Mapa de las reservas petroleras de Cuba confeccionado por el Servicio Geológico de EEUU. |
Las necesidades de petróleo de Cuba dependen de Venezuela en un 60% y, hasta ahora, no hay yacimientos comercialmente explotables
en las reservas profundas cubanas en el Golfo de México, reporta el
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe actualizado
dado a conocer a fines de marzo bajo el título Tendencias recientes en las industrias de minería y petróleo de Cuba.
Aunque Cuba había anunciado en 2011 planes para aliviar su
dependencia de Venezuela desarrollando sus recursos de hidrocarburos en
aguas de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), el reporte señala que "hasta
2015, la perforación en aguas profundas por empresas extranjeras como Repsol de España y Zarubezhneft de Rusia no ha dado lugar a ningún descubrimiento de cantidades comercialmente explotables de petróleo o de gas".
La hoja de datos incluye una recopilación de la información disponible sobre las industrias mineras de Cuba realizada por el Centro Nacional de Información sobre Minerales de Estados Unidos, en respuesta a los recientes acontecimientos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos.
Contiene un nuevo mapa y una tabla que
identifica minas, centros de procesamiento de minerales e instalaciones
petroleras, así como información sobre su ubicación, estado de
funcionamiento y estatus de la propiedad.
También aborda el estado actual de proyectos conocidos en el sector minero,
la evolución histórica de éste y las tendencias de la economía cubana,
con énfasis en las industrias de minería, así como la oferta y demanda
de los recursos minerales de Cuba.
Demasiada dependencia
El documento apunta que en 2013 Cuba se contaba entre los diez primeros productores mundiales de cobalto y níquel, las principales exportaciones de bienes del país.
Acerca de la producción de petróleo crudo y el gas natural derivado,
que se extraen principalmente de yacimientos terrestres o situados en
aguas poco profundas al este de La Habana, el USGS la estima en unos
50.000 barriles diarios de crudo y un equivalente de cerca de 20.000 de
gas natural. Esto satisface alrededor de un 40% de la demanda del país,
mientras que Venezuela ha venido cubriendo el 60% restante.
En 2013, el valor de las actividades extractivas representó el 0.6%
del Producto Interno Bruto del país, comparado con el 1.4% en 2000.
El informe del USGS no ofrece nuevos estimados, sino que se ajusta a los que la institución publicó en 2004,
sobre los "recursos de hidrocarburos no descubiertos y técnicamente
recuperables" en la llamada Cuenca Cuba: 4.6 millones de barriles de
petróleo crudo; 0.9 millones de barriles de líquidos de gas natural y
9.8 billones de pies cúbicos de gas natural. Estas proyecciones incluyen
áreas offshore en aguas bajas y en la ZEE del país caribeño en el Golfo de México.
Oportunidades y cortapisas
La hoja de datos ofrece también información sobre la inversión extranjera directa en
Cuba y recuerda que en noviembre de 2014, el Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión Extranjera de la isla anunció 246 proyectos de
desarrollo para los que estaba buscando unos $8.000 millones de
inversores foráneos.
El USGS aclara, no obstante, que el Gobierno cubano ha advertido que la de Cuba seguirá siendo una economía estatalizada y dominada por grandes holdings del Gobierno y que en la mayoría de sus asociaciones con firmas extranjeras se reservará el control mayoritario.
Apunta que en el sector energético, el país está ofreciendo empresas
mixtas de extracción de petróleo en bloques terrestres y marítimos. El
documento precisa que del portafolio de 246 proyectos,
86 pertenecen al sector del petróleo mientras que La Habana espera
incrementar de 4% a 24% para 2030 la energía procedente de recursos no
renovables como biomasa, la fotovoltaica y la hidroeléctrica.
En el caso de los parques eólicos, Cuba permitirá un 100% de propiedad extranjera.
Pero el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos aclara que,
independientemente de si las empresas energéticas son parcial o
totalmente de propiedad extranjera, se les exigirá vender la
electricidad generada a los sistemas de distribución estatales, a
precios predeterminados.
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