La cara ‘boliburguesa’ venezolana de Miami

EL PAÍS

Maye Primera 

La noche del viernes 18 de julio Benny Palmeri-Bacchi iba camino a unas vacaciones en el maravilloso mundo de Disney en Orlando, cuando fue arrestado por agentes de la agencia antidrogas DEA en el aeropuerto internacional de Miami y llevado ante un tribunal federal por delitos de tráfico de cocaína, obstrucción de la justicia, lavado de dinero y extorsión. Palmeri-Bacchi es abogado, era juez en Venezuela y se le acusa de impedir la deportación de uno de los narcos colombianos más buscados entre 2009 y 2010, con ayuda del entonces jefe de la Oficina de Interpol en Caracas. Palmeri se había dedicado al negocio de los alimentos estos últimos años: era directivo de la cámara de empresarios venezolanos del Mercosur y propietario de media docena de empresas en el sur de Florida y en Venezuela. Ya era lo que los venezolanos de ambas orillas llaman un boliburgués: un miembro de la nueva oligarquía que floreció a la sombra del chavismo y que lo mismo que las anteriores, conserva el gusto de invertir en Miami su súbita –y con frecuencia mal habida- riqueza.

El origen de estas nuevas fortunas venezolanas es diverso: bien pueden provenir del narcotráfico y el lavado de dinero, como sospechan las autoridades federales en el caso del exjuez Palmeri, o de la corrupción que crece al amparo de la bonanza petrolera –en especial, de los contratos con el Estado y del control de cambio establecido en 2003 justamente para evitar la fuga de capitales. El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, admitió en enero que solo entre 2012 y 2013 el Estado entregó 20.000 millones de dólares para importaciones, a precios preferenciales, a empresas de maletín. Parte de ese dinero ha venido a parar a Florida y ha contribuido a la recuperación del mercado inmobiliario local, golpeado por la crisis económica de 2011.

Esta gran inyección de capital venezolano ha llegado por dosis. Las más altas y recientes han sido las de los exbanqueros afines al Gobierno que cayeron en las intervenciones de entidades bancarias y casas de bolsa de 2009; las de los jóvenes empresarios de la antigua oligarquía caraqueña favorecida por el poder, conocidos como los bolichicos, entre 2009 y 2013; las de militares y funcionarios de rango medio que corrieron a resguardar “sus ahorros” cuando el presidente Hugo Chávez enfermó de cáncer en 2011; y el de altos cargos caídos en desgracia, que pactaron con la justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre los manejos turbios del chavismo. Otros siguen aún conectados con la administración del presidente Nicolás Maduro y compran, invierten y vacacionan en Florida; y algunos legisladores floridianos creen que Washington debe sancionarlos con firmeza, tanto por sus fraudes como por su responsabilidad en las denuncias de violación a los derechos humanos en Venezuela.

“Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en Estados Unidos", dice un senador republicano

“Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en Estados Unidos. Cuando roban dinero en Venezuela, a menudo utilizan empresas-fachada y testaferros para invertir ese dinero en nuestra economía, sobre todo en Florida. No hay ninguna razón en el mundo por la que no deberíamos ir tras estas personas por lo que han hecho”, dijo en junio pasado el senador republicado de Florida Marco Rubio, cuando el Congreso discutió sin resultados la moción de aprobar sanciones contra estos funcionarios. El grueso de los demócratas se resistía a esta medida hasta este 30 de julio, cuando el Gobierno de Barack Obama anunció unilateralmente que revocaría y denegaría visados a un grupo de altos cargos venezolanos, considerados “responsables o cómplices” de la represión a las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que comenzaron en febrero y donde murieron más de 40 personas y miles fueron detenidas. Washington no reveló ni los nombres ni el número de funcionarios afectados por la medida, pero se sabe que hay entre ellos “desde ministros a asesores presidenciales y funcionarios judiciales, además de militares y agentes de la ley”.

El cambio de opinión del Departamento de Estado ocurrió luego de que las autoridades holandesas liberaron al exjefe de los servicios de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, señalado delitos de narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos. Carvajal fue detenido en la isla caribeña de Aruba este 24 de julio, el mismo día en que el exjuez Palmeri-Bacchi tuvo su primera audiencia ante la corte federal del Distrito Sur de Florida. Hugo Carvajal fue liberado 72 horas después bajo el alegato de que gozaba de inmunidad diplomática, y fue recibido en por el Gobierno de Caracas como un héroe que había logrado escapar de una trampa del ‘imperio’.

Durante las primeras horas del arresto, el chavismo temía que Carvajal hubiese llegado a un arreglo con las autoridades estadounidenses, como ya lo han hecho otros en el pasado. En abril de 2012, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el coronel retirado Eladio Aponte Aponte, huyó de Venezuela a Costa Rica y llegó a Estados Unidos en un vuelo de la agencia antidrogas DEA, donde hizo públicas toda clase de acusaciones que involucraban a altos cargos del Gobierno con el tráfico de drogas y la manipulación del Poder Judicial con fines políticos. También el exteniente Alejandro Andrade -desde 1998, secretario privado de Chávez, viceministro, presidente de fondos de desarrollo, tesorero de la nación y presidente del banco estatal de desarrollo Bandes- parece haber llegado a un acuerdo con Washington luego de que el Departamento de Estado revocó su visado de empresario en 2013 por su participación en un esquema millonario de sobornos.

Caballos purasangre

“Andrade inició conversaciones sobre un posible acuerdo de cooperación con el gobierno norteamericano a fines del verano de 2013 (…) El hecho de que las negociaciones fueron fructíferas lo demostró su presencia durante las competencias de salto en Wellington en febrero y marzo de 2014”, escribe el periodista venezolano afincado en Miami Casto Ocando, en su libro “Chavistas en el imperio: secretos, tácticas y escándalos de la revolución bolivariana en Estados Unidos” (Factual, 2014). A la par de sus actividades en Venezuela, Alejandro Andrade se hizo propietario de la escuela de equitación Hollow Creek Farms, en Carolina del Norte, y comparte el publicitado gusto del chavismo por los caballos pura sangre.

El banquero Arné Chácón -exteniente de fragata y hermano del actual ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón- también tuvo un establo llamado Gadu Racing Stable Corp. a media hora de Miami. Lo compró unos meses antes de que el presidente Hugo Chávez ordenara su detención por fraude a la nación, en noviembre de 2009, y lo vendió antes de salir en libertad condicional, en diciembre de 2012. En su lugar funciona ahora Rontos Stable Corp.: otro establo, propiedad de Ronald Sánchez, hermano del Superintendente Nacional de Valores de Venezuela, Tomás Sánchez, que condujo la intervención de siete entidades financieras en 2009, entre las cuales se contaba el banco de Arné Chacón.

En Miami y las pequeñas ciudades que la rodean se concentra también la más grande comunidad de venezolanos en la diáspora, en su mayoría opositores al chavismo, que han intentado gestos de rechazo contra los gustos millonarios de quienes identifican como ‘boliburgueses’. El 22 de mayo, las autoridades de Miami-Dade aprobaron una resolución simbólica para declarar personas non gratas a los nuevos dueños del canal de noticias venezolano Globovisión –Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero—, tres días después de que el diario El Nuevo Herald publicara un reportaje sobre las millonarias propiedades que estos poseen en una de las áreas más lujosas del sur de Florida, Cocoplum, en la ciudad de Coral Gables. “Por aprovecharse hipócritamente de los beneficios de nuestra democracia, mientras ayudan al gobierno de Venezuela a negar (a sus ciudadanos) esos beneficios de derechos humanos, libertad de expresión y democracia”, decía el documento original. Pero uno de los socios amenazó con demandar a la ciudad por manchar sin pruebas su reputación y en el último minuto, la municipalidad decidió modificar el documento, retirando los nombres de los empresarios.