cubanalisis
Dr. Eugenio Yáñez
Tanto se repiten frases como “nueva era” o “acontecimiento
histórico” que ya muy pocos prestan atención a ese lugar tan común
del que en ocasiones abusan personas que se dicen, o hasta se creen,
analistas o escritores. Sin embargo, los acontecimientos que se han
desarrollado vertiginosamente desde el 17 de diciembre del 2014,
cuando el Presidente Barack Obama y Raúl Castro anunciaron
públicamente el inicio del restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, junto a un dudoso
intercambio de espías y la liberación de un rehén estadounidense en
poder del régimen de La Habana, conforman un conjunto que muy bien
merecería ser definido como una nueva era en las relaciones entre
ambos gobiernos, o como un acontecimiento verdaderamente histórico
en cuanto a las relaciones entre ambos países, y no solamente en el
terreno de las relaciones diplomáticas.
Lista de países patrocinadores del terrorismo
En
el momento que escribo estas líneas se cumplieron los cuarenta y
cinco días de que el presidente Obama avisara al Congreso de EEUU su
intención de borrar a Cuba de la lista de países patrocinadores del
terrorismo, por lo que de hecho ya el Secretario de Estado anunció
que el régimen ha sido retirado de la lista, le guste o no a cubanos
de diferentes tendencias o criterios políticos. La salida será
oficial cuando se publique dentro de pocos días en el Registro
Federal de EEUU, el equivalente a la Gaceta Oficial cubana. Después
de la salida de Cuba, en esa lista negra permanecerán solamente
Irán, Siria y Sudán.
Durante los cuarenta y cinco días que debían transcurrir desde la
notificación oficial del Presidente al Congreso, para dar
oportunidad al cuerpo legislativo a expresarse en contra en caso de
considerarlo procedente, no ocurrió nada por el estilo: los
congresistas que son tan aplaudidos por los invencibles gladiadores
de la Calle Ocho de Miami y por la División Moto-mecanizada de
Aplanadoras de música pro-castrista, no han hecho otra cosa que
sostener su posición minoritaria con un par de flojas declaraciones
sin demasiada sensatez.
Aunque en eso de acciones inútiles que enajenan el discutible apoyo
popular que pudieran tener algunos de los “iluminados”, habría que
señalar a los que han declarado ofendidos porque el Presidente Obama
visitó la Ermita de la Caridad, en Miami, que ha devenido referente
religioso y símbolo de los exiliados cubanos en Estados Unidos,
porque lo habría hecho mientras ignora al exilio cubano con sus
acercamientos al régimen. Aunque pocas acciones “verticales” se
acercarían tanto al límite kafkiano o llegarían tan lejos en el
surrealismo como la reciente protesta (de cinco personas) contra la
institución bancaria floridana que aceptó como cliente a la Oficina
de Intereses de Cuba en Washington.
La
lista de países patrocinadores del terrorismo, creada en 1979,
incluyó en su momento al Irak de Sadam Hussein, la Libia de Muamar
el-Khadafi y la Corea del Norte de la dinastía Kim. Irak fue
retirado en 1982 y vuelto a incorporar en 1990, hasta que su
situación cambió radicalmente tras la invasión norteamericana del
2003, pero las otras dos naciones mencionadas, sorprendentemente,
fueron retiradas en su momento, a pesar de no existir demasiadas
evidencias palpables de una desvinculación total al terrorismo
internacional: Libia en 2006 y Corea del Norte en 2008.
Ambas decisiones se tomaron y se hicieron efectivas en tiempos de la
administración de George W Bush y no de Barack Obama. Sin embargo,
mientras las decisiones de Bush Jr. no provocaron tanto escozor, la
de Obama con relación a La Habana ha quitado el sueño a muchos que,
si de ellos dependiera, no modificarían ni un ápice la política de
Estados Unidos hacia Cuba durante el último medio siglo, aunque
seguirían acusando al gobierno de los hermanos Castro de
inmovilista, reaccionario y de no evolucionar con la historia.
Entre los más esforzados rechazando la decisión del Presidente está
Jeb Bush, más que evidente aspirante a candidato presidencial
republicano, aunque todavía no ha hecho pública explícitamente esa
decisión, quien -para que todo quede en familia- imita a su hermano
mayor en cuanto a la política hacia Cuba, al declarar:
“La remoción de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores de
Terrorismo y las concesiones unilaterales a La Habana antes que
cambie sus formas autoritarias y deje de negar al pueblo cubano sus
derechos humanos básicos, es un error (…)”. “Las noticias de hoy son
una mayor evidencia de que el presidente Obama parece más interesado
en capitular ante nuestros adversarios que en confrontarlos”.
Si
estas palabras recuerdan las declaraciones del mismo corte que han
repetido todos los aspirantes a candidatos presidenciales, o los
candidatos mismos, durante el anterior medio siglo, haya sido
tomando café cubano en el Versailles, almorzando en La Esquina de
Tejas, visitando un Palacio de los Jugos, o en cualquier
establecimiento de propiedad de cubanos en Miami, no es pura
coincidencia ni mucho menos.
El
problema es que los tiempos han cambiado -y con ellos la correlación
de fuerzas y los posicionamientos políticos de los votantes-, por lo
que además de tratar de quedar bien con la parte más “intransigente”
del Miami anticastrista, un candidato presidencial debe tratar de
granjearse el apoyo no solamente de un grupo de constituyentes como
los exiliados cubanos, que por muy importante que puedan resultar en
la Calle Ocho o en La Pequeña Habana, no deja de ser una
representación minoritaria y muy bien localizada geográficamente
dentro del padrón electoral nacional.
La Caja de Pandora
El
17 de diciembre del 2014 se desataron una serie de acontecimientos
que serían muy difíciles de visualizar para tan corto plazo
inclusive por avezados estudiosos de las relaciones entre los dos
países. Porque ese anuncio simplemente señalaba que se abría la Caja
de Pandora, de la cual aún no ha salido todo lo que pueda contener.
Después de varias reuniones en Washington y La Habana entre
delegaciones que declaran y declaran, pero aparentemente sin
verdadero poder de decisión, por lo que tienen que limitarse a
cumplir estrictamente las instrucciones recibidas desde sus
respectivos gobiernos -en el caso cubano desde Raúl Castro
personalmente-, las cosas han avanzado, a pesar de que al final de
cada una de esas reuniones bilaterales no se anuncian resultados
concretos, sino ambigüedades tales como que las conversaciones
resultaron productivas, respetuosas y útiles, y que serán
continuadas en plazos no determinados.
Sin
embargo, es evidente que la conversación entre Barack Obama y Raúl
Castro en Panamá, en ocasión de la Séptima Cumbre de Las Américas,
preparó condiciones para todas las acciones que se han ejecutando
recientemente, y que no se limitan a relaciones diplomáticas, pues
incluyen también intercambios sobre correos, transporte, tecnologías
electrónicas y de telecomunicaciones, acceso a Internet, ferries,
personajes que podrían ser sujetos a procesos de deportación de
ambos lados, llegada de diferentes compañías estadounidenses y
multinacionales a Cuba, vuelos aéreos, facilidades bancarias,
libertades y restricciones de movimientos del personal diplomático
acreditado en ambos países, intercambios culturales y deportivos,
ventas de productos agropecuarios, ampliación de categorías que
pueden utilizar los estadounidenses para ir a Cuba sin “violar” las
restricciones del embargo, autorizaciones a cuentapropistas para
exportar determinados productos a Estados Unidos, y otras más, que
de conjunto constituyen un evidente relajamiento de las tensiones
imperantes por más de medio siglo y desatan no solamente amplias
expectativas, sino también las especulaciones más fantasiosas,
algunas de las cuales sobrepasan hasta los mismísimos absurdos
surrealistas que harían palidecer al Macondo de García Márquez.
Aparentemente, el restablecimiento de relaciones diplomáticas no
tardará demasiado. Es posible que el anuncio se produzca mientras
este análisis esté “on-line”, pues todo parece indicar que, por
razones que no conocemos completamente, hay apuro por ambas partes
en lograrlo, y las exigencias desmedidas que se gritan y repiten
continuamente desde el lado cubano parecen ir más encaminadas a
tranquilizar a la caverna socialista cubana convencida de las
posibilidades y prodigios de alcanzar mediante la “actualización” un
paraíso cargado de maravillas prósperas y sostenibles dentro de la
Isla, en el espíritu del siempre invencible Moringuero en Jefe y de
la mano del inefable José Ramón Machado Ventura y sus cavernícolas
partidistas y burócratas estatales, que a plantear escollos
infranqueables sobre las mesas de negociaciones. Y no se trata de
que Machado Ventura no sea leal a Raúl Castro, porque indudablemente
lo es a toda prueba, sino que sus neuronas y su corazoncito no dan
para más nada que para el burocratismo estalinista que ha conocido
desde hace mucho tiempo y que siempre ha practicado.
De
manera que no debería ser sorpresa el anuncio de la inauguración de
embajadas en La Habana y Washington en cualquier momento, e incluso
tampoco debería serlo que se anunciara que el Secretario de Estado
de Estados Unidos iría a La Habana para la inauguración de la de su
país.
El
pataleo resurgiría en el Congreso rápidamente, aunque mucho más en
el Senado, donde aspirantes a la candidatura presidencial
republicana tendrían que demostrar al público, fundamentalmente a
los asiduos al restaurant Versailles, que son realmente
“duros” y no transan con ninguna de esas acciones del presidente
Obama.
Más
allá de eso, sin embargo, podrán lograr muy poco desde el punto de
vista práctico: si bloquearan la designación de un Embajador
americano en La Habana, ya que es prerrogativa del legislativo
confirmar a los embajadores designados, y un solo Senador que lo
intentara tendría facultades para ello, y se ha hecho anteriormente
en otros casos, el presidente de EEUU podría nombrarlo tan pronto el
Congreso entre en receso veraniego, o en cualquier otro receso de
los muchos que disfruta ese cuerpo legislativo. Mientras tanto, si
el embajador designado fuera el actual Jefe de la Sección de
Intereses de EEUU en La Habana, adquiriría automáticamente el rango
de “Encargado de Negocios a.i.” (ad interim, es decir,
provisionalmente).
Y
aunque tampoco se aprobara un presupuesto para la Embajada en La
Habana, algo que un Congreso con mayoría republicana en ambas
cámaras pudiera intentar y lograr, tal Embajada podría funcionar con
el presupuesto de la actual Sección de Intereses de EEUU en Cuba,
que opera bajo el paraguas de la Embajada Suiza en La Habana, de la
misma manera que lo hace en Washington la Sección de Intereses de
Cuba en EEUU.
De
manera que los intentos de torpedeo en el poder legislativo, además
de no poder lograr impedir definitivamente el curso de los
acontecimientos, podría llevar a los torpederos a correr el riesgo
de perder apoyo popular, habida cuenta las opiniones de la mayoría
de la población americana -no solamente la cubana, y no solamente la
de Miami- favorables al proceso de normalización.
Exigencias y flexibilidades
De
las exigencias de Raúl Castro para una completa “normalización” hay
algunas que podrían presentarse como si se negociaran, y otras que
no parece que vayan a prosperar durante mucho tiempo, aunque siempre
quedarían para el alboroto partidista en la Isla y para llenar
páginas de Granma y minutos del Noticiero Nacional de Televisión o
de La Mesa Redonda. Pretender, por ejemplo, que Estados Unidos deje
de contribuir a la capacitación de cubanos que pudieran desempeñarse
como periodistas independientes, o que renuncie a las transmisiones
de Radio Martí hacia la Isla, parecen temas en los que La Habana no
logrará avanzar demasiado.
Estados Unidos podría, si quisiese aparentar “flexibilidad” en las
negociaciones, ofrecer cerrar las transmisiones de Televisión Martí,
a cambio de algunas demandas favorables a Washington en asuntos que
no se han logrado destrabar. Washington no perdería nada concreto en
este caso, pues TV Martí ni se ve ni se ha visto nunca en Cuba,
desde el primer día de transmisiones.
La
Habana sabe perfectamente el impacto que tendrían imágenes de esa
emisora en el pueblo cubano, imágenes que cada una de ellas valdría
mucho más que las mil palabras que refiere el proverbio, lo mismo
fueran de un carnaval en la Calle Ocho que de un supermercado en
Hialeah, un “mall” repleto de tiendas y “boutiques”, una calle o
autopista cualquiera en las horas pico del tráfico, o el rostro vivo
de algunas “no personas” que el régimen siempre menciona como
“mercenarios” o “terroristas”, pero sin nunca haber mostrado el
rostro de esos “fantasmas”.
Por
eso desde antes del primer día de transmisiones de Televisión Martí
Fidel Castro había ordenado que se hicieran todos los esfuerzos, sin
reparar en gastos ni recursos, para que TV Martí no pudiera verse en
Cuba, y así ha sido hasta nuestros días. Radio Martí puede
escucharse aunque sea con interferencias, pero en ningún lugar de la
Isla pueden verse las transmisiones televisivas, que, por otra
parte, cuestan decenas de millones de dólares anuales a los
contribuyentes estadounidenses.
Reclamaciones por confiscaciones, daños y perjuicios
Las
reclamaciones por supuestos daños y perjuicios del “criminal bloqueo
imperialista” no deberán prosperar mucho en los primeros momentos,
habida cuenta de las deudas del régimen con los propietarios
extranjeros y cubanos confiscados sin compensación desde 1959.
Según cifras serias, los activos confiscados aparecen claramente en
5,911 reclamaciones de compañías y ciudadanos estadounidenses a
causa de la confiscación de propiedades y otros bienes, intervenidos
por el Decreto-Ley 851 del gobierno revolucionario, con fecha 6 de
julio de 1960.
Estas expropiaciones están certificadas actualmente por la FCSC (en
español, Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros), y
alcanzan un valor de 1,800 millones de dólares de aquella época, a
los que si solamente se le consideran el interés simple que se
calcula en estos casos, 6% anual, llegarían a una cifra acumulada
muy cercana a los ocho mil millones de dólares. Y eso solamente
considerando los intereses que deberían añadirse, sin tener en
cuenta en este cálculo el valor actual del dólar en comparación con
los dólares de 1960, época de las confiscaciones.
Eso
en lo referido a las propiedades de extranjeros confiscadas por el
Decreto-Ley 851, que ya de por sí es un tema complejo. Sin embargo,
habría que añadir a este enmarañado tema, aunque de momento no esté
entre los prioritarios para la normalización de las relaciones y ni
siquiera esté claro hasta donde el Washington se siente comprometido
a fondo dentro de sus intereses globales, el Decreto-Ley 890, que
por esas mismas fechas confiscó sin compensación algunas muchas
propiedades de cubanos. Se considera que el 95% aproximadamente (en
cantidades, no en valores) de los bienes intervenidos y confiscados
por el régimen pertenecía a propietarios cubanos, grandes, medianos
y pequeños.
Si
se les suma las confiscaciones arbitrarias y sin compensación
aplicadas desde entonces y hasta la llamada ofensiva revolucionaria
de marzo de 1968, aparecen centenares de miles de cubanos afectados,
que podrían considerarse con todo derecho a reclamar a un gobierno
cubano que estuviera negociando con Estados Unidos compensaciones
por sus propiedades confiscadas en la década de los sesenta. Y
aunque es difícil poder arribar a números exactos en este sentido,
se calcula que un 60% de esos
cubanos continúan viviendo en la Isla en estos momentos.
Además, aun en el dudoso caso que una administración estadounidense
intentara avanzar algo en este sentido a corto plazo, tropezaría de
inmediato con el escollo prácticamente insuperable de que las
verdaderas cifras serían imposibles de conocer, dado el tradicional
y legendario desorden e inexactitudes de la contabilidad
“revolucionaria” cubana, además de que una buena parte de todas esas
propiedades confiscadas, debido al paso del tiempo y la absoluta
ineficiencia castrista, no existen en la actualidad o se mantienen
de pie en un deplorable estado que los cubanos llaman de “equilibrio
milagroso”, nueva categoría de la arquitectura revolucionaria del
régimen.
Prófugos y deportables
Hay
otros problemas que parecen de muy difícil solución, aun si se
intentara abordarlos a fondo para tratar de buscar soluciones. Uno
de ellos es el de los prófugos de la justicia estadounidense que
residen en La Habana con todas las facilidades de una persona libre,
hasta donde se puede ser libre en el paraíso de los hermanos Castro.
Este inefable grupo de estadounidenses, cubanos y otros extranjeros
está compuesto por una variopinta selección de delincuentes de toda
laya, desde estafadores a los sistemas públicos de salud
estadounidenses hasta asesinos sanguinarios y asaltantes violentos.
Declarar festinadamente que no pueden ser devueltos porque algunos
de ellos han recibido asilo político del gobierno cubano, y otros
porque al ser ciudadanos cubanos no pueden ser deportados, de
acuerdo a lo que establece la Constitución, constituye una salida
demasiado simplista e irresponsable con la que no se puede avanzar
mucho cuando se desea negociar en serio.
El
derecho de asilo tiene que ver con personas que alegan persecución o
temores de persecución por hechos que no se consideran regularmente
delitos comunes, pero no puede cubrir a quien asesina policías en
plena carretera o a quien asalta a mano armada camiones
transportando dinero y valores, manejados y custodiados por personas
que solamente realizan su trabajo.
De
igual manera, diga lo que diga la constitución cubana, que al fin y
al cabo el régimen la viola o la modifica cuando le conviene, los
estafadores contra los sistemas de salud estadounidenses de Medicare
y Medicaid, quienes roban y estafan impunemente con tarjetas de
crédito falsificadas, o individuos dedicados al lavado de dinero,
bajo el pretexto de dirigir compañías de cambio de cheques,
no pueden ser protegidos con el pretexto de que por ser ciudadanos
cubanos no pueden ser extraditados.
Si
no lo fueran, la única manera de que el régimen pudiera quedar bien
ante el gobierno de Estados Unidos y otros países del mundo, así
como ante ese ente inútil y abstracto que se conoce como la opinión
pública internacional, sería desarrollando juicios públicos y
transparentes contra esos delincuentes cubanos, incorporando
explícitamente en los mismos información aportada por instituciones
estadounidenses de aplicación y refuerzo de las leyes, y en caso de
ser hallados culpables confiscar absolutamente todos sus recursos
mal habidos e imponiendo y haciendo cumplir sentencias de prisión
que no dejaran dudas de la seriedad y severidad de la justicia
cubana frente a los implicados en estos delitos. En caso contrario,
la posición del régimen quedaría muy debilitada y poco creíble en
estos asuntos, como ha sucedido hasta ahora.
La
contraparte de esta situación es la cantidad de cubanos viviendo en
Estados Unidos que tienen órdenes de deportación, que no se han
ejecutado porque La Habana se niega a aceptarlos, pues no los quiere
de regreso. Aunque la cantidad total de potenciales deportados se
dice que se acerca a los cuarenta mil, en ese listado se incluyen
personas que han cometido desde delitos graves hasta contravenciones
de tráfico o delitos de menor cuantía, y no todos deberían recibir
un rigor uniforme y despersonalizado cuando se analizaran sus casos,
a los que habría que darle solución de una manera o de otra.
La Base Naval de Guantánamo
El
tema de la Base Naval de Guantánamo ha salido a la palestra
últimamente, aunque a
primera vista parecía que cuando Raúl Castro lo planteó por primera
vez en la Cumbre de la CELAC en San José de Costa Rica no tendría
demasiadas posibilidades de prosperar en los análisis. “El
problema de Guantánamo no está sobre la mesa en estas conversaciones”,
se declaró oficialmente por la parte americana. Pero
no obstante que Estados
Unidos haya señalado reiteradamente que ese tema no está en el
contenido de las negociaciones que se llevan a cabo en estos
momentos para la reapertura de embajadas, no debería sorprendernos
si más adelante se comienza a discutir sobre el mismo, o si se
incluye oficialmente en las agendas de negociaciones futuras.
Las
posiciones sobre ese tema en Estados Unidos son variadas. Los
políticos tienen sus puntos de vista, y tienen además la
extraordinaria presión que significa la presencia en la Base de la
prisión para enemigos combatientes capturados en la guerra contra el
terrorismo, que Obama prometió eliminar en un año en cuanto asumió
su primer mandato en enero del 2009, y que sigue estando ahí y sin
señales evidentes de que se sepa qué es lo que habría que hacer para
darle solución a ese espinoso problema político.
Los
militares, por su parte, analizan la Base desde el punto de vista
militar y estratégico, y saben que lo que se podría hacer desde esa
Base desde el punto de vista estrictamente militar podría hacerse
igualmente contando, como se cuenta, con bases en Florida y Puerto
Rico, y con portaaviones, submarinos nucleares y la Cuarta Flota en
la región. De manera que, desde una óptica estrictamente militar, la
Base Naval de Guantánamo podría ser sacrificada por Estados Unidos
en una negociación, algo que sería totalmente diferente a
entregársela al régimen incondicionalmente, como pretende Raúl
Castro.
James Stavridis, ex comandante supremo del Comando Sur de EEUU y
posteriormente de la OTAN, que se encuentra retirado y es ahora
decano de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la
Universidad Tufts, dijo recientemente que
“es
probablemente inevitable que vamos a tener que regresarla de nuevo a
Cuba, pero se necesitaría una gran cantidad de trabajo diplomático
pesado”.
Consideró el territorio “estratégico y de gran utilidad”
como centro logístico para la Cuarta Flota y para operaciones
antinarcóticos y humanitarias, y centro de detención para
inmigrantes interceptados en el mar, proyectando el poder de EEUU en
la cuenca del Caribe, además de estar muy cerca de Haití, que muchas
veces necesita ayuda. Pero dejó bien claro que una gran operación
militar en nuestros tiempos nunca se lanzaría desde una instalación
como la Base Naval de Guantánamo.
Sobre este tema, los tremendistas alegan que sería peligrosa
cualquier negociación con la Base de Guantánamo, pues existiría el
peligro de que Estados Unidos la entregara al régimen y éste, de
inmediato o en breve plazo, se la arrendara a Rusia. Como si no
hubiera ninguna diferencia entre una negociación entre potencias
militares y un partido de dominó. Son los mismos que alertaban sobre
la supuesta “posibilidad” de que el régimen entregara de nuevo a
Rusia la base de espionaje electrónico de Lourdes, en las afueras de
La Habana, convertida hoy en Universidad de Ciencias Informáticas
(UCI), sin tener en cuenta las sustanciales diferencias tecnológicas
entre los medios de espionaje radio-electrónico de hace veinticinco
o treinta años con los existentes en la actualidad. Pero, en fin,
para agitar fantasmas y aparecer en la fotografía, cualquier medio o
cualquier declaración parece ser conveniente o aceptable para
algunos.
Lo
de la Base Naval de Guantánamo no ha terminado, ni mucho menos.
Apenas comienza. Y los veremos en los próximos meses, una vez que se
reabran las embajadas en Washington y La Habana.
El embargo
Otros dos temas que flotan sobre el proceso de “normalización” de
las relaciones tienen un peso específico diferente.
Uno
de ellos es el embargo, llamado “bloqueo” por el régimen, o más bien
“criminal bloqueo imperialista” por la propaganda castrista.
Hay
que reconocer que, de hecho, la batalla propagandística sobre “el
bloqueo” la ganó el régimen hace bastante tiempo. Durante más de
veinte años, anualmente, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprueba por aplastante mayoría una resolución estableciendo la
“necesidad” de poner fin a esa acción por parte de Estados Unidos, y
los únicos votos en contra de la resolución, además del de Estados
Unidos, corresponden al siempre fiel y seguro aliado Israel -no
siempre correspondido recíprocamente por la administración Obama
cuando esa pequeña pero brava nación se enfrenta a las amenazas y
agresiones del terrorismo árabe- y dos o tres diminutas naciones en
medio del Océano Índico, que más que por convicción o geopolítica lo
hacen por no enajenarse la imprescindible ayuda de Estados Unidos
para poder sobrevivir.
Contra “el bloqueo” se manifiestan comunistas, terroristas sin
trabajo, narcotraficantes, guerrilleros en activo, tontos nada
útiles, farsantes, oportunistas, frustrados, vividores,
acomplejados, y muertos de hambre políticos y sociales. Pero también
lo hacen muchos intelectuales, artistas, profesores universitarios,
hombres de negocios, políticos serios,
hombres de ciencia, religiosos, funcionarios internacionales,
burócratas de lujo, deportistas de renombre, y muchísimas personas,
sean de a pie, de a guagua o de a automóvil, pero que
fundamentalmente pueden definirse como personas decentes antes que
todo.
Y
eso es, sencillamente, nos guste o no, porque Fidel Castro ganó la
batalla sobre “el bloqueo”, mientras los anticastristas vivían
convencidos que la maldad de los Castro era tan evidente que debería
actuar como axioma para rechazar al régimen. Y aun hoy, cuando
tantas cosas se desmoronan, algunos siguen sin entender la realidad.
En
su discurso sobre el Estado de la Unión, tal vez el más importante
discurso que debe pronunciar cada año un Presidente de Estados
Unidos, Obama pidió al Congreso que comenzara a trabajar para lograr
el levantamiento del embargo al régimen de los Castro, que no es un
embargo contra Cuba ni mucho menos, sino contra la dictadura que la
oprime hace ya más de medio siglo.
La
tranquilizadora melodía celestial de que el levantamiento del
embargo es potestad del Congreso y no del Poder Ejecutivo, lo cual
es cierto, podría resultar consuelo de tontos para quienes piensen
que debido a esa condición el embargo será eternamente inamovible y
duradero.
Aunque la mayoría del Congreso en ambas cámaras está en manos de los
republicanos en estos momentos, eso no garantiza que siempre lo
estará, ni que el Congreso actuaría siempre sobre bases ideológicas
y morales exclusivamente, o que el establishment no funciona
si se trata de intereses demócratas, republicanos o independientes,
cuando es precisamente todo lo contrario.
No
hay que pensar que el Congreso decidiría ignorando, por ejemplo, los
intereses de los productores agropecuarios norteamericanos,
desesperados por vender sus productos al potencial mercado cubano
que necesita urgentemente alimentos de calidad a precios asequibles,
o los de productores industriales interesados en colocar nuevas
tecnologías o piezas de repuesto en la Isla, o los de empresas de
telecomunicaciones capaces de copar rápidamente ese mercado en Cuba,
o los de grandes empresas del turismo a las que les interesaría
poseer o controlar instalaciones recreacionales en aquella isla
paradisíaca, o los de compañías financieras y bancarias que saben
que el mercado cubano, aunque al comienzo pueda ser tan pobre como
tan virgen, tendrá muchas posibilidades de desarrollo -y pingües
beneficios- en la medida que todas las restricciones del embargo se
vayan flexibilizando y el país se vaya incorporando a la dinámica de
los mercados globales.
Sin
olvidar, además, que el Presidente de Estados Unidos tiene
facultades para aliviar o modificar algunas de las restricciones del
embargo, y que de acuerdo a lo que se ha visto hasta ahora, dentro
de su política de hacer concesiones importantes en las negociaciones
para demostrar buena voluntad -tanto hacia Cuba como hacia Irán-
Barack Obama podría perfectamente flexibilizar determinadas
restricciones, como las de las categorías de viajeros autorizados a
visitar la Isla legalmente, o de acomodar políticas que faciliten al
régimen acceder a créditos a pesar de su desastroso historial
crediticio y de pagos.
Compensaciones a damnificados por el régimen que viven en EEUU
Finalmente, un tema extremadamente complejo tiene que ver con las
compensaciones a damnificados por el régimen desde el comienzo de la
“revolución” hasta nuestros días. Sobre todo a partir de 1996, tras
el derribo de avionetas civiles de “Hermanos al Rescate” en aguas
internacionales, los tribunales han asignado a demandantes
compensaciones que en ocasiones alcanzan cifras tan astronómicas
como los miles de millones de dólares, y en otras de cientos o
decenas de millones.
El
problema, concretamente, es que tal cantidad de dinero del régimen
no existe en Estados Unidos, aun si se pudiera disponer libremente
de los dineros del Estado cubano que se mantienen en territorio
estadounidense desde hace mucho tiempo, hasta más de medio siglo en
ocasiones.
¿Cuál sería, entonces, la posibilidad real de que esas sentencias
judiciales se pudieran materializar? Y siempre considerando que
tales sentencias hubieran sido balanceadas y sujetas a derecho, de
acuerdo a los agravios juzgados, lo que podría reclamarse que se
sometieran a consideración nuevamente en caso de algún intento por
resolver estas y otras seguras desavenencias en estos temas.
Más que conclusiones, criterios iniciales para el análisis
Como
puede verse, son muchos y muy complejos los temas que están o
estarán en el tintero dentro de poco, y no se trata de cuestiones
que puedan ser resueltas con una consigna desde La Habana, pero
tampoco con una buena taza de café cubano o sabrosas croquetas en La
Carreta, y que requerirán de mucho talento, análisis y paciencia,
más que de declaraciones emotivas en la radio y la televisión, sean
en La Mesa Redonda habanera, la televisión en español del sur de
Florida, o la prensa de estanquillo en New Jersey o Los Ángeles.
Por
consiguiente, además de aceptar en este análisis que estamos ante un
verdadero cambio de época en las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos, hemos empezado a enunciar aspectos importantes y complejos
que se han puesto sobre la mesa de negociaciones y sobre los que
tendremos que estar pensando profundamente durante muchos meses por
delante.
Realmente, es imposible poder decir ahora lo que deberíamos hacer y
cómo hacerlo, pero al menos podemos, con seguridad, saber lo que no
deberíamos hacer. Y la clave es muy sencilla, demasiado: las
estrategias y tácticas utilizadas hasta el 17 de diciembre del 2014,
en Washington, La Habana o Miami (utilizando “Miami” como definición
genérica para todo el exilio cubano, radique donde radique, en
cualquier lugar del mundo) simplemente no funcionarán.
Por
lo tanto, es imprescindible buscar y encontrar otras nuevas que
resulten no solamente adecuadas, sino también realistas, posibles y,
por lo tanto, efectivas.
La
alternativa es quedar superados por la historia, aquí, allá y
acullá.
Los
hechos tendrán, como siempre, la última palabra.