Se trata de las "Normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y movimiento de capitales ilícitos", que aparecen firmadas por Ernesto Medina, Ministro-Presidente del BCC.
Esas normas se aplicarán a "las instituciones financieras constituidas con arreglo a las leyes cubanas o extranjeras, cuyas funciones autorizadas en el territorio nacional sean proveer cualquier servicio de intermediación financiera, incluidas las operaciones de fideicomiso, de remesas y de cambio de moneda extranjera".
Señala que "la estrategia de gestión de riesgos de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas se aplicará a todas las oficinas, filiales y sucursales de cada institución financiera".
Según la legislación de 25 artículos, "los integrantes del Sistema Bancario Nacional (que recibirán capacitación adicional) establecerán el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que realicen, a fin de evitar que puedan ser utilizados o involucrados en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o para financiar el terrorismo y la proliferación de armas".
En determinados casos, las instituciones financieras identificarán a los usuarios y verificarán la autenticidad de los datos y documentos presentados para su radicación y operaciones en la isla caribeña.
También las instituciones financieras cubanas podrán aplicar "medidas intensificadas" de control para obtener información adicional sobre el cliente, actualizar su identificación y el carácter o finalidad de la relación comercial, entre otras.
Ellas son: Havin Bank Ltd, National Bank of Canada, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Sabadell S.A, Société Généralé, Fransabank Sal, Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Madrid, Banco Nacional de París BNP, Caja de Ahorro del Mediterráneo y BPCE Iinternational et Outre-Mer (BPCE-IOM).
La apertura a la inversión extranjera desde la década del 90 expone a la isla a que se sucedan esos delitos, como el caso del empresario francés Jean-Louis Autret, que fue condenado en agosto de 2011 a 15 años de prisión, bajo cargos de lavado de dinero, ligados con el narcotráfico y el fraude fiscal.
Estados Unidos, que mantiene a Cuba desde 1982 en la lista de países que apoyan el terrorismo, señaló en su informe publicado el mes pasado sobre el terrorismo en el mundo en 2012 que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había identificado deficiencias estratégicas en la gestión cubana contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
El reporte tomaba nota de que, en 2012, Cuba se convirtió en miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Dinero, organismo regional al estilo del GAFI, un paso mediante el cual La Habana se comprometía a adoptar y aplicar las Recomendaciones del GAFI.
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