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La Habana, 15 abr (PL) El gobierno cubano ejecuta acciones para fortalecer el marco jurídico e institucional que garantiza la promoción y protección de los derechos humanos en la isla, según informaciones tributadas por entidades estatales y no gubernamentales. La aplicación de leyes, políticas y programas, así como la ratificación de instrumentos internacionales forman parte de las acciones que aparecen reflejadas en el informe que Cuba presentará el próximo 1 de mayo ante el Consejo de Derechos Humanos, en su Examen Periódico Universal (EPU).
El texto -que publica una página web de Naciones Unidas- fue elaborado con la participación de organismos estatales y la sociedad civil y recoge que la isla ratificó desde febrero de 2009 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Con este paso, suman 42 los instrumentos en materia de derechos humanos asimilados por el país caribeño, cuyo gobierno asegura que realiza análisis y consultas internas para la futura adhesión o ratificación de otros.
Respecto a las nuevas normas que amplían la base legislativa de los derechos humanos, el documento del EPU, elaborado a partir de las recomendaciones del ejercicio cumplido por La Habana en 2009, contiene las emitidas para el usufructo de tierras, la actualización migratoria, la seguridad social y el trabajo privado.
Los temas migratorio y de las formas no estatales de gestión se encuentran entre los que mayores titulares de prensa generan en torno a la nación caribeña, donde está en marcha un proceso de actualización socio-económica que busca elevar la productividad y la eficiencia dentro del socialismo.
En enero de este año entraron en vigor el Decreto Ley 302 y otras disposiciones que eliminaron la solicitud del permiso de salida para los viajes al extranjero y el requisito de la carta de invitación, así como extendieron de 11 a 24 meses la permanencia fuera del país sin perder la residencia.
Las nuevas medidas posibilitan la salida de menores de 18 años previa autorización de sus padres o representantes legales y el hecho de que emigrados podrán visitar la isla por hasta 90 días, a diferencia de los 30 fijados anteriormente.
También normalizan la entrada temporal de quienes migraron ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994 con Estados Unidos, si han transcurrido ocho años de su salida; y amplían las causas de la repatriación.
Respecto al sector privado, unos 400 mil cubanos incursionan en más de 180 actividades, con destaque para la contratación de personas, la venta de alimentos, el transporte de pasajeros y cargas y el alquiler de viviendas.
Cuba labora además por alcanzar un desempeño cualitativamente superior en la impartición de justicia, con especial énfasis en la preservación de las garantías procesales en el juicio oral y la interacción más efectiva entre el acusado y su abogado, refleja el informe del EPU que se presentará en Ginebra, Suiza.
A finales del año pasado, altos funcionarios del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General comentaron a Prensa Latina que en 2013 se trabajará en la adecuación de normas y el establecimiento de otras.
El Código penal, el sistema de justicia de menores infractores y las leyes de Procedimiento Penal, Ejecución de Sanciones y de Policía están en la agenda, precisaron.
ale/wmr
El texto -que publica una página web de Naciones Unidas- fue elaborado con la participación de organismos estatales y la sociedad civil y recoge que la isla ratificó desde febrero de 2009 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Con este paso, suman 42 los instrumentos en materia de derechos humanos asimilados por el país caribeño, cuyo gobierno asegura que realiza análisis y consultas internas para la futura adhesión o ratificación de otros.
Respecto a las nuevas normas que amplían la base legislativa de los derechos humanos, el documento del EPU, elaborado a partir de las recomendaciones del ejercicio cumplido por La Habana en 2009, contiene las emitidas para el usufructo de tierras, la actualización migratoria, la seguridad social y el trabajo privado.
Los temas migratorio y de las formas no estatales de gestión se encuentran entre los que mayores titulares de prensa generan en torno a la nación caribeña, donde está en marcha un proceso de actualización socio-económica que busca elevar la productividad y la eficiencia dentro del socialismo.
En enero de este año entraron en vigor el Decreto Ley 302 y otras disposiciones que eliminaron la solicitud del permiso de salida para los viajes al extranjero y el requisito de la carta de invitación, así como extendieron de 11 a 24 meses la permanencia fuera del país sin perder la residencia.
Las nuevas medidas posibilitan la salida de menores de 18 años previa autorización de sus padres o representantes legales y el hecho de que emigrados podrán visitar la isla por hasta 90 días, a diferencia de los 30 fijados anteriormente.
También normalizan la entrada temporal de quienes migraron ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994 con Estados Unidos, si han transcurrido ocho años de su salida; y amplían las causas de la repatriación.
Respecto al sector privado, unos 400 mil cubanos incursionan en más de 180 actividades, con destaque para la contratación de personas, la venta de alimentos, el transporte de pasajeros y cargas y el alquiler de viviendas.
Cuba labora además por alcanzar un desempeño cualitativamente superior en la impartición de justicia, con especial énfasis en la preservación de las garantías procesales en el juicio oral y la interacción más efectiva entre el acusado y su abogado, refleja el informe del EPU que se presentará en Ginebra, Suiza.
A finales del año pasado, altos funcionarios del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General comentaron a Prensa Latina que en 2013 se trabajará en la adecuación de normas y el establecimiento de otras.
El Código penal, el sistema de justicia de menores infractores y las leyes de Procedimiento Penal, Ejecución de Sanciones y de Policía están en la agenda, precisaron.
ale/wmr
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