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Miguel Sales
En un manifiesto dirigido recientemente al presidente de Estados Unidos, el Cuba Study Group (CSG) pide la derogación de la Ley Helms-Burton e insta a Barack Obama a que, mientras no logre ese objetivo en el Congreso, emita órdenes ejecutivas para atenuar los efectos del embargo.
Es difícil comentar a fondo un texto prolijo —16 cuartillas— en el marco de una columna periodística. Por eso estas líneas se limitarán a las ideas medulares que lo sustentan, a riesgo de operar una reducción injusta.
Dejando a un lado el horroroso espanglish de la versión castellana, que a veces resulta ininteligible y obliga a acudir al texto en inglés para comprender el significado de ciertas frases (v.gr. "Diecisiete años después de su promulgación, la Ley Helms-Burton, cual continuó la codificación del el marco (sic) de las sanciones que se identifican generalmente como el embargo…" [párrafo 7] ), el documento justifica la petición en dos premisas harto discutibles.
Primero: El embargo estadounidense es causa fundamental del inmovilismo del gobierno cubano en el ámbito de la política interior.
Segundo: La supresión del embargo fomentará el desarrollo de la sociedad civil y acarreará inevitablemente cambios políticos en la Isla.
Con respecto al primer enunciado, es interesante examinar qué hizo el régimen cubano antes de que existiera el embargo, en los años de 1959 a 1961. Y, sobre todo, cómo procedió a partir de 2000, cuando en la práctica el embargo perdió buena parte de su eficacia, ya que desde esa fecha Cuba no solo podía comerciar con el resto del mundo sino también efectuar un volumen considerable de compras en Estados Unidos.
En ambos periodos, las autoridades cubanas manipularon con cierta flexibilidad los aspectos "económicos" del asunto, pero fueron muy rígidas en cuanto a su dimensión "política". Por ejemplo, tras las grandes confiscaciones de los primeros años, el Gobierno dejó un amplio sector del comercio minorista en manos privadas, al menos hasta la Ofensiva Revolucionaria de finales del decenio. La promulgación del embargo en 1962 no tuvo mayor repercusión sobre esta política de tolerancia. En cambio, en 1968 Castro decidió sacrificar la eficiencia de este sector privado a la necesidad de control interno, en una medida que poco tuvo que ver con la política comercial de Washington.
Desde 1991, el gobierno de Cuba ha vuelto a experimentar con el juego de tira-y-afloja en el ámbito económico, pero en última instancia siempre ha estado dispuesto a sacrificarlo todo a beneficio de la eficacia política. En ausencia de prensa y sindicatos libres, sin partidos de oposición y con agrupaciones religiosas dóciles, las autoridades pueden someter a la población a las condiciones de vida que estimen convenientes en aras de la supervivencia del sistema. Los hombres mueren, pero el Partido es inmortal.
La segunda premisa, que vincula la supresión del embargo al desarrollo de la sociedad civil y los cambios políticos en la Isla, está puesta en solfa por el mismo documento, que en el último párrafo de la página 8 advierte: "Si bien es difícil probar una relación causal directa entre las reformas económicas y una sociedad abierta, la historia moderna nos ha enseñado que es cada vez más difícil para los gobiernos dictatoriales mantener el control político cuando sus pueblos disfrutan de mayor prosperidad". Unas líneas antes, el texto había sugerido que la política estadounidense hacia Birmania (Myanmar) "podría ofrecer un modelo viable que los Estados Unidos podría seguir en su enfoque a la política (sic) hacia Cuba".
Esa "relación causal directa" entre el desarrollo de la sociedad civil y la evolución hacia la democracia se manifestó en España hacia 1975 pero ha estado ausente en China desde hace veinte años. Dejando piadosamente a un lado el caso de Birmania/Myanmar, cabe preguntarse si la situación actual de Cuba se asemeja a la de España en 1975 o a la de China en 1990. ¿O quizá a ninguna de las dos?
La lectura de un documento como este manifiesto presidencial del CSG deja siempre una lamentable impresión de parcialidad. Sería mucho más creíble si viniera acompañado de otro texto paralelo, dirigido al general Raúl Castro, en el que se pidiera al gobernante cubano medidas de apertura que podrían (o no) influir en la política estadounidense hacia la Isla. Esas medidas ni siquiera tendrían por qué estar sujetas a las decisiones de Washington, porque son prerrogativas soberanas del Estado cubano y atañen mucho más a la relación entre gobierno y ciudadanía que al pugilato bilateral. Por ejemplo:
a) Promulgar una amnistía para los presos por delitos de opinión y suspender el acoso y los actos de repudio contra los disidentes.
b) Cesar las exacciones en forma de gabelas y tasas de cambio leoninas y decretar el fin de la dualidad monetaria.
c) Garantizar el derecho a la libre expresión de las ideas y a la libertad religiosa, tal como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es Estado signatario.
No sé si los preclaros miembros del CSG creen realmente que la vulneración de derechos que estas medidas remediarían está condicionada por la existencia del embargo comercial estadounidense. Sin duda es difícil demostrar una relación de causa/efecto. Tan difícil como probar que la supresión del embargo entrañaría necesariamente la aprobación, por parte de la dictadura cubana, de esas mínimas disposiciones liberalizadoras.
El embargo, como he señalado otras veces, es un tema opinable. Nadie dispone de una bola de cristal lo suficientemente diáfana como para vaticinar qué ocurriría si se suprimiera o se mantuviese. Afirmar que no ha funcionado hasta hoy es como declarar que toda la política de Estados Unidos con respecto al bloque soviético fue inoperante hasta el 8 de noviembre de 1989. O atribuirles únicamente a las medidas conciliatorias y los encuentros deportivos todo el crédito de lo que ocurrió a partir del día siguiente, cuando los alemanes derribaron el Muro y el mundo cambió en pocas horas.
Yo opino que, mientras el gobierno de los hermanos Castro no se comprometa a respetar todos los derechos de todos los cubanos y no aplique las medidas indispensables para llevar ese compromiso a vías de hecho, el embargo sigue siendo una herramienta de presión útil y necesaria. Útil porque le priva de recursos y porque señala claramente que Estados Unidos no aceptará una mascarada de "transición" a la rusa, en la que la policía política, los generales-empresarios y algunos comerciantes inescrupulosos de Miami se las apañarían para maquillar la continuidad del castrismo por otros medios. Necesaria porque es el único instrumento de que dispone Washington para influir sobre la evolución futura de ese Gobierno, habida cuenta de la inflexibilidad que los Castro han mostrado en lo tocante a la índole unipartidista y dictatorial del sultanato cubano.
Mientras no exista garantía alguna de que el gobierno de Raúl Castro responderá a las medidas conciliatorias de Washington con reformas sustanciales que empiecen a devolverles a los cubanos los derechos conculcados, las autoridades de la Isla transformarán cualquier gesto de apaciguamiento en victoria política y cualquier ventaja comercial en fuente adicional de financiación. Dos elementos que consolidarían aún más la capacidad de supervivencia del régimen castrista en su forma actual o en su muy probable versión maquillada "a la rusa", que ya parece estar en vías de gestación.
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