Desde www.espaciolaical.org la ponencia del profesor Dr.Pedro Monreal González, al XXX Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
(LASA)/
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| Dr. Pedro Monreal Gonzalez |
La república “post- azucarera” es, desde la perspectiva de sus
fundamentos económicos, una utopía insuficientemente imaginada y lamentablemente
poco discutida. La respuesta que debería dársele a la crucial pregunta (¿de qué
vivirá este país?) requiere mucha mayor atención que la recibida hasta el
momento.
Probablemente algunas personas intentarían responderla diciendo
–según la perspectiva que se adopte- que la Cuba “post- azucarera” vivirá del
turismo, o de los llamados servicios profesionales, o de las exportaciones de
petróleo, o de las remesas familiares, o de la industria farmacéutica, o de una
combinación de algunas o de todas estas cosas, y quizás de algunas más. Si bien
habría que estar de acuerdo en que el país ha estado subsistiendo, pero no más
que eso, desde hace ya dos décadas en buena medida gracias a una transformación
de su perfil de inserción internacional que ha girado en torno a algunas de esas
actividades, ello no respondería la cuestión de fondo: ¿en qué actividades
exportadoras debería especializarse Cuba como parte de una estrategia integral
de desarrollo?
Debería de quedar claro que ni subsistir equivale a desarrollarse,
ni la suma mecánica de componentes aislados desemboca en una estrategia
coherente, ni las intervenciones de emergencia favorecidas por coyunturas
diplomáticas excepcionales pueden reemplazar procesos de cambios estructurales
más estables y consistentes, ni la especulación sobre hechos (petroleros) que no
han ocurrido puede predominar sobre una valoración lúcida respecto al capital
humano con el que Cuba cuenta para proponerse ascender hacia el desarrollo y que
es un factor mucho más importante que el petróleo.
La pregunta no tiene mucho sentido hacerla desde la perspectiva de
países con mercados internos grandes y con una disponibilidad amplia de recursos
humanos, financieros y materiales. Son países que pueden “vivir” de muchas
cosas por cuanto tienen economías en las que coexisten variadas ramas y
sectores. En ellos, la especialización internacional es una opción y no una
necesidad perentoria. Pero en otros casos, como el Caribe, las economías
insulares siempre han “vivido” de unas pocas actividades concretas y fácilmente
identificables. Es el caso del azúcar, durante más de 200 años, y en tiempos
recientes del turismo y de las remesas familiares.
El dilema central al que se enfrenta toda pequeña economía insular
en su intento de avanzar hacia el desarrollo es tener que adoptar un patrón de
especialización productiva relativamente concentrado en un numero limitado de
actividades exportadoras que, a pesar de esa limitación, le permita asegurar una
inserción internacional beneficiosa a los efectos de hacer sostenible la
reproducción ampliada de la economía, que es la condición indispensable, aunque
no suficiente, del desarrollo económico y social de toda
nación.
En este tipo de pequeñas economías –y Cuba es precisamente eso,
una pequeña economía insular subdesarrollada— la reducida dimensión del mercado
interno, los requerimientos de economías de escala que caracterizan la
tecnología contemporánea, y las limitaciones de fuerza de trabajo, recursos
financieros y otros medios productivos, establecen que la especialización
productiva relativamente estrecha no sea simplemente una opción, sino una
necesidad. Y resulta así porque las pequeñas economías insulares no son capaces
de establecer un “ciclo cerrado” para su funcionamiento, es decir, no pueden
garantizar a nivel interno todo lo que se requiere para crecer económicamente.
Lo que resulta racional en esas condiciones es concentrar el esfuerzo productivo
en un número reducido de actividades exportadoras (a veces en una sola) que
permita generar el nivel de ingreso externo adecuado para acceder a las
importaciones que posibiliten “cerrar” el ciclo. Esto no niega la validez de
hacer esfuerzos por sustituir importaciones, de lo que se trata es de poner en
perspectiva el papel relativamente secundario que esos esfuerzos pueden
desempeñar en el contexto de las pequeñas economías insulares donde lo
prioritario es lograr construir un sector exportador relativamente poco
diversificado pero exitoso.
En una primera aproximación, Cuba parecería ajustarse al esquema
de re-especialización productiva de alcance sub-regional en la que el azúcar fue
reemplazada en las islas del Caribe por el turismo internacional y las remesas
familiares. Sin embargo, bien miradas las cosas, en realidad no queda claro que
el caso de una Cuba “post azucarera” se ajuste exactamente a ese patrón de
transformación sub-regional. Para empezar, la llamada “exportación de servicios
profesionales” –con todo lo incierta que pueda ser su sostenibilidad— tiene hoy
un gran peso económico que no se repite en ninguna otra economía caribeña,
además de que por sus escalas relativamente mayores y dado el capital humano
disponible Cuba, se encuentra en mejores condiciones que sus vecinos antillanos
para adoptar –si así se lo propusiese-- un perfil exportador relativamente más
diversificado y tecnológicamente más avanzado, así como conducir paralelamente
un proceso de sustitución de importaciones comparativamente más robusto que el
que sería factible en otras islas, como los dos pilares básicos de una
estrategia de desarrollo. Pero lo más importante y desconcertante es que
mientras que la mayoría de las naciones del Caribe cuentan con estrategias de
desarrollo explícitas, generalmente articuladas alrededor del turismo, no existe
–por lo menos de manera pública— una estrategia oficial de desarrollo claramente
articulada para Cuba. De ningún tipo.
Obviamente, poder contar con un documento oficial explicativo
sobre la estrategia de desarrollo no puede ser considerado, en Cuba o en ninguna
otra parte, como una garantía de que la estrategia se aplique y, mucho menos, de
que tenga éxito. La realidad es mucho más compleja, pero de lo que quizás deba
tomarse nota es que la ausencia de tal documento y, sobre todo, la falta de una
explicación al respecto puede ser una importante fuente de desasosiego social. A
fin de cuentas no se le está comunicando a los ciudadanos que existe un concepto
gubernamental claro respecto a “de qué va a vivir el país” en el futuro.
Hace treinta años, la pregunta se respondía muy rápidamente
invocando una sola palabra: industrialización. No se trata aquí de discutir en
extenso si aquella respuesta fue categórica o no, pues obviamente no lo fue. La
industrialización y el futuro “post- azucarero” cubano de la era soviética se
evaporaron al unísono con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), a finales
de la década del ochenta e inicios de los noventa del pasado siglo. Aquel
intento de re-configuración de la especialización internacional del país a
partir de una industrialización selectiva y progresiva parecía apuntar en la
dirección correcta en aquel contexto histórico concreto, pero para poder
desarrollar un país se requiere mucho más que disponer de una racionalidad
estratégica.
El marco de referencia económica y político internacional en el
que tal racionalidad debía funcionar fracasó estrepitosamente y con ello
arrastró todo lo que le era afín, incluida la re-especialización internacional
de Cuba. Decir ahora, con la ventaja que otorga el tiempo transcurrido, de que
aquella fue una apuesta estratégica equivocada puede resultar fácil, pero lejos
de ser una opinión concluyente debería ser considerada más bien como estímulo
para acometer un análisis riguroso que tome en cuenta la centralidad de los
procesos políticos en las estrategias de desarrollo.
Volviendo a la actualidad nacional, alejarse del “abismo”
significa para Cuba mucho más que disponer de variantes para subsistir y
esto requiere, ante todo, de una estrategia de desarrollo. El plan para la
llamada “actualización del modelo económico” incluye intervenciones dirigidas a
resolver problemas importantes pero su alcance pudiera verse limitado
precisamente debido a la ausencia de un marco de referencia mayor como el que
debería proporcionarle una estrategia de desarrollo. Debido a tal carencia, la
reestructuración del empleo, que es un importante componente de la
“actualización del modelo”, pudiera convertirse en un serio obstáculo al propio
proceso de desarrollo.
Los espacios económicos “no estatales” han sido concebidos hasta
el momento –con la excepción de las llamadas empresas mixtas y quizás de un
segmento de las cooperativas agrícolas- principalmente como esferas de
sub-empleo en las que una buena parte de la fuerza laboral “sobrante” se coloca
en actividades que demandan capacidades técnicas inferiores a la calificación
real que con anterioridad ya poseía el trabajador. Esto se hace con el propósito
de reubicar un considerable número de trabajadores que no tiene cabida en la
acumulación económica estatal y que, por tanto, es expulsado de ella. Uno de los
supuestos efectos positivos sería el eventual aumento de la productividad y el
subsiguiente incremento de salarios para los trabajadores que lograsen ser
retenidos en el sector estatal y que hoy tienen salarios incongruentes con el
costo de la vida. En rigor, tal supuesto es inconsistente, pues la reducción de
costos laborales no proporciona una base adecuada para el incremento sostenible
de la productividad. Más problemático aún sería considerar que una eventual
mejoría relativa de las condiciones de empleo en lo que quede de sector estatal
debe ser alcanzada degradando las condiciones del empleo de la mayor parte de la
fuerza laboral restante que se transferiría hacia al sub-empleo “no
estatal”.
El hecho de que el proceso contemple una serie de medidas de
protección social destinadas a amortiguar el impacto negativo de la reubicación
laboral no modifica la esencia del fenómeno: se trata de un “ejército industrial
de reserva”, que es un término de la Economía Política más preciso que el de
“trabajadores interruptos” o el de “plantillas infladas”, causado por las
propias contradicciones de la acumulación económica estatal y que se encuentra
condenado al sub-empleo dado el enfoque que se utiliza actualmente.
Encauzar la creación de miles de empleos en pleno siglo XXI desde
la perspectiva de un mecanismo de “descarga” de costos del sector estatal,
encargándose de paso de asegurar que en la práctica lo que se está fomentando
como alternativa es el sub-empleo crónico, no tiene sentido ni tan siquiera como
política de sobrevivencia. Consistiría en permutar una forma de sub-empleo por
otra peor: las “plantillas infladas” del sector estatal se transfiguran en
actividades laborales que “desinflan” las capacidades del trabajador. El ahorro
en costos laborales del sector estatal se lograría a costa de un monumental
despilfarro del capital humano creado por el país, un proceso en el que se
invirtieron cuantiosos recursos generados con el esfuerzo de los trabajadores.
Desde la perspectiva de toda la sociedad, que por supuesto va mucho más allá de
la contabilidad del Estado, ¿dónde estaría el ahorro?, ¿cuál es el sentido de
desvalorizar la importante inversión realizada en capital humano en aras de
componer las cuentas de las instituciones estatales?
El desaprovechamiento a gran escala de las capacidades laborales
existentes y el daño que se le inflige con ello al potencial de innovación
tecnológica y organizativa, van a terminar pasándole factura a los intentos de
desarrollo del país más temprano que tarde.
Gracias a las distorsiones económicas imperantes hoy, un
desempleado estatal con elevada calificación técnica puede mejorar sus ingresos
individuales trabajando como “autónomo” en cualquiera de las actividades
mercantiles simples que han sido autorizadas, por lo regular ejerciendo tareas
fuera de su área de calificación laboral. Cualquier trabajo que se haga
honestamente merece respeto, reconocimiento social y una retribución apropiada,
y obviamente la posibilidad de mejorar los ingresos personales es conveniente
desde el punto de vista individual, pero la verdad es que esto puede resultar
desastroso para toda la sociedad cuando ese patrón de sub-empleo de sesgo
mayormente “pre-industrial” se extiende súbitamente a miles de personas.
El desarrollo consiste, en buena medida, en poder colocar la mayor
proporción posible de la fuerza de trabajo de un país en entornos laborales
asociados a trayectorias ascendentes de aprendizaje tecnológico y organizativo.
Son esas las trayectorias que agregan más valor y que más poderosamente
contribuyen al desarrollo precisamente porque permiten una utilización más
efectiva del bien económico más valioso y escaso: el capital humano y su
intrínseco poder de innovación. Adoptar políticas de empleo que favorezcan
trayectorias exactamente inversas conduce a cualquier parte menos al desarrollo.
Esa es una de las más valiosas lecciones que ofrece el estudio de los procesos
de desarrollo de los últimos cien años.
Resulta paradójico que Cuba se encuentre en mejores condiciones
que las otras islas del Caribe para adoptar un perfil exportador relativamente
más diversificado y tecnológicamente más avanzado y que no logre hacerlo de
manera rápida y categórica. De los datos de comercio exterior y de la
información relativa a la inversión pudiera inferirse que la apuesta de
re-especialización internacional de Cuba se apoya en un grupo relativamente
compacto de actividades exportadoras de variado tipo, algunas basadas en
recursos naturales (turismo y minería) y otras en capital humano, entre las que
se destacan las exportaciones de servicios profesionales, que concentran el 70%
de los ingresos por exportación del país, así como la industria farmacéutica. La
sostenibilidad del alto peso actual de las exportaciones de servicios
profesionales (particularmente los servicios de salud) pudiera no ser tan sólida
como luce en apariencia pues parece basarse en la oportunidad excepcional que
fundamentalmente ofrece un solo “cliente”. Más que un “hecho de mercado”
es el resultado de un “hecho diplomático” y ese puede ser un soporte muy
vulnerable para plantearse la re-especialización económica del país, tal y como
enseña la experiencia anterior con el CAME. En contraposición, la industria
farmacéutica es probablemente el caso más exitoso e inspirador de lo que puede
lograr Cuba en materia de innovación tecnológica como vector impulsor de una
reinserción internacional basada en la innovación.
Es de conocimiento público que las políticas comerciales del país
se proponen avanzar en la integración de esas dos actividades exportadoras
(servicios profesionales de salud y productos farmacéuticos) y de otras más,
pero dada la ausencia de una estrategia de desarrollo en Cuba resulta imposible
conocer con precisión de qué manera se concibe la re-especialización exportadora
del país como parte de un planteamiento estratégico integral del desarrollo. No
basta con enunciar los sectores exportadores, sus eventuales dinámicas y
posibles interconexiones sino que debe explicarse de manera concreta cómo, a
través de eslabonamientos productivos (“hacia delante” y “hacia atrás”) con el
resto de la estructura económica y con el sistema nacional de innovación, el
sector exportador lograría impulsar una reproducción económica ampliada asentada
en la innovación, ecológicamente sustentable, y que sea socialmente equitativa e
incluyente.
El enfoque actual de re-especialización parecería
favorecer esquemas exportadores de gran escala, todos de tipo estatal o de
capital extranjero en asociación con el Estado. Sin embargo, para un país como
Cuba en realidad pudieran estar disponibles otras opciones. En principio, el
capital humano aprovechable daría como para pensar en la posibilidad de tener un
perfil exportador más diversificado en cuanto al tipo de actividades y con un
mayor número de empresas exportadoras, reduciendo la alta concentración relativa
que hoy tienen las exportaciones en unas pocas actividades y empresas.
La fuerza laboral calificada del país es considerable pero
importantes segmentos de ella están siendo desaprovechados, incluyendo el
capital humano radicado hoy en otros países, los desempleados estatales
desplazados al sub-empleo no estatal, e inclusive trabajadores empleados en el
sector estatal que pudieran ser más efectivos fuera de los esquemas estatales.
Más allá de objeciones ancladas en pautas ideológicas muy rígidas o en
aprensiones políticas no suficientemente explicadas, no hay otra racionalidad
que justifique por qué no se han creado amplias oportunidades “no estatales” a
la fuerza laboral calificada del país para que contribuya a diversificar y
dinamizar el sector exportador nacional, sobre todo teniendo en cuenta que ese
sector no está solamente formado por las entidades que exportan directamente
sino que en realidad está constituido por los llamados “clusters”
(aglomeraciones) exportadores en los que desempeñan un papel decisivo las
entidades que no exportan directamente pero que son cruciales en la cadena
productiva y de servicios que aseguran las exportaciones. El papel de los
“emprendedores” que impulsan la innovación es decisivo en la operación de los
“clusters” exportadores, y esta no es una simple declaración sino que es una
aseveración avalada por numerosos estudios
.
Si ya se ha aceptado como un hecho que las contradicciones de la
acumulación económica estatal no permiten la utilización de una parte
considerable de la fuerza laboral calificada, ¿por qué no se ha asumido todavía
que es un deber elemental del Estado asegurar las condiciones que establezcan un
vibrante sector no-estatal que permita aprovechar al máximo las capacidades e
iniciativa del capital humano del que dispone el país para intentar acceder al
desarrollo? Si el Estado propiciase la transformación en “emprendedores-
innovadores” de una parte de esa fuerza laboral para que operase en el sector
no-estatal, le estaría prestando un valioso servicio a la nación. El análisis de
la evidencia de lo que ocurre en el resto del mundo es concluyente respecto al
papel crucial que los “emprendedores- innovadores” desempeñan en el desarrollo.
Negarlo o ignorarlo es contraproducente.
Concluyo con una breve nota sobre política y estrategias de
desarrollo. Todo lo anteriormente expresado no se entendería adecuadamente si no
se tiene bien claro cuál es el orden de preponderancia entre lo político y
la racionalidad científico- técnica a la hora de diseñar e implementar
estrategias de desarrollo.
La “cosa política”, con todo lo imprevisible y compleja que es, o
precisamente por ello, se constituye en el factor central de las estrategias de
desarrollo. Ni estas, ni las reformas económicas, ni las actualizaciones de los
modelos económicos son eventos técnicos ni pueden ser exactamente explicados y,
mucho menos, pronosticados por ciencia social alguna, incluida la Economía. Por
el contrario, todos ellos son eventos políticos casi en estado puro. Es el éxito
que se tenga en el “arte” de lidiar con las realidades políticas –y no ninguna
racionalidad establecida a priori- lo que define la suerte de esos
eventos.
Para poder discutir en serio sobre las perspectivas de desarrollo
económico y social de Cuba, que es lo que verdaderamente debe interesar como
objetivo primordial, sería conveniente asumir las cosas tal y como son: detrás
de la invocación al bienestar general de la nación que se observa en el
planteamiento formal de cualquier estrategia de desarrollo –en cualquier país y
en cualquier época- lo que siempre existe es una visión, más o menos
coherente, que refleja básicamente el consenso del “grupo” social que puede
“hacer política” de manera efectiva en un momento dado, es decir, ese grupo
logra materializar, en la realidad, sus intereses concretos e imponer su noción
sobre cómo alcanzarlos. En ocasiones eso no está exactamente relacionado con el
desarrollo y, de hecho, muchas veces no lo favorece. El hecho de que ese “grupo”
social sea una comunidad relativamente compacta o que por el contrario esté
formado por diferentes conjuntos discordantes que puedan llegar a forjar
acuerdos no es un dato menor de la política de los procesos de desarrollo. Pero,
como se sabe, lo anterior obedece a correlaciones de fuerza. Por otro lado, la
lucha política siempre será contradictoria por su propia naturaleza pero no
tiene que ser necesariamente antagónica.
La relativa desestatización del empleo está creando en Cuba un
cuadro de actores económicos (actuales y en potencia) con intereses no solamente
distintos sino también contradictorios, en relación con el sector estatal y
también entre los propios nuevos actores. La eventualidad de que esos disímiles
intereses tratasen de encauzarse a través de la política sería simplemente el
corolario de una transformación económica que en realidad trasciende a esos
nuevos actores. Asumir el fenómeno como algo “negativo”, “preocupante” o
“peligroso” pudiera tener el efecto de retrasarlo temporalmente, pero a la larga
no puede detenerlo. Lo que corresponde es asumirlo con perspectiva de futuro y
tratando de aprovechar el efecto positivo que tienen las contradicciones en el
desarrollo.
Cuba está dejando de ser muy rápidamente un país con predominio de
trabajadores asalariados estatales para convertirse en algo distinto, todavía en
proceso de formación, pero lo que no debería ocurrir es que se transformase en
un país bifurcado en el que coexista, de una parte, el asalariado estatal
operando en un entorno tecnológico relativamente avanzado, y de la otra un
conglomerado de productores simples, pequeños propietarios y asalariados del
capital, la mayoría de ellos entrampados en una economía de subsistencia de tipo
“pre-industrial”.
Aun asumiendo que el sector estatal operase un salto de
eficiencia, algo que estaría por ver si es factible, es totalmente desacertado
fragmentar aún más un entramado económico que ya ha sido polarizado casi al
extremo y del cual no queda claro cómo se va a salir (peso convertible vs. peso
cubano, mercados estatales vs. mercados privados, venta racionada vs. venta
liberada, empresa estatal vs. corporaciones). Sencillamente el país no podría
avanzar hacia el desarrollo con un lastre semejante.
No hay necesidad de acudir a teoría política alguna para entender
lo que es de sentido común: una estrategia de desarrollo nacional será
socialmente más incluyente y más efectiva en la medida en que sea más diversa y
contradictoria la representación de los grupos sociales que participen
activamente en la elaboración de la estrategia, algo que va mucho más alla
de la posibilidad de ser simplemente consultados. Por ejemplo, ¿por qué no
considerar como algo normal la posibilidad de incorporar los emprendedores “no
estatales” como parte fundamental de las deliberaciones institucionales sobre la
diversificación de las exportaciones?
Entender que la defensa de intereses “no estatales” puede
favorecer el desarrollo nacional –no solo la subsistencia- debería ser parte del
proceso de articulación de una estrategia de desarrollo apropiada para los
tiempos que corren y para los que se avecinan. En ese sentido, el reajuste de
los espacios de participación y de discusión política del país resultaría
crucial para el desarrollo de la nación. Esa debería ser también una de las
dimensiones de la actualización del modelo, que en realidad es uno solo, pues en
la práctica no existe separación entre lo económico y lo político. El “modelo
económico” es una representación analítica e instrumental de la realidad, pero
no es la realidad misma.
Estos comentarios se han hecho fundamentalmente desde la
perspectiva de la Economía Política y por esa razón se han utilizado conceptos
que representan abstracciones que no logran reflejar totalmente la compleja
transformación social relativa a la actualización del modelo y el proceso de
desarrollo. Sin embargo, existe una dimensión ética que debe ser tenida muy en
cuenta en las políticas y estrategias de cambio pues en el fondo se trata de
reajustes que involucran los derechos y las legítimas aspiraciones de los seres
humanos de tener una vida mejor para ellos y sus familias mediante un trabajo en
el que puedan sentirse realizados en Cuba y en este tiempo. Es decir, que además
de existir racionalidad económica y argumentos de utilidad política, también
concurre un imperativo ético que avala la necesidad de avanzar hacia una
renovación de los mecanismos de participación para facilitar el desarrollo
nacional.
Las estrategias de desarrollo y su implementación no son, en la
práctica, el resultado de un impulso virtuoso o ilustrado –por mucho que los
expertos y los propios políticos se empeñen en vender esa idea- sino la
consecuencia de procesos sociales contradictorios que se deciden en el terreno
de la política y ello puede ocurrir de distintas maneras. Lo preferible sería
que en el proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo pudiese
participar de manera sustantiva y en pie de igualdad toda la diversidad de
actores económicos y sociales que hoy existe en el país. Entre todos pudieran
contribuir a responder mejor la pregunta: ¿de qué vivirá este país? Ninguna
opinión debería ser, a priori, considerada superior a
otra.
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