La noche del viernes 18 de julio Benny Palmeri-Bacchi iba camino a
unas vacaciones en el maravilloso mundo de Disney en Orlando, cuando fue
arrestado por agentes de la agencia antidrogas DEA
en el aeropuerto internacional de Miami y llevado ante un tribunal
federal por delitos de tráfico de cocaína, obstrucción de la justicia,
lavado de dinero y extorsión. Palmeri-Bacchi es abogado, era juez en
Venezuela y se le acusa de impedir la deportación de uno de los narcos
colombianos más buscados entre 2009 y 2010, con ayuda del entonces jefe
de la Oficina de Interpol en Caracas. Palmeri se había dedicado al
negocio de los alimentos estos últimos años: era directivo de la cámara
de empresarios venezolanos del Mercosur
y propietario de media docena de empresas en el sur de Florida y en
Venezuela. Ya era lo que los venezolanos de ambas orillas llaman un boliburgués:
un miembro de la nueva oligarquía que floreció a la sombra del chavismo
y que lo mismo que las anteriores, conserva el gusto de invertir en
Miami su súbita –y con frecuencia mal habida- riqueza.
El origen de estas nuevas fortunas venezolanas es diverso: bien pueden provenir del narcotráfico
y el lavado de dinero, como sospechan las autoridades federales en el
caso del exjuez Palmeri, o de la corrupción que crece al amparo de la
bonanza petrolera –en especial, de los contratos con el Estado y del
control de cambio establecido en 2003 justamente para evitar la fuga de
capitales. El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, admitió en enero
que solo entre 2012 y 2013 el Estado entregó 20.000 millones de dólares
para importaciones, a precios preferenciales, a empresas de maletín.
Parte de ese dinero ha venido a parar a Florida y ha contribuido a la
recuperación del mercado inmobiliario local, golpeado por la crisis
económica de 2011.
Esta gran inyección de capital venezolano ha llegado por dosis. Las
más altas y recientes han sido las de los exbanqueros afines al Gobierno
que cayeron en las intervenciones de entidades bancarias y casas de
bolsa de 2009; las de los jóvenes empresarios de la antigua oligarquía
caraqueña favorecida por el poder, conocidos como los bolichicos, entre 2009 y 2013; las de militares y funcionarios de rango medio que corrieron a resguardar “sus ahorros” cuando el presidente Hugo Chávez
enfermó de cáncer en 2011; y el de altos cargos caídos en desgracia,
que pactaron con la justicia de Estados Unidos a cambio de información
sobre los manejos turbios del chavismo. Otros siguen aún conectados con
la administración del presidente Nicolás Maduro
y compran, invierten y vacacionan en Florida; y algunos legisladores
floridianos creen que Washington debe sancionarlos con firmeza, tanto
por sus fraudes como por su responsabilidad en las denuncias de
violación a los derechos humanos en Venezuela.
“Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en Estados Unidos", dice un senador republicano
“Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en
Estados Unidos. Cuando roban dinero en Venezuela, a menudo utilizan
empresas-fachada y testaferros para invertir ese dinero en nuestra
economía, sobre todo en Florida. No hay ninguna razón en el mundo por la
que no deberíamos ir tras estas personas por lo que han hecho”, dijo en
junio pasado el senador republicado de Florida Marco Rubio, cuando el
Congreso discutió sin resultados la moción de aprobar sanciones contra
estos funcionarios. El grueso de los demócratas se resistía a esta
medida hasta este 30 de julio, cuando el Gobierno de Barack Obama
anunció unilateralmente que revocaría y denegaría visados a un grupo de
altos cargos venezolanos, considerados “responsables o cómplices” de la
represión a las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que
comenzaron en febrero y donde murieron más de 40 personas y miles fueron
detenidas. Washington no reveló ni los nombres ni el número de
funcionarios afectados por la medida, pero se sabe que hay entre ellos
“desde ministros a asesores presidenciales y funcionarios judiciales,
además de militares y agentes de la ley”.
El cambio de opinión del Departamento de Estado
ocurrió luego de que las autoridades holandesas liberaron al exjefe de
los servicios de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal,
señalado delitos de narcotráfico y pedido en extradición por Estados
Unidos. Carvajal fue detenido en la isla caribeña de Aruba este 24 de
julio, el mismo día en que el exjuez Palmeri-Bacchi tuvo su primera
audiencia ante la corte federal del Distrito Sur de Florida. Hugo
Carvajal fue liberado 72 horas después bajo el alegato de que gozaba de
inmunidad diplomática, y fue recibido en por el Gobierno de Caracas como
un héroe que había logrado escapar de una trampa del ‘imperio’.
Durante las primeras horas del arresto, el chavismo temía que Carvajal
hubiese llegado a un arreglo con las autoridades estadounidenses, como
ya lo han hecho otros en el pasado. En abril de 2012, el exmagistrado
del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el coronel retirado Eladio
Aponte Aponte, huyó de Venezuela a Costa Rica y llegó a Estados Unidos
en un vuelo de la agencia antidrogas DEA, donde hizo públicas toda clase
de acusaciones que involucraban a altos cargos del Gobierno con el
tráfico de drogas y la manipulación del Poder Judicial con fines
políticos. También el exteniente Alejandro Andrade -desde 1998,
secretario privado de Chávez, viceministro, presidente de fondos de
desarrollo, tesorero de la nación y presidente del banco estatal de
desarrollo Bandes- parece haber llegado a un acuerdo con Washington
luego de que el Departamento de Estado revocó su visado de empresario en
2013 por su participación en un esquema millonario de sobornos.
Caballos purasangre
“Andrade inició conversaciones sobre un posible acuerdo de
cooperación con el gobierno norteamericano a fines del verano de 2013
(…) El hecho de que las negociaciones fueron fructíferas lo demostró su
presencia durante las competencias de salto en Wellington en febrero y
marzo de 2014”, escribe el periodista venezolano afincado en Miami Casto
Ocando, en su libro “Chavistas en el imperio: secretos, tácticas y
escándalos de la revolución bolivariana en Estados Unidos” (Factual,
2014). A la par de sus actividades en Venezuela, Alejandro Andrade se
hizo propietario de la escuela de equitación Hollow Creek Farms, en
Carolina del Norte, y comparte el publicitado gusto del chavismo por los
caballos pura sangre.
El banquero Arné Chácón -exteniente de fragata y hermano del actual
ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón- también tuvo un establo
llamado Gadu Racing Stable Corp. a media hora de Miami. Lo compró unos
meses antes de que el presidente Hugo Chávez ordenara su detención por
fraude a la nación, en noviembre de 2009, y lo vendió antes de salir en
libertad condicional, en diciembre de 2012. En su lugar funciona ahora
Rontos Stable Corp.: otro establo, propiedad de Ronald Sánchez, hermano
del Superintendente Nacional de Valores de Venezuela, Tomás Sánchez, que
condujo la intervención de siete entidades financieras en 2009, entre
las cuales se contaba el banco de Arné Chacón.
En Miami y las pequeñas
ciudades que la rodean se concentra también la más grande comunidad de
venezolanos en la diáspora, en su mayoría opositores al chavismo, que
han intentado gestos de rechazo contra los gustos millonarios de quienes
identifican como ‘boliburgueses’. El 22 de mayo, las autoridades de
Miami-Dade aprobaron una resolución simbólica para declarar personas non gratas
a los nuevos dueños del canal de noticias venezolano Globovisión –Raúl
Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero—, tres días después de
que el diario El Nuevo Herald
publicara un reportaje sobre las millonarias propiedades que estos
poseen en una de las áreas más lujosas del sur de Florida, Cocoplum, en
la ciudad de Coral Gables. “Por aprovecharse hipócritamente de los
beneficios de nuestra democracia, mientras ayudan al gobierno de
Venezuela a negar (a sus ciudadanos) esos beneficios de derechos
humanos, libertad de expresión y democracia”, decía el documento
original. Pero uno de los socios amenazó con demandar a la ciudad por
manchar sin pruebas su reputación y en el último minuto, la
municipalidad decidió modificar el documento, retirando los nombres de
los empresarios.
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