendición de cuentas ante los trabajadores de ese organismo (trabajadores con participación en la toma de decisiones), posiblemente no hubiera llegado a corromperse”^[29].

Aurelio Alonso, quien además de ser un ilustrado disfruta del sentido común que le ha permitido sobrevivir sin dejar de pensar, juega con la cadena del gorila de 270 kilogramos pero sin vestirse de domador; detiene su rendición de cuentas de “todo el mundo” en el ministro, quien al igual que él, solo ocupa un escaque temporal en la estructura piramidal de castas arribistas y postradas.

 

Por su parte, la rendición de cuentas de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder se realiza a las respectivas Asambleas Municipales por las cuales fueron elegidos^[44] [recordar que ninguno fue propuesto por los ciudadanos sino por la comisión de candidaturas nacional, donde no menos del 50% no tienen absolutamente vínculos con el municipio]; sin que en ningún momento la ley les exija dar cuenta de sus gestión parlamentaria directamente a los electores. “Pa’que”, expresaría el Bobo de la Esquina de Tejas, respecto a este miembro de la popularmente denominada Asamblea Nacional de Focas Unánimes.

 

El Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular establece mediante su artículo 62 a tenor del 88 de la Constitución, que la iniciativa de las leyes en Cuba compete a:

 

1. a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

2. al Consejo de Estado;

3. al Consejo de Ministros;

4. a las Comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

5. al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;

6. al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia;

7. a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;

8. a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores.

 

El intento de encauzar una reforma constitucional a partir de la grieta formal que brindaba el acápite 8, por parte del Movimiento Cristiano Liberación liderado por Oswaldo Paya Sardinas a través del Proyecto Varela^[45] [de gran valor cívico pero limitado en su alcance programático-jurídico, por cuanto se exige que la iniciativa sea ejercida por al menos 10 mil ciudadanos reconocidos como tales por las autoridades, no listas de   personas]; encolerizo a un Fidel Castro que desata en el ano 2003 la brutal represión conocida como la Primavera Negra.  

 

La iracunda replica oficial ante los medios de prensa estuvo a cargo del entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque:

"…el Proyecto Varela forma parte de la estrategia de subversión contra Cuba, ha sido concebido, financiado y dirigido desde el exterior, con la participación activa de la Sección de Intereses norteamericana en La Habana; forma parte del mismo esquema de subversión, no tiene el menor asidero en las leyes cubanas, es una burda manipulación de la Constitución y las leyes de Cuba…"^[46].

Mientras que la respuesta “legal” del poder es encargada a Ricardo Alarcón de Quesada Presidente de la Asamblea Nacional. quien de un plumazo declara sin lugar la iniciativa presentada [Cursivas, subrayados y negritas - LG]:

 

“Luego es improcedente acudir al procedimiento legislativo común para pretender mediante una ley modificar el texto constitucional, porque en primer lugar el procedimiento es inaplicable, segundo la simple ley no tiene rango para alcanzar a introducir una modificación en la constitución y en tercero la Asamblea Nacional en esos momento de la reforma no actúa como órgano legislativo sino como órgano constituyente y  consecuentemente no puede acudir al proceso ordinario que rige la elaboración de las leyes para expresarse, tal y como preceptúa el artículo 137 de la Norma Suprema”[48].

 

Ciertamente el proyecto es inadmisible para el Castrismo, más allá de sus propias limitaciones técnico-legales y políticas; por cuanto constituiría una fisura en el dique por el cual se precipitarían las turbulentas aguas de la inconformidad ciudadana represadas por más de medio siglo, provocando  con ello su inexorablemente colapso.

 

Posteriormente en entrevista[49] “orientada” a Francisco Aruca, un activo colaborador pro-castrista en la Florida de origen cubano; el Sr. Alarcón de Quesada minimiza y descalifica al Proyecto Varela y con ello cualquier iniciativa ciudadana, al desplazar el eje del fallo al contexto de la tradicional beligerancia con los Estados Unidos:

 

“Nosotros no estamos respondiendo al llamado Proyecto Varela, al que de hecho yo mismo he respondido en otras ocasiones. Eso es una maniobra mediática fundamentalmente, para que se pueda llevar incluso al extremo de llegar ahora a comparar al títere con su amo, lo cual me parece, entre otras cosas, irrespetuoso con el Presidente Bush. Nosotros respetamos la institución, la presidencia de los EE.UU., pero estamos respondiendo al jefe del imperio, que está amenazando incluso con el ataque sorpresivo de carácter militar. ¿Cómo se va a comparar eso con el jueguito de algunos de sus instrumentos? No debe quedar la menor duda: si en Miami alguno quiere seguir cultivando la bobería ese es su problema. Francamente, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo con eso”.

 

Como a pesar de los argumentos brindados hasta el momento, existe la posibilidad que alguna persona de buena fe no familiarizada con tales abominables practicas, considere que la déspota y feroz respuesta a proyectos políticos alternativos constituyen hecho aislados y circunstanciales, y no un modelo proceso-conductual de preservar el poder, y que las normas jurídicas correspondientes que refrendan de hecho y hecho, tales reacciones no son palabras huecas su reglamento contiene como primer articulo una categórica declaración conceptual sobre los propósitos que persiguen semejantes acciones: 

 

“De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución de la República, el Partido Comunista de Cuba martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

 

Asimismo el articulo 10mo de la Constitución  clausura cualquier opción ajena a la sentencia que “Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad”.

El carácter manipulador y cínico del sistema político, se revela diáfanamente cuando una designada desde el poder central -mediante las comisiones de candidaturas-, Asamblea Nacional del Poder Popular constituye el órgano supremo del poder del Estado que representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo[50], que ni propone ni elige a sus miembros.

 

Pero la propaganda política inherente a este tipo de régimen travestida en normas jurídicas, requiere que slogans como que los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables; las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios; así como que los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento; ocupen un lugar relevante cuando lo que realmente cuenta es que:

•           cada órgano estatal y sus miembros actúan solamente dentro del marco de su competencia, prohibiéndoseles tajantemente que puedan inmiscuirse en otras jurisdicciones a fin de establecer compartimientos estancos que eviten corrimientos contaminantes no deseados por los intersticios del sistema; y

•           las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores, lo cual recorre todo el trayecto umbilical atado desde el Presidente de los Consejos de Estados y Ministros [y Primer Secretario del Partido Comunista] asentado en Punto Uno, hasta el último delegado del más remoto asentamiento poblacional.

Mientras la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría que se preceptúan formalmente rijan en todos los órganos estatales colegiados; es objeto de una ramplona inversión fullera fácilmente apreciable en cualquier acto de los referidos órganos en todos sus niveles. [51]

 

La esquizofrenia del tipo paranoide  con delirios de persecución que sufren los individuos que detentan el poder en Cuba por casi 54 anos, ha sido elevada a política de estado en múltiples formas, permeando todo el tejido sociopolítico y administrativo del país. Ejemplo de ello se manifiesta en que solo el Presidente del Consejo de Estado [léase Fidel Castro informal y conspirativamente durante el periodo 1959-1976 y luego por tres décadas desde la institucionalización de 1976 y Raúl Castro desde el 2006 hasta la fecha] quien es a su vez Presidente del Consejo de Ministros, esta facultado formalmente para proponer al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros; aunque realmente en carácter de Primer Secretario del Partido Comunista de hecho propone a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo Popular y al Fiscal General y Vicefiscales de la Republica. [52]

 

De igual manera decide al margen de la ley, la composición de las Comisiones de Candidaturas y las propuestas de estas. “Pone y quita” según anden sus neurotransmisores confabulatorios a ministros, presidentes de gobiernos provinciales y municipales; generales y espías, deportistas y académicos, artistas y embajadores. Similar comportamiento se observa con inversionistas y diplomáticos extranjeros que hoy son recibidos con honores en el Palacio de la Revolución y mañana hospedados indefinidamente en “La Condesa” [prisión para extranjeros] o declarados personas non grata.

 

El anciano de 81 anos que es Raúl Castro como antes su antecesor y hermano, además de Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de los Consejos de Estados y Ministros, encabeza también el Consejo de Defensa Nacional; en una concentración de poder unipersonal, incompartido, incuestionable, “legal” e ilegal, ante el cual palidece el poder faraónico de Sethy I.

 

Yuxtapuesto entre el despotismo de un emperador de la Dinastía Xia, el absolutismo de Enrique VIII y el autocratismo de un zar ruso; resulta en una simbiosis totalitaria isleña que se distancia de su predecesor solo en el derecho del “elegido” al poder que reclamaba este; pero que adopta ahora en nombre de un neocastrismo sucesor, un autoritarismo burocrático rampante e impune, que solo rinde cuentas de su gestión a si mismo como hemos tenido ocasión de examinar.

 

Consecuentemente los procedimientos para cubrir los cargos vacantes en los tres niveles del estado, siguen el mismo riguroso criterio de elegibilidad establecida desde la cúspide, que evite filtraciones de elementos indeseables y no compatibles con la misión que les asigna el poder. [53]

 

En los casos en que resulte vacante un cargo de Diputado, el articulo 153 deja en consideración del Consejo de Estado y no de la Asamblea Municipal que representa, la decisión de cubrirlo o no. En el primer caso, la propia Asamblea Municipal es constituida en Colegio Electoral, desconociendo los derechos de los electores que lo eligieron en los comicios generales.

 

Igualmente de férreo es el proceso cuando se requiera cubrir cargos vacantes de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional o miembros del Consejo de Estado [Artículos 156-159], dado que los candidatos serán designados por la Comisión Nacional de Candidaturas previamente nombrada a su vez por el propio Consejo de Estado, cuyos miembros fueron puestos a “dedo” desde la simbiosis de los Puntos Cero y Uno.

 

El articulo 160 prescribe que de cesar en sus funciones el Presidente del Consejo de Estado lo sustituye el Primer Vicepresidente; mientras que si una improbable hecatombe simultáneamente desapareciera a ambos, el  Consejo de Estado convocaría a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional -tomada seguramente por las tropas elites de seguridad- para cubrir los cargos, siguiendo el procedimiento que la comisión central de candidaturas proponga la lista de “elegibles” a la culmen isleña [Articulo 161].

En este remoto escenario puede perder sus colmillos la jutia biránica tratando de cerrar el cerco. Sencillamente seria una situación tan excepcional, que se regiría por las reglas conspirativas del poder y no por las jurídicas.

 

El Consejo de Estado esta integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, 5 Vicepresidentes, un Secretario y 23 miembros comunes hasta un total de 31 diputados. Luego si desaparecen coincidentemente el Presidente y el Primer Vicepresidente de 81 y 82 anos respectivamente, uno de los vicepresidentes del Consejo de Estado aunque no esta expresamente consignado en la ley, seria quien encabezaría el proceso de proposición y elección de los cargos vacantes.

 

Oficialmente no se ha cubierto el puesto de Vicepresidente vacante por el fallecimiento del general Julio Casas Regueiro, por lo que actualmente los actuantes son Gladys Bejerano, Contralora General; Abelardo Colome, Ministro del Interior; Ramiro Valdés y Esteban Lazo.

 

Descontando a Raúl Castro y a José Ramón Machado Ventura, el orden de presentación de los Buró Político del Partido Comunista de Cuba  -por cierto reducido en el ultimo congreso de 24 a 15 miembros-, ofrece evidencias de la jerarquía de la cúpula del poder [al margen de la “lealtad”, dado el elevado envejecimiento de la misma y el rol que este factor desempeñara en la sucesión inevitable y próxima, se muestra entre paréntesis la edad].

·        Ramiro Valdés Menéndez [80]

·        Abelardo Colomé Ibarra [73]

·        Julio Casas Regueiro [Fallecido]

·        Esteban Lazo Hernández [68]

·        Ricardo Alarcón de Quesada [75]

·        Miguel Díaz-Canel Bermúdez [52]

·        Leopoldo Cintra Frías [71]

·        Ramón Espinosa Martín [73]

·        Álvaro López Miera [69]

·        Salvador Valdés Mesa [?]

·        Mercedes López Acea [48]

·        Marino Murillo Jorge [51]

·        Adel Izquierdo Rodríguez [67]

·        Bruno Rodríguez Parrilla (reciente promoción) [54]

En este hipotético contexto, un analista político tradicional ajeno a la prosapia conspirativa biránica, aplicaría una técnica de depuración y jerarquización de listas donde solo –siguiendo el rango subliminal de la información del régimen- Ramiro Valdés [80], Colomé Ibarra [73] y Esteban Lazo [68] se encontrarían en el conjunto intersección. Pero no esta previsto que eso ocurra en los planes de contingencia meticulosamente elaborados y actualizados.

Toda vez que Raúl Castro en la clausura de la Primera Conferencia Nacional del Partido informo -sin precisar cuando comenzaría a decursar el término- que “… implementaremos la decisión de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales principales”[54]. [Aurelio Alonso: “Ha sido esperanzador que el presidente Raúl Castro proclamara la reducción de todo cargo de dirección a cinco años, renovables por una sola vez, aunque no se haya observado aún movimiento alguno para implementarlo”][29]. [Cursivas y subrayados – LG].

En el propio discurso, Raúl Castro expone tranquilamente el “Fast Track” de los protocoles técnico-legales con que el poder implementas las decisiones desconociendo a las bases sociales que dicen representar:  “considero que una vez definidas y acordadas las políticas por las instancias pertinentes podemos iniciar su aplicación paulatina sin esperar por la reforma constitucional, recurso al que no debemos estar acudiendo a cada rato, o sea, ir a modificar algo de la Constitución, aunque sea por el propio Parlamento, sin necesidad de referendo”.

Y considerando que las elecciones generales para formar la nueva Asamblea del Nacional del Poder han sido convocadas para el 3 de febrero del 2013, para las cuales ya han sido “propuestos” más de siete mil precandidatos a diputados y más de cuatro mil 500 a delegados provinciales de donde saldrán los “elegibles”, el tema de los sucesores neocastristas cobra vigencia de primer orden.

 

Emilio Ichikawa analizando la evaluación realizada por el ex jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, Jonathan Farrar, coincide con él en que  “… cartografió las alternativas reales que existían para sacar a la “Castro’s family” y, después de extender el mapa de variables sobre la mesa, consideró posible, en “tiempo político real”, solo una. La conclusión del ex Jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en La Habana, confirmada por algunos párrafos en wikileaks, fue matemática: La oposición es valerosa y útil para degradar la imagen de las autoridades cubanas, pero la alternativa al poder solo existe dentro del poder mismo. Un cisma, un pronunciamiento, una alianza fallida, un error en la designación de un sucesor…”. [55] [Cursivas y subrayados - LG]

En el mismo articulo, Ichikawa expone la hipótesis -que requiere una ulterior argumentación- que “Castro’s family” es un concepto más político que genealógico, lo que esparce el espectro de los sucesores al poder biránico mas allá de la consaguinidad extendiéndolo a lo relacionar y hasta lo imponderable.

Sin espacio para abordar más que en el estricto contexto del presente trabajo, el tema sucesorio del poder político en Cuba merece la máxima atención no solo por parte de estudiosos, sino sobre todo por los diversos actores políticos.  En La Rinconada, donde todas las alertas retumban hoy mas que nunca, se aplican concienzudamente a la aplicación de lo previsto en los planes operativos y de contingencias.

Tomando en consideración que Raúl Castro será reelecto por ultima vez como Presidente del Consejo de Estado; la 8va “Legislatura” que resultara de los comicios del 3 de febrero para ejercer durante el periodo 2013-2018, constituye a su vez, la postrera coyuntura para que de acuerdo con una “Razón” [56], procesalmente discurra la sucesión.

Y aunque en el trono del señorío biránico el sigilo noctívago es la norma y la conspiración la praxis; la cadencia del paso marcial marcado por el hervor del batracio neocastrista [57], indica que cuando el 16 de diciembre se reúnan simultáneamente las Asambleas Municipales para nominar entre los mas de 7 mil precandidatos propuestos por las comisiones de candidaturas de marras, a los candidatos a diputados, entre ellos, marcados por la expresa voluntad testicular del poder, estarán los rostros encargados de la continuidad del neocastrismo. 

 

Ya sabemos que las monarquías  testan a favor de los primogénitos los predios del poder previa exhaustiva preparación. Si como se conjetura, el amplio activismo a favor de los legítimos derechos de la comunidad LGTB de Mariela Castro y la presentación como politólogo del coronel Alejandro Castro, no han constituido mas que campanas de relaciones publicas; entonces sus nombres estarán indeleblemente grabados en las listas que ahora mismo se proponen con el fin de acompañar a la del otro “hijo”, Álvaro López Miera.

 

De los play boys herederos del sátrapa originario se ocupo el propio coronel  Castro Espin recientemente, cuando deja claramente establecido que los hijos de Fidel están fuera de la línea sucesoria, con aquello que un "familiar" de nombre similar al suyo, publico las fotos del extinto resucitado [[58].

 

A menos de un mes de arribar a los 54 anos en que un bribon ególatra y criminal, usurpara el poder para erigirse a ritmo gonadal en el potentado absoluto de la distopía una nación a sangre, fuego y manipulación;  George Orwell retumba en nuestros suplicios: "No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura"; y es que la penúltima fase de la Operación Caiguarán comenzara a desplegarse el próximo 3 de febrero. Palcos aun disponibles, aunque seria al menos mas decente seguir a Ai  Weiwei: "If We don't push, nothing happens"

 

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Notas y referencias:

 

29] Alonso, A./ Rebelión: Versión escrita de la conferencia inaugural del III Encuentro de Crítica e Investigación Joven «Pensamos Cuba», convocado por la Asociación Hermanos Saíz, el 9 de marzo de 2012, en La Habana.

30] http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=68

31] ARTICULO 7. Están incapacitados para ejercer el derecho de sufragio activo, las personas que estuvieren comprendidas en los casos siguientes:

a) los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad;

b) los sancionados a privación de libertad, aun cuando se encuentren disfrutando de libertad condicional, licencia extrapenal o gozando de pase;

c) los que se encuentren cumpliendo una sanción subsidiaria de la privación de libertad;

ch) los que hayan sido sancionados a privación de sus derechos políticos, durante el tiempo establecido por los Tribunales, como sanción accesoria, a partir del cumplimiento de su sanción principal.

ARTICULO 9. Están inhabilitados para ejercer un cargo público electivo y en consecuencia no serán elegibles, los ciudadanos que estén incapacitados de ejercer el derecho de sufragio activo, conforme el artículo 7 de esta Ley.

32] Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba/ http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=97:el-sistema-electoral-cubano&catid=51:democracia&Itemid=106

33] Ver Ley [Electoral] No.72: Articulos 38, 39, 40, 41, 62, 63, 64, 103 y 104

34] Se ha empleado el concepto de Hecho Juridico de la Enciclopedia Juridica/ http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho-juridico/hecho-juridico.htm

35] L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 896; trad. esp. Derecho y razón. Teoría del pragmatismo penal, Trotta, Madrid, 2005.

Al respecto Joseph Raz indico: “Un sistema jurídico no democrático, basado en la negación de los derechos humanos, en una gran pobreza, en segregación racial, en desigualdad sexual y en la persecuación religiosa puede, en principio, conformarse a los requerimientos del Estado de derecho mejor que cualesquiera de los sistemas jurídicos de las más ilustradas democracias occidentales. Esto no significa que este sistema sea mejor que aquellas democracias occidentales. Sería un sistema jurídico inconmensurablemente pero, pero sobresaldría en un aspecto: en su conformidad al Estado de derecho./ J. Raz, La autoridad del derecho, UNAM, México, 1985, p. 264

36] CAPITULO III - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR:

Artículo 7)   Dentro de los límites de su competencia, la Asamblea Municipal del Poder Popular tiene las atribuciones siguientes:

a)   cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de   carácter general adoptadas por los órganos superiores del    Estado;

b)   elegir y revocar al presidente y al vicepresidente de la Asamblea;

c)   designar y sustituir al secretario de la Asamblea;

d)   revocar el mandato  de diputados a la Asamblea Nacional y de delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular, que hayan sido elegidos por ese municipio, de acuerdo con lo establecido en la ley;

e)   realizar la elección constituyéndose en Colegio Electoral para cubrir cargos vacantes de diputados a la Asamblea Nacional y de delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular, cuando sea convocada para ello conforme a la ley;

f)   ejercer la fiscalización y el control de las entidades de subordinación municipal;

g)   revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades subordinadas a ella, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos, resoluciones y otras disposiciones dictados por los órganos superiores del Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales del país, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptados en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado;

h)   adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las leyes vigentes, sobre asuntos de interés municipal y controlar su aplicación;

i)   designar y sustituir a los miembros de su órgano de Administración a propuesta de su presidente;

j)   designar y sustituir a los jefes de las direcciones administrativas y de empresas pertenecientes a la subordinación municipal;

k)   determinar, conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración;

l)   proponer la creación y organización de Consejos Populares, de acuerdo con lo establecido en la ley;

m)   constituir y disolver comisiones de trabajo;

n)   aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, ajustándose a las políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central del Estado, y controlar su ejecución;

o)   coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de producción y de servicios de las entidades radicadas en su territorio que no le estén subordinadas, para lo cual podrá apoyarse en sus comisiones de trabajo y en su órgano de Administración;

p)   conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que le presente su órgano de Administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos;

q)   atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos superiores del Estado;

r)   fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país;

s)   conocer acerca de la atención y tramitación de las quejas y        planteamientos formulados por los ciudadanos;

t)   cualesquiera otras que le otorguen la Constitución y las leyes.

37] Nota de CubaDebate a la Constitucion de la Republica de Cuba http://www.cubadebate.cu/cuba/constitucion-republica-cuba/

ARTÍCULO 3. En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.

El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo. [http://www.cubadebate.cu/cuba/constitucion-republica-cuba/]

38] Orden del Dia de las Asambleas Municipales del Poder Popular:

Artículo 37)  El proyecto de Orden del Día de las sesiones ordinarias de la Asamblea Municipal es elaborado por el presidente, según la situación concreta que dé lugar a la convotaria, quien lo somete a la aprobación de la Asamblea. El Orden del Día puede incluir asuntos como los siguientes:

a)   el estado de cumplimiento de los acuerdos y disposiciones adoptados por la Asamblea Municipal en sesiones anteriores;

b)   las decisiones  de carácter general adoptadas por el presidente que deban ser consideradas por la Asamblea;

c)   el informe de rendición de cuenta del Consejo de la Administración Municipal, cuando corresponda;

d)   los temas que con antelación hayan presentado los delegados al presidente;

e)   los estudios realizados por las comisiones de trabajo que se consideren deben ser sometidos a la Asamblea;

f)   los relacionados con aspectos económicos, sociales y otros que por su importancia, trascendencia y actualidad deban ser examinados por la Asamblea;

g)   otros que el presidente considere necesario que sean sometidos al análisis de la Asamblea.

39] Sobre el desarrollo de los debates en las Asambleas Municipales del Poder Popular:

Artículo 38)  El presidente dirige los debates y cuida que las sesiones se desarrollen con el debido orden.

Artículo 39)  Al ponerse a discusión cada asunto, los delegados que deseen intervenir lo manifiestan levantando la mano y el secretario anota sus nombres. El presidente concede la palabra de acuerdo con el orden en que fueron hechas las solicitudes.

Ningún delegado debe ser interrumpido en el uso de la palabra, aunque el presidente puede llamarle la atención cuando se aparte de la cuestión que se debate o, a su juicio, prolongue innecesariamente su intervención y en caso de persistir tal situación puede dar por terminado el turno concedido.

Artículo 40)  Las cuestiones de orden son resueltas por el presidente. Si el que propone la cuestión no está conforme con lo resuelto, lo manifiesta así y el presidente, en este caso, lo somete a votación de la Asamblea.

Artículo 41)  El presidente puede otorgar la palabra a personas que, no siendo delegados, deban hacer intervenciones aclaratorias o explicativas en la sesión.  Si algún delegado se manifiesta en contra de ello, se somete a decisión de la Asamblea.

Artículo 42)  Cuando el presidente de la Asamblea Municipal estima que un asunto se ha discutido de manera prolongada y suficientemente podrá decidir cerrar el debate concediendo la palabra en dos turnos a favor y dos en contra, al término de los cuales procederá a su votación.

40] Articulo 46-Parrafo 5to: “Se emplea la votación secreta para elegir al presidente y vicepresidente de la Asamblea, para revocar estos mandatos y para cualquier otro asunto establecido por la ley, este Reglemento o lo decida la Asamblea Municipal. Esta votación se realiza mediante boletas que se depositan en una urna”.

The Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation, CCDHRN, recorded 520 detentions in October alone, bringing the total for the year to 5,625. The figures were “consistent with the high level of political repression in Cuba over recent years”, the group said. http://iwpr.net/report-news/political-detentions-cuba-top-5000

41] DE LOS DEBERES DE LOS DELEGADOS

Artículo 57)  Los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular tienen las obligaciones siguientes:

a)   dar a conocer a la Asamblea y a la Administración de la localidad las opiniones, necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores;

b)   informar a sus electores sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades que se presentan para resolverlas;

c)   rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión personal, e informar a la Asamblea o a la comisión a que pertenezcan sobre el cumplimiento de las tareas que les hayan sido encomendadas, cuando éstas lo reclamen;

d)   asistir a las sesiones de la Asamblea Municipal y a reuniones de las comisiones y Consejos Populares de que forman parte;

e)   cumplir los acuerdos de la Asamblea Municipal en cuanto les concierne;

f)   cumplir en tiempo y forma con las informaciones solicitadas por la Asamblea Municipal o el Consejo Popular del cual forma parte;

g)   integrar el Consejo Popular que se organice en su área;

h)   gestionar las soluciones y respuestas referentes a los planteamientos formulados por los electores;

i)   atender a los electores en despachos programados periódicamente;

j)   cualesquiera otros que les atribuyan la Constitución, las leyes y este Reglamento.

DE LOS DERECHOS DE LOS DELEGADOS

Artículo 58)  Los delegados tienen los derechos siguientes:

a)   participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea Municipal y en las reuniones de las comisiones y Consejos Populares de que forman parte;

b)   votar en toda elección que celebre la Asamblea Municipal y ser elegido a los cargos que corresponda elegir a dicha Asamblea y al Consejo Popular al cual pertenece;

c)   hacer proposiciones sobre todas las cuestiones en las que la Asamblea Municipal está facultada para adoptar acuerdos;

d)   dirigir preguntas al presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea, a los integrantes de las comisiones de trabajo, a los miembros del Consejo de la Administración Municipal y a los directores administrativos de las entidades radicadas en el territorio;

e)   proponer a la Asamblea Municipal el inicio del proceso de revocación del mandato de otro delegado a la Asamblea municipal o provincial o de un diputado a la Asamblea Nacional, de conformidad a lo establecido en la ley;

f)   presentar a la Asamblea Municipal la propuesta de revocación de la elección o designación para cubrir los cargos del Estado que son de su competencia, de conformidad con lo establecido en la ley;

g)   solicitar la inclusión de puntos en el Orden del Día de las sesiones de la Asamblea Municipal, exponiendo la argumentación necesaria;

h)   conocer periódicamente informaciones sobre la gestión de la Asamblea Municipal, de su Consejo de la Administración y la proyección de trabajo del territorio que coadyuven a su preparación para el cumplimiento de sus funciones;

i)   recibir, a manera de identificación de su condición de delegado, el carné y sello, los cuales puede utilizar en sus funciones;

j)   cualquier otro que les reconozcan la Constitución, las Leyes y este Reglamento.

42] Ver Sistema Único de Vigilancia y Protección - Monografias.com; asi como  Censorship in Cuba

43] DE LAS RELACIONES DE LOS DELEGADOS CON SUS ELECTORES

Artículo 59)  El delegado está obligado a mantener un vínculo real, permanente y sistemático con sus electores, atendiendo y viabilizando los asuntos planteados por éstos.

Tiene la obligación de trabajar constantemente para conocer los problemas que afectan a sus electores y las causas que los generan; así como la de reclamar, cuando sea necesario, de quien corresponda la adopción de las medidas que se requieran para resolverlos, a fin de lograr una respuesta rápida  y contribuir a elevar su autoridad ante los electores.

Artículo 60)  El delegado está obligado a reunirse con sus electores por lo menos dos veces al año, con el objeto de rendirles cuenta de su gestión personal, previa programación aprobada por el presidente de la Asamblea Municipal.

Estas reuniones constituyen, además, una vía para informar a los electores sobre la situación en que se encuentra la circunscripción, el Consejo Popular, el municipio, la provincia y el país, promoviendo el análisis colectivo en la búsqueda de soluciones con la participación popular.

Para lograr los resultados requeridos, el delegado tiene el deber de:

a)   obtener los elementos de juicio e informaciones necesarios, con el apoyo que le brinden las asambleas municipal y provincial, a fin de prepararse previamente para desarrollar las reuniones;

b)   establecer las coordinaciones pertinentes con las organizaciones de masas de la circunscripción para efectuar las movilizaciones de los electores a las reuniones, previo señalamiento de la fecha, hora y lugar;

c)   asegurar con el apoyo de las asambleas municipal y provincial, la presencia en las reuniones de los dirigentes de los Consejos de Administración, de entidades administrativas, delegados a la Asamblea Provincial y diputados a la Asamblea Nacional, según se consideren necesarios;

d)   esforzarse por convertir las reuniones en un diálogo abierto y útil entre sus electores y él, referido a los principales asuntos a tratar encaminado a proporcionar la participación real de la población en la solución de los problemas de la colectividad.

Artículo 61)  Entre una y otra reunión de rendición de cuenta, los delegados realizan despachos individuales con los electores de su circunscripción.

Con estos fines cada delegado    fija un día a la semana para recibir a aquellos electores de su circunscripción que le soliciten entrevistas o le hayan escrito planteándole alguna cuestión que él debe atender.

44] Rendición de Cuenta de los Diputados

 

ARTÍCULO 102 La Asamblea Municipal del Poder Popular conoce de los informes de rendición de cuenta de los diputados a la Asamblea Nacional electos en su territorio, por lo menos una vez en el mandato para el cual fueron elegidos, en correspondencia con las orientaciones del Presidente de la Asamblea Nacional. La mencionada Asamblea Municipal determina los aspectos específicos de su labor, como tal, que desea conocer. Se considera, asimismo, como parte de la rendición de cuenta los informes que eventualmente realicen los diputados a la respectiva Asamblea Municipal sobre sus labores en la Asamblea Nacional o en alguna Comisión de Trabajo, que resulte de interés a los delegados de la Asamblea Municipal.

45] Se puede consultar el Proyecto Varela integro en: http://www.oswaldopaya.org/es/proyecto-varela/

46] Conferencia de prensa ofrecida por el canciller Felipe Pérez Roque, con relación a los mercenarios al servicio del imperio que fueron juzgados los días 3, 4, 5 y 7 de abril. Ciudad de La Habana, 9 de abril de 2003. (Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado)

47] Tomado de Ichikawa: http://eichikawa.com/2012/07/documento-significativo-vinculado-al-tema-proyecto-varela-asamblea-nacional-de-cuba.html (Texto en la WEB de la Universidad de New Mexico)

10/04/03 - Cuba-L - Proyecto Varela y también la respuesta de la Asamblea Nacional

 

El lector de Cuba-L ha recibido en los últimos dos años el texto del Proyecto Varela y también la respuesta de la Asamblea Nacional. La prensa extranjera que cubre el tema NUNCA ha dado a conocer los argumentos de la Asamblea Nacional mientras que esa prensa, al igual que Osvaldo Payá, continuan insistiendo que la Constitución cubana establece que con 10,000 firmas se puede pedir un referendo a la legislatura (lo cual es una lectura incorrecta de la Constitución cubana). Hace aproximadamente dos años Cuba-L distribuyó, por segunda vez, la Constitución. Ahora deseamos enviar, de nuevo, la respuesta de la Asamblea Nacional junto con una serie de puntos que consideramos relevantes.

 

Debe de anotarse que:

1. lO. Payá nunca ha reconocido que le dieron respuesta a su "petición" y que la Asamblea Nacional le proporcionó el documentop adjunto en dos ocasiones.

2. O. Payá nunca ha hecho comentario alguno sobre la respuesta de la Asamblea Nacional.

3. La mayoría de los medios de prensa extranjeros asumen que el gobierno cubano no ha respondido a la "petición," y si lo reconocen nunca detallan cuales fueron los argumentos legales de la respuesta proporcionada por la Asamblea Nacional.

4. O. Payá esta segunda vez, al proporcionar mas firmas, pero sin hacer cambio alguno a la "petición, " no tiene posibilidad alguna de poder funcionar dentro del marco legal que dice desea hacer.

5. Hay que preguntarse a que se debe que O. Payá y sus consejeros legales no le prestaron atención a los elementos legales necesarios para hacer una petición de referendo en la primera vez que lo hicieron.

6. Que posible argumento pueden tener ahora para recoger firmas una segunda vez sin haber cambiado la petición de referendo, pues la segunda vez ya saben cuales fueron los fallos de la primera  petición?

7. Y, por último, a que se debe que la prensa extranjera radicada en Cuba no le presta atención a los hechos tales y como son en realidad?

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Respuesta confeccionada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional que le fue entregada a Osvaldo Payá acerca de su proyecto el 18 de noviembre del 2002 y enviada posteriormente por correo el 26 de noviembre del mismo año.

 

Ciudad de la Habana, 1 de noviembre del 2002

"Año de los Héroes Prisioneros del Imperio"

 

Dr. Ricardo Alarcón de Quesada

Presidente

Asamblea Nacional del Poder Popular

 

Compañero:

 

En respuesta al documento que nos trasladó, en virtud del artículo 67 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que dice denominarse "Proyecto Varela", la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, a tenor del artículo 68 del mencionado Reglamento emite las siguientes:

 

CONSIDERACIONES

 

1. Elementos Formales:

 

1. Atendiendo a que el documento en cuestión pretende presentarse como una iniciativa legislativa amparada en la facultad constitucional del inciso g) artículo 88, es oportuno significar que no cumple con los requisitos de ley establecidos en el artículo 64 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, toda vez que la petición formulada se acompaña con un grupo de papeles que dicen consignar datos identificativos de ciudadanos, cuya identidad y veracidad no consta acreditada legalmente, dado que no se ha cumplido el requerimiento legal para estos casos, cual es que, mediante declaración jurada ante notario, los ciudadanos acrediten su identidad personal mediante los datos del carné de identidad como documento idóneo y probatorio de la individualización de cada una de estas personas que avalan este pedimento, además de que no se acredita su no invalidación para ejercer el sufragio activo, lo que exige conforme el artículo 132 de la Constitución de la República, que no se halla incapacitado mentalmente ni inhabilitado judicialmente por causa de delito, elementos estos que requieren de la presentación de las pruebas documentales pertinentes para que el Notario, en su función de fedatario público, los consigne en el documento público, en el caso que nos ocupa, la declaración jurada, que se exige, pues en ningún momento, ni la Constitución de la República ni el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular establece la recolección de firmas, cualquiera que fuese su número, para promover la iniciativa legislativa.

 

2. Otro aspecto que desatiende y no considera en debida cuenta el documento que pretende convertirse en iniciativa legislativa, lo es que viene obligado a desarrollar en el escrito de fundamentación que le acompañe los particulares que se recogen taxativamente en los apartados 1 a 7 del artículo 63 del Reglamento de este supremo órgano. El documento que se adjunta y que denominan Fundamentación, no es sino una relación fáctica y en oportunidades errática en redacción y contenido de la pretensión, sin desarrollar los requisitos de ley para su elaboración, así como la exposición de posiciones y criterios o la simple solicitud de la promulgación de una ley para crear empresas privadas por parte de cubanos, sin constar ningún género de fundamentación al respecto, o como es el caso de la modificación al Código Penal, sin exposición alguna de los requerimientos de ley.

 

3. Resulta tan apartada de lo que debe ser la fundamentación debida y seria de un proyecto de ley que ni siquiera aspectos tan relevantes en el proceso legislativo como el rango normativo de la disposición jurídica propuesta o los mecanismos necesarios que garanticen la aplicabilidad, efectividad, cumplimiento y el control de la disposición jurídica que se presenta, son abordados. Entremezcla en total desarmonía y carencia de secuencia lógica, consideraciones y posiciones totalmente extrañas al proceder legislativo.

 

El no cumplimiento de los requisitos de ley exigidos resulta elemento suficiente para rechazar de plano la pretensión formulada, no obstante la Comisión considera oportuno no detenerse ante estos aspectos y entrar a un análisis del contenido de la misma.

 

II. Elementos de Contenido:

 

1. El documento en análisis mezcla en total desconcierto y carencia de rigor diferentes instituciones de rango constitucional, de distinta tramitación. Tal es el caso de la solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular "que someta a consulta popular, mediante referendo ...las propuestas".

 

Esto requiere un análisis.

 

La consulta popular y el referendo son dos instituciones constitucionales potestativas de la Asamblea Nacional (incisos (b) y (u) del artículo 75 de la Constitución de la República) bien definidos uno de otro. Mientras que la consulta popular consiste en someter al pueblo que opine y aporte ideas sobre un tema legislativo específico, reservándose la Asamblea la decisión definitiva sobre la norma en tramitación, vgr: en 1994 la Asamblea Nacional del Poder Popular, como expresión de la activa participación y presencia del pueblo en la adopción de decisiones trascendentales para la vida en sociedad, en ejercicio de cabal democracia, convocó a consulta popular, las medidas en el orden financiero y tributario necesarias a implementar en la nación como consecuencia de la seria situación económica que se imponía al país por el doble bloqueo que genera, el impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América y el que se deriva del derrumbe del campo socialista.

 

El referendo somete la norma en debate a la resolución definitiva de los ciudadanos, vgr: el referendo convocado en 1976 para la aprobación de la vigente Constitución de la República, mediante el voto afirmativo del 95,7% de los electores de la nación.

 

Luego, como se constata, es desacertado interesar que se "someta a consulta popular mediante referendo", como se expresa en el documento, pues son dos instituciones con diferentes soluciones.

 

En definitiva tanto el referendo como la consulta popular, son expresiones de la democracia directa ejercida por nuestro pueblo, son facultades potestativas de la Asamblea Nacional y la Comisión considera oportuno aportar que en este sentido estima, que se reservan a decisiones de especial transcendencia.

 

2. La acción legislativa, acto riguroso y solemne, exige de quien ejercita la iniciativa legislativa la presentación de un anteproyecto que reúna en sí todos los presupuestos de una ley; primero su título, seguido de los Por Cuantos que la presiden y luego los basamentos de derecho en que se sustenta los que se exponen en su Por Tanto, luego de lo cual viene el cuerpo normativo, conformados armónicamente, según el caso, por los títulos, capítulos y secciones e integrados estos por los artículos, apartados e incisos y luego las disposiciones transitorias y finales que garantizan la inserción de la ley propuesta con el resto del ordenamiento legal del país.

 

La Comisión, al analizar el documento presentado a su consideración y en correspondencia con el artículo 69 del Reglamento, aprecia, a simple vista, que el mismo carece de rigor técnico y refleja en total desarmonía los temas que pretende abordar, acentuando una carencia de la forma de un anteproyecto de ley. Tal vez pudiera aducirse por sus redactores su condición profana en términos legales, lo que no es procedente, ya que en las citas de normas legales que se invocan y en los análisis, si bien lineales y pocos profundos, que hacen en la fundamentación, apuntan en la dirección de que personas con un conocimiento elemental del derecho trabajaron en esta redacción, así como que cualquier persona de la mera lectura de las leyes, incluso de las normas que analizan revocar o modificar, comprenden fácilmente la forma en que se redacta y presenta un proyecto legislativo.

 

3. Otro aspecto que resulta oportuno significarse por la Comisión lo es el hecho que cada norma legal que se elabore tiene que estar concentrada en una temática específica. El ordenamiento jurídico de un país se conforma por normas de derecho perfectamente identificables y específicas en la materia que aborden, aún dentro de una misma rama del derecho no es atinado incluir asuntos diferentes, así por ejemplo en el derecho las normas adjetivas y sustantivas conforman leyes independientes aunque versen sobre una misma materia; una regulará cómo se aplican, la otra, qué regula en la vida social.

 

Contrarius sensu, el derecho dejaría de ser una ciencia que regula el normal y armónico desarrollo de los hombres en la sociedad para convertirse en un elemento coadyuvador del caos y la anarquía y tal es el caso del proyecto que se somete a nuestra consideración que desatiende aspectos medulares en la ciencia del derecho, como los son el hecho de considerar al ordenamiento jurídico como un sistema unitario, coherente y dinámico.

 

En un solo texto, en un solo cuerpo, sin ni siquiera subtítulos que lo identifiquen se reflejan un grupo de planteamientos que combinan temas de derecho constitucional, de derecho penal, de la ley electoral y de la ley de asociaciones. Lo que debió de haber sido objeto de pretensiones bien diferenciadas entre sí en cuerpos normativos independientes, aspecto sobre el cual es también errático el documento.

 

4. Los integrantes de la Comisión, del estudio del documento en cuestión, coinciden en el criterio de que, lo que se pretende con esta solicitud, no es una promoción de un proyecto de ley como enfáticamente se dice; sus propósitos van mucho más allá y dada la índole de los asuntos que aborda y las valoraciones y cambios que proponen, en realidad se trata de una reforma constitucional que pretende destruir las bases fundacionales del sistema político cubano. No se trata de cambios o modificaciones de leyes como pretenden aparentar, sino de colisiones con los principios políticos, económicos y sociales que se consagran en la Constitución de la República.

 

En tal virtud, resulta atinado consignar:

 

No debe generar dudas que el proceso de iniciativa de las leyes del artículo 88 se refieren a otras leyes que no es precisamente los encaminados a modificar la Constitución, la cual como garantía del límite que prevé para su modificación ha concebido un específico proceso, más allá del cual, ni los ciudadanos, ni las instituciones públicas pueden ir.

 

Sin embargo, la facultad de la iniciativa legislativa que la Constitución le consagra a los ciudadanos no puede ser entendida en el ejercicio de un derecho ilimitado que atente y socave directamente el propio poder del Estado constituido y la expresión mayoritaria del cuerpo electoral que en ejercicio de su poder constituyente le insufló vida como expresión de la voluntad de la sociedad.

 

En tal sentido, resulta conveniente acudir al artículo 66 de la Constitución que establece a todos los ciudadanos el "deber inexcusable" de cumplir estrictamente con la constitución y con las leyes, luego el derecho de iniciativa legislativa a que se contrae el mentado artículo 88 de la Constitución no solo se limita por las expresas

consideraciones que allí se le fijan, sino también y ello es esencial, por el deber de los ciudadanos de actuar con estricto e inexcusable cumplimiento y acatamiento a la propia Constitución y a las demás leyes del Estado cubano, luego en modo alguno puede dar cobertura legal para actuar a quienes pretendan amparados en esta facultad constitucional, subvertir los cimientos del Estado e ir contra los fundamentos políticos, sociales y económicos que establece la propia Constitución en que pretenden ampararse, es pretender rebasar los límites que en su propia defensa la Constitución establece e ir contra la mayoría del pueblo en que se sostiene.

 

Luego la iniciativa de promover leyes que el artículo 88 de la -Constitución expresa y que tiene entre sus destinatarios a los ciudadanos, se entiende en el sentido de promocionar leyes, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en marcados dentro del estricto respeto y cumplimiento de los principios constitucionales y demás leyes de la nación, sin que se pueda interpretar esta facultad constitucional en el sentido de promover leyes encaminadas a remover o modificar la propia Constitución, aunque expresamente ello no se declare, o los fundamentos y principios del Estado o derechos y deberes en ella consagrados, pues para ello el constituyentista en su día concibió un procedimiento específico y expreso, tal cual es la Reforma Constitucional que se recoge en el Capítulo XV, artículo 137 de la Suprema Norma.

 

La ley que modificaría la Constitución, tal y como ella prevé y también el artículo 79 del Reglamento de la Asamblea Nacional, no puede ser una ley ordinaria de las que usualmente aprueba el órgano legislativo en sus períodos ordinarios de sesiones, tiene que ser una ley especial, de rango constitucional.

 

Ante esa situación la Asamblea Nacional actúa no como órgano legislativo sino como órgano constituyente. Constituyente, porque puede ponerse en el lugar del constituyente originario y entrar a reformar directamente la Constitución sin requerir de otra norma para ello que no sea su mera voluntad alcanzada mediante el proceso establecido.

 

Luego es improcedente acudir al procedimiento legislativo común para pretender mediante una ley modificar el texto constitucional, porque en primer lugar el procedimiento es inaplicable, segundo la simple ley no tiene rango para alcanzar a introducir una modificación en la constitución y en tercero la Asamblea Nacional en esos momento de la reforma no actúa como órgano legislativo sino como órgano constituyente y consecuentemente no puede acudir al proceso ordinario que rige la elaboración de las leyes para expresarse, tal y como preceptúa el artículo 137 de la Norma Suprema.

 

La Constitución de la República, conjunto de normas fundamentales que expresan la legítima voluntad del pueblo soberano de darse y sostener una determinada forma política, es la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico de la nación, establece los órganos con competencia legislativa, regula el procedimiento legislativo y condiciona el contenido que han de tener las leyes, luego toda la función legislativa se le subordina y tiene que serle coherente, para su reforma exige la concurrencia de órganos y procedimientos más complejos que los regulados para modificar las leyes. De ahí el carácter supralegal que le asiste y la rigidez que le caracteriza. Luego toda norma que pretenda oponérsele expresa o tácitamente es inconstitucional e improcedente.

 

5. En consonancia con lo expuesto y en ejercicio del deber que le confiere a la Comisión el artículo 69 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, estima oportuno señalar que el pretendido documento de iniciativa legislativa que le es sometido a consideración no se adecua a la Constitución de la República, a la cual contradice y se le opone abiertamente.

 

III. Conclusiones.

 

En uso de las facultades que le reserva el inciso c) del artículo 68 del mentado Reglamento de la Asamblea Nacional y atendiendo a todos los argumentos señalados en el cuerpo de este documento, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos considera, por unanimidad, proponer al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular no admitir a otros trámites el documento en cuestión y por consiguiente, conforme a lo establecido, rechazar las pretensiones que el mismo formula.

 

Dado en las Oficinas Auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la ciudad de la Habana a 1 día del mes de noviembre del 2002

 

"Año de los Héroes Prisioneros del Imperio".

Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos

Asamblea Nacional del Poder Popular

49]  Por: Francisco Aruca/ Ricardo Alarcón: En Cuba el Socialismo es irrevocable/ http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=486:ricardo-alarcon-en-cuba-el-socialismo-es-irrevocable&catid=66:entrevistas-realizadas-alpresidente-anpp&Itemid=113

50] Constitución de la Republica de Cuba/ Artículo 69o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo.

51] Capítulo IX - Principios de organización y funcionamiento de los órganos estatales/ ARTÍCULO 68. http://www.cubadebate.cu/cuba/constitucion-republica-cuba/#c9

52] ARTÍCULO 93. Las atribuciones del Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno son las siguientes:

a) representar al Estado y al Gobierno y dirigir su política general;

b) organizar y dirigir las actividades y convocar y presidir las sesiones del Consejo de Estado y las del Consejo de Ministros;

c) controlar y atender el desenvolvimiento de las actividades de los ministerios y demás organismos centrales de la Administración;

ch) asumir la dirección de cualquier ministerio u organismo central de la Administración;

d) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por ésta, los miembros del Consejo de Ministros;

e) aceptar las renuncias de los miembros del Consejo de Ministros, o bien proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según proceda, la sustitución de cualquiera de ellos y, en ambos casos, los sustitutos correspondientes;

f) recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones extranjeras. Esta función podrá ser delegada en cualquiera de los Vicepresidentes del Consejo de Estado;

g) desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas y determinar su organización general;

h) presidir el Consejo de Defensa Nacional;

i) declarar el Estado de Emergencia en los casos previstos por esta Constitución, dando cuenta de su decisión, tan pronto las circunstancias lo permitan, a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, de no poder reunirse aquélla, a los efectos legales procedentes;

j) firmar decretos-leyes y otros acuerdos del Consejo de Estado y las disposiciones legales adoptadas por el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la República;

k) las demás que por esta Constitución o las leyes se le atribuyan.

53] De la Forma de Proceder en el Caso de que queden Cargos Vacantes en la Elección de Delegados a las Asambleas Provinciales y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular

ARTICULO 125. En el caso de que una vez cumplidos los requisitos del voto directo establecido por la Constitución de la República y esta Ley para elegir a los Delegados a las Asambleas Provinciales o a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, queden plazas vacantes por cualquier causa, se concede al Consejo de Estado las facultades siguientes:

a) dejar vacante la plaza hasta las próximas elecciones generales;

b) asignar a la Asamblea Municipal del Poder Popular, constituida en Colegio Electoral, la función de elegir al Delegado a la Asamblea Provincial o al Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular;

c) convocar nuevas elecciones.

En los casos a que se refieren los incisos b) y c) la nominación de los candidatos se hará conforme a lo establecido en el Artículo 96 de esta Ley. La elección se hará mediante voto secreto

Capítulo II Del Modo de Cubrir los Cargos Vacantes de Delegados a las Asambleas Provinciales y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular

ARTICULO 152. La elección para cubrir el cargo vacante de un Delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular, salvo que se produzca en los seis (6) últimos meses del mandato, se realiza por la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente, en la fecha en que sea convocada por la Asamblea Provincial del Poder Popular, o su Presidente si ésta no se encuentra reunida.

La Asamblea Municipal del Poder Popular constituida en Colegio Electoral, elige al Delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Esta elección debe efectuarse dentro del término de sesenta (60) días a partir de declararse vacante el cargo de Delegado.

ARTICULO 153. En los casos en que durante el mandato resulte vacante un cargo de Diputado, el Consejo de Estado podrá disponer, si así lo considera, que la Asamblea Municipal del Poder Popular, constituida en Colegio Electoral, elija al Diputado para cubrir el cargo.

ARTICULO 154. El procedimiento para la nominación y las elecciones a que se refieren los artículos 152 y 153 se efectúan en lo atinente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de esta Ley.

Capítulo IV Del Modo de Cubrir los Cargos Vacantes de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular

ARTICULO 156. Si durante el término de su mandato el Presidente, Vicepresidente o Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular cesan en sus funciones de manera definitiva, se procede por ésta a elegir el sustituto.

Los proyectos de candidaturas para cubrir estos cargos se presentan a la Asamblea Nacional del Poder Popular por la Comisión de Candidaturas en lo atinente, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 141 de esta Ley.

ARTICULO 157. En la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en que se efectúa la elección para cubrir el cargo de su Presidente, Vicepresidente o Secretario, el Presidente de la Comisión de Candidaturas da lectura a la candidatura preparada a este efecto.

Seguidamente quien preside la sesión invita a los Diputados para que, si lo estiman conveniente, hagan proposiciones para sustituir a alguno de los candidatos. Estas sustituciones se acuerdan por mayoría de los Diputados presentes.

En igual forma se procede para la aprobación de la candidatura.

ARTICULO 158. Aprobada la candidatura, el que preside la Asamblea procede de la siguiente forma:

a) pide a la Asamblea que elija en votación ordinaria a los Diputados necesarios para que realicen el escrutinio una vez terminada la votación;

b) explica la forma en que se lleva a cabo la votación;

c) ordena distribuir las boletas a los Diputados presentes y solicita que se efectúe la votación, la que se realiza mediante voto secreto;

ch) hecho el escrutinio anuncia el resultado de la votación y se declara elegido al que haya obtenido la mayoría de votos. En caso de existir empate, se somete a una nueva elección.

ARTICULO 159. En caso de cesar en sus funciones definitivamente y al mismo tiempo el Presidente y Vicepresidente, o el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado la convoca a sesión extraordinaria a los fines de cubrir los cargos vacantes. Al convocar la sesión, el Consejo de Estado designa uno de sus miembros para que organice y presida la sesión y solicite la constitución de la Comisión de Candidaturas a que se refiere el Artículo 73 para que presente el correspondiente proyecto.

Constituida la Asamblea, se procede de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 156 al 158 de esta Ley.

Capítulo V Del Modo de Cubrir los Cargos Vacantes en el Consejo de Estado

ARTICULO 160. De cesar en sus funciones el Presidente del Consejo de Estado lo sustituye el Primer Vicepresidente.

En todos los demás casos, la Asamblea Nacional del Poder Popular procede a cubrir el cargo vacante, conforme con lo establecido en los Artículos 156 al 158 de esta Ley.

ARTICULO 161. De cesar en sus funciones simultáneamente su Presidente y su Primer Vicepresidente, el Consejo de Estado convoca a sesión extraordinaria a la Asamblea Nacional del Poder Popular con el objeto de cubrir los cargos vacantes.

Constituida la Asamblea, ésta realiza el proceso electoral ajustándose a lo establecido, en lo atinente, en los Artículos 156 al 158 de esta Ley.

54] Discurso de Raúl Castro Ruz, en la clausura de la Primera Conferencia Nacional del Partido

55] Ichikawa, E./ Emilio Ichikawa » CUBA: Golpe en el Estado

 “Hay varios indicios de que Jonathan Farrar, por ejemplo, pensó cuidadosamente la dinámica del poder en la Cuba contemporánea. Era parte de su trabajo. Farrar cartografió las alternativas reales que existían para sacar a la “Castro’s family” y, después de extender el mapa de variables sobre la mesa, consideró posible, en “tiempo político real”, solo una. La conclusión del ex Jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en La Habana, confirmada por algunos párrafos en wikileaks, fue matemática: La oposición es valerosa y útil para degradar la imagen de las autoridades cubanas, pero la alternativa al poder solo existe dentro del poder mismo. Un cisma, un pronunciamiento, una alianza fallida, un error en la designación de un sucesor… En ese nivel. (Jonathan Farrar. 2009-04-15 13:33:00: “However, the most likely immediate successors to the Castro regime will probably come from within the middle ranks of the government itself.”)

La conocida respuesta de Farrar es clara porque fue claro también en el planteamiento de su pregunta. Cualquiera puede lograr un resultado semejante si se sitúa en el ángulo de observación adecuado; que no es el de quien quiere publicar, ni el del que desea agradar o saldar una cuenta pendiente, sino en el lugar de quien simplemente anhela llegar al poder: ¿cómo y a través de qué fisura puede alguien agarrar el mando? Viejos amigos y enemigos de Fidel Castro atestiguan que tanto en La Habana como en Bogotá este percibió vías abiertas hacia el poder de las que ninguno de ellos se había percatado. Así mismo era Capablanca, pero en el tablero.

Sin la ambición ni la posibilidad, pero con semejante posicionamiento, fue que el ex Jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en Cuba llegó a la conclusión citada, y así se lo comunicó al Departamento de Estado en Washington DC. Que en la isla no existían posibilidades de arrebatarle el poder a la “Castro’s family”; a menos de que hubiera una implosión desde dentro de esa misma instancia, o desde su periferia inmediata. 

 

Es esta conclusión (que comparto siempre que se precise: en “tiempo político real”) la que he estado tratando de entender desde hace un tiempo. De algún modo me he referido a ella al afirmar que ese proceso histórico conocido como revolución cubana de 1959, que al principio se enredó en dinámicas de Gobierno, ha acabado por desovar un Estado cuyo sistema de reglas tendrían que ser tomadas en cuenta hasta por un gobierno anti “Castro’s family”.

 

Como charlaba hace poco con unos amigos, en el hipotético caso de que en la isla se produjera un golpe militar en este mismo minuto, sería posible y hasta recomendable que los golpistas reconocieran los resultados de las recientes elecciones y las constituciones de las Asambleas a nivel Municipal, aplazando los procesos Provinciales y Nacionales hasta el momento en que puedan arreglar un pronunciamiento a su favor. De más está decir que este gesto ganaría la simpatía de buena parte de la opinión pública internacional. De la derecha moderada a la izquierda radical anticastrista el asentimiento sería muy probable.

 

Ahora bien, el problema aquí es determinar cuán “anticastrista” sería realmente un gobierno que finalmente mantenga en pie la cultura, los nombres, la geografía política… en fin, el Estado que la propia revolución de Castro engendró. En cuanto a la Constitución “socialista” no habría ningún problema: a una junta militar o un gobierno de transición que gobierne a decreto no le molestaría un documento de ese tipo”.

56] Ichikawa, E./ A comienzos del 2013 la VIII Legislatura anunciará un Presidente de Cuba hasta el 2018; con gran probabilidad el mismo RAUL CASTRO: “Es decir, un entramado de reglas, instituciones, liturgias, valores y costumbres (una Razón) que hasta la oposición tendría que tomar en cuenta. Lo que quiero significar es que la historia de la revolución cubana de 1959 podría haber llegado a un punto en que incluso un Gobierno “contrarrevolucionario” tendría que amoldarse o al menos considerar las formas del Estado creado por la propia Revolución. Para decirlo con palabras conocidas: lo que podría “caerse” en Cuba es un Gobierno (el de “Castro’s family”, que es otro problema), pero el Estado quedaría en pie”. [Cursivas y subrayados –lg].

57] A ello me he referido en múltiples oportunidades. Se refiere a que el ritmo de las reformas raulistas transcurre al compás del conocido principio de la “Rana Hervida” de la Teoría del Comportamiento Organizacional.

58] Exclusivo de RT: La primera entrevista a Alejandro Castro Espín  http://www.youtube.com/watch?v=ra3RbZXpdPI