La policía española de Sevilla está investigando al exgerente de la Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de esa ciudad (LIPASAM), Rafael Pineda, entre otras irregularidades por un caso de posible fraude en el que aparece involucrada Cuba.
La pesquisa, según destaca este martes el diario español ABC, se extiende a la gestión llevada a cabo por la llamada Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), que se encarga de retirar de la vía pública los carros que la policía sevillana identifica como fuera de uso.
Fuentes policiales indicaron al periódico que la investigación se centra en un convenio suscrito por LIPASAM con la Asamblea del Poder Popular de La Habana en 2010 para el supuesto envío de algunos de esos carros a Cuba.
También en la demolición como chatarra de más de mil de esos automóviles que la empresa municipal no habría facturado ni tampoco dado constancia de su destino.
ABC revela que el escándalo explotó luego de una denuncia a fines de 2011 según la cual alguien habría estado lucrando con el trasiego de tales vehículos.
El diario apunta que algunos de los carros “supuestamente enviados a Cuba, según consta en los archivos” de LIPASAM “jamás llegaron a la isla”, y que algunos presuntamente demolidos “podrían haber sido entregados a terceros para su puesta en circulación de nuevo”.
Según la información, el convenio con Cuba comprendía sólo los vehículos que se encontraran en un estado aceptable de conservación y, según las fuentes consultadas, del gasto del envío se iba a hacer cargo la Asamblea del Poder Popular de La Habana.
“Sin embargo—señala ABC--, habrían aparecido casos de coches supuestamente enviados a Cuba que también tendrían certificado de demolición en el desguace y viceversa, lo que haría muy difícil comprobar qué se hizo exactamente con esos vehículos”.
Se estima que más de mil autos habrían sido destinados para demolición entre 2008 y 2010, y que el dinero dejado de percibir por LIPASAM en ese tiempo superaría los 100 mil euros.
La pesquisa, según destaca este martes el diario español ABC, se extiende a la gestión llevada a cabo por la llamada Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), que se encarga de retirar de la vía pública los carros que la policía sevillana identifica como fuera de uso.
Fuentes policiales indicaron al periódico que la investigación se centra en un convenio suscrito por LIPASAM con la Asamblea del Poder Popular de La Habana en 2010 para el supuesto envío de algunos de esos carros a Cuba.
También en la demolición como chatarra de más de mil de esos automóviles que la empresa municipal no habría facturado ni tampoco dado constancia de su destino.
ABC revela que el escándalo explotó luego de una denuncia a fines de 2011 según la cual alguien habría estado lucrando con el trasiego de tales vehículos.
El diario apunta que algunos de los carros “supuestamente enviados a Cuba, según consta en los archivos” de LIPASAM “jamás llegaron a la isla”, y que algunos presuntamente demolidos “podrían haber sido entregados a terceros para su puesta en circulación de nuevo”.
Según la información, el convenio con Cuba comprendía sólo los vehículos que se encontraran en un estado aceptable de conservación y, según las fuentes consultadas, del gasto del envío se iba a hacer cargo la Asamblea del Poder Popular de La Habana.
“Sin embargo—señala ABC--, habrían aparecido casos de coches supuestamente enviados a Cuba que también tendrían certificado de demolición en el desguace y viceversa, lo que haría muy difícil comprobar qué se hizo exactamente con esos vehículos”.
Se estima que más de mil autos habrían sido destinados para demolición entre 2008 y 2010, y que el dinero dejado de percibir por LIPASAM en ese tiempo superaría los 100 mil euros.
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