El régimen avizora una oportunidad

Diario de Cuba

Responsables del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate: Teniente 
Coronel Francisco 'Paco' Pérez Perez (círculo azul), Coronel Humberto Trujillo
 Hernandez  (círculo verde), Teniente Coronel Lorenzo Alberto Pérez Pérez 
(círculo amarillo), y el Mayor Emilio Palacios (círculo rojo). (SECRETOS DE CUBA)

Mauricio Claver-Carone 

El Departamento de Estado de EE UU considera cambiar la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Hacerlo sería otorgarle a La Habana una victoria diplomática inmerecida.

Durante la pasada década, el gobierno de los Castro gastó billones de dólares seduciendo burós de agricultores estadounidenses y empresarios agrícolas para conseguir, a través de sus influencias en el Congreso, que se levantaran las sanciones contra Cuba. Reconociendo recientemente las pocas posibilidades de que el Congreso de EE UU vote por esos cambios sin poner condiciones a cambio, y aventurando una posible apertura con el nuevo secretario de Estado John Kerry, quienes hacen lobby por los Castro han cambiado la meta de sus negociaciones con la administración Obama, y apuestan ahora por sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo confeccionada por el Departamento de Estado.

Durante su carrera como senador, Kerry abogó por suavizar las sanciones estadounidenses sobre Cuba. Las especulaciones de que el Departamento de Estado considere sacar a Cuba de esa lista que incluye a Irán, Sudán y Siria, han sido alentadas por algunos reportes noticiosos que citan frases contradictorias de fuentes anónimas de la administración. Según The Boston Globe, varios diplomáticos de alto nivel han sugerido que Cuba sea sacada de esa lista. Sin embargo, Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado, aclaró a finales de febrero pasado que no existían "planes actuales" de cambiar la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. No obstante, esto no ha disminuido los esfuerzos de aquellos que buscan un acercamiento al régimen de los Castro, y la decisión final sobre el tema no será revelada oficialmente hasta el 30 de abril.

Cuba está incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desde 1982 debido a sus acciones hostiles y al apoyo que ha brindado a grupos insurgentes armados. Y, aunque la pertenencia a esa lista impone sanciones como la prohibición de EE UU de vender armas y de ofrecerle ayuda económica a tales países, la salida de Cuba de la lista influiría muy poco sobre esas sanciones, que fueron codificadas por separado en 1996. No obstante, ello ofrecería a los hermanos Castro una gran —e inmerecida— victoria diplomática.

Los Castro llevan tiempo protestando e intentado salirse del ostracismo que conlleva esa lista de terroristas, pero se han negado siempre a modificar el comportamiento que les ha valido tal designación. Por otra parte, están esperanzados en que el cambio de estatus podría mejorar su situación entre los congresistas reacios, conduciendo más fácilmente, en un futuro cercano, al levantamiento incondicional del embargo.

Conforme a los criterios legales estipulados en la sección 6(j) de la Ley de Administración de Exportaciones (actualmente reautorizada bajo la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales), Cuba solo puede eliminarse de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo mediante dos maneras.

En la primera de ellas, el presidente de EE UU presenta un informe al Congreso que certifique que ha ocurrido un cambio fundamental en el liderazgo y en las políticas del gobierno de Cuba, que Cuba no apoya ya actos de terrorismo internacional, y que Cuba ha dado "garantías" de que no apoyará ningún acto de esa clase en el futuro.

Sería falso argumentar que ha habido un "cambio fundamental" cuando los Castro han gobernado el país con mano de hierro durante 54 años. Esta opción no pasa la prueba de la risa.

La otra opción es que el presidente estadounidense decida acabar con la lista y, al menos 45 días antes de hacerlo, presente un informe en el Congreso que asegure que el Gobierno cubano no ha proporcionado ningún apoyo al terrorismo internacional durante los seis meses precedentes y ha ofrecido garantías a EE UU de que no apoyará actos terroristas en el futuro.

Constituiría un insulto a los estadounidenses que la eliminación de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo se basara únicamente en las garantías de cambio hechas por una dictadura que reprime brutalmente a su población, desafía el Estado de derecho, acostumbra a fomentar por todo el mundo el antiamericanismo con una provocadora retórica antidemocrática, y mantiene en prisión a un cooperante estadounidense, Alan P. Gross. Detenido en diciembre de 2009, el "delito" de Gross consistió en ayudar a miembros de la comunidad judía de Cuba a conectarse a internet.

Esta segunda opción tiene un mal precedente: la última vez que EE UU se confió de las "garantías" de un dictador para justificar la exclusión de un país de la lista de patrocinadores del terrorismo fue en 2008, cuando el presidente George W. Bush aceptó el testimonio de la familia Kim de que Corea del Norte no apoyaría o participaría en actos de terrorismo internacional. Lo cual, obviamente, no funcionó bien a la larga.

Solamente la falta de credibilidad de los hermanos Castro es legalmente suficiente para prohibir el cambio de designación de Cuba. Pero, además, Cuba ha de ser descalificada porque continúa promoviendo y apoyando el terrorismo internacional. El Informe de Países y Terrorismo del Departamento de Estado norteamericano establece una lógica de tres puntos para la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo:

Primero, "los miembros actuales y anteriores de ETA continúan residiendo en Cuba... Informes de prensa indicaron que el Gobierno cubano proporcionó asistencia médica y política a las FARC. No hubo indicio alguno de que el Gobierno cubano proporcionó armas o entrenamiento paramilitar a ETA o a las FARC".

EE UU considera a ETA y a las FARC como organizaciones terroristas extranjeras y Cuba sigue prestando apoyo a ambos grupos. El argumento nuevo favorito de aquellos que buscan la eliminación de Cuba de la lista es tener en cuenta que las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC están teniendo lugar en La Habana. Pero para sacar a Cuba de ese listado, EE UU tendría que anular la designación de ETA y las FARC como organizaciones terroristas extranjeras. Y más importante aún, no existe todavía acuerdo de paz o paz en Colombia, y ETA sigue amenazando a España.

Testificando sobre Colombia ante el Comité de Servicios Armados, el general John F. Kelly, jefe del comando sur estadounidense, ofreció cierta perspectiva: "Los grupos terroristas representan un desafío persistente que ha asolado la región durante décadas. Las FARC es la guerrilla más antigua, más grande, más capaz y mejor equipada de la región. El gobierno de Colombia se encuentra en negociaciones de paz con las FARC, pero la lucha está lejos de haber terminado y un acuerdo de paz exitoso no está garantizado. Aunque debilitada, las FARC continúan confrontando al Estado colombiano, utilizan dispositivos explosivos y sabotean infraestructuras energéticas y conductoras de petróleo".

En segundo lugar, el informe del Departamento de Estado sobre Cuba afirma que "el Gobierno cubano continúa permitiendo que fugitivos de EE UU residan en Cuba, e incluso los provee de viviendas, cartillas de racionamiento y atención médica".

Esto no ha cambiado. El FBI estima que Cuba ha servido de puerto seguro a más de 70 prófugos de la justicia estadounidense, los cuales viven en la Isla al amparo del régimen castrista. A algunos de estos fugitivos se les acusa o han sido condenados por asesinato, secuestro de personas y secuestro aéreo, y entre ellos existen notorios asesinos de policías en Nueva Jersey y en Nuevo México.

Merecen especial mención en este punto las acusaciones impuestas por EE UU contra los pilotos cubanos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, y contra el general Rubén Martínez Puente, jefe de la fuerza aérea cubana que en 1996 ordenó a los pilotos derribar dos aviones civiles estadounidenses sobre aguas internacionales en el estrecho de la Florida. Ese acto de terrorismo acabó con la vida de cuatro hombres, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

En tercer lugar, un informe del Departamento de Estado avisa que la Financial Action Task Force (FATF) ha identificado a Cuba como país con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En febrero pasado, el régimen castrista hizo "un compromiso político de alto nivel" para trabajar con FATF respecto a blanqueo de dinero y a flujos de dinero del terrorismo a través de Cuba. Pero desde entonces no ha habido ningún esfuerzo cubano perceptible para tipificar como delito el lavado de dinero o establecer procedimientos para identificar y congelar los activos de los terroristas.

Nuevos argumentos

A las justificaciones existentes para mantener a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, el Departamento de Estado puede agregar ahora nuevos puntos.

El terrorismo es definido en la legislación estadounidense como "el uso ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o bienes para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier estamento, en cumplimiento de objetivos políticos o sociales". La detención y el encarcelamiento arbitrario de Alan P. Gross bajo el cargo de acciones internacionalmente protegidas por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria, constituye un acto de terrorismo. Por otra parte, el régimen castrista ha dejado claro que mantendrá a Gross como rehén hasta que EE UU libere a los cinco espías cubanos condenados en cortes federales estadounidenses.

Además, miles de soldados cubanos y oficiales de inteligencia se encuentran emplazados en Venezuela. La presencia cubana allí y el control que ejerce sobre los más altos niveles del ejército, la policía y la inteligencia venezolana no solamente amenaza con subvertir la democracia de esa nación, sino que permite que las autoridades venezolanas sirvan a los intereses cubanos en el tráfico de droga y de armas, y en el apoyo a organizaciones radicales como Hezbolá y la rama iraní de Al Qaeda.

Los estrechos vínculos políticos de Cuba con otros Estados patrocinadores del terrorismo —particularmente Irán y Siria— y su historia de compartir información secreta con regímenes condenables son de gran preocupación y, según varios exfuncionarios de la inteligencia estadounidense, plantean un riesgo para los esfuerzos que realiza EE UU en la lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente y otras regiones.

Tal como el presidente Obama reconociera el mes pasado al renovar la designación de "emergencia nacional" que regula el movimiento y el anclaje de barcos en el estrecho de la Florida (un procedimiento emprendido cada año por los presidentes estadounidenses desde 1996, luego del derribo de aviones civiles estadounidenses por el régimen castrista), "el Gobierno cubano no ha demostrado que se abstendría del uso de fuerza excesiva contra buques o aeronaves estadounidenses que puedan participar en eventos conmemorativos o en protestas pacíficas en el norte de Cuba".

Sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en base a meras esperanzas de mejorar las relaciones bilaterales sería una mala práctica de política exterior. El gobierno cubano debe ganarse el ser considerado de otro modo. Evidentemente no lo ha hecho así hasta ahora, y mientras los hermanos Castro retengan su absoluto control sobre la Isla, no es probable que lo haga.