Por Luis Christian Rivas Salazar
En
Bolivia, poco a poco, el intervencionismo estatal nos está conduciendo
al socialismo. Como si fuera una disputa por el botín, el Estado está
empeñado en ser una suerte de justiciero moralista que pretende frenar
la supuesta codicia de mineros, ganaderos, agricultores, productores,
comerciantes, exportadores, quienes estuvieran: “robando”, “engañando”,
“especulando”, “ocultando”, “boicoteando”, “contrabandeando”,
“defraudando”, violando los intereses económicos de la población.
Por
eso, con su vocación “altruista”, el Estado busca los medios para el
mejor abastecimiento de artículos de primera necesidad. Si es necesario
transporta carne de segunda, y, pone servidores públicos a lado de los
“ambiciosos” comerciantes para controlar que no suban los precio de los
productos.
A
principios del siglo XX, Ludwig Von Mises se preguntaba: ¿Cómo lleva al
socialismo la regulación de precios?, y nos explicaba, que cuando el
gobierno cree, por ejemplo, que el precio de la leche es demasiado alto,
pretende que el pobre sirva a sus hijos más leche, en su intento,
fijará un precio tope para la leche, menor al que prevalece en el
mercado libre. Por lo que, los lecheros marginales, que producen a un
costo elevado, se verán obligados a producir con pérdidas. Nadie, en su
sano juicio, produce para perder, por lo que, el lechero, se verá
obligado a dejar de producir y vender leche en un mercado controlado,
preferirá realizar otra actividad más provechosa: producir manteca,
queso, carne, etc. Por lo tanto, habrá menos leche para la población.
Seguramente,
en principio, no fue esa la intensión del gobierno, pero su
intervención puede generar efectos no deseados. Un problema mayor y
peor, surge a partir de unas “buenas intenciones”.
Sin
embargo, el Estado intervencionista, como dice Mises, no admite su
fracaso, y, no se abstiene de manipular los precios, sigue adelante
fijando los precios de los factores de producción que se requieran para
producir leche. El gobierno, avanza, más y más, poniendo precio a todos
los artículos necesarios para producir leche: forraje, mano de obra,
transporte, materiales, ordenando a todo lechero, agricultor,
comerciante, productor, a acatar el precio fijado por la autoridad
central.
La
economía de mercado desaparece, el precio se fija por decreto, y, la
soberanía del consumidor se ve obstaculizada en el momento de la compra,
ya que, el gobierno directa o indirectamente le obliga a comprar o
abstenerse de comprar un producto, porque seguramente frenó la
importación de leche para proteger a los lecheros nacionales, no hay
oferta de leche ni nacional, ni importada y la libertad de elegir
desaparece.
El
Estado, se muestra omnisciente y poderoso, ordena a los empresarios qué
hay que producir, en qué cantidad y calidad, a qué precios comprar y a
quiénes vender.
Sabemos
que después de la I Guerra Mundial, los alemanes pusieron tope a los
precios de artículos de consumo de primera necesidad, el plan
Hindenburg, establecía que el control de los precios estaba en manos de
las autoridades, el plan llego a anular todo espacio de libre elección y
de iniciativa privada, todas las actividades económicas estuvieron
subordinadas a la autoridad central. La fiscalización de precios,
desencadenó en un fracaso, que arrastró una ola de decretos tras
decretos, que buscaban que funcionasen los decretos iniciales.
El
gobierno emite decretos que anulan, modifican, reemplazan, decretos
anteriores sin los resultados que se esperan inicialmente. Del mismo
modo, Gran Bretaña, intervenía en el control de precios, y, según Mises:
“se remplazó la libertad económica por la planificación total de la
economía del país. Cuando terminó la guerra, Gran Bretaña era un commonwelth socialista”.
Los
gobiernos no pueden gobernar decretando normas contra el mercado, peor
realizar cálculo económico alguno, para decidir cuánto y cómo se debe
producir, esta información nadie la conoce, está dispersa en miles y
miles de personas que interactúan y se relacionan comercialmente, solo
la interacción e intercambio pacífico de bienes y servicios de las
personas en el mercado puede fijar el precio de los productos.
Para
Mises, un buen gobierno necesita establecer y preservar un orden
institucional que no ofrezca obstáculos a la progresiva acumulación de
nuevos capitales, el capital es la sabia que ofrece progreso tecnológico
para la producción. La mala política del gobierno, y la
instrumentalización del Derecho, sabotean este propósito.
Finalmente,
la norma jurídica puede considerarse injusta, siempre y cuando no
proteja la libertad y las garantías del individuo, cuando no limita el
poder y la intervención del Estado. La libertad económica y la seguridad
jurídica deben estar garantizadas, ya que de esto, depende la
supervivencia de los seres humanos.
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