queda por sentado que el senor fiscal no se refiere a las verdaderas causas de la corrupcion en el pais, las cuales se ubican en un sistema de control y coercion social de reproduccion
de la pobreza estructural, que ha generado una escasez agonica por cinco decadas y la perdida de los valores de pertenencia y al trabajo honrado. como dice liborio: "ladron que roba a ladron tiene 100 anos de perdon".
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En un extenso
reportaje que publica la edicion dominical de Reynaldo Cruz Rivera, fiscal jefe del Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la República reconoce que
«Las manifestaciones de corrupción detectadas en 2014 dan la medida de
que este es un problema pendiente que el país se esfuerza en disminuir a
niveles tolerables, pues no podemos esperar a que el delito y la
corrupción como fenómenos sociales serán eliminados, pero estamos en la
obligación de reducirlos para que los casos no impacten el desarrollo
económico del país, el bienestar de la población y la institucionalidad»
El fiscal Cruz subraya "...como causa coincidente en las violaciones
detectadas en 2014 la falta de un ambiente de control en las
instituciones económicas, incluso en el caso de las formas de gestión no
estatales, en las que ya se han comprobado ciertos desórdenes.
«Cuando hablo de control me refiero al interno, contable y
administrativo, que comprende las acciones ejecutadas para mantener la
claridad de los hechos económicos de una administración. Pero ocurre que
algunos administrativos no conocen lo que sucede porque carecen de
mecanismos de control eficientes», apunta el Fiscal Jefe.
«Muchas veces se interpreta el control interno con haber implementado
la Resolución 60 de la Contraloría General de la República en papeles y
tener el Comité de Control, pero esto tiene que estar instrumentado en
la práctica.
«El ambiente de control va más allá de los mecanismos de
implementación del control interno, va a la psiquis y al modo de actuar
de los trabajadores, e implica que todo el mundo sepa en la entidad que
para mover un activo necesita un documento de traslado», ilustra Cruz
Rivera.
Otra cuestión común en los lugares es la falta de apego a lo
establecido, significa el jurista. Las personas saben que muchas
actividades no pueden hacerse, pero confían en que no tendrá
trascendencia el incumplimiento. Ocurre igualmente que las acciones de
control a veces se practican mucho en un sitio y nunca en otros. Una
situación que se repite es que la entidad ha realizado varias acciones
de control, y cuando llega la Fiscalía se detectan irregularidades e
ilegalidades graves, incluso al extremo de procesos penales, señala el
Fiscal Jefe. Entonces las acciones anteriores no fueron efectivas".
Por otra parte destaca el hecho que "...«En un alto porcentaje de los casos no hay correspondencia entre la
violación imputada y la medida impuesta. Las administraciones no las
aprecian como necesidad correctiva para quien se equivocó".
En el informe presentado días atrás por el Fiscal Jefe del
Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la
República a la Asamblea Nacional del Poder Popular se hace referencia a
las causas y condiciones que fueron factor común de los hechos
delictivos y la corrupción en los sectores verificados en 2014, cuando
se realizaron 396 verificaciones y se detectaron 2 726 violaciones de la
legalidad.
Entre los factores se encuentran la pérdida de principios éticos y
valores morales de los responsables, fisuras en el sistema de control
interno y deficiencias en la contratación, por solo citar ejemplos
colectivos.
Teniendo en cuenta que las principales actividades verificadas en el
período fueron el abastecimiento de productos de primera necesidad para
la población, los sistemas de inspección estatal, las oficinas de
control y cobro de multas, la entrega de tierras ociosas en usufructo y
el experimento sobre la comercialización de productos agropecuarios,
aparecen otras causas más particulares.
Estas son la falta de sistematicidad y morosidad en la gestión de
cobro de multas; la inexistencia de mecanismos efectivos que contribuyan
al cumplimiento de los términos en la entrega de tierras en usufructo y
de un sistema integrado de inspección para verificar el uso de las
mismas; problemas en la comercialización de productos agropecuarios que
provocan el alza de los precios; y la carencia de control y supervisión
al cumplimiento de las actividades aprobadas para el trabajo por cuenta
propia.
Señala Annia Hernández que las principales manifestaciones de
corrupción identificadas se distribuyen en grupos de actividades:
vinculadas al salario están la falsificación de nóminas y la obtención
del dinero a partir de reportes de trabajo falsos. Relacionadas con el
comercio y la gastronomía se halló la apropiación de productos
alimenticios utilizando subterfugios con las mermas y los faltantes o
con la falsificación de las normas de elaboración o inventarios a precio
de venta, para los alimentos liberados.
Igualmente se dejaron de ofertar a la población piezas de equipos del
programa energético y se verificaron faltantes y mala manipulación de
materiales de la construcción. Fueron identificados pagos de altas sumas
de dinero a personas naturales o trabajadores por cuenta propia por la
realización de trabajos no ejecutados, o contratos con estos
particulares concertados, que se ofertan estatalmente a precios
inferiores.
Respecto al control del sistema de inspección estatal, en el cobro de
multas se detectaron simulaciones de imposición de multas para adquirir
pagos por estimulación, cancelación de estas en beneficio de amistades,
cobro por personas no autorizadas y la apropiación reiterada del
efectivo utilizando comprobantes de pago de otros infractores. Además se
omitió la reevaluación de condiciones éticas y morales de los
inspectores, y depósitos de dinero ocupado por contravención fueron a
unidades no autorizadas.
Relacionado con las formas de gestión no estatal, se detectaron
medios adquiridos injustificadamente, pues no estaban relacionados con
el objeto social de las entidades, sino que se trataba de beneficios
personales. Se practicaron actividades no autorizadas y fueron
comercializados productos no permitidos ni declarados.
Además se descubrió la sustracción y venta a precios superiores de
combustible, con la manipulación de las tarjetas magnéticas habilitadas y
las hojas de ruta de los vehículos; el hurto de ganado por los
encargados estatales de controlarlo, que posteriormente legalizan a
nombre de un familiar; la exigencia o recibo de dádivas para legalizar
trámites en las direcciones municipales de Vivienda o de Planificación
Física, y ventas de terrenos estatales simulando la concesión del
derecho perpetuo de superficie para beneficiar a terceras personas.
«En los procesos de contratación vimos que no se cumplen los
procedimientos de licitación y selección dentro de la cartera de
proveedores, con el propósito de obtener ganancias beneficiando a un
proveedor que generalmente se mantiene en las negociaciones», agrega
Hernández.
Cruz Rivera resalta que estas manifestaciones son las relacionadas
con la economía interna, pues la externa presenta fenómenos de índole
más compleja. Con la implementación de la Ley de Inversión Extranjera,
en diciembre de 2013, la Fiscalía General creó la Dirección de
Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, para la investigación y
procesamiento de personas que incurren en faltas graves,
fundamentalmente en estos ámbitos.
El Fiscal Jefe ubica como violaciones en el plano exterior la
concesión de contratos para favorecer a los socios extranjeros en
perjuicio de la economía cubana, errores en la licitación de los
contratos para favorecer a un socio extranjero a cambio de conseguir
algún beneficio, y la falta de contrapartida entre el que negocia y el
que dirige la actividad.
El reportaje de la periodista Susana Gómes Bugallo
puede verse aqui >>
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