Nueva Ley de Inversiones disgusta a pequeños negociantes en Cuba

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Iván García Quintero

Una paradoja. En un elegante bar particular del Vedado, un extranjero le describía al dueño los pormenores de la Ley para las inversiones extranjeras aprobada por el Parlamento cubano el pasado 29 de marzo.

“¿Pero cómo es posible que no estés informado sobre esa ley?”-indagaba asombrado el forastero. “Por dos razones, una, que por higiene mental no leo la prensa oficial. Dos, que esta nueva ley no me trae ningún beneficio”, respondió el propietario.

Más o menos por esa cuerda andan las opiniones entre los cubanos dueños de pequeños negocios. Yoenis, propietario de tres autos y dos jeeps americanos de los años 50 que los alquila como taxis, sí leyó en Granma todo lo concerniente a la Ley de Inversiones Extranjeras.

“Es otra muestra del desprecio del gobierno hacia  los cubanos que vivimos en la isla. Otro nuevo apartheid. Se sigue prohibiendo la participación del capital nacional en futuros negocios. Una estupidez colosal. Lo que hace que una nación se desarrolle son las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántos inversionistas foráneos vendrán a Cuba con 2 mil o 3 mil millones de dólares para invertir? Muy pocos. Sin embargo, hay cubanos que han prosperado en los negocios privados y que pueden invertir en micro empresas de transporte, ventas de ropa y mercancías. Si se nos autorizara a importar  vehículos e insumos directamente del extranjero, muchos problemas económicos se resolverían a la vuelta de unos pocos meses”, dice Yoenis.

Habaneros como Yoenis, con pequeños negocios dedicados a la transportación, se encuentran en un limbo jurídico. Algunos tienen una flotilla de hasta 6 o 7 vehículos. Y le dan trabajo a un promedio de 15 personas, entre choferes y mecánicos.

Han demostrado una mayor y mejor gestión que las empresas estatales. “Fíjate, solo en La Habana ruedan alrededor de 10 mil ‘almendrones’ (carros viejos) fabricados hace más 60 años en Estados Unidos. Hace 6 años, el gobierno le compró 500 ómnibus articulados a China y por falta de piezas, hoy la mitad está parado. Un chofer de ómnibus urbano gana legalmente, sin robar el pasaje de la alcancía, entre 900 y 1,200 pesos mensuales. Yo trabajo 12 horas diarias para un señor que es dueño de cuatro autos y en un día malo gano 300 pesos. Trabajo 24 días y al mes como promedio obtengo entre 9,500 y 11 mil pesos. Compara las diferencias”, señala un taxista habanero.

Charles, dueño de un paladar, enciende un cigarrillo y progresivamente se va enfadando mientras disecciona la nueva ley de inversiones. “Además de racista y aislacionista con los cubanos, tiene agujeros que provocan dudas. ¿Por qué un empresario extranjero no puede contratar directamente al personal que trabajará en su negocio si es él  quien pone el capital?”.

Luego de aplastar el cigarrillo en un cenicero,  añade: “La respuesta es simple. Es para el gobierno darle empleo a sus partidarios y militares jubilados. Lo positivo es que rebajan las tasas de interés, lo hacen por pura necesidad económica. Tampoco abiertamente la nueva ley dice que los cubanos residentes en el exterior puedan invertir en Cuba. La otra ley, de 1995, decía lo mismo. Es verdad que lo que una ley no prohíbe es permitido, pero una comisión gubernamental es la que autoriza los negocios. Esta ley penaliza a un grupo de cuentapropistas, que no somos pocos, casi medio millón, que de una forma u otra hemos recuperado sectores como el gastronómico, de transporte o reparaciones menores donde el rol del Estado era altamente ineficiente”, acota Charles.

Silvio, economista jubilado, es más rotundo. “El régimen envía un mensaje claro al mundo. Por ahora, tendrán bajas tasas arancelarias y una serie de concesiones, debido al hundimiento de las finanzas y lo descapitalizada que se encuentra la economía local. Pero existe un doble rasero. Si de verdad hubiese voluntad de liberalizar la economía, las primeras medidas serían rebajar los excesivos impuestos que ahogan el trabajo por cuenta propia y enmendar, en los lineamiento económicos, el epígrafe donde se plantea que a los particulares se les debe fiscalizar, para que no acumulen grandes cantidades de dinero”.

Osniel, propietario de dos camiones dedicados al flete y transporte de pasajeros, asegura que “si se nos abriese la cancha de juego, contribuiríamos de una forma mucho más efectiva a resolver nudos gordianos como la producción agrícola y el transporte. Nuestra participación en esos dos sectores no entra en contradicción ni afecta al capital extranjero. Más bien se complementan”.

Héctor, campesino dueño de una finca en el centro de la isla, está convencido que la respuesta para despegar definitivamente la producción agrícola la tiene el gobierno en sus manos.

“Cuando se eliminen trabas como los centros estatales de acopio, al cual debemos venderles un alto por ciento de las cosechas a precios injustos, cuando los campesinos podamos comprar paquetes tecnológicos, insumos de trabajo, fertilizantes, tractores o solicitar préstamos, directamente en otros países, tú verás que el marabú desaparece y habrán tantos productos agrícolas que nos convertiríamos en exportadores. Todo pasa por cambiar las reglas del juego”.

Y en valorar la capacidad de sus ciudadanos para los negocios. Cuando en 1959  Fidel Castro llegó al poder, buena parte de la prosperidad económica e industrial de la República, estaba en manos de pequeños, medianos y grandes empresarios nacidos en Cuba o cubanos naturalizados.