Lo que el gobierno cubano le objeta a Las Damas de Blanco puede concretarse en dos puntos:
1-El movimiento habría perdido legitimidad programática, toda vez que Las Damas de Blanco se había declarado como un reclamo de familiares (sobre todo esposas) de prisioneros por la llamada “Causa de los 75”; presos que ya habrían sido liberados. Hecho del que se debería inferir que Las Damas de Blanco han perdido la motivación; no por haber fracasado sino precisamente por lo contrario, por haber tenido éxito.
2-Las Damas de Blanco carecen de legitimidad porque para existir utilizan fondos de procedencia “ilegal” o en cualquier caso “inmoral”. En sentido general, esta objeción no suele referirse al “uso” mismo de los dineros.
La primera crítica podría estar a punto de tener una respuesta. Algunos comentarios de allegados y estudiosos del movimiento y, más concretamente, un despacho noticioso de Radio Martí correspondiente a ayer domingo (septiembre 18, 2011), deja entrever la posibilidad de una redefinición explícita que re-lance “formalmente” a Las Damas de Blanco ya como grupo profesional de Derechos Humanos, ONG y, quizás algún día, como Partido político.
Tras este gesto quedaría inhabilitada la objeción primera; incluyendo el capítulo adjunto de Las Damas de Apoyo. El gobierno cubano tendría que acatar y pasar a un reproche diferente.
En todo caso, Las Damas de Blanco y el gobierno cubano pudieran seguir coexistiendo bajo la ya rutinaria tensión del segundo argumento. Pero el movimiento también podría tratar de disolverlo: ¿Cómo inhabilitar o debilitar la objeción? Existen algunas alternativas.
Como señalamos, al gobierno no parece importarle tanto el uso que se le de a los fondos como la propia obtención de los mismos; aunque, llegado el caso, puede apelar a cláusulas de moralidad para indicar que se gasta peor en esto que en lo otro. Por cierto, buena parte del dinero recibido por Las Damas de Blanco y otros opositores, al final, también va a engrosar las arcas del estado cubano, por lo que es proclive de recibir las mismas objeciones que se le hacen a otras remesas enviadas a Cuba o dejadas allí por los viajeros.
Pero como decía, en cualquier caso no importa tanto el uso como la procedencia. De ahí que en sitios de Internet afines a la política gubernamental se hayan publicado “cheques” o “comprobantes” del dinero recibido. Esta y otras informaciones envían un doble mensaje:
1-La oposición recibe dinero.
2-Lo recibe de los peores proveedores posibles.
En este caso se señala que el dinero recibido proviene de una “ONG fantasma”: la “Ayuda Hispano Cubano”. El papel mostrado en este post, perteneciente a una documentación publicada por el sitio “Cambios en Cuba”, es significativo independientemente de la autenticidad del mismo –que algunos han cuestionado-; pues muestra las proyecciones de las partes.
Para afrontar este tipo de acusaciones lo primero que podría hacerse es llevar una contabilidad más discreta y trabajar con “efectivo”, que es la norma. También, aunque al final da lo mismo, se podría ensayar con la acreditación pública de proveedores más potables para el gobierno cubano. De hecho se ha ensayado: algunos opositores han flotado señalando que no reciben dinero del gobierno norteamericano, sino de empresarios cubanos residentes en los EEUU.
Igual alguien podría subir la parada y negarse a recibir fondos, de cualquier tipo. Lo que tampoco significaría que el gobierno dejara de objetar a la oposición; solo tendría que probar con otros argumentos.
Se sabe que es improbable que la oposición (disidencia, resistencia) pueda acceder a puestos de trabajo “satisfactorios” en el sector estatal. Como tendencia. Por lo que restaría el empleo en el sector privado. Situación que sería paradójica en el caso de una oposición radical, pues es el propio gobierno quien está animando la reforma que posibilita esa opción. Lo mismo sucede si se trata de un opositor que opte por convertirse él mismo en un empresario o cuentapropista. Roza lo “irracional” el caso de un agricultor o negociante anticastrista que desee que su empresa quiebre porque el éxito le haría apoyar en la práctica al proyecto gubernamental que debe criticar discursivamente.
Como irracional podría parecer, aunque no es, que el estado cubano corra con el presupuesto de ciertos proyectos “opositores”.
Y aquí la historia hace una cabriola y regresa circularmente al punto inicial, pues habría que ver si la obtención de fondos para ejercer la oposición (finalmente es un “trabajo” y no solo una “misión”) pudiera hacerse legal y aplicar ella misma en algunas de las modalidades de empleos privados autorizados por el gobierno. La declaración de ingresos y el pago de impuestos sobre remesas, fondos y premios por ciudadanos cubanos que aleatoriamente sean opositores, daría a la situación cierta áurea de legalidad y legitimidad nacionalista. Pero estas cosas, como muchas otras, irán mostrando su posibilidad y sus límites en el marco de la dinámica en que está inmersa la sociedad cubana actual, dentro y fuera de la isla.
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