Alejandro Armengol/
Para quienes mandan en la isla, los graduados universitarios quedan fuera de los supuestos beneficios que trae trabajar por cuenta propia o emigrar temporalmente fuera del país.
La primera consecuencia es de índole personal. Quienes se esfuerzan por obtener un título se enfrentan a un presente muy limitado y un futuro más incierto aún. O se limitan a un trabajo mediocre, donde siempre está presente el peligro del despido por los ajustes laborales, dilatados pero no extinguidos, o se dedican a empleos más lucrativos aunque alejados de su perfil de estudios. La literatura creada en los últimos tiempos en Cuba se ha encargado de recrear hasta el cansancio la frustración de lingüistas convertidos en guías turísticos y de ingenieros manejando taxis.
Otro resultado de esta política errónea tiene que ver con el desarrollo de la nación, que se compromete con esta negativa a mejorar el nivel de vida de quienes han alcanzado una educación superior, al tiempo que los mantiene como rehenes.
La educación, una de las conquistas más cacareadas de la revolución, ha pasado de ser un logro a una rémora. No hay mejor prueba de ello que la tan esperada reforma migratoria, que entrará en vigor en enero del 2013.
Mientras la ley de migración modificada amplía plazos, suprime la duplicación de permisos (el nuevo “permiso de salida” se concreta en el pasaporte actualizado) y permite el regreso de los inmigrantes obedientes al régimen, en el caso de los profesionales es incluso más represiva que en años anteriores.
No sólo en el caso de los médicos. Por décadas el régimen no ha permitido o le ha puesto trabas y demoras a la salida de otros graduados universitarios, pero como todo lo que ocurre en Cuba, se han sucedido los períodos de un cierre mayor con otros de relajamiento, de acuerdo a multitud de factores que iban de la arena internacional al plano doméstico. De ahora en adelante no. La modificación de la ley deja establecido el parámetro a seguir.
De acuerdo a uno de los cambios establecidos en la ley, cualquier graduado de la enseñanza superior que participe en una investigación que se considere “vital” para el desarrollo de la nación queda excluido del otorgamiento del pasaporte y con ello de la posibilidad legal de salida. Lo que ocurre es que bajo una categoría tan amplia, y teniendo en cuenta los temores, la corrupción y la envidia imperante en la isla, cualquier jefe de, por ejemplo, el Ministerio de Cultura en un municipio, puede impedir que un licenciado en letras se vaya porque ha participado en un censo de los versificadores, y el dato es de “vital importancia”, ya que refleja el desarrollo cultural de la zona.
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