Eugenio Yáñez, Juan Benemelis y Antonio Arencibia
Cubanálisis-El Think-Tank
El demostrado fracaso de los modelos de gestión socialista en la economía soviética y sus satélites este-europeos; la alternativa comparativamente exitosa de las versiones china y vietnamita de socialismo dictatorial eficiente; y el desastroso y desorganizado estado de la economía cubana, casi en bancarrota, dejado por Fidel Castro al enfermar gravemente en julio del 2006, forzaron al raulismo a buscar una opción de gestión económica capaz de mantener funcionando el país, aunque fuera a media máquina, sin poner en peligro los mecanismos del poder totalitario establecidos hace medio siglo.
Los intentos de reforma anteriores dentro del enfoque marxista nunca se tomaron mientras los caudillos fundadores (Lenin, Mao, Ho Chi Minh) se mantuvieron con vida, por eso las decisiones en el PCC deben ser extremadamente cuidadosas para evitar una interferencia del Comandante que de al traste con cualquier intento herético para resolver los problemas.
No puede olvidarse que la eficiencia económica per se nunca ha sido un objetivo central del totalitarismo en el mundo, pues la limitación de las condiciones materiales de vida de la población es parte intrínseca de sus mecanismos de dominación, llevado hasta los extremos en el estalinismo, el maoísmo y el castrismo.
Por consiguiente, siempre el totalitarismo ha tratado de buscar un equilibrio entre la solución de los problemas materiales más elementales de la sociedad y la garantía del sostenimiento del poder dictatorial a toda costa, mediante la idílica definición exacta del volumen y la resistencia de la “válvula de escape”, de manera que antes de un estallido social se libere presión suficiente para que no peligre el poder. Cuando el cálculo falla, se llegó incluso al cuestionamiento político del sistema, como en Budapest 1956, o la Primavera de Praga en 1968, con fatales resultados.
Otros intentos de modificar esta ecuación solo en el ámbito de la economía fueron llevados a cabo con las reformas soviéticas de 1965 y 1978, y las de los húngaros, búlgaros y alemanes en la década de los ochenta del siglo pasado, pero no dieron los resultados económicos esperados y reforzaron el inmovilismo en el llamado “campo socialista”.
Lo demás, la llamada “ley económica fundamental del socialismo”, que supuestamente se basa en “la satisfacción constante de las necesidades siempre crecientes de la población”, quedaba siempre para los manuales de economía política, puesto que ni siquiera en el folklore y el imaginario partidista estaba presente, y no se mencionaba para nada. Por otra parte, tal “ley económica fundamental” era solamente un bulo, pues toda economía está obligada a constantemente satisfacer las necesidades siempre crecientes de la población, so pena de colapsar si no lo logra.
Cuando en diferentes países “socialistas”, atenazados por la crisis insalvable, se dieron los pasos necesarios para una reforma radical, empujados por la perestroika soviética, la apertura económica húngara, el “socialismo de mercado” chino, y el Doi Moi vietnamita, el resultado siempre fue el mismo: para seguir avanzando era imprescindible tirar por la borda al “camarada” Stalin y los mitos de la eficiencia de la planificación centralizada y el desconocimiento del mercado como mecanismo regulador de la economía, lo que ponía también en entredicho los dogmas de Marx y Engels en que se basa el “socialismo científico”.
Raúl Castro tenía en su haber tres experiencias en asuntos de gestión económica en Cuba para intentar, a partir del 2006, cumplir con la tarea que le cayó encima abruptamente tras enfermar gravemente Fidel Castro.
Una era el llamado Nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE), promovido por él mismo con Humberto Pérez como asistente ejecutivo (que ya había sido el ariete militar para desmembrar al herético Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana en 1972), establecido en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975, tras el descalabro provocado por el fracaso de la llamada Zafra de los Diez Millones.
La segunda experiencia era el llamado Perfeccionamiento Empresarial, implantado por el Grupo de Perfeccionamiento Empresarial del MINFAR en empresas militares cubanas desde los años ochenta, y que el general logró que Fidel Castro autorizara a continuar funcionando cuando desató en 1986 el aberrante “proceso de rectificación de errores y tendencias negativas”.
Y la tercera experiencia fueron las reformas a las que se vio obligado a acceder Fidel Castro desde la llegada de Gorbachov al poder, cuando se percató que se reducirían o desaparecerían los subsidios soviéticos y que se iniciaron con una ley que permitía -(por primera vez desde las nacionalizaciones de 1960)- la creación de empresas mixtas con capital extranjero. Estas reformas se ampliaron en el Período Especial tras el derrumbe del “campo socialista”, cuando se autorizaron un número limitado de actividades privadas en la artesanía y los servicios, y se promovió el consumo de bienes y productos para su venta en divisas a la población a precios abusivos con relación a los salarios nacionales.
Y la tercera experiencia fueron las reformas a las que se vio obligado a acceder Fidel Castro en el Período Especial tras el derrumbe del “campo socialista”. Entonces se introdujo, por primera vez desde las nacionalizaciones de 1960, capital extranjero en el país formando parte de empresas mixtas; se autorizaron un número limitado de actividades privadas en la artesanía y los servicios, y se promovió el consumo de bienes y productos para su venta en divisas a la población a precios abusivos con relación a los salarios nacionales.
Para propiciar la presencia de capital extranjero en esa etapa crítica se desempolvó la ley para empresas mixtas e inversiones extranjeras creada en la década 1980 en el marco del SDPE, pero prácticamente no utilizada hasta el momento, porque Fidel Castro se había percatado de que con la entrada de Gorbachov al poder y el inicio de la perestroika era evidente que existía un serio peligro de que, más temprano que tarde, los subsidios soviéticos y este-europeos podrían reducirse sustancialmente, y hasta desaparecer.
En los dos primeros intentos de estructuración de un sistema de gestión económica Raúl Castro tuvo que caminar con pies de plomo para evitar un fuerte encontronazo con el Comandante, y aunque nunca se dijo, se apelaba fundamentalmente al sentido común en las dos opciones de gestión económica, la basada en el llamado “cálculo económico” para el SDPE (cuando todavía se consideraba que por esta vía podría superarse la crisis estructural del sistema socialista); y en el Perfeccionamiento Empresarial basado en una combinación del mismo cálculo “económico” con regulaciones de control presupuestario, supuestamente basada en “el pensamiento del Che”, pero que no iba mas allá de la proclamación ideológica de rigor para evitarse problemas.
En realidad, hay dos elementos que no pueden desconocerse para entender la situación actual: uno es que cualquier propuesta de reforma económica consecuente iría siempre contra el pensamiento de Fidel Castro, para quien el caos y la improvisación son su caldo de cultivo natural; y, dos, que el “pensamiento económico del Che” no tiene la más mínima utilidad para nada, ni siquiera para administrar un presupuesto familiar, pues se basa en compulsiones conductuales disfrazadas de ética laboral revolucionaria, que resultan más adecuadas en una comuna asiática clásica que en la sociedad moderna.
En otras palabras, ser sensato y mostrar sentido común para la gestión de la economía en Cuba se consideraba, de hecho, “contrarrevolucionario”. Eso se puso de manifiesto cuando en medio de la penuria del Período Especial, Fidel Castro la emprendió contra los trabajadores privados, al prohibir la emisión de nuevas licencias o ampliar el número de actividades por cuenta propia, y ordenar la supresión de los intermediarios que abastecían los mercados agrícolas.
Con los actuales “Lineamientos”, el general-presidente, después de cuatro años de vacilar entre los imperativos de la realidad y las veleidades del anciano dictador enfermo, intenta institucionalizar el neocastrismo como ideología irreversible del raulismo, retornando nuevamente al uso del sentido común como tabla de salvación para la economía al borde del abismo, proponiendo opciones que si bien superan conceptualmente y en intenciones las tres experiencias anteriores en que participó bajo la férula absoluta de Fidel Castro, no llegan a conformar una reforma coherente capaz de sacar al país de su regresión económica:
§ acepta la presencia de relaciones mercantiles inter-empresariales y de bolsones de mercado en el sector de la pequeña empresa privada (agrícola y la urbana del cuentapropismo) con el mercado como invitado inconveniente, pero impostergable;
§ flexibiliza la contratación de fuerza de trabajo por particulares;
§ acepta la inversión extranjera como imprescindible;
§ resta protagonismo a la otrora omnipotente “empresa estatal socialista” clásica, aunque insistiendo en el carácter estatal de la producción como fundamento del sistema, pero compartiendo importantes espacios económicos con cuentapropistas y arrendatarios de tierras agrícolas, aunque aclarando que el carácter estatal de la producción es el fundamento del sistema y se recargue a los nuevos actores con mecanismos impositivos y regulaciones absurdas;
§ da mayor peso a la institucionalidad en la gestión y a sistemas de control financiero y contable;
§ larga “peso muerto” de plantillas infladas y paternalismos excesivos, anteriormente basados en intenciones ideológicas y nunca de gestión económica;
§ limita el papel del Partido en la gestión, dificultando su capacidad de interferencia; y
§ mantiene la hoja de parra de la “superioridad” del socialismo, versión castrista.
Ante la deplorable situación económica y social, y los constantes planteamientos de sectores pro-reformas de la nomenclatura, en cierto sentido, el proyecto parece ser lo más que podía lograr Raúl Castro frente a la capacidad de veto que todavía mantiene su hermano mayor, incapaz de proponer algo en positivo, pero disfrutando aún de capacidad de echar “bola negra” a los proyectos de reformas.
Lo que resulta solo un parto a medias, ciertamente, pero que tras los Grandes Funerales del Máximo Líder podría completarse con relativa facilidad, -manteniendo irreversible el objetivo fundamental de la reforma, pero no los mecanismos específicos para implementarla-, mediante el simple expediente de eliminar los absurdos frenos que se han tenido que establecer ahora para tranquilizar al Comandante.
Se trata de una arriesgada jugada estratégica y pragmática del general-presidente, cuyo punto más débil es, sin dudas, la incertidumbre que genera la posibilidad biológica nunca completamente descartable de que sea el hermano menor quien ocupe primero su lugar en el correspondiente mausoleo, mientras el Castro mayor puede continuar “reflexionando” sobre lo que le de la gana, lo que convierte el tema de la sucesión del sucesor, también, en algo cada vez más perentorio con extraordinaria importancia política y práctica.
La filosofía del documento
Los Lineamientos de la Política Económica y Social (LPES) del Congreso aparentemente no varían las bases tradicionales del modelo castrista: propiedad estatal, economía de plan y la subordinación del productor al Estado. Pero, como ya se ha señalado, se mantienen los cambios efectuados durante el Período Especial, dándole carácter permanente y no coyuntural a la colocación de capitales extranjeros en importantes sectores económicos del país, y ampliando el sector privado más allá del conocido “cuentapropismo”, al entregar gran cantidad de tierras en usufructo y autorizar a ese sector la contratación de trabajadores.
Estos ejemplos demuestran que se están revisando y cambiando las bases del modelo castrista (el estalinista-guevarista Sistema de Financiamiento Presupuestario) codificadas en la década de 1960 en las Leyes de Nacionalización, la Segunda Reforma Agraria y la Ofensiva Revolucionaria, para adecuar la economía de la Isla a las realidades del mercado mundial.
Claro que tales decisiones económicas no alteran la esencia del régimen, que es básicamente una dictadura militar colectiva encabezada ahora por Raúl Castro, a la que se adscriben ciertos sectores de la tecnocracia leales al proyecto neocastrista.
Hay que hacer notar también que parte de la burocracia partidista se muestra conservadora ante los cambios propuestos, lo que explicaría en gran parte las demoras en la entrega de tierras y el estancamiento del proceso de despidos llamado “reordenamiento laboral”.
No obstante, vista en su conjunto, en esa nomenklatura militar y civil priman los intereses comunes sobre las discrepancias, lo que garantiza el funcionamiento óptimo de los mecanismos de control en lo económico, político y social, el bloqueo informativo con el exterior y dentro de la Isla, y la aplicación de diversas formas de represión por parte de los servicios especiales.
Lo que la cúpula raulista se propone resolver a partir del Congreso y/o la Conferencia del PCC, -pero no para ellos sino para sus sucesores-, es lo que Fidel Castro nunca pudo admitir: la separación de las funciones del Partido de las del Estado.
Por eso van a regresar a la “institucionalidad” del I Congreso, pero no podemos olvidar que se trata de una separación hipócrita de poderes, como se hacía en la URSS después de Stalin. Es el esquema de “Constitución”, “elecciones” y “Parlamento”, que coincide en la cúpula en la misma camarilla que manda, interpreta las leyes y emplea los mecanismos a su antojo, ya que se basa en la imposición constitucional de que el Partido “la fuerza dirigente superior de la Sociedad y el Estado”
Ya lo demostró Fidel Castro ordenando un referéndum para impedir la discusión del Proyecto Varela, legalmente elaborado a partir de la propia Constitución castrista, alegando que cuestionaba el socialismo. Eso también lo está haciendo ahora Raúl Castro con unos LPES diseñados y argumentados desde la cúpula del poder para ser aprobados en su casi totalidad en el Congreso, a pesar de que contradicen aspectos recogidos en esa misma Constitución. El proyecto futuro se reduce apenas al tránsito desde la autocracia hacia la dictadura colegiada.
A pesar de la apariencia novedosa para las condiciones cubanas, las ideas de Fidel Castro no están excluidas en la actual propuesta presentada por de Raúl Castro, sino contenidas en la misma.
Los Lineamientos presentan al mismo tiempo dos versiones y visiones contradictorias y excluyentes: cada medida de “reforma” tiene una contra-medida que la controla, limita, o paraliza.
No se propone una economía mixta con dos sectores, uno estatal y otro privado, sino que la existencia del sector privado, a pesar de verse ampliado, aún se halla asfixiado por los controles del estatal.
El resultado del paquete de medidas contenidas en los Lineamientos es una mezcla intermedia del Sistema de Financiamiento Presupuestario implantado por Stalin en 1932, con el del Autogestión Financiera (cálculo económico) practicada por todo el bloque soviético durante las décadas sesenta, setenta y ochenta: no llega a ser, totalmente, el modelo que existía en los países del CAME, especialmente el de los húngaros y polacos con su extenso sector privado, préstamos de financieras capitalistas y bolsones de inversiones foráneas, y se halla muy atrás de la Autogestión yugoslava.
El despilfarro estatal, el reordenamiento laboral y la emancipación del cuentapropismo
El futuro Congreso del PCC debe marcar el inicio del fin del Estado paternalista e igualitario, y su adecuación a las convenciones de los estados modernos, lo que requiere la implantación de un sistema tributario, el abandono de los subsidios masivos, la lucha de los usufructuarios de tierra y los cuentapropistas por establecerse, y la profundización de las desigualdades sociales, entre otros cambios.
Para muchos, sin dudas, además de los nuevos riesgos, significará un desafío de orden ético o legal completamente diferente, sobre todo porque no está acompañado de una proyección teórico-ideológica que sustente tal política. En el caso actual, estamos ante una ordenanza elaborada por un Estado Mayor, bajada a todas las instancias del cuartel.
Toda reforma o intento de ella que se implementó durante el “socialismo real” fue siempre parte o estuvo envuelto en una nueva propuesta política, ya fuera la NEP, el socialismo en un solo país, la desestalinización, el socialismo con rostro humano, la auto-gestión, la perestroika, el gato de Deng, el Hombre Nuevo, la construcción simultánea del socialismo y el comunismo, el NSDPE, la Rectificación, o la Opción Cero.
Como parte de las medidas que se proponen hay que reconocer como un planteamiento positivo el énfasis en los mecanismos económicos y de descentralización, en vez de los tradicionales mecanismos administrativos y la centralización actual.
Sin embargo, las medidas de racionalización del empleo para aligerar al Estado de las plantillas infladas, aunque teóricamente parecen algo necesario, son inaceptables en las condiciones concretas del país. La primera etapa del proceso que incluía la reducción de medio millón de plazas en el 2011 ha tenido que diferir su cronograma para más adelante.
El plan de excedencia planificado de 1’300,000 trabajadores, si no está respaldado por inversiones que absorban a los desempleados, es una bomba de tiempo social. Al mismo tiempo, la postergación de esa dura medida redunda en ineficiencia y burocratismo en el aparato estatal, empresarial y gubernamental.
Aunque hay una intención descentralizadora, no se sabe hasta donde va a llegar ni qué grado de protagonismo o autonomía tendrán los nuevos actores sociales desde las bases Es posible, si se materializan los cambios propuestos en los Lineamientos, que surjan asociaciones que agrupen a productores privados por oficios o actividades afines pero también es posible que sólo se autorizaran para el intercambio de experiencias y contacto social, no con personalidad jurídica que pueda incluir acciones legales en defensa de sus intereses.
Como el neocastrismo, actual o futuro, no puede prescindir del monitoreo y control de toda actividad pública, tales asociaciones tendrían que pagar un tributo ideológico al régimen para funcionar.
Los lineamientos del Congreso no dan respuesta de a si se mantiene la sociedad centralizada principalmente desde el Estado, en sus aristas económicas, políticas y sociales, o si se busca una construcción del Estado distribuido con preferencia en la participación protagónica popular y de los actores sociales desde las bases, con mecanismos jurídicos democráticos que lo garanticen.
Las reformas económicas
Las reformas económicas fueron anunciadas por el gobierno en septiembre de 2010 para ser discutidas en abril de 2011, en el Sexto Congreso del Partido Comunista.
Por las razones arriba expuestas, no se puede calificar la proyección de los lineamientos económicos como la búsqueda de una economía mixta con una zona importante de mercado; ello no resulta del cuadro general de las reformas. Lo contradictorio es que se enfoca así a pesar de que los lineamientos del Congreso consideran que para el año 2015 más del 40% del PIB cubano debe corresponder al sector privado.
Evidentemente, esa cifra del 2015 choca con el lineamiento 2, donde se mantiene el criterio de la empresa estatal como la forma principal de propiedad nacional.
Los Lineamientos ignoran totalmente los temas de la autogestión y las cooperativas de nuevo tipo, por eso en muchas críticas desde posiciones de izquierda se ha señalado la necesidad de redefinir y diversificar la propiedad estatal como propiedad nacional, transferencia o arriendo a los colectivos, con co-gestión y autogestión de los trabajadores como propietarios reales de los medios de producción.
El tema de la autogestión se ha obviado en los LPES porque es poco “ortodoxo” y sus redactores saben que todo el diseño apunta hacia el mercado y que no hay otra forma de integrar la economía de la Isla en la global que no sea midiéndola con parámetros mercantiles no adulterados.
El grave problema de la falta de financiamiento está abordado en varios epígrafes del documento.
El punto 65 anuncia el compromiso del pago de la deuda para restaurar la confianza de los inversionistas y obtener posibles préstamos, así como la creación de “Zonas Especiales de Desarrollo” exentas de impuestos.
El punto 184 aborda el tema de las inversiones, las cuales se concentrarán “en los productores más eficientes” y no en las ramas de mayor utilidad social; pero no se define una política flexible y atractiva para atraer capital extranjero, o préstamos de instituciones internacionales y fondos de ayuda para generar empleos, recursos para la modernización de la economía y mejorar los ingresos de la población.
Aunque el tema de nuevas modalidades de turismo –lineamiento 239-, no valora el impacto ambiental-social del turismo de lujo, la mención de “marinas, náutica, golf e inmobiliaria, turismo de aventura y naturaleza, parques temáticos, crucerismo, cultura y patrimonio, turismo de salud, entre otras”, evidencia que los “raulistas” van a asumir las críticas y seguirán en esa modalidad el mismo camino que China y Vietnam. .
Los LPES buscan eliminar de la economía cargas improductivas de manera burocrática y se propone el estudio sobre la circulación de dos monedas (el peso cubano y el CUC). Pero es evidente que la eliminación de la dualidad monetaria no puede esperar a un estudio prolongado como se insinúa en el texto, por lo que debería solucionarse de manera urgente para facilitar la generación de empleos, poder medir la rentabilidad y los niveles de ingreso adecuados, y para ampliar las asociaciones inversionistas, pero el régimen lo está posponiendo hasta después de un supuesto despegue económico, porque sabe que no tiene condiciones para enfrentar el derrumbe del nivel de vida de la población si se deja flotar libremente al peso moneda nacional en los mercados cambiarios.
Una solución posible sería la emprendida por Ecuador en el 2000 y aún vigente con el Presidente Rafael Correa, convertir el dólar estadounidense en moneda legal y eliminar el peso, pero en vida de Fidel Castro no parece posible. La doble moneda está siendo una de las principales rémoras del avance solapado de Raúl Castro hacia el “socialismo de mercado”.
El punto 45, plantea la reducción de la importación de insumos y productos para la industria, dependiendo de la obtención de divisas. No se plantean las soluciones a corto plazo para eliminar el déficit de la balanza de pagos, como la promoción de exportaciones que acompañen a la sustitución de importaciones.
En el punto 17 se declara que se tenderá a suprimir el funcionamiento económico regido por el presupuesto, y la importancia del papel del mercado se demuestra en el punto 177, cuando se especifica que la formación del precio de la mayoría de los productos dependerá sólo de la oferta y la demanda.
Aunque en el lineamiento 5 se plantea la transformación del sistema de planificación hacia nuevos métodos de elaboración del plan y del control del Estado sobre la economía, para planificar también las empresas mixtas y los productores privados no se sabe siquiera quiénes participan y con qué atribuciones, por lo que parece que se mantiene la centralización y verticalidad estatal.
El lineamiento 6 se refiere a la separación Estado-empresa económica, aunque no se abunda mucho más, dejando muchas dudas.
Cada empresa podrá fijar los precios de sus productos y servicios y podrá ofrecer rebajas, abriendo el camino a cierta competencia entre empresas y regiones (punto 23). La fijación de la política de precios se realizará por la dirección empresarial sin participación de los trabajadores u otros actores sociales.
Las empresas, a partir de sus utilidades podrán crear fondos para inversiones y estimulación a los trabajadores (lineamiento 18). No se define si será una prerrogativa de la dirección burocrática ni en qué medida participan o no los trabajadores.
Según el lineamiento 13, las empresas sólo pueden decidir y administrar su capital de trabajo e inversiones hasta donde lo permita el plan y acorde con futuras regulaciones.
De manera complementaria se plantea (punto 35) la descentralización municipal de la producción, que estará sometida a los Consejos Administrativos Municipales; aunque no se establece quién los controla.
Pero esta propuesta resulta incompleta, pues la idea de que las empresas paguen sus impuestos a la Administración Municipal correspondiente, para contribuir al desarrollo de la localidad (punto 20), requeriría una mayor autonomía financiera y decisoria de la municipalidad para descentralizar realmente la economía a nivel de los municipios.
El Reglamento General de las Cooperativas, anunciado en el lineamiento 26 como tarea pendiente, no promueve formas organizativas y de gestión suficientemente democráticas. En el lineamiento 169 se plantea independizar las distintas formas de cooperativas de la intermediación de las empresas estatales, e introducir de forma gradual, en la actividad agroindustrial local, las cooperativas integrales de servicios. Pero aún con estos aspectos sigue faltando distancia para una verdadera autonomía de las cooperativas.
Se plantea reducir o eliminar los “gastos excesivos” en la esfera oficial, pero no hay alusión a reducciones de gastos en las fuerzas armadas ni de la alta burocracia. Las previsiones ecológicas dependerán sólo del Estado.
En el lineamiento 41 se plantea adecuar la relación de la tasa de acumulación con el consumo, priorizando la re-capitalización y el interés social, lo cual convierte en no prioritario el mantenimiento de los niveles de vida y consumo de la población.
Debe destacarse que voces disidentes en la isla consideran que el diseño mercantilista de los reajustes estaría condenado al fracaso, por ser ajeno a toda lógica productiva y modernizadora.
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