La ley de inversión extranjera: el triunfo del fracaso

cubanalisis
Dr. Eugenio Yáñez

Expectativas y especulaciones

Después de mucha espera, interminables vacilaciones y continuos ajustes, finalmente la siempre unánime Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó el sábado 29 de marzo la nueva Ley de Inversión Extranjera propuesta por el gobierno cubano, que sustituye a la Ley 77 de 1995. El alcance y los límites de esta disposición, que entrará en vigor noventa días después de su publicación en la Gaceta Oficial, se definirán claramente solo cuando se hagan públicos los reglamentos de su instrumentación.

Como la separación de poderes en Cuba es una ficción, y la misma ni siquiera se proclama en los documentos constitucionales, era evidente no solamente que la propuesta gubernamental sería aprobada, sino que lo sería por unanimidad, como es la norma en todas las aprobaciones del órgano “legislativo” cubano en sus casi treinta y ocho años de existencia.

Alrededor de la aprobación de la nueva ley se crearon infinidad de expectativas. Ya a finales de diciembre del 2013 Raúl Castro había anunciado la celebración de una sesión extraordinaria para el mes de marzo del 2014, lo que representaba algo poco común, pues el “parlamento” cubano se reúne dos veces al año, y casi siempre por un día cada vez, aunque en contadas ocasiones algunas sesiones pueden durar dos días.

A ese anuncio se sumó una gran cantidad de especulaciones de expertos y adivinadores de feria en todas partes, que aseguraban saber todo lo que sería aprobado, y que centraban sus vaticinios en la supuesta posibilidad de que los cubanos residentes en el exterior pudieran invertir en Cuba, algo que, por otra parte, ya estaba expresado en la Ley 77 de 1995, aunque tal posibilidad nunca se materializó. Y muy pocos recordaban que antes de esa ley de 1995 existió otra de 1982 que contenía tantas restricciones, dificultades y trabas burocráticas que nunca pasó de ser una pieza de museo.

Al ambiente especulativo generalizado contribuyó también por esos días el reportaje del diario The Washington Post sobre el magnate azucarero Alfonso Fanjul, nacido en Cuba, y actualmente con ciudadanía española y residente en Estados Unidos. El castrismo nacionalizó todas las propiedades de la familia Fanjul al comienzo de la revolución, y ellos emigraron a probar suerte en otros países del área. Hoy, más de medio siglo después de aquellas confiscaciones, las empresas azucareras de los Fanjul en República Dominicana y Estados Unidos producen más azúcar que toda la que produce en Cuba ese “gobierno revolucionario” que le confiscó las propiedades familiares en 1960.

Por ese reportaje del influyente rotativo norteamericano se pudo saber que Alfonso “Alfy” Fanjul había visitado Cuba al menos en dos ocasiones y conversado con funcionarios del régimen, y aunque dijo al diario que sus intenciones eran “reunir a la familia cubana”, señaló también que podrían explorarse posibilidades de negocios si hubiera avances políticos y diplomáticos, y que “al final del camino me gustaría ver a nuestra familia de regreso en Cuba, donde empezamos… pero tiene que ser bajo las circunstancias correctas”.

Como si no fuera suficiente con lo dicho, añadió: “¿Podemos considerar una inversión más adelante? Si hay un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, y se puede hacer legalmente, y hay un marco adecuado establecido, entonces veremos esa posibilidad”.

Como se puede observar fríamente, esas declaraciones del señor Fanjul no constituían afirmaciones rotundas y definitivas ni compromisos o anuncios de ningún tipo, sino simplemente expresiones condicionales sujetas a muchos aspectos que estaban implícita o explícitamente expuestos en la misma oración, pero que sin embargo resultaron abundante combustible para el Miami pasional y extremadamente emocional que se mueve en la prensa escrita, la radio y la televisión del sur de La Florida.

La polémica en Miami, -como era de esperarse- tomó fuerza inflamable, y las posiciones de inquisidores y panegiristas fueron cada vez más rugientes y apocalípticas, y todo eso contribuyó a incrementar la especulación sobre lo que traería la nueva ley de inversión extranjera que se estaba cocinando en los fogones de La Habana.

A la especulación contribuyeron también muchos de los agentes de influencia del régimen que radican en territorio de Estados Unidos. Sus declaraciones, entrevistas y reuniones sobre el tema, recibieron amplia cobertura en sus mediocres órganos de prensa en el sur de La Florida y además, como tantas otras veces, continuaron desarrollando su trabajo enfocado a influir en una academia perdida, nostálgica, o quizás envidiosa o despistada.

Algunos de esos propagandistas de la dictadura pretendieron presentar las cosas como si casi fuera un honor para un exiliado cubano irse a invertir a la Cuba de los Castro si finalmente el régimen se mostraba lo suficiente generoso para permitírselo, lo que daban como algo ya casi seguro en la nueva ley.

Ya en la ley de 1995 no se impedía explícitamente a los cubanos residentes en el exterior invertir en la Isla, pero en la práctica no se les permitió en ninguna circunstancia. Con la nueva ley se da la misma situación de posibilidad para invertir, al definir al inversionista extranjero como “persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero, que participa como accionista en una empresa mixta o participe en una empresa de capital totalmente extranjero, o figure como parte de un contrato de asociación económica internacional”.

Evidentemente, ese lenguaje no excluye a nadie que reúna esos requisitos de residencia en el extranjero y disponibilidad de capital para invertir. Sin embargo, ya el régimen aclaró -y para eso existen los reglamentos que instrumentan la ley- que quienes realicen actividades contra “Cuba” o se relacionen con “la mafia terrorista y anticubana de Miami”, quedarán excluidos.

Casi nadie ignora que cuando desde La Habana hablan de realizar o participar en actividades contra “Cuba” se pueden estar refiriendo a cualquier cubano en el exterior que mantenga una posición crítica frente al gobierno cubano que no sea del agrado de la gerontocracia, y que lo de relacionarse con “la mafia terrorista y anticubana de Miami” puede abarcar lo que les de la gana a los propagandistas de la tiranía. Por eso queda claro que las posibilidades reales de los cubanos en el exterior para convertirse en “inversionistas extranjeros” en Cuba, dependerá de la opinión puntual y específica del gobierno sobre cada caso que se presente a su consideración, y que el requisito de “portarse bien” será imprescindible para que un cubano pueda invertir en la Isla, sea un modesto emprendedor o un magnate de primera línea.

Los miserables al servicio de la tiranía, aunque pretendan embellecer algunas palabras de un idioma español que no precisamente dominan, aunque hayan nacido en Cuba, quieren que los cubanos nos olvidemos de la Ley 890 de 1960, encaminada a acabar con la gran propiedad privada en Cuba. Aquella ley sentó las bases del comunismo que eliminó poco después también la mediana y la pequeña empresa privada.

La 890 pretendía justificarse señalando en su primer Por Cuanto que “La obra creadora de la Revolución, en sus múltiples aspectos, está basada fundamentalmente, en el pleno desarrollo económico de la nación”. Y en el segundo expresaba que “Es evidente que ese desarrollo no puede lograrse sino mediante la planificación adecuada de la economía, el aumento y racionalización progresiva de la producción y el control nacional de la industria básica del país”.

En cierto sentido es comprensible que el régimen y sus sicarios verbales pretendan olvidarse de aquella ley promulgada el 13 de octubre de 1960, hace casi cuarenta y tres años y medio, pues es una muestra expresa de que nada de lo que se prometió con la nacionalización de las grandes empresas cubanas fue cumplido: ni el pleno desarrollo económico de la nación, ni la planificación adecuada de la economía, ni el aumento y racionalización progresiva de la producción, ni mucho menos el control nacional de la industria básica del país, cuando la nación cubana se encuentra en ruinas y lo que queda del parque industrial y tecnológico, y de las capacidades gerenciales, anda por el piso y sin perspectivas inmediatas de solución o ni siquiera de mejoría.

Por eso es tan importante para la quinta columna de la dictadura que la gente se olvide de todo lo relacionado con aquella ley de 1960 y el fracaso de “la revolución”. Quieren hacer borrón y cuenta nueva para poder beneficiarse con la mezcla de especulaciones y promesas de que ahora “todo es diferente”. Eso sirve de aderezo también para la renovada campaña contra el embargo de Estados Unidos y por la liberación de los cinco espías que ya son tres, temas que se introducen solapadamente en cuanta oportunidad tienen los agentes del régimen en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, aunque sus secuaces se refieren al levantamiento del embargo, La Habana no ignora que la Helms-Burton es inexpugnable mientras un Castro esté en el poder, por eso su objetivo inmediato es lograr la autorización para que los ciudadanos estadounidenses puedan viajar a Cuba sin restricciones, así como el acceso del régimen a los créditos, porque ambas acciones darían nuevas entradas de dinero fresco a las raquíticas arcas del gobierno, que cada vez están más quebrantadas por la ineptitud, la ineficiencia y la corrupción generalizada.

A todo ese ambiente de despiste y especulación, como siempre, contribuye una parte de la prensa poco seria, sobre todo en español, que opina sin informarse demasiado sobre los temas correspondientes, y que todavía presenta titulares del tipo de que “Cuba aprueba tal cosa”, o “Cuba condena tal otra cosa” refiriéndose irresponsablemente a “Cuba” en abstracto cuando debería referirse al gobierno cubano.

Porque quienes dirigen esos medios no quieren aceptar, por cobardía, ignorancia o complicidad, que el gobierno cubano ha demostrado durante más de medio siglo que toma las decisiones sin importarle en lo más mínimo lo que piense, desee, o le interese a los cubanos en la Isla, y mucho menos a los casi dos millones de cubanos que, por una razón u otra, residen en el extranjero; y que somos tan cubanos como los miembros del buró político del partido comunista cubano. Y lo expreso de esta manera para no decir que tal vez, en lo relativo a la defensa de la soberanía nacional, podemos ser más cubanos que esa camarilla de corruptos ancianos entreguistas aferrados al poder.

En medio de todo este contexto tampoco faltaron frases sibilinas como esas de que “Cuba” se estaba preparando para abrirse al capitalismo y la inversión extranjera, o de que muchas de las personas adineradas que han visitado Cuba recientemente expresan en privado que “los dirigentes del partido más reacios a la normalización con EE UU han perdido influencia” (y uno podría preguntarse con cuántos de los dirigentes del partido más reacios habrían conversado esas personas adineradas cuando viajan a Cuba), o de que producto de la tensa situación en Venezuela se estaban apresurando en La Habana para aprobar la nueva ley de inversión extranjera, como si la crisis de la economía cubana ya no fuera aguda desde mucho antes que comenzaran en febrero los disturbios en Venezuela.

Sin embargo, como pasa tantas veces en estos casos, algunas cosas comenzaron a saberse con mayor certidumbre cuando el régimen comenzó a filtrar informaciones sobre lo que se estaba discutiendo y aprobando en la Asamblea Nacional.

Cuando empezaron a conocerse algunas de esas noticias filtradas pudo comprobarse, una vez más, que la distancia que separa a algunos “expertos” que les encanta robar micrófonos y cámaras en el sur de La Florida, de los embaucadores de feria, resulta demasiado delgada y estrecha, y que en ocasiones es preferible disfrutar de dibujos animados infantiles que de las proyecciones de determinados personajes de visita en muchos programas de la radiodifusión en español en Miami y sus alrededores. Muchos de esos personajes, sin embargo, no son demasiado proclives a publicar en la prensa escrita, porque escribir coherentemente resulta algo mucho más complicado para ellos que improvisar disparates en transmisiones de radio o televisión.

¿Fracaso, respiro o victoria?

Lo más interesante de este proceso alrededor de la nueva ley de inversiones, tal vez, es que aunque se han repetido decenas y centenares de veces, o quizás hasta miles de veces todo tipo de comentarios y opiniones alrededor de la lo aprobado en La Habana, gracias al portentoso poder de reproducción y multiplicación de información en el ciberespacio, -que van desde profundos y serios hasta regulares, ridículos y absurdos- uno de los aspectos quizás más significativos de la nueva ley ha pasado casi inadvertido para tantas personas.

Se trata del reconocimiento implícito por parte de la dictadura del fracaso de todos los planes y programas económicos de “la revolución”, desde la primera y segunda ley de reforma agraria en 1959 y 1963, el “programa del Moncada”, pasando por aquellas primeras nacionalizaciones masivas de 1960 y la “ofensiva revolucionaria” de 1968 hasta el día de hoy.

Reconocimiento del fracaso que le correspondió hacer público, en primer lugar, a Marino Murillo, miembro del buró político del partido, Vicepresidente del gobierno, y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (tiene más cargos que autoridad), que lo hizo así si nos guiamos por la versión del periódico oficialista Juventud Rebelde:

“Al hacer una comparación con las tendencias mundiales, el Vicepresidente del Consejo de Ministros indicó que en los países que muestran un desarrollo exitoso, la tasa de crecimiento anual ha sido del siete por ciento como promedio, cifra de la cual Cuba ha estado muy alejada.

 

Para crecer es importante lograr incrementos anuales en el país entre el cinco y el ocho por ciento, y esto está muy relacionado con sostener altas tasas de acumulación (es decir, de inversiones), argumentó Murillo Jorge.

 

Cuba necesita, para un crecimiento anual del siete por ciento, mantener ritmos de inversiones de por lo menos el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta tasa de acumulación exige a su vez, para no afectar el consumo de la población, de financiamiento externo”.

Con su lenguaje romo, que no se puede decir que se caracteriza ni por la excelencia de la composición ni de la sintaxis, señaló, según reporta Associated Press:

 “La economía nos hace falta que nos crezca mínimo entre un 5% y un 7%, ese 5% y 7% demanda tasas de inversión anual en el entorno del 20% y eso demanda un financiamiento externo”.

 

“Cuba [o sea, el régimen] necesita de $2,000 millones a $2,500 millones anuales en inversión extranjera directa para llevar adelante su modelo socioeconómico socialista, próspero y sustentable”,

Es decir, según lo que afirma Murillo, que los países que muestran un desarrollo exitoso crecen anualmente a un promedio del 7%, y Cuba debería crecer entre un 5 y un 8% anual para lograr ese crecimiento y alcanzar ese nivel de desarrollo, pero si se miran las cifras de crecimiento de la economía de Cuba no ya en los últimos años, sino a lo largo del más de medio siglo de la llamada etapa revolucionaria, y a pesar de los enormes subsidios recibidos primero de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela, ¿cuántas veces superó el 5% anual?

Entonces, regresando de nuevo a la Ley 890 de 1960, aquella que planteaba demagógicamente que “la obra creadora de la Revolución, en sus múltiples aspectos, está basada fundamentalmente, en el pleno desarrollo económico de la nación”, ahora que se reconoce claramente que sin financiamiento externo no habrá ese abstracto futuro socialista, próspero y sustentable que constituye en nuestros días el nuevo canto de sirenas del neocastrismo, habría que concluir que “la obra creadora de la revolución” ha resultado un fracaso absoluto.  Es decir, que a lo largo de más de medio siglo ha sido una estafa monumental, y un experimento de ingeniería social que, como todos los frutos del voluntarismo y de la falta de libertad, no logra parir más que deformaciones, miserias, y desastres.

Un aspecto que tampoco ha sido señalado convenientemente, y que se ha diluido en la maraña de informaciones, opiniones y comentarios alrededor de la nueva ley, es el señalamiento de Marino Murillo de que la inversión extranjera era un complemento del desarrollo económico del país y de su esfuerzo inversionista, pero que, sin embargo, en algunos sectores sería determinante para el desarrollo que se pretende alcanzar. O sea, la inversión extranjera podrá ser un complemento de forma global en la economía en su conjunto, como ya había adelantado el régimen, pero que sin embargo tendrá carácter fundamental en algunos y no pocos casos.

Pero no fue solamente el señor Murillo quien tuvo que mencionar el fracaso disfrazado de novísima ley inteligente y abarcadora. Al presentar el proyecto de ley a los muy dóciles diputados a la Asamblea, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en la misma línea, dijo claramente que el país aspiraba a atraer anualmente una cifra entre los $2,000 y $2,500 millones de dólares en inversiones foráneas.

Y resumió el fracaso de la revolución y la problemática actual de la “actualización del modelo” en treinta y dos palabras lapidarias que, sin embargo, la triunfalista prensa oficial no destacó como lo que son, el reconocimiento de la bancarrota total y definitiva del castrismo, pero también del neocastrismo, y quizás hasta para el postcastrismo.

“Si no crece la economía a niveles de alrededor de 7% del Producto Interno Bruto y si no acumulamos entre 25 y 30% para hacer inversiones, no nos vamos a poder desarrollar”.

Por si todo esto fuera poco, diferentes agencias de prensa han recogido estas palabras del llamado “zar de las reformas:

“Se le da prioridad a la cooperativa (no estatal) pero donde quiera que haya inversión extranjera debe estar el Estado para controlar la participación de la fórmula no estatal y los extranjeros... Para que no se produzca una concentración de la propiedad lo que se establece en la nueva ley es que siempre tiene que estar el Estado.

 

Murillo hizo hincapié en que la agricultura será uno de los sectores que se va a priorizar para la inversión extranjera así como la producción de alimentos. Con carácter excepcional se permitirá la participación de empresas cubanas no estatales, prioritariamente las cooperativas”.

Todo está muy claro: la agricultura y la producción de alimentos, fracaso permanente de “la revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes” durante 55 años, y tema considerado como “asunto de seguridad nacional” durante la era de Raúl Castro, dependerán ahora de “los capitalistas” para funcionar, desarrollarse y alimentar a los cubanos.

Y por si fuera poco el ridículo implícito en esa situación, en estas tareas con esos “capitalistas” podrán participar cooperativas, pero no empresas agropecuarias estatales, porque está claro que no sirven para nada.

Sin embargo, aunque una vez más se demuestra que la producción privada y cooperativa es superior y mucho más eficiente que la estatal, el estado parasitario cubano considera que deberá “controlar” la fórmula no estatal y los extranjeros… nada menos que para que no se vaya a producir una concentración de la propiedad. Es un ejemplo de la naturaleza del alacrán que, como en la fábula, acaba clavando su aguijón incluso en quien se arriesga a ayudarlo a cruzar el río.  

De manera que, por un lado, las empresas estatales agropecuarias son excluidas de las empresas mixtas en las ramas de la producción agropecuaria y la de alimentos, y por otra parte, los pequeños empresarios privados (que el régimen insiste en llamar con el absurdo nombre de cuentapropistas) no pueden asociarse con inversionistas extranjeros. De lo que resulta que las posibilidades de asociación empresarial con extranjeros no se permiten al sector más improductivo e ineficiente de la economía nacional, las empresas agropecuarias estatales (lo cual sí es muy saludable), pero tampoco a uno de los sectores más dinámicos, creativos e innovadores de la sociedad cubana: los cuentapropistas.

Y entonces, si esas son las condiciones de crecimiento y participación que establece el régimen para poderse desarrollar -algo que habría que ver si realmente será así- ¿cómo deberían calificarse los cincuenta y cuatro años de esfuerzos, sacrificios, limitaciones y promesas vacías en aras del futuro luminoso que continuamente proclamaba primero Fidel Castro y después y hasta ahora su dilecto hermano?

¿Qué será del supuesto socialismo próspero y sustentable que ahora promete el régimen de la gerontocracia si, por cualquier razón que sea, la economía no logra crecer hasta niveles de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto y la acumulación no se comporta entre un 25 y 30% para realizar inversiones? ¿Aceptar tranquilamente que “no nos vamos a poder desarrollar”? ¿Medio siglo más de período especial? Tal vez la gerontocracia lo pretenda ver así, pero de seguro los cubanos no soportarían una situación de ese tipo.

De manera que el régimen, le guste o no, tiene poco margen de maniobra: la cifra del 7% de crecimiento del PIB y el 25-30% de inversión resulta una coyunda de la que no podrá zafarse fácilmente. Ni la exportación masiva de médicos, ni los subsidios de una Venezuela desfondada por la mala gestión de sus ineptos y corruptos gobernantes, ni las remesas y envíos de los cubanos en el exterior, ni el turismo, el níquel, el azúcar y la biotecnología, y mucho menos el petróleo submarino, demasiado profundo y de difícil acceso, pueden garantizar a La Habana los recursos que necesita imperiosamente.

Así que tendrá que depender de la inversión extranjera -malditos capitalistas- y de cómo funcione la Zona de Desarrollo Especial Mariel y el Puerto del mismo nombre, y ninguna de esas variables garantizan el éxito de manera automática, porque, por el contrario, requieren mucho camino por recorrer, entre el que se incluye, de forma urgente y fundamental, un acelerado cambio de mentalidad de la gerontocracia y su burocracia accesoria, porque de lo contrario las cuentas, simplemente, no cuadran.

Algunos detalles de la nueva ley

Desde La Habana se insiste en las maravillas de la nueva ley y se destacan aspectos que consideran atractivos para los potenciales inversionistas, y otros que tratan de pasar como que de contrabando entre los positivos, aunque no puedan lograrlo. La prensa oficialista destaca los siguientes:

• Ofrecer garantías al inversionista extranjero, como la debida seguridad jurídica, la no expropiación, excepto por razones de interés social o utilidad pública.
• En caso de ocurrir expropiaciones, deberán ser compensadas con la debida indemnización.
• Prorrogar los plazos de la inversión y la libre transferencia al exterior de los dividendos o beneficios.
• Posibilitar al inversionista la opción de venta de su parte en la asociación, así como facilidades y excepciones tributarias.
• Reducir hasta el 15% los impuestos por utilidades.
• La contratación de la fuerza de trabajo se hará a través de entidades empleadoras cubanas.

Ya volveremos sobre algunos de estos aspectos, fundamentalmente el último, referido a que la contratación de la fuerza de trabajo se realizará a través de las llamadas entidades empleadoras cubanas, nombre que sustituye a la palabra “proxeneta”, más de acuerdo para calificar las actividades que realizan tales “entidades empleadoras”

Se mencionó durante la presentación y discusión de la ley que la política inversionista aprobada contiene 34 principios generales y 11 sectoriales, aunque ninguno se detalla en los documentos publicados. Además, se plantea que la promoción de la inversión extranjera se realizará

• a partir de una amplia y diversa cartera de proyectos
• por gama de sectores o actividades fundamentales
• y se potenciará la participación de empresarios de diversos países.

También se señaló que se priorizará la promoción de estas inversiones hacia las zonas especiales de desarrollo, iniciando el trabajo por Mariel, así como orientar la mayor parte hacia sectores de exportación.

Y se plantearon otras tres condiciones de fundamental importancia para el proyecto:

• adicionalmente la inversión extranjera se dedicará a eliminar los cuellos de botella en la cadena productiva,
• favoreciendo la modernización y cambio del patrón tecnológico en la economía,
• así como garantizará la satisfacción eficiente de las necesidades del país con el objetivo de sustituir importaciones.

La prensa extranjera no ha hecho demasiado énfasis en las ramas priorizadas por el régimen con relación a la política inversionista:

• agrícola y forestal
• industria alimentaria
• energía y minas
• azucarera
• sideromecánica
• ligera
• química
• electrónica
• farmacéutica y biotecnológica
• comercio mayorista
• salud
• construcción
• turismo y
• transporte.

Hay que destacar que aunque se prohíbe explícitamente la participación extranjera en los servicios de salud y educación a la población, y en todas las instituciones armadas, se hace la salvedad de que esa prohibición de participación de las inversiones extranjeras no se extiende a los sistemas empresariales militares, que sí podrían admitirla.

Hay que decir que en la presentación de la Ley que hizo el ministro Malmierca ante los diputados, para no se dijera que pecó de “falta de objetividad”, señaló que aunque las nuevas posibilidades de negocios ofrecían amplias oportunidades para los inversionistas, también se presentaban algunos obstáculos que habría que tener en cuenta, entre ellos

• el bloqueo económico
• la situación del endeudamiento externo
• errores anteriores cometidos en esa actividad y
• la escasez de divisas.

Casi nada. Y esa situación de caos y bancarrota es mencionada eufemísticamente como “algunos obstáculos” que habría que tener en cuenta.

Y continuando con la demagogia populista y voluntarista de siempre, para dar idea de que para cada problema el régimen tiene una solución, cuando en realidad sucede lo contrario, que para cada solución el régimen tiene un problema, hizo referencia a cómo se enfrentarían y superarían esos “algunos obstáculos” mencionados, soluciones que, como se verá, quedan todas en el campo de lo abstracto, lo intangible, el voluntarismo y la superficialidad:

 

• potenciar los aspectos favorables
• avanzar en el prestigio financiero del país y

• ganar la confianza de los inversionistas con reglas claras que oferta el nuevo marco legal.

De forma excepcional la nueva legislación autoriza la creación de empresas de capital totalmente extranjero para ejecutar aquellas inversiones cuya complejidad e importancia lo requieran, especialmente para obtener infraestructura industrial, así como para contribuir al cambio de la matriz energética del país a través del aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Para esas empresas de capital totalmente extranjero habrá menos incentivos fiscales que para las empresas mixtas entre inversionistas cubanos y extranjeros.

Se pretende también garantizar la participación mayoritaria cubana en las asociaciones con inversionistas extranjeros que se destinen a la explotación de recursos naturales, prestación de servicios públicos, desarrollo de la biotecnología, comercio mayorista y el turismo.

Otros factores favorables presentados por el régimen para mejorar su imagen incluyen insistir en que la nueva ley ofrece garantías al inversionista extranjero, como la debida seguridad jurídica, la no expropiación, excepto por razones de interés social o utilidad pública, y con la debida indemnización, la posibilidad de prorrogar los plazos de la inversión, la libre transferencia al exterior de los dividendos o beneficios, la opción de venta en cualquier momento de su parte en la asociación, así como facilidades y exenciones tributarias.

El dictamen final realizado por el Parlamento después de “discutir” y de, como siempre, aprobar unánimemente la nueva legislación, insiste en supuestos atractivos de Cuba para la inversión extranjera, como serían los que señalaron y que mostramos a continuación, aunque posiblemente esos diputados tendrían que pasar muchísimo trabajo si se vieran obligados a demostrar tales afirmaciones:

• calificación de los recursos humanos
• estabilidad sociopolítica
• seguridad
• seriedad
• honrar los compromisos contraídos y
• política firme de lucha contra la corrupción.

 

La nueva ley vista desde fuera de Cuba

Ni el alboroto triunfalista de la prensa oficialista, ni sus bufones cortesanos y sicarios digitales, ni sus extasiados simpatizantes y agentes en Estados Unidos y el mundo democrático y libre, al que tanto critican al mismo tiempo que disfrutan, podrán sacarle al régimen las castañas del fuego. Tendrá que seguir dependiendo de esos capitalistas extranjeros -que no existirían si en sus países un gobierno como el que hay en Cuba, que odia patológicamente la riqueza que no sea la de la camarilla, les hubiera impedido crecer y desarrollarse. También tendrá que seguir haciendo de tripas corazón con esos tan odiados “gusanos” y “apátridas” que con sus remesas y envíos contribuyen a la existencia de sus familiares y amigos, que la dictadura cubana mata de hambre y abruma con carencias y limitaciones.

Sin embargo, ni aun así las cosas serán color de rosa en el Palacio de la Revolución ni en La Rinconada con esta nueva ley: una cosa es la cantaleta oficialista que publica la prensa domesticada y repiten sus correveidiles por el mundo, y otra la fría realidad del análisis de los inversionistas serios.

Y lo que estos han señalado hasta ahora merece que sea pensado con detenimiento.

En un documentado trabajo de Rolando Cartaya en Martínoticias, se destacan opiniones de personas que han seguido de cerca el tema de las inversiones extranjeras en Cuba y que han manifestado sus criterios y preocupaciones alrededor de la nueva ley aprobada:

En este análisis, Cartaya cita a varios especialistas sobre el tema:

John Kavulich, asesor principal de políticas del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba:

 

“Lo que han anunciado que van a hacer, ¿parece progresista? Sí. ¿Tiene el potencial para ser progresista? Sí”, dijo Kavulich. “Pero Cuba ha tenido una ley de inversión extranjera desde 1980. Y uno de los problemas ha sido que cuando el gobierno percibe que ha avanzado lo suficiente da marcha atrás y trata de revertir o eliminar las oportunidades que ha presentado a las empresas. Cualquier cambio ahora deberá contemplarse en ese contexto histórico”.

 

“Hay muchos países en el mundo que son mucho más transparentes y que no se relacionan tanto con sus socios y colaboradores como si fueran rehenes”.

​​Kavulich señaló la falta de transparencia legal y procesal como una cuestión clave que afecta el entorno empresarial en Cuba. Enumeró entre algunos de los principales desafíos que las empresas extranjeras enfrentan en la isla

 

·               la repatriación de las ganancias,

·               el arbitraje de conflictos y controversias, y

·               las regulaciones que disponen que la contratación de personal cubano se  

        haga a través de una agencia gubernamental de empleos”.

Hace referencia el artículo también a Andrew MacDonald, director y ejecutivo principal de Esencia Group. Su compañía planea construir en Cuba plantas de energía obtenida de la biomasa, para lo que se ha integrado en una empresa mixta con otra del Ministerio del Azúcar de Cuba.

“Hay algunos factores peculiares… Puede ser un poco burocrático a veces, pero el país se está desenvolviendo económicamente en la dirección correcta”.

“Uno de los problemas en Cuba es que no es tan fácil como comprar la gallina para que ponga los huevos. Se necesita hacer mucho trabajo preparatorio e invertir muchos recursos antes de que una empresa mixta sea aprobada, y solo entonces puede uno empezar realmente a trabajar".

“Las oportunidades son enormes, porque Cuba es un país rico en recursos naturales… respeto a los cubanos por sus capacidades técnicas y su recursividad”.

John McAuliff, director ejecutivo de una organización no lucrativa que aboga por relaciones más cálidas entre Estados Unidos y Cuba, Fund for Reconciliation and Development:

“En una situación de transición en la que no todas las reglas ni todas las leyes están claras, uno se puede meter en problemas con la ley por extralimitación, o codicia, o ignorancia” (…) “Ha habido problemas serios con empresarios que han tratado de tomar atajos y han terminado enfrentando cargos criminales en Cuba”.

Además, Cartaya recoge el criterio de Robert L. Muse, abogado que se especializa en leyes de Estados Unidos aplicables a Cuba:

“Yo exhortaría a [el gobierno de] Cuba a ir rápidamente de lo general a lo altamente específico.

 

• ¿Cuáles son los plazos?

• ¿Cómo son los procesos de aprobación?

• ¿Cómo se van a hacer respetar?

 

Luego, pasar a la especificidad de la elaboración de normas y reglamentos” (…) “No bastará con hacer pronunciamientos generales de que Cuba está buscando ahora inversiones extranjeras. Algunas preguntas tendrán que ser preventivamente respondidas”.

“Este es un país que se está abriendo a la inversión extranjera después de 60 años de hibernación en ese sector. Quien invierta estará prácticamente abriendo el camino, pero ello entraña riesgos”.

Si opiniones como estas no se tienen en cuenta, es difícil creer que se está analizando en serio la nueva ley de inversiones.

Otro aspecto importante a señalar sobre la ley tiene que ver con la existencia de las llamadas entidades empleadoras, que el vespertino oficialista Juventud Rebelde define de esta manera:

“Entidad empleadora: entidad cubana con personalidad jurídica facultada para concertar con una empresa mixta o de capital totalmente extranjero, un contrato mediante el cual facilite a solicitud de esta los trabajadores necesarios, quienes conciertan sus contratos laborales con dicha entidad. Según los debates realizados durante la discusión de esta ley, y preocupaciones reiteradas entre los parlamentarios cubanos, se ha enfatizado en que estas entidades empleadoras tienen un fin facilitador, no recaudatorio, por lo que solo podrá retener para su funcionamiento una pequeña parte de los salarios de los trabajadores, quienes recibirán el pago en moneda nacional”.

Este sencillo párrafo que pretende realizar aclaraciones sobre el tema encierra también dos trampas sustanciales, una que tiene que ver con la incompetencia e inutilidad de las empresas estatales cubanas, y otra se relaciona con el enfoque sistemático del totalitarismo cubano de reducir a sus trabajadores, que supuestamente son los dueños de todo, a condición de no-personas para favorecer los intereses del Estado contra los de los individuos.

Veamos esas dos trampas, aunque no necesariamente en orden de importancia:

Una trampa es aceptar que esas entidades tengan “un fin facilitador, no recaudatorio, por lo que solo podrá retener para su funcionamiento una pequeña parte de los salarios de los trabajadores”. Tal vez eso sea claro en otro lugar, pero con la proverbial ineficiencia de las empresas estatales cubanas, ¿qué porcentaje de ingresos necesitará esa entidad empleadora estatal para poder funcionar, porcentaje que reducirá los ingresos de los trabajadores contratados?

La segunda es dar como válido que los trabajadores cubanos contratados por las entidades empleadoras recibirán sus salarios en moneda nacional, es decir, en pesos cubanos (CUP). Sin embargo, es sabido que los inversionistas extranjeros deben pagar el salario completo de sus trabajadores a tales entidades empleadoras estatales en moneda fuerte, sean divisas internacionalmente reconocidas o en pesos cubanos convertibles (CUC), al menos mientras exista la doble moneda en el país.

Y la pregunta que se desprende de esta situación es muy concreta: ¿a qué tasa de cambio se calculará la conversión del pago de los inversionistas extranjeros a los empleados cubanos? ¿A la tasa del mercado y las Casas de Cambio del gobierno (CADECAS), que en la actualidad es de 1 CUC = 24 pesos cubanos (CUP), o a la tasa de 1 CUC = 1 CUP, como hace hasta ahora, o quizás a una tasa arbitraria que el régimen podría establecer o modificar cada vez que le diera la gana?

Aunque el gobierno ha asegurado en su prensa domesticada que los trabajadores de las empresas extranjeras o mixtas ganarían más que el salario mínimo que se establezca, eso no quiere decir que se les pagaría lo que verdaderamente les corresponde. Ese es uno de los problemas pendientes a dilucidar cuando se conozca la reglamentación de la ley y durante su implementación, que solamente podrán irse conociendo poco a poco, en la medida que la información vaya apareciendo, pero que será fundamental para poder entender la forma en que funcionará la ley y su verdadero carácter con respecto a los trabajadores cubanos.

Perspectivas de éxito de la nueva ley

No se conocen todavía los reglamentos que instrumentarán la ley, que pueden establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso de la nueva legislación. Aunque los resultados finales de su aplicación no dependerán exclusivamente de lo que aparezca escrito en los documentos, porque la efectividad de la actividad de dirección y gestión de la economía en su conjunto y de las diferentes unidades por separado resulta tan influyente o más que lo que puedan pesar los reglamentos e interpretaciones de la ley.

Un economista tan experimentado como el cubano Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburg, en Estados Unidos, señaló oportuna y claramente que “el test de la ley es cómo se va a implementar en la práctica”, simplificando con esas pocas palabras lo que tiene por delante la dictadura para poder lograr los resultados que espera con la nueva legislación.

De la misma manera, como bien señaló un especialista americano anteriormente citado en el mencionado trabajo de Rolando Cartaya, para el eventual éxito de la nueva ley “serán claves la especificidad de los términos y la claridad del proceso”, algo similar, con otras palabras, a lo señalado por Mesa-Lago. Ese especialista norteamericano fue muy preciso: “No bastará con hacer pronunciamientos generales de que Cuba está buscando ahora inversiones extranjeras. Algunas preguntas tendrán que ser preventivamente respondidas”.

No debe olvidarse, tampoco, que a pesar de toda la alharaca del régimen con la ley de inversión extranjera, la Zona de Desarrollo Especial Mariel ofrece condiciones mucho más atractivas a los inversionistas extranjeros que las que ofrece la nueva ley aprobada el pasado 29 de marzo en La Habana para el resto de la Isla. De manera que la cúpula gobernante tendrá que balancear con mucha inteligencia, sentido común y claridad estratégica la orientación de las inversiones extranjeras cuando pretenda, como ha dicho, dirigir esfuerzos hacia la infraestructura industrial del país y sectores como las redes alternativas de energías renovables, puesto que ninguna de estas dos vertientes se llevaría a cabo en la Zona de Mariel.

Aunque la torpe estrategia de “sin prisa pero sin pausa” no lo propiciaría no se debería descartar tampoco la creación de nuevas zonas de desarrollo especial en otras regiones costeras del país, como Cienfuegos, Matanzas, Santiago de Cuba y otro puerto de importancia de la costa norte en el oriente del país. A la larga, ese esquema lo llevaron a cabo los chinos y les ha dado resultado, sin perder ni una pizca del poder político, que es lo que le quita el sueño a la gerontocracia y la burocracia parasitaria.

Cuba, como todos sabemos, se ha dirigido desde 1959 como si fuera un “fincamento”, es decir, como una peculiar combinación de finca castrista de Birán y campamento militar tropical, pero aun suponiendo que todo el proceso preparatorio para la elaboración y aprobación de la nueva ley de inversiones extranjeras haya sido llevado a cabo en un marco de “democracia partidista”, sin que se hayan presentado dificultades, desacuerdos o errores fundamentales y se haya logrado como resultado un producto casi perfecto o excelente, la forma en que se gestione y se aplique en la vida diaria la dinámica que surgirá producto de esta ley tendrá resultados decisivos para el éxito y el fracaso de la misma.

Y todos sabemos que la gestión de la economía nacional y empresarial durante más de medio siglo de “revolución” cubana no se ha caracterizado ni por la excelencia del resultado ni por la optimización de los procesos, sino por la improvisación, la mamarrachada, el caos y el voluntarismo. ¿Ahora sería diferente, simplemente por la importancia de la nueva ley y lo complejo de la situación? Los ingenuos y los híper-optimistas harían bien en preguntarse cuánto tiempo hace que Raúl Castro proclamó que el país estaba al borde del abismo y que era imprescindible cambiar, y ya se conocen los resultados.

Ya vimos, también, que algunos factores “políticos” sustituirían a elementos “técnicos” en determinadas decisiones, como la aprobación puntual y caso por caso de los cubanos residentes en el exterior que buscarían aprobación para invertir en la Isla, lo que depende de que se “porten bien” en sentido general, y hasta se les podría exigir determinadas acciones específicas en algunos casos que resultarían de beneficio para el régimen. Dejo bien claro, para que no existan confusiones, que no me refiero a que la dictadura intente reclutar como agentes a los eventuales inversionistas cubanos residentes en el exterior, ni tengo ningún derecho a suponer eso simplemente porque algún compatriota estuviera interesado a ir a invertir (podría decirse ir a apostar) su dinero en Cuba.

Para tratar de entender mejor los eventuales peligros en los resultados del funcionamiento de la nueva ley, pongamos por caso el compromiso de dar respuesta a las solicitudes de los inversores en 45 ó 60 días, en dependencia del nivel de complejidad y aprobación de las solicitudes, que puede situarse en órganos de la Administración Central del Estado (45 días) o en el Consejo de Ministros (60 días).

Tal vez las primeras solicitudes se aprobarán o rechazarán con celeridad, incluso habrá casos donde la respuesta llegue antes de los cuarenta y cinco o sesenta días requeridos, pero lo importante será cuando pase la euforia inicial de estos primeros tiempos y las cosas vuelvan a la rutina, a esa velocidad y estilo que en inglés se conoce como “business as usual” y que muchos sabemos cómo funciona en Cuba y que se llama “lo de siempre”.

¿Cómo reaccionará el inversionista extranjero ante una demora de estos plazos? ¿Tendrá paciencia para comprender que se encuentra en Macondo y que tal vez le convendría esperar un poco más? ¿O pensará como el especialista americano citado anteriormente cuando dijo que “hay muchos países en el mundo que son mucho más transparentes y que no se relacionan tanto con sus socios y colaboradores como si fueran rehenes”, y partirá a buscar otras oportunidades en otros lugares?

¿Y cómo reaccionarán los inversionistas extranjeros cuando comprueben en la práctica la forma en que tienen que depender de las llamadas entidades empleadoras estatales? En abstracto puede no parecer tan macabro ese proyecto, pero cuando el inversionista se detenga a pensar que él asume el riesgo y pone el capital, pero que no puede decidir cuáles trabajadores contrata y cuáles no, podría pensar, con razón, que lo están manipulando.

Más aún, si aceptara esa bochornosa regla del juego que establece el régimen, tan pronto como ese inversionista aprenda -lo que no demorará- cuáles son los procedimientos de idoneidad que utiliza la entidad empleadora estatal para seleccionar o rechazar la mano de obra con que podrá contar el que trae su capital del extranjero, comenzará a sentirse muy mal por tener que participar en un mecanismo infame como ese, o a tener que sentirse cómplice por aceptar que así funcionen los negocios en pleno siglo 21 sin que él haga nada por evitarlo.

O cuando pretenda de buena fe funcionar con el criterio de la adquisición preferente de bienes y servicios en el mercado nacional si estos son ofrecidos en iguales condiciones de calidad, precio y plazos de entrega a las del mercado internacional, y compruebe que es prácticamente imposible que ese tan sui géneris mercado nacional cubano sea capaz de ofrecerle bienes y servicios en iguales condiciones que el mercado internacional, y no le quede más remedio que pensar “I’m sorry” y dirigirse al mercado extranjero para poder mantener el funcionamiento adecuado de su empresa, porque el mercado nacional no está en condiciones de garantizárselo.

De manera que habrá que esperar para ver 1) cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo actúa el régimen en la aplicación de la nueva ley y la gestión de la economía; 2) cómo se manejan las relaciones con los “cubanos de ultramar”, que al igual que aquellos “chinos de ultramar” podrían ser una fuente importante de capitales si no se les impusieran lastres políticos para invertir, como hizo Deng Xiaoping con los chinos en el continente, y 3) cómo desde La Habana se manejan las complejas relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, que son las únicas fuentes sustanciales que verdaderamente pueden aportar los capitales que necesita el régimen para su subsistencia.

Ya que hablamos de chinos, finalicemos estonces, prediciendo el futuro de la nueva ley de inversiones en la Isla, con la, que muchos presentan como clásico y antiguo proverbio chino y que nuestro colega Antonio Arencibia, desde La Coruña, aclara que se trata de una profunda frase del físico danés Niels Bohr:

Es muy difícil hacer predicciones, sobre todo cuando se trata del futuro.

 

Sin embargo, si mencionamos a Bohr, puede venir muy bien otra idea suya que sirve perfectamente para retratar a los personajes del castrismo y el neocastrismo:

“Un experto es un hombre que ha cometido todos los errores posibles en una materia muy concreta”.

Si eso es así, ¿quién puede ser más experto que los hermanos Castro para dirigir la aplicación de la nueva ley de inversión extranjera, si ellos acumulan más de medio siglo de barbaridades dirigiendo el país, y han cometido todos los errores posibles en todas las materias posibles?