Armando Navarro Vega
Las Reservas del Comandante
Todas estas
corporaciones han contribuido de manera importante a engrosar las
famosas y conocidas en Cuba como “Reservas del Comandante”, unos
fondos de los que ha dispuesto Fidel Castro sin ningún tipo de
control ni fiscalización para hacer lo que le plazca.
Dichas reservas se
nutren en un porcentaje más o menos significativo de toda
actividad dentro y fuera del país que genere divisas, incluyendo
además de las firmas y corporaciones, las remesas de los cubanos
residentes en el extranjero (convertidas automáticamente en la
moneda del Monopoly, los CUC) la apropiación leonina de los
salarios de los trabajadores que laboran en el exterior en
empresas cubanas o extranjeras, en las famosas “misiones” o en los
organismos internacionales; de los ingresos de los artistas
plásticos, músicos, actores, y los deportistas que actúan como
“embajadores” de la revolución, de la venta del patrimonio
cultural y artístico de la nación, y del dinero proveniente de
todo tipo de actividades ilícitas, algunas de las cuales ya se han
analizado y de otras que se analizarán más adelante.
La voracidad es
insaciable. El Gran Tiburón Blanco le hinca el diente a todo lo
que se mueve. Según antiguos testaferros y ex agentes de la
inteligencia y la contrainteligencia, constantemente se depositan
jugosas sumas de dinero en bancos de Suiza, Panamá, Gran Caimán,
Lichtenstein o Londres. En este último caso los fondos van a parar
a un banco cubano, el Havana International Bank Ltd. (HAVIN) cuyas
siglas son HIB, que según dichas fuentes posee también un
importante número de acciones del Guinness & Mahon Bank.
El ex agente de la
inteligencia cubana Manuel de Beunza afirmó en una entrevista que
concedió al programa “María Elvira Live” de la televisión de
Miami, que él personalmente participó en la creación de más de 270
compañías, desde Japón hasta Argentina, que formalmente estaban a
nombre de algún testaferro, pero de las cuales Fidel Castro poseía
las acciones nominalizadas (incluido el banco HIB, creado según
declaró por él mismo y por Francisco Soberón Valdés, el ex
presidente del Banco Central de Cuba) convenientemente resguardas
de miradas indiscretas en las bóvedas del Banco Nacional. Según de
Beunza, no son propiedad de la República de Cuba ni del gobierno
cubano, son propiedad del dictador.
La inexistente sociedad
civil cubana no puede, por razones obvias, pedir cuentas ni
fiscalizar la actividad de todas esas empresas extranjeras, mixtas
o estatales que operan en divisas, ni tampoco de la miríada de
empresas, firmas y oficinas de representación inscritas fuera de
Cuba (muchas de ellas en España) bajo el nombre de los testaferros
del régimen, ya sean cubanos o extranjeros, que frecuentemente
protagonizan una deserción llevándose un botín.
La gran excusa, el
argumento que justifica el secretismo y la opacidad, las
operaciones clandestinas y el trasiego de maletines con fuertes
sumas de dinero al más puro estilo mafioso, es la necesidad de
burlar el “bloqueo” norteamericano.
Pero está claro que si
la élite en el poder quiere seguir disfrutando de la impunidad con
la que dispone de los recursos generados por ese entramado, y
continuar esquilmando a la nación, debe permanecer en la
clandestinidad, tolerar esos pequeños robos y asimilar algunas
pérdidas. Siempre aparecerá alguien inmediatamente que estará
dispuesto a sustituir al desertor, y continuar perpetrando el
despojo.
Los cubanos de a pie,
los que no tienen dólares ni CUC, no se benefician en nada de todo
este enorme entramado, y los que tienen alguna posibilidad de
conseguir divisas lo hacen en función de sus limitadísimas
posibilidades.
El nivel de precios de
los productos o servicios en cualquier tienda, hotel, cafetería,
restaurante o empresa de servicios que opera en divisas es muy
similar (o incluso superior) al que un turista puede encontrar,
por ejemplo, en España, y eso lo hace inaccesible para los
nacionales. Pero la justificación oficial es el mantenimiento de
los “logros sociales de la revolución” en materia de salud y
educación.
·
¿Dónde
está la bolita?
Más allá del universo
cerrado de los inversores extranjeros, las corporaciones y los
militares empresarios, se extiende una economía de subsistencia y
una sociedad enajenada y exhausta, un híbrido (como dijera Carlos
Alberto Montaner) entre un socialismo sin subvenciones y un
capitalismo sin libertad económica ni política, y sin
responsabilidad individual.
El propósito esencial
del socialismo residual cubano es garantizar la reproducción del
sistema de control y el mantenimiento de la estructura gobernante,
que posibilite un traspaso de poder sin sobresaltos entre la
generación sucesoria y los “históricos”, y una transición soft and
easy hacia el neocastrismo, la forma metamorfoseada de dominio
político y económico en que se sustanciará la supervivencia del
régimen.
Todos aquellos que en el
exterior llevan años “interpretando” signos de cambio y de
apertura en las actuaciones puntuales del régimen, me recuerdan a
los pobres incautos que se afanan en seguir con la vista los
rápidos movimientos de mano de los trileros para descubrir en cual
de los tres cubos se oculta la bolita.
Las “aperturas” han ido
y venido coyunturalmente ante la amenaza de colapso, y/o para
relajar tensiones a nivel interno y externo. Al rigor de la
Segunda Ofensiva Revolucionaria de 1968 le siguió la apertura de
finales de los 70´ y principios de los 80´ con la instauración del
SDPE y la autorización de actividades por cuenta propia, el
mercado campesino, el mercado artesanal y el mercado paralelo
examinada en el capítulo anterior, que a su vez se abortó con el
Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas.
Las carencias
asfixiantes del Período Especial que sobrevino a la Caída del Muro
se relajaron parcialmente con la reedición (corregida) de algunas
de aquellas medidas “liberalizadoras”, a partir de un conjunto de
nuevas leyes y resoluciones:
·
Se amplió
el trabajo por cuenta propia mediante el Decreto Ley nº 141 de
1993 del Consejo de Estado (complementado con la Resolución
Conjunta nº 1 de los ya extintos Comités Estatales de Trabajo y
Seguridad Social, y de Finanzas) que derogó el anterior Decreto
Ley nº 14 de 1978.
·
Dos años
después se amplió aún más el alcance de dichas actividades
mediante la Resolución Conjunta nº 4 de 1995 emitida por los
recién constituidos Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y
de Finanzas y Precios, a la que se añadió la Resolución nº 10 del
propio año que autorizó a los graduados universitarios para
ejercer las actividades u oficios permitidos, no así el ejercicio
privado de su profesión cualquiera que esta fuese.
·
El Decreto
Ley 142 de 1993 estableció la conversión de las granjas estatales
en Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC) retomando el
planteamiento del Comandante en Jefe de activar la creación de
cooperativas como “forma socializada” (y, por qué no decirlo,
“reversible” a partir de una simple decisión política) de
propiedad en la agricultura. Según esta fórmula el estado cede la
tierra en usufructo, y los cooperativistas se apropian del
producto y de las ganancias. Esto alteró “formalmente” la
estructura de las formas de propiedad en el sector agrícola,
porque la tierra siguió siendo estatal. El estado sería también en
un primer momento el único comprador a través del antiguo sistema
de acopio, hasta que volvieron, como las oscuras golondrinas, los
mercados agropecuarios.
·
La
reapertura de los mercados agropecuarios se autorizó a partir del
Decreto Ley 191 de 1994, complementado por una Resolución Conjunta
de los Ministerios de Agricultura y de Comercio Interior. Como
novedad se hace referencia “a la concurrencia en un mercado con
precios liberados” (previo cumplimiento de las obligaciones de
entrega de productos a acopio contraídas con el estado) de las
empresas y granjas estatales, las recién constituidas UBPC no
cañeras, las cooperativas de producción agropecuaria de siempre,
las granjas estatales, las empresas y unidades presupuestadas, los
productores en áreas entregadas para el autoabastecimiento
familiar, o los pequeños propietarios privados.
·
También se
reabrió, con algunas modificaciones, el mercado de productos
industriales y artesanales eliminado a mediados de los 80´,
mediante el Decreto Ley 192 de 1994 del Consejo de Ministros,
complementado por una Resolución Conjunta de los Ministerios de la
Industria Ligera y de Comercio Interior. En esta ocasión, en
ausencia del Mercado Paralelo, se autoriza a concurrir (junto con
los trabajadores por cuenta propia) a las llamadas industrias
locales del Poder Popular, previo cumplimiento de sus obligaciones
productivas con la administración o con los organismos a los que
pertenece. Al igual que en aquella primera ocasión, inmediatamente
se notó el incremento en la oferta de confecciones textiles,
calzados, muebles y enseres, inexistentes en las tiendas
estatales.
Sin embargo, el ascenso
al poder del gorila venezolano Hugo Chávez Frías el 2 de febrero
de 1999, representó progresivamente un alivio a la apremiante
situación económica del país, sobre todo a partir de 2002. A ello
habría que añadir la apertura de relaciones con China, Vietnam,
Angola o Brasil.
El turismo comenzó a dar
algunos frutos, el precio del níquel mantuvo una buena tendencia
durante algunos años, y la exploración petrolera permitió ampliar
la producción de crudo y gas natural. La despenalización del
dólar, la obligatoriedad de canjearlo por CUC en las CADECA, unida
a la actividad de las tiendas recaudadoras, permitieron controlar
de manera eficaz la disponibilidad de divisas en manos de la
población, provenientes mayoritariamente de las remesas de los
cubanos residentes en el exterior, así como de otras fuentes
minoritarias.
Ante el alivio de la
situación, de nuevo comenzaron a hacerse evidentes los recortes de
las medidas “liberalizadoras”. Como ejemplo de esto, se dejan de
conceder licencias para el desarrollo de cuarenta actividades por
cuenta propia mediante una resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de octubre de 2004, que supuestamente serían
asumidas por empresas y establecimientos estatales.
·
Vade retro
Varela, o “from here to eternity”
Pero antes se hizo mucho
más. En 2002 se modificó la Constitución para decretar “el
carácter irrevocable del socialismo en Cuba”, desterrando
por siempre jamás al capitalismo en una declaración sin
precedentes en el mundo. Para ello se convocó un referendo entre
los días 15 y 18 de junio de ese año, en el que 8.198.237 cubanos
estamparon su firma en un documento que, sin ningún pudor,
reclamaba el final de la historia para la isla.
Así quedó plasmada la
reforma constitucional “solicitada”, agregando este último párrafo
al Artículo nº 3:
“El socialismo y el
sistema político y social revolucionario establecido en esta
Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las
agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de
la potencia imperialista más poderosa que ha existido, y habiendo
demostrado su capacidad de transformar el país y crear una
sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no
volverá jamás al capitalismo.”
En el Artículo nº 11 se
adicionó este párrafo final a continuación del inciso c): “Las
relaciones económicas, diplomáticas, y políticas con cualquier
otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza
o coerción de una potencia extranjera”.
En el primer párrafo del
Artículo nº 137, dedicado a la Reforma Constitucional, se incluye
esta precisión: “Esta Constitución solo puede ser reformada por
la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado,
en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos
terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en
lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo
carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo 1, y
la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de un
potencia extranjera como se dispone en el artículo 11”.
Por último, se incluyó
una Disposición Especial en la cual se declara que:
“El pueblo de Cuba,
casi en su totalidad, expresó entre los días 15 y 18 del actual
mes de junio del 2002 su más decidido apoyo al proyecto de reforma
constitucional propuesto por las organizaciones de masas en
asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales que
había tenido lugar el día 10 del propio mes de junio, en el cual
se ratificó en todas sus partes la Constitución de la República y
se propone que el carácter socialista y el sistema político y
social contenidos en ella sean declarados irrevocables, como digna
y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno
imperialista de Estados Unidos el 20 de mayo del 2002. Lo que fue
aprobado por unanimidad de los presentes, mediante el Acuerdo No.
V-74 adoptado en sesión extraordinaria de la V Legislatura,
celebrada los días 24, 25 y 26 del mes de junio del 2002.”
¿Qué fue lo que ocurrió
para que el Comandante organizara esta descomunal y soberbia
pataleta? Claro que tratándose de él, y dado que lo declarado como
irreversible era el socialismo tropical, las reacciones
internacionales fueron moderadas ¿Alguien es capaz de imaginar la
que se hubiese montado a nivel planetario si, por ejemplo Bush,
hubiese decretado el carácter eterno del capitalismo en su país o
en el mundo?
El pretexto para dar
esta digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del
gobierno imperialista de Estados Unidos
fue el anuncio el día el 20 de mayo, fecha en que se celebra la
instauración de la República en 1902, de la “Iniciativa para una
nueva Cuba” por parte de George W. Bush, consistente en un
conjunto de propuestas encaminadas a “acelerar el proceso de
transición en la isla”.
El presidente
norteamericano instó al gobierno cubano a aplicar reformas
políticas y económicas, y a realizar elecciones libres y justas en
2003 para la Asamblea Nacional, a abrir su economía, a permitir
los sindicatos laborales independientes, y acabar con las
prácticas discriminatorias contra los trabajadores cubanos,
comprometiéndose a cambio a trabajar con el Congreso para aliviar
la prohibición de comerciar y viajar entre Estados Unidos y Cuba.
También ofreció facilitar el acceso a la ayuda humanitaria directa
al pueblo cubano por parte de grupos religiosos y organizaciones
no gubernamentales, promover el reinicio del servicio directo de
correo hacia y desde Cuba, y establecer becas en Estados Unidos
para los estudiantes y profesionales cubanos que traten de
construir instituciones civiles independientes, y para los
miembros de las familias de presos políticos.
En principio nada
particularmente amenazador ni lesivo para la soberanía nacional,
salvo que se confunda (como suele ocurrir por parte de la
“fanaticada” de izquierda) la soberanía de Cuba, con la soberana
voluntad del Comandante en Jefe.
Hay personas y grupos
disidentes dentro de la isla que eso es lo que piden, que están
privados de visibilidad, de reconocimiento, de voz, de recursos de
todo tipo y de espacios para dar a conocer su pensamiento, e
incluso de medios de subsistencia para ellos y sus familias, y que
en muchos casos sufren o han sufrido prisión por expresar sus
ideas.
Se trata de una desigual
batalla entre un león y un mono amarrado. Cuando el mono trata a
duras penas de girar la cabeza para morder al león, la izquierda
extrema protesta airadamente y acusa al mono de hacer trampa.
A los efectos prácticos
da igual que la ayuda la ofrezca el gobierno de los Estados
Unidos, o el Real Betis Balompié. Bienvenida sea. Esa ayuda
deberían ofrecerla en rigor las organizaciones e instituciones
internacionales que dicen luchar por el reconocimiento de los
derechos humanos. Eso es lo que debería pedir incluso una
izquierda mínimamente coherente con las ideas que dice defender.
Pero el hecho que
verdaderamente originó este furibundo exabrupto es la recogida de
unas 11,000 firmas en apoyo al “Proyecto Varela”
[1], documento que fue entregado al Parlamento cubano
el 10 de mayo de 2002 para su tramitación por su promotor y
fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá
Sardiñas, Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia en 2002
otorgado por el Parlamento Europeo, y recientemente fallecido en
circunstancias aún no del todo aclaradas.
 |
| Payá tras la entrega de dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional |
El Proyecto Varela,
acogiéndose escrupulosamente al derecho que otorgaba la
Constitución cubana a los ciudadanos para proponer cambios en las
leyes, recogió las siguientes propuestas con el objeto de
solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular “que se
realicen las transformaciones necesarias a las leyes para que,
preservando el bien común y el respeto a los derechos humanos
universalmente reconocidos y a la dignidad humana, se garantice a
los ciudadanos”:
·
El
derecho a asociarse libremente según sus intereses e ideas, de
manera que puedan constituir legalmente asociaciones y
organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales,
sindicales, estudiantiles, religiosas, humanitarias y de otra
índole, respetándose el principio del pluralismo y la diversidad
de ideas presentes en la sociedad.
·
Los
derechos a la libertad de expresión y de prensa, de manera que las
personas, individualmente o en grupos, puedan manifestarse y
expresar sus ideas, creencias y opiniones por medio de la palabra
hablada y escrita y por cualquier medio de difusión y de
expresión.
Las leyes que garanticen
estos derechos deberán entrar en vigor en un plazo no mayor de
sesenta días después de realizado este referendo.
Que se decrete una
amnistía para todos los detenidos, sancionados y encarcelados por
motivos políticos y que no hayan participado en hechos que
atentaron directamente contra la vida de otras personas. Esta ley
de amnistía deberá entrar en vigor en un plazo no mayor de treinta
días después de realizado este referendo.
Que se realicen las
transformaciones necesarias a las leyes para que se garanticen a
los ciudadanos los derechos a constituir empresas privadas, tanto
individuales como cooperativas, para desempeñar actividades
económicas que podrán ser productivas y de servicio, y a que se
puedan establecer contratos entre los trabajadores y las empresas
para el funcionamiento de estas empresas, en condiciones justas,
en las que ningún sujeto pueda obtener ingresos provenientes de la
explotación del trabajo ajeno. Estas nuevas leyes deberán también
garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y de los
ciudadanos, y a los intereses de la sociedad. Estas nuevas leyes
deberán entrar en vigor en un plazo no mayor de sesenta días
después de realizado este referendo.
Transformar la ley
electoral para que, en sus nuevos textos, garantice:
- La determinación de circunscripciones electorales para la elección, en cada caso, de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, de delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular y de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
- Que cada una de las circunscripciones determinadas para las elecciones municipales elija, por voto directo de sus electores, a un delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Cada elector podrá votar a un solo candidato a delegado.
- Que cada una de las circunscripciones determinadas para las elecciones provinciales elija, por voto directo de sus electores, a un delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular. Cada elector podrá votar a un solo candidato a delegado.
- Que cada una de las circunscripciones determinadas para las elecciones nacionales elija, por voto directo de sus electores, a un diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cada elector podrá votar a un solo candidato a diputado.
- Que los ciudadanos sean nominados como candidatos a delegados a las asambleas municipales y provinciales, y como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, única y directamente mediante firmas de apoyo de los electores de la circunscripción que corresponda, según las condiciones que se exponen en los puntos que hacen referencia a ello en esta petición.
- Que las condiciones necesarias y suficientes para que un ciudadano quede nominado como candidato sean:
- Cumplir con las condiciones que disponen los artículos 131, 132 y 133 de la Constitución de la República para que un ciudadano tenga derecho a voto y a ser elegido.
- La presentación ante las autoridades correspondientes, con un plazo no menor a los treinta días anteriores a las elecciones, de las firmas apoyando su candidatura, de no menos del 5% del número de electores de la circunscripción que aspira a representar. Cada elector sólo podrá apoyar, de esta forma, a un aspirante a candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, a un aspirante a candidato a delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular y a un aspirante a candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
- Residir en la circunscripción correspondiente si aspira a ser candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, residir en la provincia correspondiente si aspira a ser candidato a delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular y residir en el país si aspira a ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En cualquier caso, para ser candidato, deberá residir en el país al menos durante el año anterior a las elecciones.
- Que los electores, los aspirantes a candidatos y los candidatos tengan derecho a reunirse en asambleas, sin más condiciones que el respeto al orden público, para exponer sus propuestas e ideas. Todos los candidatos tendrán derecho al uso equitativo de los medios de difusión.
La nueva ley electoral
con los contenidos aquí expresados deberá entrar en vigor en un
plazo no mayor a los sesenta días posteriores a la realización de
este referendo.
Que se realicen
elecciones generales en un plazo comprendido entre los 270 días y
los 365 posteriores a la realización de este referendo.
La sobreactuación del
gobierno cubano da la medida del pánico que le provocó el Proyecto
Varela, enmarcado dentro de la legalidad establecida por el propio
régimen. Fue la primera vez que alguien intentó abrir una fisura y
pretendió desmontar los resortes del poder desde dentro, y con sus
propias reglas del juego.
El que se recogieran
11,000 firmas en apoyo a estas solicitudes es el reflejo real de
un clamor popular. Se trata de 11,000 hombres y mujeres que
traspasaron una línea infranqueable hasta ese momento, que
vencieron el miedo, que se quitaron la máscara, que fueron capaces
de arriesgarlo todo por intentar promover unos derechos ciudadanos
que ningún partido político de izquierda o de derecha en el mundo
se arriesgaría a rechazar, al menos públicamente.
Me atrevería a asegurar
(y me quedo corto) que el 99,9% de los 8'198,237
cubanos que firmaron la solicitud para institucionalizar la
eternidad del socialismo no han leído, ni antes ni después, el
Proyecto Varela, ni saben de la existencia del Movimiento
Cristiano Liberación, ni conocieron a Oswaldo Payá más allá de
alguna alusión aislada y peyorativa que pueda haber hecho el
régimen sobre su figura. Ello quizás tampoco hubiese modificado el
sentido de su voto. Su policía interior siempre está vigilante, y
usualmente puede más el temor a quedar “marcado” y a perder las
migajas del régimen, si no estampa su firma donde le indiquen
hacerlo. Pero el día en que se pueda simplemente hablar de estos
temas sin temor a represalias, será el momento de conocer el
sentir mayoritario de la población cubana.
§
La
farsa del cambio y el VI Congreso
En resumen, el Proyecto
Varela pide reconocer y otorgar el derecho de todo ciudadano
cubano:
§
a
asociarse libremente según sus intereses e ideas;
§
a la
libertad de expresión y de prensa;
§
a
constituir empresas privadas, a contratar y ser contratado para
desarrollar cualquier actividad económica en condiciones justas
que garanticen el respeto a los derechos de los trabajadores, de
los ciudadanos y de la sociedad en general;
§
a
presentar candidaturas, a elegir y ser elegidos como delegados a
las asambleas municipales, provinciales y a la Asamblea Nacional
del Poder Popular mediante el apoyo y el voto directo de los
electores en su lugar de residencia; a reunirse en asambleas sin
más condiciones que el respecto al orden público para exponer sus
propuestas e ideas, y a utilizar equitativamente los medios de
comunicación para darlas a conocer,
§
y por
último solicita una amnistía para todos los detenidos, sancionados
y encarcelados por motivos políticos, que no hayan participado en
hechos que atentaran directamente contra la vida de otras
personas.
Si la declaración del
carácter irrevocable del socialismo fue una respuesta negativa y
un portazo en las narices a estas demandas, ello indica implícita
y explícitamente que el socialismo en Cuba no tolerará “jamás” la
libertad de asociación, de expresión y de prensa; ni la libertad
económica, ni el respeto a los derechos de los trabajadores, de
los ciudadanos y de la sociedad en general, ni la posibilidad de
llevar a cabo un proceso de elecciones libres aún dentro del marco
constitucional e institucional establecido por el régimen para
elegir a los órganos del Poder Popular. Y por último, que a todo
el que se oponga incluso pacíficamente al socialismo castrista (y
castrante) le espera como único destino la cárcel, o el destierro
para los más afortunados. La opinión contraria a los supremos
designios de la casta gobernante será considerada por siempre un
crimen de lesa conciencia, y por tanto punible.
Se puede decir más alto
pero no más claro: no se producirán los cambios profundos y
necesarios que requiere Cuba mientras gobierne la gerontocracia
castrista, porque ese sería el final de su dominio hegemónico
sobre la nación, y pondría en peligro el futuro del neocastrismo.
Por esa razón el VI
Congreso del PCC celebrado en abril de 2011, más allá de la puesta
en escena del cambio de liderazgo unipersonal del Comandante en
Jefe por el liderazgo colectivo de los “históricos” encabezados
por Raúl Castro (cinco años después del traspaso real de poderes)
no ha representado el inicio de una modificación verdadera y
profunda del modelo económico y social de Cuba como muchos
pretenden creer o hacer creer.
·
Los
lineamientos aprobados constituyen, según se reconoce
explícitamente, una “propuesta de actualización gradual y
programada” del sistema cubano, cuyos principales elementos son:
·
Se
mantiene la planificación centralizada como eje de la dirección
económica del país, a la que se subordina el mercado y las
empresas “no estatales” (eufemismo empleado para no decir
“privadas”)
·
Prevalece
la empresa estatal sobre las demás, con una gestión
(supuestamente) más descentralizada, autofinanciada y sin
subsidios fiscales, afrontando el cierre o su conversión en
entidades no estatales en caso de pérdidas sostenidas.
·
Se prevé
la existencia de mercados mayoristas para abastecer al sector
privado.
·
Se dispone
la entrega en usufructo de las tierras ociosas (alrededor del 30%)
manteniendo la obligatoriedad de vender al estado la mayor parte
de la cosecha a precios más bajos que los del mercado. El país
está importando alrededor del 80% de los productos agrícolas que
consume.
·
Con el
objeto de “reducir gastos, elevar la productividad y los
salarios”, se prevé el despido escalonado en varios años de
cientos de miles de trabajadores, que pasarían a ser
“cuentapropistas” o trabajadores por cuenta propia, para lo cual
se aprueba:
- la concesión de licencias para desarrollar 178 actividades económicas (solo 21 más que las ya permitidas con anterioridad);
- la autorización para contratar trabajadores (no familiares ni convivientes como hasta entonces) en la mitad aproximadamente de esas actividades “liberadas”;
- la posibilidad de vender productos y servicios a entidades del estado;
- una mayor flexibilidad para arrendar activos y locales;
- la concesión de pequeños préstamos a través del Banco Central de Cuba;
- la afiliación obligatoria de los cuentapropistas a un régimen especial de pensiones, y
- el aumento del número de sillas permitidas en los restaurantes familiares conocidos como “paladares” de 12 a 20 (después se aumentó a 50).
·
En la
línea de reducir el coste de los servicios sociales, se propone la
eliminación de “gratuidades indebidas” y de la cartilla de
racionamiento o libreta de abastecimientos de forma “ordenada y
gradual, creando las condiciones previas para ello”, porque se
reconoce que el racionamiento es vital para un porcentaje
importante de la población de bajos ingresos y sin acceso a las
divisas. Este fue uno de los puntos más debatidos antes y durante
las sesiones del Congreso.
·
Se propone
aumentar las cotizaciones a la seguridad social de los
trabajadores estatales y por cuenta propia, incluyendo la
obligatoriedad de afiliarse y cotizar ya comentada en el caso de
estos últimos.
·
Se
autoriza la compraventa de automóviles y de viviendas (prohibida
desde 1960) y se rescata la construcción y rehabilitación de
viviendas con medios propios, con la promesa de facilitar la venta
de materiales, a lo que se añadiría la concesión de créditos.
En esencia, más de lo
mismo. Son en su mayoría los mismos gestos y casi las mismas
palabras que se repiten cíclicamente desde hace decenios, las
mismas piezas de atrezzo escenográfico que se montan y desmontan
una y otra vez como un juego de niños (ahora no, ahora si, ahora
no…) para aliviar tensiones, que mucha gente desmemoriada o muy
mal informada perciben como novedades, como cambios de mentalidad,
pequeños progresos o pasos previos a un gran salto que nunca se
produce.
La “liberalización” de
178 actividades económicas ha causado un gran revuelo en la prensa
a nivel internacional. Al margen del hecho de que el 88% ya
estaban liberadas, llama la atención “el gran potencial”
que poseen todas ellas para la estructuración de sectores
competitivos, con un futuro tecnológico y económico brillante. He
aquí algunos ejemplos. Lo mejor es la descripción oficial que
acompaña a cada actividad:
§
Aguador
(el que transporta agua utilizando diferentes medios de su
propiedad y cobra por este servicio. No incluye la venta de agua
en vaso)
§
Alquiler de Trajes y otros medios relacionados con este vestuario
(sombreros, Pamelas, guantes, bufandas, velos, flores, etc.)
§
Alquiler de Caballos Pony, con fines de recreación infantil
§
Cristalero (solo en función de la reparación de muebles e
inmuebles)
§
Chapistero (chapista) de Bienes Muebles con Remaches
(refrigerador, neveras, lavadoras, etc.)
§
Decorador (se refiere al que decora o adorna, pone decoraciones,
decora diferentes locales o habitaciones)
§
Forrador de Botones. En este caso parece que el asunto queda
suficientemente claro, y no se añade aclaración alguna.
§
Lavandero (en función de ayudar a los integrantes del núcleo
familiar que trabajan fuera, se excluye el domicilio de otro
trabajador por cuenta propia ó arrendador de vivienda,
habitaciones o espacio)
§
Modista
o Sastre (Teniendo en cuenta la demanda de la población, el
Consejo de la Administración Municipal puede autorizar la
comercialización de las producciones en las áreas de
concentración, tomándose todas la medidas para garantizar que la
comercialización la realice la persona que confecciona las
producciones y no por otras personas)
§
Operador de Compresor de Aire (debe cumplir con las medidas de
seguridad en la operación de estos equipos) Ver “Ponchero”
§
Parqueador Cuidador de Equipos Automotor, Ciclos y Triciclos
(incluye las motos. Sólo puede prestar el servicio en áreas de su
propiedad)
§
Peluquera (incluye limpieza de cutis y maquillaje) ¡Un clásico!
§
Ponchero ó Reparador de Neumáticos (para utilizar el compresor de
aire en la comercialización debe tener licencia de Operador de
Compresor de aire)
§
Productor Vendedor de Escobas, Cepillos y Similares (las materias
primas a utilizar son sólo de origen vegetal, tiene que cumplir
con las indicaciones del Ministerio de la Agricultura, la Ley
Forestal y la del Medio Ambiente)
§
Productor Vendedor de Piñatas y otros artículos similares para
cumpleaños infantiles
§
Reparador de Bicicletas (no incluye comercialización de partes y
piezas)
§
Teñidor
de Textiles
§
Zapatero Remendón
En la universidad,
algunos de mis amigos organizaron un juego que consistía en juntar
frases y palabras al azar para componer versos disparatados.
Ganaba la composición que resultase más alucinante. Este listado
me ha recordado aquello. Parece una broma. Una broma de muy mal
gusto, si no fuera una auténtica desgracia.
Los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados
en el VI Congreso del PCC, dejaron pendientes de concreción muchos
aspectos que resultan medulares para “actualizar” el sistema, y
algunas de las concreciones efectuadas con posterioridad
perjudican (como el tabaco) seriamente su salud. Ello se ha hecho
así deliberadamente para poder administrar los tiempos a
conveniencia.
Muchos analistas señalan
la armonización y la interrelación entre la planificación
centralizada y el mercado como una de las principales
incógnitas a despejar en el llamado Modelo cubano. En mi opinión,
este es un debate ficticio mientras no exista un verdadero mercado
en Cuba.
La casta militar,
efectivamente, participa a través de las corporaciones y empresas
creadas y dirigidas por ellos en el mercado internacional; los
inversores extranjeros son un puente para acceder a otros mercados
foráneos, y sus clientes en Cuba son mayoritariamente otros
extranjeros (empresas y personas físicas) o el estado.
Pero en la economía
interna solo se pueda hablar en rigor de la comercialización con
carácter discrecional, monopólico y con afán recaudador de ciertos
bienes de consumo y de servicios, en una moneda paralela a la
oficial equivalente al dólar que no es la que reciben los
trabajadores en pago a su trabajo, dependiente de decisiones
políticas en cuanto a qué y cuando se vende, en qué cantidad,
calidad o a qué precio. Tampoco se puede hablar de la existencia
de un mercado laboral, de bienes de capital o intermedios, o de un
mercado de capitales. Insisto, no veo el mercado por ninguna
parte.
Lo que aún sigue
pareciéndose mas a un mercado de bienes y servicios es la bolsa
negra, y hasta cierto punto los mercados agropecuarios y de
productos industriales o artesanales, desabastecidos, controlados
y/o desvirtuados en origen por el lado de la oferta debido a
reglamentaciones absurdas, o a los compromisos de producción y
entrega adquiridos por los productores con el estado.
Las empresas estatales
de la economía interna siguen subordinadas al Plan, y la discusión
continúa centrada (desde la época del llamado “perfeccionamiento
empresarial” impulsado por Raúl Castro en las empresas militares
dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias) en mejorar la
eficiencia económica, en controlar los recursos y su aplicación,
en “avanzar” en una mayor (y siempre cuestionada) autonomía para
fijar precios partiendo de “los referentes internacionales y los
costes”, pero manteniendo criterios centralizados en las “áreas
que interese regular” sin especificarlas; para planificar, para
“experimentar en organizaciones empresariales seleccionadas”, y
“crear un nuevo sistema de relaciones entre las empresas, las OSDE
(organizaciones superiores de dirección empresarial) y los
organismos de la Administración”. O sea, para ganar tiempo.
Los problemas de la
economía cubana no son simplemente de eficiencia. Como dijera el
célebre gurú del pensamiento gerencial Peter Drucker, “ninguna
medida de eficiencia habría permitido la supervivencia del
fabricante de látigos para cocheros. La efectividad es el
fundamento del éxito, la eficiencia es una condición mínima de
supervivencia después de alcanzado el éxito. La eficiencia se
preocupa de hacer bien las cosas, la efectividad de hacer las
cosas que corresponden”.
[2]
La entrega de tierras en
usufructo tampoco ha colmado las expectativas debido a una serie
de factores que desestimulan el proceso, como la extensión de las
parcelas, el estado en que se encuentran, el acceso al agua, las
características del suelo, las condiciones de contratación
(determinación centralizada de qué producir y en qué cantidad,
obligatoriedad de entregar el 70% de la producción a “acopio” al
precio que fije el estado), la prohibición de edificar viviendas
en las parcelas, el tiempo de la concesión y/o la posibilidad de
traspaso, las condiciones de renovación y/o rescisión según unos
criterios de racionalidad, sostenibilidad, utilidad pública e
interés social establecidos y aplicados ad líbitum por
el estado, o las dificultades para acceder a los créditos
prometidos y la existencia de elevados impuestos, todo lo cual
genera una gran incertidumbre y muy pocos deseos de acometer tal
empresa.
En cuanto al trabajo por
cuenta propia, además de una regulación ya de por si restrictiva e
insuficiente, se añaden como factores disuasorios las dificultades
por las que atraviesan los cuentapropistas para adquirir los
recursos necesarios para realizar su actividad, y una carga
impositiva difícil de roer.
No es fácil conseguir
físicamente las materias primas, materiales, maquinarias y equipos
necesarios. No hay estabilidad en el suministro, y la calidad
también es variable. Algunas de las actividades económicas
liberadas se abastecen parcialmente de los cargamentos que entran
por el Aeropuerto Internacional José Martí en las maletas de las
“mulas,”
[3] personas que en vez de transportar drogas (como
sugiere su apelativo en el resto del mundo) “trasladan
paquetería que incluye la mayoría de las veces ropa, zapatos,
conservas de alimentos, equipos electrodomésticos, comida
instantánea, medicamentos y útiles del hogar”, que reciben el
billete de avión y un pago por ese servicio por parte de quienes
le contratan.
Por esa vía llegan desde
condimentos hasta café para los restaurantes paladares, el esmalte
de uñas para las manicure, el tinte de las peluqueras o los globos
de los payasos que animan las fiestas infantiles. Como bien señala
Yoani Sánchez, las nuevas disposiciones aduaneras recién
anunciadas, que aplican un gravamen a la entrada de alimentos y
artículos de uso personal, se convierten en un nuevo freno para el
desarrollo de la pequeña empresa, “en una nación marcada por el
desabastecimiento, la ausencia de un mercado mayorista y el
elevado costo de los productos alimentarios”.
Al parecer la solicitud
de créditos por parte de los cuentapropistas al Banco Central de
Cuba (BCC) para adquirir insumos, materiales y equipos tampoco se
ha comportado de acuerdo con las expectativas del régimen.
[4] En el primer semestre de 2012, según la fuente
citada, “el BCC otorgó más de 49.900 créditos a particulares
por un monto total de 347 millones de pesos (unos 14 millones de
dólares) pero en su mayoría fueron concedidos para operaciones
relacionadas con la construcción y reparación de viviendas”.
Solo 7.000 solicitudes correspondieron a agricultores privados,
por lo que las autoridades bancarias están revisando los
requisitos de su nueva política crediticia para los trabajadores
por cuenta propia.
Otro elemento
desincentivador es la elevada carga fiscal que deben soportar los
cuentapropistas (mayor que la de las empresas extranjeras y
mixtas, o de las cooperativas) y que se añade al cuadro
desalentador dibujado con anterioridad.
Según la Resolución Nº
298/2011
[5] el Impuesto sobre los Ingresos Personales puede
llegar progresivamente hasta el 50% de los ingresos netos anuales
que superen los 50.000 pesos cubanos (CUP) equivalente a unos
2.000 dólares o CUC.
El tipo impositivo del
Impuesto sobre las Ventas es del 10%, excepto en el caso de los
vendedores de productos agrícolas en puntos de venta y quioscos,
que será del 5%.
El Impuesto sobre los
Servicios Públicos también es del 10%. Dentro de esta tipología,
la sección segunda regula la imposición por el arrendamiento de
viviendas, habitaciones o espacios. Por ejemplo, por el alquiler
de una vivienda de un dormitorio se pagará un tipo mínimo mensual
(distinguiendo entre el arrendamiento en pesos cubanos o en CUC)
de 150 CUC ó 100 CUP, y por cada habitación añadida, un plus de 75
CUC o de 50 CUP.
En cuanto al Impuesto
sobre la Utilización de la Fuerza de Trabajo, no se paga por los
primeros cinco trabajadores contratados. A partir del sexto será
de un 25% sobre la remuneración mínima pagada, calculada de
conformidad con las siguientes reglas leoninas:
a) A partir del sexto
trabajador y hasta el décimo que contraten, se considera como
remuneración mínima, el salario medio mensual de la provincia
incrementado en un cincuenta por ciento (50%);
b) a partir del onceno y
hasta quince (15) trabajadores contratados, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso anterior, se considera como remuneración
mínima pagada, el monto equivalente a dos salarios medios
mensuales de la provincia;
c) a partir del
decimosexto trabajador contratado, sin perjuicio de lo establecido
en los incisos precedentes, se considera como remuneración mínima
pagada, el monto equivalente a tres salarios medios mensuales de
la provincia.
Evidentemente esta
regulación está diseñada para desincentivar la contratación, y
nada tiene que ver con los costes reales de la fuerza de trabajo.
Así es imposible el
avance del cuentapropismo a pesar de las exhortaciones que
formulara Raúl Castro en el discurso de clausura de la Asamblea
Nacional del Poder Popular en diciembre de 2010, en el sentido de
“no generar estigmas ni prejuicios contra ellos, ni mucho menos
demonizarlos”.
Si esto es así, ¿por qué
se les penaliza de esa manera?
¿Cómo puede quejarse el
gobierno de la débil respuesta de la población al cuentapropismo,
si darse de alta como tal puede convertirse en una trampa?
¿Así piensa la máxima
dirección estimular la creación de puestos de trabajo para emplear
a los 140.000 funcionarios despedidos en 2011, a los 110.000 que
se ha previsto despedir en 2012, o a los 250.000 que se irán a la
calle adicionalmente entre los años 2013 y 2015?
[6] Por cierto, de los casi 390.000 cuentapropistas
contabilizados en mayo de 2012, menos del 20% eran funcionarios
anteriormente.
¿Así piensa Raúl Castro
resolver la inminente quiebra del sistema de pensiones prevista
para 2015?
¿Cree que será
suficiente con seguir recortando los gastos de Bienestar Social
del Estado, del Gobierno Central y de lo Gobiernos Locales
[7] como lo hiciera entre 2009 y 2010 en
aproximadamente un 26%, un 22% y un 26% respectivamente?
¿Cree que “el camino
correcto” es continuar reduciendo, como lo hiciera entre 2009 y
2010, los Gastos de Asistencia Social en un 38,2%, el número de
beneficiarios del sistema en un 44,8%, los núcleos familiares
protegidos en un 41,4%, los adultos mayores beneficiarios en un
40%, las personas con discapacidad en un 34%, las madres
beneficiarias con hijos con discapacidad severa en un 17%, o los
usuarios de la asistencia a domicilio en un 56,8%?
[8]
Si de lo que se trata es
de preservar las “conquistas sociales” de la revolución, todo lo
anterior carece de sentido, porque es precisamente el método más
efectivo para impedirlo.
A primera vista parece
la muestra de una profunda incapacidad (de nuevo los “errores de
la revolución”) o un suicidio, pero a poco que se rasque la
superficie aparecen las verdaderas razones de esta conducta.
Dentro de la lógica
totalitaria y mafiosa del régimen, es preferible explotar
miserablemente a todos los trabajadores sin distinción alguna, con
el apoyo entusiasta de inversores extranjeros inescrupulosos;
degradar a la población del país a la condición de ciudadanos de
segunda clase, precisamente por ser cubanos; reducir hasta niveles
paupérrimos el nivel de vida de la población, o empujar a la
juventud al mar para encontrar muchas veces la muerte en vez de un
futuro mejor, antes que abrir el camino de los cambios necesarios,
modificar el marco político-legal e institucional y liberar a las
fuerzas productivas para que generen riquezas.
---------------
[2]
Drucker, Peter.- “La Gerencia: tareas, responsabilidades y
prácticas” Editorial El Ateneo, 1995
[3] Sánchez, Yoani.- De cuentapropistas y mulas. Generación Y, 5 de julio de 2012
[4]
Infolatam, Efe, “Cuba: Banco Central revisa política de
créditos para atraer al sector privado” La Habana, 9 agosto
2012
[5]
Ministerio de Finanzas y Precios Resolución Nº 298/2011
“Normas relativas al pago de los impuestos sobre los ingresos
personales, sobre las ventas, sobre los servicios públicos, y
por la utilización de la fuerza de trabajo, y las referentes
al pago de la contribución a la seguridad social por los
trabajadores por cuenta propia”
[6]
Según declaraciones a la agencia Efe de Raymundo Navarro,
responsable de Relaciones Internacionales de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) Cubaencuentro, 30 de abril de 2012.
[7]
Calculado por el autor a partir de los datos de la Oficina
Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico de 2010,
Edición 2011. Sección 6 Finanzas, Tablas 6.4, 6.5 y 6.6
relativas a la Ejecución del Presupuesto en cada caso.
[8]
Calculado por el autor a partir de los datos de la Oficina
Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico de 2010,
Edición 2011. Sección 7 Empleo y Salarios, Tabla 7.15
“Principales Indicadores del Sistema de Asistencia Social”.
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