CARACAS.— Un contrato con Venezuela fue el trampolín que utilizó Cuba para comenzar a vender servicios de identificación a gobiernos latinoamericanos afines con el proyecto político del fallecido presidente Hugo Chávez.
El acuerdo comercial de 172 millones de dólares, suscrito en 2007 para la provisión de la cédula electrónica venezolana, le abrió las puertas a empresas estatales de la isla para participar como intermediarios y proveedores en el mercado de documentos de identidad con chips, el cual está dominado por un selecto grupo de países en cuya cima se encuentran Alemania, Países Bajos, Francia, Finlandia, China y Estados Unidos.
La negociación entre Caracas y La Habana —que se hizo sin discusión pública— no sólo puso en manos extranjeras los datos de los venezolanos. También constituyó la oportunidad ideal para Cuba de ampliar sus horizontes estratégicos. El acuerdo —cuyos detalles fueron revelados por El Nacional el de 17 de julio de 2011— fue firmado por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz con la compañía cubana Albet Ingeniería y Sistemas, la cual a su vez subcontrató a la multinacional holandesa Gemalto para desarrollar el proyecto de la cédula electrónica venezolana.
El documento incorporó la figura de la “autoría moral” para garantizar a los antillanos la propiedad de los programas que fueron desarrollados entonces y que ahora forman parte del portafolio comercial que los cubanos ofrecen en el continente.
Por medio de decretos presidenciales, Argentina y Bolivia también pusieron en manos de Cuba el diseño y manejo de nuevos sistemas de identificación electrónica. Funcionarios de la isla ahora están involucrados con servicios gubernamentales que contienen datos sensibles de más de 80 millones de ciudadanos en Latinoamérica.
“Hemos desarrollado una tecnología que nos ha permitido afrontar con éxito la seguridad de un país asediado”, dijo Rolando Gómez, embajador de Cuba en Bolivia, cuando fueron presentados en La Paz los sistemas de emisión de pasaportes con chips en 2012. En ese acto dijo que así lograron controlar la subversión. “Ha sido neutralizada a partir de nuestros propios sistemas de seguridad, mediante el control de entrada y salidas al territorio para ejercer plena soberanía”.
En 2005, Cuba comenzó a crear una red de compañías públicas de exportación de productos informáticos. Unas dependen del Ministerio de Informática y Comunicaciones, que primero estuvo bajo la égida del general Ramiro Valdés —considerado el artífice de los sistemas de inteligencia política cubanos— y ahora del general Medardo Díaz. Otras compañías están adscritas al Ministerio de Interior, al cual le reporta la Dirección General de Inteligencia, conocida como G2, servicio considerado por expertos como uno de los cinco mejor entrenados del mundo.
Pero hay quienes dudan de que los antillanos se limiten a ofrecer a los gobiernos herramientas para la preservación del orden y la seguridad ciudadana. “Estas compañías forman parte de una estrategia cubana para extender sus redes de inteligencia en la región. Son en realidad una fachada del G2 que les permite tener control de los sistemas de emisión de documentos de identidad con lo cual pueden otorgárselos a cualquiera”, señala Anthony Daquin, ex asesor del Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela y quien tuvo participación en los procesos de selección de los proveedores para la cédula y pasaporte electrónicos.
El ingeniero ahora se encuentra en Estados Unidos en busca de asilo después de que —asegura— fue víctima de una persecución policial en Caracas por sus críticas al tutelaje cubano.
Las empresas estatales cubanas tienen distintas denominaciones. En Caracas funciona Albet Ingeniería y Sistemas, que vende los programas producidos en la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Fue esa la compañía encargada del proyecto de cedulación venezolano. Otra firma, sin embargo, constituye el rostro más internacional: es Datys. Produce software para fines múltiples, desde identificación de huellas digitales y rostros hasta escuchas telefónicas y monitoreo de redes sociales, entre otros. Esta empresa contribuyó con el diseño del sistema de seguridad basado en el reconocimiento de trazas dactilares que se comenzó a emplear en Argentina desde 2012.
En Bolivia, Datys puso en marcha la elaboración de los pasaportes electrónicos junto con otra empresa isleña, Impresos de Seguridad.
La irrupción de Cuba en el mercado de identificación llegó en un momento crucial: la Organización de Estados Americanos estableció 2015 como el plazo para que países de la región modernicen sus registros civiles y sistemas de emisión de documentos, como medida para masificar el derecho a la identidad. Además, la Organización para la Aviación Civil Internacional endureció sus normas de seguridad y estableció que a partir de 2010 los Estados debían emitir únicamente pasaportes electrónicos con datos biométricos (como el rostro o la huella).
Gran Hermano
Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, celebró la cooperación cubana en el desarrollo del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios), un proyecto que pretende recabar los datos filiatorios, rasgos físicos distintivos y huellas digitales de los 40 millones de argentinos y que, explicó la mandataria, “va a permitir, en tiempo real, conocer y saber quién es la persona que está ante un personal de seguridad o en cualquier otro lado”, dijo en noviembre de 2011.
Fernández creó Sibios como apoyo para la investigación de delitos y en funciones preventivas de seguridad. Los datos biométricos de la población serán incorporados en un chip en el pasaporte y podrán ser utilizados y cruzados por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones. Ha habido detractores destacados del sistema. “Argentina tiene el régimen de vigilancia más agresivo de todos los Estados latinoamericanos de tamaño mediano”, alertó Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en julio.
Escala boliviana
Los técnicos cubanos de la isla recalaron en Bolivia en 2009, año en el que ese país estrenó un censo electoral con datos biométricos, que incluía las huellas y señas físicas de los ciudadanos. El 8 de abril de ese año, el presidente Evo Morales emitió el Decreto Supremo 068, que autorizó la contratación directa —por un monto de 1.47 millones de dólares— de las empresas cubanas Datys y Acited-Impresos de Seguridad para proveer los equipos y programas informáticos que expiden los pasaportes de lectura mecánica y para suministrar al Estado 350 mil libretas para el documento corriente, el oficial y el diplomático.
En 2010 y 2011, otros decretos de Morales pusieron en manos de Datys la instalación de equipos para la captura de registros biométricos y la base de datos en 9 sedes departamentales y en 16 oficinas consulares bolivianas en países como España, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra y Japón.
En octubre de 2012, el Ministerio de Gobierno de Bolivia firmó un nuevo contrato con Datys —esta vez por casi 700 mil dólares— para la provisión de software, licencias y hardware especializado para el Sistema Migratorio Nacional. Los sistemas también tienen la misión de ayudar a detectar quiénes provienen de “países de riesgo”, así como comprobar los impedimentos para entrada y salida de nacionales y extranjeros por “listas negras de instituciones bolivianas u organismos internacionales”.
Ni el Ministerio ni la Dirección General de Migración de Bolivia respondieron las solicitudes de entrevistas para aclarar hasta qué punto tienen acceso los cubanos a las bases de datos nacionales. Más allá del silencio, los chips cubanos alcanzan nuevas latitudes en el continente.
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