El diputado por el estado Táchira Abelardo Díaz solicitó este martes formalmente a la Procuraduría General que en nombre del estado venezolano proceda a demandar penalmente en instancias internacionales al gobierno de la República de Cuba.
Señaló que la acusación es por estafa en contra del país, por más de $170 millones, así como resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios en contra del patrimonio de la República.
En tal sentido manifestó que esto se debe al incumplimiento del contrato para desarrollo de solución tecnológica integral, firmado en el año 2008 con la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistema, para la elaboración y suministro de las cédulas electrónicas a los venezolanos. Recordó que esta contratación tenía un año como lapso de duración, contado a partir de la firma del acta de inicio, de lo cual han transcurrido más de cinco años sin que hasta el momento exista respuesta alguna del gobierno cubano, ni intención de revisar esta grave situación.
El parlamentario explicó que en dicha contratación el gobierno cubano fue representado por la Universidad de la Ciencias Informáticas, personificada en el ciudadano Germán Sánchez Otero, el entonces embajador de Cuba en nuestro país y la empresa Albet Ingeniería y Sistema, empresa de maletín que terminó siendo una fachada del gobierno de los hermanos Castro.
Manifestó que esta empresa cubana solo terminó siendo una intermediaria para quedarse con una tajada gigante de dólares, por unos servicios que jamás le prestó al Estado venezolano. Informó que en esta época en que el Gobierno asegura que liberará una lucha contra la corrupción y la defensa económica del país, se hace necesario en defensa del patrimonio de la nación, demandar el cumplimiento de dicho contrato. Destacó que los firmantes de dicho contrato en representación del gobierno venezolano, del entonces presidente Chávez fueron los hoy diputados oficialistas, Pedro Carreño en su condición de ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, y José Javier Morales como presidente de la Misión Identidad, quien además fue designado como Gerente General del Proyecto para hacerle seguimiento y control al mismo en nombre del Estado venezolano.
Expresó que hace dos años solicitó ante la Asamblea Nacional una investigación sobre este caso y ambos diputados negaron la misma con su voto. Advirtió que "no basta tener patria si no tenemos coraje para defenderla", por ello exhortó al Gobierno a defender los intereses de la nación en este caso, y demandar sin más dilación, la nulidad de este contrato exigiendo el respectivo resarcimiento y ejerciendo las acciones penales contra los responsables de esta estafa a la nación.
Señaló que la acusación es por estafa en contra del país, por más de $170 millones, así como resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios en contra del patrimonio de la República.
En tal sentido manifestó que esto se debe al incumplimiento del contrato para desarrollo de solución tecnológica integral, firmado en el año 2008 con la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistema, para la elaboración y suministro de las cédulas electrónicas a los venezolanos. Recordó que esta contratación tenía un año como lapso de duración, contado a partir de la firma del acta de inicio, de lo cual han transcurrido más de cinco años sin que hasta el momento exista respuesta alguna del gobierno cubano, ni intención de revisar esta grave situación.
El parlamentario explicó que en dicha contratación el gobierno cubano fue representado por la Universidad de la Ciencias Informáticas, personificada en el ciudadano Germán Sánchez Otero, el entonces embajador de Cuba en nuestro país y la empresa Albet Ingeniería y Sistema, empresa de maletín que terminó siendo una fachada del gobierno de los hermanos Castro.
Manifestó que esta empresa cubana solo terminó siendo una intermediaria para quedarse con una tajada gigante de dólares, por unos servicios que jamás le prestó al Estado venezolano. Informó que en esta época en que el Gobierno asegura que liberará una lucha contra la corrupción y la defensa económica del país, se hace necesario en defensa del patrimonio de la nación, demandar el cumplimiento de dicho contrato. Destacó que los firmantes de dicho contrato en representación del gobierno venezolano, del entonces presidente Chávez fueron los hoy diputados oficialistas, Pedro Carreño en su condición de ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, y José Javier Morales como presidente de la Misión Identidad, quien además fue designado como Gerente General del Proyecto para hacerle seguimiento y control al mismo en nombre del Estado venezolano.
Expresó que hace dos años solicitó ante la Asamblea Nacional una investigación sobre este caso y ambos diputados negaron la misma con su voto. Advirtió que "no basta tener patria si no tenemos coraje para defenderla", por ello exhortó al Gobierno a defender los intereses de la nación en este caso, y demandar sin más dilación, la nulidad de este contrato exigiendo el respectivo resarcimiento y ejerciendo las acciones penales contra los responsables de esta estafa a la nación.
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