Eugenio Yáñez/ Cubanálisis-El Think-Tank
Muy ocupados han estado los fiscales del régimen en las últimas semanas. Mientras la televisión oficial desarrolla la cruzada contra los “ciber-mercenarios del imperialismo”, sin demasiado escándalo se han celebrado cuatro juicios que trascienden en la prensa por las características de los acusados. Cuatro juicios donde se han solicitado en total 75 años de prisión para los acusados, y la única sentencia dictada hasta el momento rebajó de veinte a quince años la privación de libertad para un acusado, en una evidente maniobra de carácter político, quedando aun pendientes tres juicios “conclusos para sentencia”, donde se han solicitado dos penas de veinte años y una de quince.
Entre los cuatro juzgados hay dos extranjeros y medio: Alan P Gross, estadounidense, Max Marambio, chileno, Conrado Hernández, con doble ciudadanía (cubana y española), y Alejandro Roca, quien fuera ministro de la industria alimenticia durante treinta y cinco años, entre el tiempo oficial que estuvo en ese cargo y los años que, como viceministro primero, era ministro en funciones mientras el ahora difunto José Alberto (“Pepín”) Naranjo hacía de sombra permanente del Comandante en Jefe y prácticamente no atendía para nada su cargo de ministro.
El contratista estadounidense Alan Gross fue acusado de “actos contra la independencia o integridad territorial del Estado”, en un sorprendente malabarismo jurídico teniendo en cuenta de lo que se le acusaba, y la fiscalía solicitó para él veinte años de privación de libertad, aunque finalmente la condena fue de quince.
Max Marambio fue acusado “por los delitos de cohecho y de falsificación de documentos bancarios y de comercio”, y la fiscalía solicitó veinte años para el chileno, estando todavía pendiente de conocerse la sentencia del tribunal.
La acusación contra el ex-ministro Alejandro Roca fue “por los delitos de cohecho y actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación”, y la fiscalía solicitó la pena de quince años, aunque algunas informaciones han hecho referencia a veinte años. De cualquier manera, a sus setenta y cinco años de edad, cualquier sanción equivaldría en la práctica a una cadena perpetua.
Finalmente, Conrado Hernández, cubano trabajando en representación de los intereses del País Vasco en Cuba, a través de la “Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial” (SPRI), fue acusado de “espionaje y revelación de secretos”, y la fiscalía ha solicitado veinte años de prisión, estando todavía pendiente de hacerse pública la sanción definitiva. Está casado con una oficial-médico del ministerio del interior, y hasta donde se sabe la señora ha seguido desempeñando sus tareas profesionales hasta el momento.
De los cuatro casos, el de Hernández parece ser más problemático que los de Marambio y Roca, pues para ellos los delitos alegados fueron de los que podrían llamarse de tipo “común”, mientras en el caso del cubano-español, como en el del norteamericano, la acusación de espionaje y revelación de secretos que se le achaca puede traerle bastantes problemas, aunque lo que de verdad se sabe con certeza es que Conrado Hernández pudo haber comunicado a la inteligencia española la información de la designación de Machado Ventura como segundo al mando de Raúl Castro, el día antes que el anuncio se hiciera oficial y público, que fue cuando él lo supo a través de su frustrado amigo Carlos Lage.
Cuando se supo de su detención, publicamos en Cubanálisis-El Think-Tank que el señor Hernández “tenía solamente dos destinos posibles desde el mismo instante en que asumió su cargo, o quizás desde mucho antes, desde que comenzó el coqueteo con los españoles: el de ser agente de la seguridad cubana, o el de ser objetivo operativo de la seguridad cubana. Ese es el destino, desde hace muchas décadas, de todos los cubanos que trabajen para entidades o intereses extranjeros”. Aparentemente, ya está claro que era un objetivo operativo de la seguridad cubana.
Con relación al destino final de los acusados, Estados Unidos ha presionado a favor del norteamericano Alan Gross, y el gobierno de Chile ha estado muy atento al proceso de Max Marambio, aunque ningún esfuerzo sirvió de mucho en el caso de Gross, al menos en la etapa procesal.
En estos mismos momentos, la visita del ex-presidente de EEUU Jimmy Carter a La Habana y sus anunciadas reuniones con el gobierno, la jerarquía de la Iglesia Católica, y la comunidad judía en Cuba, parece ser un esfuerzo más para lograr la liberación de Gross, alegando al menos de razones humanitarias, pues tanto una hija suya, de veintiséis años, como la mamá del contratista, de ochenta y ocho, padecen de cáncer.
Lo que está muy claro es que el gobierno de Estados Unidos no aceptó de ninguna forma el chantaje pretendido por el régimen del efectuar un canje de Gross por los cinco espías de la “Red Avispa” que cumplen condenas en cárceles norteamericanas.
Max Marambio, por su parte, se encuentra en Chile y sin ninguna intención de regresar a Cuba, por lo que el régimen emitió una orden de captura internacional.
El ahora empresario chileno tiene en su extenso currículo, entre otras muchas cosas, haber estudiado en Cuba, ocupar la jefatura del Grupo de Amigos Personales, (GAP), que era la escolta del difunto presidente chileno Salvador Allende. Fue quien quedó al cuidado de la embajada cubana en Santiago de Chile cuando Pinochet rompió relaciones con Cuba y expulsó a todos los diplomáticos.
Marambio fue además oficial de Tropas Especiales cubanas, muy cercano a los hermanos Patricio y Tony La Guardia y el tristemente célebre Departamento MC del ministerio del interior, del que se conocieron sucios detalles durante la causa número uno de 1989, que culminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y el coronel Tony La Guardia, y extensas penas de prisión para los demás implicados.
En todo eso estuvo hasta que posteriormente comenzó a desarrollar, por indicaciones de Fidel Castro, sus talentos empresariales en diferentes negocios con base en Cuba y de conjunto con el gobierno cubano.
Marambio ha llevado la disputa actual con el régimen al Tribunal Internacional de París que trata asuntos de relaciones comerciales.
El gobierno español, hasta donde se sabe, no parece haber podido hacer demasiado por el cubano-español Conrado Hernández, y en caso de que lo hiciera serían muy altas las posibilidades de que el régimen alegue que se trata de una persona con ciudadanía cubana y que los españoles no tienen nada que hacer en este caso.
A raíz de su detención, fueron expulsados de Cuba varios oficiales del Centro Nacional de Informaciones (CNI) español, destacados en Cuba para el control de los militantes etarras radicados en el país por acuerdo con el gobierno español desde tiempos de Felipe González.
Alejandro Roca, después de treinta y cinco años en el Consejo de Ministros –pero nunca en el poder, no hay que confundirse- fue convertido en un simple cubano de a pie tras su defenestración en el 2009.
A partir de esos momentos comenzó una investigación en su contra, y no puede tener esperanzas de que algún gobierno extranjero interceda por él. Los cubanos, curiosamente, salen siempre peor librados que los extranjeros en Cuba, y no solamente en el caso del turismo.
Curiosamente, la detención de Conrado Hernández databa de dos años, y las otras de más de un año en el caso de Gross, y algunos meses en el de Roca, cada una por su lado y sin relación entre ellas, mientras Marambio tuvo que ser juzgado en ausencia por acusaciones sobre problemas que comenzaron hace más de un año en la empresa mixta “Río Zaza”, en Sancti Spiritus, y aquí si se relaciona con el caso de Roca.
Hubo problemas también con otros negocios del chileno en el país, en uno de los cuales, de turismo y pasajes aéreos, trabajaba como ejecutiva la esposa del general Rogelio Acevedo, entonces presidente del Instituto de aeronáutica Civil de Cuba, quien fue destituido de su cargo por esas mismas fechas, sin que hasta el momento se sepa con seguridad exactamente por qué. Se comenta que no está detenido en estos momentos.
Tras un prolongado silencio donde casi nada se mencionaba sobre estas detenciones, solo recientemente se ha informado escuetamente en la prensa oficial sobre los juicios realizados, todos en el espacio de pocas semanas.
El caso que más se conocía y se mencionaba era el de Alan Gross, por las continuas demandas del gobierno de Estados Unidos para su liberación incondicional, pues había estado detenido por más de un año sin acusación formal. Hillary Clinton y los funcionarios del Departamento de Estado habían dicho en diversas ocasiones que “Alan Gross ha sido injustamente detenido durante demasiado tiempo”, y siempre exigían que fuera liberado inmediatamente y sin condiciones.
Del caso Marambio se conoció por la prensa chilena y la posterior muerte en Cuba del ciudadano chileno que actuaba como gerente general de la empresa Río Zaza, en medio del proceso investigativo y tras varios interrogatorios que se le realizaron, muerte que fue oficialmente declarada como producto de ingerir medicamentos y bebidas alcohólicas en grandes proporciones.
El gobierno cubano publicó una citación al acusado en la Gaceta Oficial para que se presentara en Cuba a declarar en determinada fecha, y al vencerse el plazo sin que se personara emitió la orden internacional de búsqueda y captura.
El caso del ex-ministro Alejandro Roca, sin embargo, no había sido divulgado para nada anteriormente, aunque los comentarios y murmullos en Cuba, en lo que se conoce como “Radio Bemba”, aseguraban que estaba en proceso de investigación, pero eso siempre es un estado jurídico que en el país puede prolongarse por tiempo indefinido. El anuncio de la celebración del juicio tomó a muchos por sorpresa.
Finalmente, el caso de Conrado Hernández estaba prácticamente en el olvido, hasta que hace muy poco tiempo, el pasado ocho de marzo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional llamó la atención sobre el tema, expresando en un comunicado “profunda preocupación” sobre él y el doctor Raúl Castellanos Lage, primo de Carlos Lage, que había caído en desgracia junto a Hernández en marzo del 2009 al momento de la defenestración de Lage, el ex-canciller Pérez Roque y el responsable de relaciones exteriores del Partido Comunista, Fernando Remírez de Estenoz.
Pocos días después se supo sorpresivamente de la celebración del juicio y de la petición fiscal para Conrado Hernández, así como la excarcelación del señor Castellanos Lage, quien no habría sido inculpado de ningún delito.
En estos momentos no se conoce todavía la sentencia definitiva para Hernández, pero teniendo en cuenta los cargos de espionaje y de revelación de secretos que se le achacan, es de suponer que el tribunal ratifique la solicitud de veinte años de privación de libertad solicitada por el fiscal.
Un detalle interesante es que tanto Alan Gross como Conrado Hernández, a pesar de haber sido objeto de un detallado y riguroso control operativo por parte del Departamento de Seguridad del Estado, fueron detenidos en el aeropuerto de Rancho Boyeros cuando se disponían a partir, el primero hacia Estados Unidos y el segundo hacia España.
No es casualidad ni descuido por parte del aparato, sino todo lo contrario. Cuando comentamos la detención de Hernández en el 2009 en estas mismas páginas ya habíamos señalado lo siguiente: “Podían haberlo detenido mucho antes, pero hacerlo en el mismo aeropuerto, momentos antes de la partida, desmorona moralmente al detenido, lo confunde, y lo hace más propicio para considerar que “la seguridad lo sabe todo” y, por lo tanto, no oponer mucha resistencia en los interrogatorios”.
Ese es el modus operandi habitual: comenzar a “quebrar” al objetivo desde el mismo momento de la detención.
Hubiera sido más discreto detener a ambos individuos, cada uno en su momento, un par de horas antes de salir para el aeropuerto, y asegurar de paso que no hubiera un público presente, pero hacerlo cuando ya la persona considera que en un momento va a estar en el avión rumbo a su destino, es aplastante desde el punto de vista moral y psicológico.
¿Por qué suceden estos juicios en este momento, uno detrás del otro? Naturalmente, no es por casualidad ni mucho menos. La campaña mediática contra los “ciber-mercenarios” ya tiene un mensaje subliminal de fondo con todo esto, sin tener que decir nada.
Los acusados resultan ser, nada menos, que un individuo que fomenta las comunicaciones electrónicas sin permiso del régimen, otro que realiza espionaje y revela secretos a espías extranjeros, y dos corruptos que estafan al gobierno y se enriquecen con el dinero “del pueblo cubano”.
No hay ninguna culpa para el indefenso régimen totalitario con este enfoque oficial que se presenta ahora. Todo gobierno tiene el derecho a defenderse de quienes pretendan fomentar la inestabilidad y la subversión y poner en peligro la seguridad de un país, de quienes realizan labores de espionaje y revelación de secretos al servicio de una potencia extranjera, y de quienes utilizan sus cargos para enriquecerse de manera ilícita violando las leyes y regulaciones.
Lo mismo podría hacer Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Suiza, Australia o la India, según el enfoque del régimen cubano.
Solamente que hay un pequeño detalle que la propaganda oficial no tiene en cuenta: el supuesto “delito” de Alan Gross en los códigos penales cubanos es tal porque Cuba es una dictadura totalitaria. Los equipos que el señor Gross distribuía en el país pueden comprarse en una tienda de equipos electrónicos en Miami, México, Madrid o Estocolmo con el único requisito de tener dinero para obtenerlos, sea en efectivo o en cualquier tarjeta de crédito. Es delito solamente en Cuba.
La “revelación de secretos” de Conrado Hernández es delito por el secretismo oficial del régimen y por nada más. En un país democrático, con elecciones verdaderamente libres, abiertas y transparentes, no habría espía que perdiera su tiempo tratando de averiguar con el señor Hernández quien va a ser el vicepresidente del país, pues le bastaría con leer la prensa o ver la televisión para conocer los candidatos, las encuestas y proyecciones, y los resultados finales.
Las acusaciones contra Marambio parecen a primera vista de delito común, pero tienen un trasfondo político. Además de que Marambio era “competencia” para los miembros de las fuerzas armadas que controlan el “Grupo de Administración Empresarial, Sociedad Anónima” (GAESA) y no tenía que someterse a ellos, se dice que su apoyo al candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami en las elecciones presidenciales del 2010 donde el ganador fue Sebastián Piñera, y el no apoyo al candidato de la Concertación por parte del derrotado Ominami, desató las furias de los hermanos Castro, que deseaban por todos los medios un presidente de izquierda y no uno de derecha como el señor Piñera.
Sin embargo, tampoco debe olvidarse que el señor Marambio, en sus tiempos segurosos, era del “antiguo” MININT del defenestrado y al mismo tiempo curiosamente difunto general José Abrahantes, no del actual de Raúl Castro, de Colomé Ibarra (Furry) y de Fernández Gondín.
No sería entonces nada sorprendente que el general-presidente y Ramiro Valdés hubieran coincidido en que había llegado el momento de pasarle la cuenta a Max Marambio. Pero nada personal en lo absoluto, simplemente asunto de negocios.
¿Y qué decir del señor Alejandro Roca, un ministro trabajador y relativamente capacitado dentro de los estándares del régimen, que ha nombrado en su momento a mucho peores ministros, como José Llanusa, Armando Hart, Asela de los Santos, Belarmino Castilla, Orlando Pérez, Homero Crabb, José Ramón Fernández, Daniel Solana, Juan Escalona, Roberto Robaina, Felipe Pérez Roque, Isidoro Malmierca, Sergio del Valle, o Serafín Fernández, por solo mencionar algunos de los que ya casi nadie se acuerda?
Indudablemente, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Con más de setenta años ya en sus costillas, y sabiendo que todo el esfuerzo de medio siglo había resultado inútil en medio del fracaso generalizado, tal vez pensó que mirar hacia el otro lado y recibir a cambio un puñado de dólares merecería la pena para poder disfrutar al menos una vejez sin demasiados sobresaltos, ya que la vida adulta y la juventud se había consumido en pretender ordenar el desorden del Comandante, la mentira y el fracaso.
Humanamente comprensible, tal vez, pero políticamente miserable. Es triste su destino, pero no parece que muchos vayan a llorar por él.
Mientras tanto, el Comandante dice que él no es el primer secretario del partido, pero sí, vaya, que no lo entendieron bien. Últimamente, nadie lo entiende demasiado. Y, por otra parte, gracias a su compinche Muamar el Khadafi, quien le entregó a él el Premio Khadafi de derechos Humanos, a cambio de la “Orden Nacional José Martí que el dictador cubano le dio al libio en su momento, ya sabemos que basta con ser el líder de la revolución, sin ostentar ningún cargo, para poder hacer lo que le de la gana, como siempre ha sido.
Y, además, Marino Murillo Jorge es ascendido en sus funciones, convirtiéndose en algo como un zar de las reforma económicas en Cuba llamadas “actualización del modelo”, aunque algunos “expertos” consideran que ha sido “tronado”. Como fue tronado Ramiro Valdés cuando se separó del Ministerio de Informática y Comunicaciones para dirigir desde la “superestructura” del gobierno, o el general Ulises Rosales del Toro cuando dejó el Ministerio de Agricultura.
Y Jimmy Carter se aparece en La Habana con su esposa sin que se hubiera ni siquiera comentado sobre esa posibilidad: sorpresas de la diplomacia
No podemos quejarnos. En ocasiones, no llegan noticias de Cuba, y las telarañas cubren el espacio informativo con la “ciber-bobería”. Esta semana tenemos gran abundancia de informaciones y temas para analizar.
No son los fiscales cubanos del régimen los únicos que estarán ocupados en todos estos días y semanas, cuando ya faltan solamente diecinueve días para que comience el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.
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