Esta noticia conmocionó al país sudamericano ya que incluso se han producido dos muertes durante el último año.
La ministra de Salud Pública, Carina Vance, calificó de "absolutamente crítica" la problemática que rodea a estos establecimientos, donde se han descubierto casos de intento de "deshabituación" de la homosexualidad y prácticas como violaciones y agresiones que formarían parte de pretendidas "terapias".
Vance dijo que desde 2012 el departamento ha intervenido ante denuncias de funcionamiento de 18 de estos centros, cinco de ellos clausurados de forma definitiva, y señaló que en 15 de los establecimientos se cometían supuestas violaciones de derechos humanos y en tres se denunciaron malas condiciones sanitarias.
En Ecuador, en 2012 se concedió autorización para 123 centros, pero se estima que entre setenta y ochenta más podrían operar de forma ilegal y lucrarse del internamiento de personas que, en muchos casos, han sido llevadas a ellos de manera forzosa.
La Policía busca desde hace un mes a una mujer llamada Sara S., quien efectuó una "llamada desesperada" para denunciar que la iban a internar en uno de estos centros por su orientación sexual, reveló la ministra, quien puso de relieve que no se la ha encontrado, pese a disponer de "todo el poder del Estado".
Vance indicó que en torno a estas clínicas existen "intereses muy fuertes" que incluso "parece que permean las instituciones públicas".
Uno de los casos es el de una joven llamada Zulema, quien denunció en junio haber sido internada en un establecimiento de la provincia de Napo por su familia para someterla a un supuesto tratamiento contra su condición de lesbiana y relató que sufrió tortura, agresión física y psicológica..
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