Pablo Pascual Méndez Piña
Con la llegada del 2015 cumplieron 56 años los problemas más gordos
en Cuba. Pero entre las trabas más recientes asoma el apriete de tuercas
aplicado por la inmobiliaria Fénix S.A. a los más de 1.000 artesanos
cuentapropistas del Centro Cultural Almacén San José, perteneciente a la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
Fénix S.A., encargada de arrendar los inmuebles propiedad del Centro
Histórico, con domicilio legal en Monserrate 261 (Edificio Bacardí),
impuso en noviembre pasado un "inexplicable ajuste de contrato" a los
trabajadores cuentapropistas del complejo cultural Almacén San José.
Conjunto de medidas que según el 90% de los consultados, exacerba las
creencias que tras los acuerdos Obama-Castro, el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas Cuba-EEUU y el presumible levantamiento del
embargo, el consorcio GAESA se apresta a eliminar potenciales
competidores, en su afán por monopolizar la industria y acaparar las
mayores ganancias que aportará el turismo de cruceros procedente de
Norteamérica.
Según fuentes que resolvieron no identificarse por temor a perder sus
arriendos, en noviembre pasado fueron citados todos los usufructuarios
del susodicho Complejo Cultural, localizado en la calle Desamparados del
municipio Habana Vieja, con el propósito de que examinaran, a través de
una vidriera, las cinco páginas del "nuevo contrato de arrendamiento"
impuesto por la inmobiliaria Fénix S. A.
Los afectados fueron convocados por separado en grupos de 20 personas
y, a modo de ultimátum, les dieron 24 horas para aceptar las cláusulas
del documento so pena de perder el alquiler.
Entre las nuevas disposiciones se enumeran el aumento en 20% del
precio mensual del arriendo por una superficie inferior a los 3 metros
cuadrados —de 1.870 CUP (78 dólares) a 2.250 CUP (94 dólares)—; la
obligatoriedad de pagar un fondo equivalente a un mes de alquiler; pagar
la totalidad de los días incluyendo feriados y descansos; la
prohibición de que algún familiar o allegado sustituya al titular en la
renovación del contrato; y su vigencia por tan solo un año, periodo en
que la inmobiliaria se reservará el derecho a renovarlo o suspenderlo,
acorde a su conveniencia.
Tampoco la inmobiliaria Fénix S. A. costeará los gastos de energía
eléctrica, indemnizaciones, custodia de pertenencias ni reparaciones, a
pesar que por el arrendamiento del almacén San José, recauda más de
50.000 dólares mensuales, según estimados.
El contrato se ampara en los decretos leyes 304 y 310, ambos del año
2012. Además, entre otros puntos recomiendan a los usufructuarios
resolver los conflictos por la vía amistosa. De no llegarse a acuerdos
se apelarán a los órganos judiciales de la República. Sin embargo, para
nada fue reconocida la autoridad de los sindicatos, a pesar de las
promociones hechas por el gremio oficialista CTC para que los
trabajadores cuentapropistas integren sus filas.
Según la enciclopedia oficialista EcuRed, el almacén San
José fue fundado en 1847. Hacia 1870 fue ampliado y en su proyecto se
utilizaron más de 3.000 toneladas de acero estructural. Bajo su
techumbre se depositaron cajas de azúcar, pipas de aguardiente, toneles
de arroz, sacas de café, pacas de algodón y tabaco, incluso, máquinas de
vapor. De igual forma, poseía un atracadero de cuatro metros de
profundidad. En 1917 fue remodelado nuevamente y en 1959 fue expropiado
por el régimen actual.
Tiene una superficie cercana a los 7.500 metros cuadrados (comparable
con una cancha de fútbol) y alberga un bazar con más de 500 cabinas,
donde se ofertan todo tipo de artesanías, bisuterías, cerámicas, talla
en madera, pieles, textiles, pinturas y antigüedades.
Los iconos más explotados por los artistas son la imagen de Ernesto
Guevara, la filigrana del ron Havana Club, la bandera cubana,
automóviles clásicos, vistas de la ciudad, el Malecón, el Capitolio y el
castillo de los Tres Reyes del Morro, entre otros.
Coexisten varias cafeterías, oficinas de ETECSA, casas de cambio
CADECA, y grupos musicales amenizan sus espacios. Otros cuentapropistas
suministran comestibles y servicios. El almacén San José representa el
sustento de más de 1.000 hogares habaneros y de otras provincias.
San José adentro
"Primero nos sacaron de la Plaza de la Catedral para mudarnos a la
Plaza de Armas", apunta un veterano cuentapropista con más de 20 años en
la actividad que se identificó con el seudónimo de Cheo. "Después nos
acomodamos frente al Seminario de San Ambrosio, hasta que a finales del
2009 Eusebio Leal nos trasladó para acá [el almacén San José] donde hay
mejores condiciones, pero vienen pocos turistas. Tampoco la Oficina del
Historiador hace publicidad para atraer consumidores".
"Los artesanos cuentapropistas le molestamos al Gobierno", asegura
Cheo. "Por vender aquí en el Centro Histórico tenemos que pagar el
triple de los impuestos que pagan otros por la misma actividad… Ahora
para colmo, el nuevo contrato nos impone depositar sin recibir
explicaciones un fondo 2.250 CUP (94 dólares)… También hacemos un aporte
'voluntario/obligatorio' para comprar medicinas para los niños con
cáncer, aunque desconocemos el verdadero destino de la recaudación. Las
sospechas se fundamentan en que la caja fuerte donde se guardaba ese
dinero fue robada y no nos dieron detalles de su paradero".
"De la misma forma los inspectores de la ONAT, todos corruptos,
vienen a exprimirnos. Lo que nos inquieta es que el nuevo contrato
represente el principio del fin… Pero de que nos sacan nos sacan… Qué
barbaridad, después de Eusebio Leal, el diluvio", afirma.
"Detrás de este embrollo están los militares", asevera otro opinante
refiriéndose a GAESA. "Esos hijos de putas son lo más antipueblo que
hay. El yerno de Raúl [Luis Alberto Rodríguez López-Callejas] es una
suerte de Arsenio Lupin en versión cubana, un caballero ladrón que hizo
el pan con el suegro. Si levantan el bloqueo, los militares, a imagen y
semejanza de la mafia rusa, se convertirán en los magnates de Cuba. Los
propios afectados tienen miedo de protestar y huyen de tu lado cuando
alzas la voz. Qué asco de país."
"Pasaron una lista, para recolectar firmas y organizar un pleito con
un abogado", apunta otra usufructuaria. "Firmaron 180 afectados, el
resto no lo hizo por miedo y alegan que 'la inmobiliaria se limpiará el
culo con el papel'. La gente se resigna, porque el poder está por encima
de la razón".
Y concluye: "Si el propósito de los militares [GAESA] es sacarnos,
considero que nadie podrá impedirlo. Cuando los cruceros norteamericanos
arriben a La Habana ya veremos como 'el pueblo uniformado' [el
ejército] se embolsilla el dinero de los yumas. A ellos se les importará
un bledo si comen o no las familias que dependen de este almacén. Con
Raúl y los militares seguiremos bloqueados. Esa es la cruda realidad".