Dr. Eugenio Yáñez
El inicio del proceso de
restablecimiento-normalización de relaciones entre los gobiernos de
Estados Unidos y Cuba, anunciado el 17 de diciembre del 2014, y
todas las acciones concretas y específicas que se han producido
desde entonces -fundamentalmente por la parte norteamericana- ha
permitido, entre otras cosas, comprobar el nivel de candidez e
ingenuidad -mirémoslo con buena fe- de muchos de los participantes,
ya sean políticos como académicos y hombres de negocio, y
tanto estadounidenses como latinoamericanos o europeos.
No me estoy refiriendo a
ciudadanos de a pie, que pueden tener un nivel de información más o
menos apropiado de acuerdo a sus intereses y motivaciones, sino a
profesionales de la política, la docencia superior o la empresa, que
con sus declaraciones dejan ver perfectamente que por su falta de
información y desconocimiento de las realidades cubanas y de cómo
funcionan las cosas en esa curiosa finca de los hermanos Castro,
conocida también como República de Cuba, auguran un camino demasiado
cuesta arriba para los intentos de convertir en “normales” unas
relaciones bilaterales que durante más de medio siglo han sido
totalmente anormales.
Dejemos de lado por esta vez el
tema de las supuestas libertades democráticas y respeto a los
derechos humanos que algunos consideran que se reproducirían casi de
inmediato en cuanto el régimen de La Habana “entienda” que debe
negociar con EEUU y dar paso a “reformas” de tipo político que
favorezcan a los cubanos de a pie, puesto que ya se ha hablado
demasiado sin que se haya podido demostrar nada más allá de leyendas
urbanas y esperanzas abstractas que, aunque demasiado agradables al
oído y las ilusiones, no tienen fundamento, pues los hermanos
castros no han renunciado ni tampoco planean renunciar a su
monopolio del poder.
De manera que analizaremos
otros aspectos más concretos para razonar sobre las perspectivas del
entendimiento del gobierno de EEUU con el régimen de La Habana y la
posibilidad real de que la población cubana en la Isla se pueda
beneficiar de esos acontecimientos.
El “bloqueo”
Uno de los primeros despistes
que se notan en esos políticos, académicos y hombres de negocios
tiene que ver con todo lo relacionado con el embargo, llamado
“bloqueo” por el régimen de La Habana. Y antes que todo hay que
reconocer que, sin duda alguna, fue el gobierno de Cuba quien ganó
la batalla del “bloqueo” en todo el mundo, no solo por las más de
dos decenas de resoluciones anuales en la ONU condenándolo, sino por
la cantidad de personas que supuestamente deberían estar mejor
informadas sobre el tema y sin embargo no lo demuestran.
Es una equivocación muy
generalizada considerar que las carencias y miserias que sufren los
cubanos son provocadas por el embargo de Estados Unidos contra el
gobierno cubano (que no contra “Cuba”). La afirmación se recibe como
axioma que no necesita demostración y se repite como mantra
en todas partes, sin tener en cuenta realidades evidentes.
Limitémonos, por el momento, a
referirnos a la alimentación de los cubanos, y sin hacer abuso de
estadísticas y cifras, sino basándonos en hechos muy generales y que
cualquier cubano que haya vivido esos tiempos podrá atestiguar sin
vacilación alguna. Ninguno de los paladines anti-embargo a toda
costa se pregunta cuál era la situación de la economía cubana
posterior a 1959 en cuanto a la alimentación de la población, antes
de que fuera decretado y poco a poco implantado el embargo por parte
de Estados Unidos.
De hacerlo con un mínimo de
seriedad, se enterarían de que Cuba antes del triunfo de “la
revolución” ocupaba el tercer lugar en América Latina en cuanto a
consumo de proteínas y calorías por habitante, solamente superada
por Argentina y Uruguay. Además, ya antes de la proclamación e
inicio de la implantación del embargo los cubanos sufrieron
carencias y limitaciones de productos agropecuarios producidos en el
país, no a causa de ningún “bloqueo” de alguna potencia extranjera,
sino por la ineficiencia administrativa, ineptitud y falta de
interés productivo en las llamadas “granjas del pueblo” estatales,
que surgieron con motivo de la primera ley de reforma agraria en
mayo de 1959, ley mediante la cual fueron expropiadas sin ningún
tipo de compensación todas las fincas de más de 30 caballerías
(402.6 Hectáreas) de tierra, estuvieran en explotación o no.
Esa medida se reforzó en
octubre de 1963 con la así llamada segunda ley de reforma agraria,
supuestamente promulgada con la intención de destruir el poder de la
“burguesía rural y la contrarrevolución” en los campos cubanos.
Producto de dicha ley, una vez más fueron confiscadas sin
compensación nuevas tierras, ahora todas las fincas con áreas
superiores a las 5 caballerías (67.1 Ha), que fueron incorporadas
también a las funestas “granjas del pueblo”.
Esas “granjas del pueblo”,
grosero remedo del “sovjós” soviético caracterizado siempre por su
ineficiencia y baja productividad en la hoy afortunadamente
desaparecida URSS, y en todos los países del también desaparecido
“campo socialista”, llegaron a controlar en Cuba el 78% de las
tierras del país, agrícolas o no, quedando el 22% restante en manos
de campesinos privados y cooperativas agropecuarias. Sin embargo,
ese minoritario 22% en manos privadas y cooperativas resultó siempre
mucho más productivo y eficiente que todas las “granjas del pueblo”
estatales, a pesar de que estas recibían atención priorizada en
recursos de todo tipo por parte del régimen.
A pesar de ello, el gobierno
totalitario cubano controló la comercialización de productos
agropecuarios con regulaciones absurdas y precios leoninos con que
pagaba los productos acopiados a los campesinos para supuestamente
llevarlos hasta los consumidores en todo el país, y además realizaba
esa comercialización usando mecanismos caracterizados por su
absoluta ineficiencia. Si a esto le añadimos el ingrediente de una
burocracia negligente, la pérdida de las cosechas se convirtió en
una norma de la agricultura castrista. En esas absurdas condiciones,
la producción privada y cooperativa no pudo nunca desarrollarse
convenientemente después de 1959.
Por si fuera poco, el Estado
controlaba totalmente la venta y distribución de semillas a los
productores, así como la de aperos de labranza y de todos los
insumos y herramientas de trabajo fundamentales para la actividad,
como machetes, arados, espuelas para jinetes, fertilizantes,
pesticidas, herbicidas, medicamentos veterinarios, equipos de riego,
postes y alambre de púas para cercados, recursos de mecanización
como tractores, cosechadoras, aviación agrícola, alimentos para el
ganado, medicamentos veterinarios, y muchos más, siempre priorizando
a las “granjas del pueblo” por sobre los campesinos y
cooperativistas en la asignación y distribución de esos recursos.
Además, el Estado estableció
disposiciones arbitrarias para el control de los productores, como
la prohibición de sacrificio de ganado vacuno por parte de sus
legítimos dueños (vigente hasta nuestros días), o la obligatoriedad
de los campesinos y cooperativistas, en dependencia del territorio
donde estaban localizadas sus tierras, de sembrar determinados
productos en cada época del año, junto a la prohibición de cosechar
otros que no fueran de interés estatal en esos momentos.
Como resultado de toda esa
política insensata y la ineficiencia característica de todas las
economías “socialistas” del mundo, cayó en picada la producción de
un conjunto de productos agropecuarios que hasta 1959 satisfacían
las necesidades del mercado por sí solos o se complementaban con
algunas importaciones, pero nunca al nivel de desastre provocado por
el “socialismo” castrista, que en estos momentos tiene que importar
el 80% de los alimentos que se venden en el país, y que
indudablemente no son suficientes para satisfacer las demandas de la
población. Basta con ver los tumultos y riñas para intentar comprar
productos agropecuarios que se venden “por la libre”, la raquítica
cuota de venta de alimentos en cantidades “normadas” (racionadas)
para cada persona, y los precios de los productos agropecuarios
-comparados con salarios, pensiones e ingresos promedio- en el
extendido mercado negro.
Gracias a “la revolución” y no
al “bloqueo”, desaparecieron prácticamente del mercado, o su
producción se redujo hasta niveles risibles, productos agropecuarios
que desde siempre se obtenían en Cuba sin dificultades, como café,
malanga, boniato, yuca, calabaza, frutas tropicales, vegetales,
leche, quesos, mantequilla, huevos, carne de res, pollos, guanajos,
guineos, cerdos, carneros, conejos, pescados, mariscos, especias,
dulces, helados, jugos y refrescos.
Igual suerte corrieron otros
que, aunque la producción nacional no era suficiente para las
necesidades del país, se obtenían en el mercado en cantidades
adecuadas y a precios razonables gracias a importaciones
complementarias que se llevaban a cabo, como eran los casos del
consumo de arroz, frijoles, embutidos, grasas comestibles y hasta
alimentos que ni siquiera se producían en Cuba, como tasajo, bacalao
o yogurt, que se importaban no solamente desde Estados Unidos, sino
también desde España, Portugal, Argentina, Italia, Inglaterra,
Noruega, México, Uruguay, Chile, Canadá, Medio Oriente, República
Dominicana, Jamaica, Bahamas, Puerto Rico, Venezuela, Brasil,
Colombia, Costa Rica, y muchos países más.
Entonces, las limitaciones,
carencias y necesidades insatisfechas de los cubanos en lo que tiene
que ver con su alimentación, desde el mismo comienzo de “la
revolución” hasta nuestros días, no son efecto de un inexistente
“bloqueo”, pues eso nunca existió más allá de unos pocos días
durante la Crisis de Octubre de 1962, para evitar la entrada de más
armas nucleares soviéticas a Cuba.
La verdadera causa de esas tan
durísimas condiciones alimenticias para los cubanos, que cada día
que pasa se hacen más difíciles todavía, no hay que buscarlas en una
supuesta acción agresiva de una potencia extranjera como Estados
Unidos, que no existe, sino en la ineficiencia que siempre ha
caracterizado toda economía del “socialismo real” en todas partes, y
a la ineptitud de todos sus dirigentes, que siempre son designados
para dirigir la economía nacional y las empresas estatales no por su
capacidad, resultados anteriores ni experiencia, sino por su
“confiabilidad” política y su lealtad a los mandarines de turno.
De manera que, aunque el
embargo fuera eliminado ahora mismo de un plumazo con la
autorización unánime del Congreso de Estados Unidos, la dura
situación y dificultades de los cubanos para alimentarse no
desaparecerán por arte de magia mientras siga existiendo un modelo
productivo y comercial ineficiente y absurdo, que ha fracasado en
todas partes del mundo donde ha sido aplicado, y en todas las épocas
históricas en que se ha querido someter totalmente la producción y
el mercado a un plan elaborado por burócratas.
El acceso a la Internet y las
telecomunicaciones
Este es otro de los mitos que
pulula con más fuerza desde el 17 de diciembre, porque se parte del
principio, absolutamente falso, de que las limitaciones de los
cubanos de a pie en la Isla para el acceso a Internet, sistemas
modernos de telecomunicaciones, televisión satelital, redes
sociales, y llamadas telefónicas internacionales a precios
razonables, están determinadas por los padecimientos e
insuficiencias tecnológicas que el malvado bloqueo de Estados Unidos
impone a Cuba.
Sin embargo, a manera de
ejemplo, puede señalarse que desde hace varios años existe una
conexión submarina con un cable Venezuela-Cuba capaz de ofrecer
conexiones de Internet a velocidades mucho más altas de las que
funcionan en el país, pero ésta aún no ha entrado en servicio a la
población, ni los gobernantes han explicado por qué. Por eso los
pocos afortunados que pueden tener algún tipo de conexión a la
Internet -aunque sea a la red local y cerrada dentro del país que ha
establecido el gobierno- solo obtienen velocidades extremadamente
lentas y a precios escandalosos.
Para que los despistados tengan
una idea adecuada de lo que quiere decir “escandalosos” precios,
sépase que una hora de conexión en Cuba cuesta el equivalente a 4.50
dólares, en un país donde el salario medio se mueve alrededor de los
20 dólares mensuales, y las pensiones entre 10 y 12 dólares al mes.
Y nadie se vaya a confundir porque en estos días, y solamente por un
limitado tiempo, en lo que parece un movimiento oportunista frente a
negociaciones sobre estos temas entre el gobierno cubano y EEUU, el
monopolio estatal de comunicaciones del régimen, ETECSA, haya
ofrecido una rebaja de precios que, aun siendo significativa en
cuanto a porcentaje de descuentos para los abusivos precios que se
cargan en la Isla, sigue siendo prohibitiva para la aplastante
mayoría de los cubanos.
Lo mismo sucede con la
televisión satelital: no se trata de limitaciones técnicas ni de que
el gobierno cubano, que no rinde cuentas a nadie, no tuviera
recursos para que pueda funcionar adecuadamente. Muchos cubanos, por
su cuenta, y sin permiso del régimen, utilizan antenas que captan
señales de este tipo y las distribuyen entre amigos y vecinos del
barrio, gratuitamente o cobrando un precio por el servicio. Es
decir, que no es imposible hacerlo, y el gobierno podría hacerlo
fácilmente si, por ejemplo, fuera mucho más eficiente en la
producción agropecuaria y no tuviera que gastar casi dos mil
millones de dólares anuales importando alimentos que se podrían
producir en la Isla.
El verdadero problema radica en
que el régimen no tiene ningún interés en que los cubanos puedan
tener acceso a ningún tipo de libertad de información, en ningún
sentido y en ningún lugar, puesto que su poder totalitario se basa
en el control absoluto y riguroso de toda la información que pueda
recibir la población. Y que nadie pretenda desgastarse en una
bizantina discusión sobre si el gobierno actual es totalitario o
autoritario, porque cualquier conclusión a que se pudiera arribar no
cambiaría para nada la esencia de lo que se está describiendo aquí.
Pues sea lo que sea,
totalitario o autoritario, no deja de ser un régimen dictatorial que
pretende modificar a su conveniencia la conducta y acciones de la
población, ya sea controlando directamente todos los medios de
información y difusión del país como impidiendo el acceso a otras
fuentes de información, como son la Internet, la televisión
satelital, las redes sociales y la prensa independiente, y a la vez
prohibiendo, interfiriendo o bloqueando totalmente publicaciones y
señales radiales o televisivas extranjeras que no convengan al
gobierno. Y no nos referimos solo a los casos de Radio y Televisión
Martí, o como se hizo hace unos años con la CNN en español, sino
también a la prohibición de las publicaciones soviéticas Tiempos
Nuevos y Spútnik, en tiempos de la perestroika, que el
régimen castrista consideraba como información “subversiva” y nada
recomendable para la población.
De manera que, mientras prime
ese criterio ideológico por parte de la dictadura en La Habana, no
tendrán la más mínima importancia ni aplicación práctica en este
asunto todas las medidas de flexibilización y cualquier otro gesto
positivo que pudiera implementar la administración Obama hacia el
gobierno cubano.
Por lo tanto, todos los
cándidos e ingenuos -no tenemos que pensar mal gratuitamente- harían
bien en informarse correctamente antes de continuar proclamando
buenas nuevas y futuros promisorios que, de momento, solamente
existen en sus veleidades intelectuales o en su imaginación.
La inversión extranjera
Una narración clásica habla de
la historia de dos fabricantes de zapatos que se fueron a explorar
el mercado en una isla lejana. Al llegar allí comprobaron que todos
los isleños andaban descalzos. Uno de los fabricantes pensó: “aquí
no hay nada que hacer, pues esta gente no utiliza zapatos”. Sin
embargo, el otro fabricante pensó de manera muy diferente: “este
es un mercado excelente, pues aquí todos necesitan zapatos”.
Para ilustrar la actitud
empresarial y emprendedora, esa anécdota es válida. Sin embargo, no
refleja una realidad concreta, puesto que una cosa sería la
necesidad de un producto, y otra muy distinta la demanda real de ese
producto. En otras palabras, aunque todos los isleños de la
narración anduvieran sin zapatos, e incluso pudiera decirse que
aunque todos necesitaran zapatos, eso no significa que la hipotética
isla sería un buen mercado para los fabricantes de zapatos, si no
sabemos la capacidad real de aquellos habitantes de adquirir
zapatos, de acuerdo a su necesidad y a los recursos de que
dispusieran para comprarlos.
Algo similar ocurre en el caso
de Cuba cuando se habla de las posibilidades que se abren para la
inversión extranjera o la exportación hacia la Isla. Acabo de leer
un artículo donde un académico y un empresario en México hablaban de
las potencialidades del mercado cubano para un producto comestible
ligero que actualmente se produce y comercializa en México. El
empresario decía que Cuba era un mercado virgen con más de once
millones de habitantes ávidos de consumir. Lo cual es cierto.
Sin embargo, es algo que de
nada vale sin conocer la capacidad real de demanda que tienen los
cubanos. Las personas que analizaban desde México la viabilidad de
ese producto señalaban que el costo de producción en Cuba sería más
alto que en el país azteca porque la materia prima principal debería
ser importada. Y que además tendrían necesidad de desarrollar una
red de productores cubanos que suministrara otras materias primas
que sí se pueden producir en la Isla. Y añadían que aunque el costo
de producción sería más elevado que en México, estos gastos se
compensarían por la utilización de una mano de obra cubana mucho más
barata y un mucho menor costo de rentar locales en Cuba para los
establecimientos de producción y los de venta minorista de los
productos.
Toda esa conversación era muy
correcta, “by the book”, como mismo se enseña en una escuela
de administración cualquiera en el mundo. No obstante, se trata de
un tema muy peligroso comercialmente, porque en ella no se abundó en
la capacidad de los cubanos para consumir los productos que vendería
ese fabricante. No porque no les gustaran, pues son productos de
buena aceptación en México, y no necesariamente enmarcados en la
cultura mexicana, es decir, podría pensarse razonablemente que
también les gustarían a los cubanos.
El problema radica en la
capacidad de demanda real de los cubanos no solamente para esos
productos, sino para todos los productos que existan en el mundo.
Admitiendo que los cubanos no pagan directamente la educación y los
servicios de salud pública -lo cual no significa que sean gratuitos-
los trabajadores estatales, que constituyen el 80% de la fuerza
laboral del país, tienen que satisfacer sus necesidades de
alimentación, vestuario, calzado, transporte, vivienda, higiene,
cultura, recreación y esparcimiento, con un salario promedio mensual
de 20 dólares, o de unos 10-12 dólares mensuales si se tratara de
pensionados y jubilados.
Naturalmente, en esas
condiciones prácticamente es imposible vivir. De ahí que una parte
de los cubanos reciban remesas del exterior enviadas por familiares
y amigos, y que otra parte tenga que “resolver” desviando (robando)
productos estatales y comercializándolos en el mercado negro, a
riesgo de ser capturados y encarcelados.
El 20% de los trabajadores del
país, que actúan como “cuentapropistas” y no trabajan para el
Estado, tiene ingresos no tan definidos como los empleados
estatales: algunos reciben prácticamente lo mismo (el equivalente a
20 dólares mensuales) o un poco menos que los trabajadores
estatales, mientras otros cuentapropistas puede tener ingresos muy,
pero muy superiores, fundamentalmente los propietarios de
“paladares” (restaurantes privados), transportistas, o quizás dueños
de gimnasios o salas de proyección, así como músicos, compositores,
artistas plásticos, artesanos, bailarines, diseñadores, cineastas, y
escritores que logren contratos en el exterior.
¿Cómo se puede realizar un
riguroso estudio de mercado en estas condiciones? Se podrá
argumentar que ningún estudio de mercado puede pronosticar con un
100% de precisión cómo será el comportamiento del mercado frente al
producto que se investigue, lo cual es cierto, pero en ningún caso
un estudio de mercado se basaría en bases tan endebles como habría
que hacer en Cuba, sobre todo si se tratara de nuevos productos que
no se conocen anteriormente en el país, como en el ejemplo que se
mencionaba de la conversación del académico y el negociante en
México.
Otra cosa sería recurrir al
concepto de la “maquiladora”: producir en Cuba, aprovechando
relativas ventajas competitivas de costo de la mano de obra y
alquileres, y arriesgándose a las tribulaciones de cualquier
productor extranjero en la Isla frente a la desorganización
tradicional, irregularidades de abastecimientos, sustracción de
recursos, necesidad de importar las materias primas, dificultades
materiales (comunicaciones, electricidad, agua, estado de las
carreteras y calles, las casi permanentes escaseces, y la continua y
poco disimulada intromisión estatal (aunque el régimen jure lo
contrario), para posteriormente exportar esos productos a mercados
que pudieran ser relativamente cercanos y amplios como México,
América Central y el Caribe.
Aún quien esté dispuesto a
correr todos esos riesgos desde el punto de vista de mantener
funcionando un negocio, deberá estar muy advertido también de que en
Cuba no existen regulaciones para el funcionamiento de relaciones
comerciales estrictamente controladas por la ley, ni tribunales o
arbitrajes apegados al Derecho, ni muchas de las garantías que
pudiera esperar cualquier negociante interesado en operar en un país
que funcione de una forma medianamente aceptable para los
actividades económicas y negocios.
A lo que habría que sumar la
escandalosa cultura de la corrupción que corroe a todos los cubanos,
y no solamente cubanos de a pie, sino todo el estamento y cuerpo
administrativo del país, todos los “dirigentes” de la economía,
desde directores de alto nivel y grandes organizaciones hasta los
funcionarios mas modestos y de más bajo nivel jerárquico.
Y no olvidar tampoco que, si el
gobierno cubano lo estima necesario, podría llegar hasta confiscar
el negocio sin ofrecer compensación alguna, y el inversionista
“siquitrillado” podría sentirse contento y con muy buena suerte si
no pasa un tiempo en prisión antes de ser expulsado del país.
Si alguien tiene dudas sobre lo
anterior, puede interesarse por las historias conocidas y escritas
de algunos inversionistas canadienses, españoles o chilenos, por
ejemplo, que son muy esclarecedoras en este sentido.
Conclusión
Hay mucho más que analizar, y
muchos otros temas que valdría la pena abordar sobre el asunto que
nos ocupa ahora, como el transporte entre ambos países, las
exportaciones, las relaciones bancarias y la utilización de tarjetas
de crédito, pero que podrían hacer mucho más extenso, casi
interminable, este análisis.
No se trata de suponer que nada
se puede hacer en Cuba aprovechando adecuadamente las nuevas
realidades que se están delineando a partir del relanzamiento de las
relaciones entre los gobiernos de EEUU y Cuba a partir del 17 de
diciembre del 2014. Ni tampoco es que se desee o pretenda presentar
un enfoque absolutamente negativo o pesimista de las posibilidades
que se abren ahora en el campo de negocios y relaciones económicas.
The
Washington Post acaba de alertar en un editorial publicado el domingo 22
de febrero que
“las altas expectativas y
ansiedades profundas que rodean el deshielo entre Estados Unidos y Cuba,
que el presidente Barack Obama anunció hace dos meses, se estrellan
contra la realidad de que el proceso todavía está en sus primeros y
tímidos balbuceos”,
destacando a continuación en ese mismo editorial que “Los
líderes políticos harían bien en no sucumbir a la exuberancia
inducida de la transformación de las relaciones económicas que
podrían estar a la mano - y mucho menos acerca de la transformación
política del régimen comunista cubano. Los contactos oficiales no
deben endulzar o dar legitimidad inmerecida a una dictadura
dinástica que sigue siendo una de las más represivas del planeta”.
Lo que he estado a lo largo de
este análisis tratando de hacer,
simplemente, es dejar claro que las cosas no serán de coser y
cantar como creen algunos, como si no hubiera nada que discutir,
comprender y superar, y que por ninguna razón debería decirse festinadamente que
podría comenzarse a hacer casi de inmediato y sin ningún tipo de
dificultad lo que ya lleva más de medio siglo sin hacerse.
No solamente porque ni siquiera
sabemos si el gobierno cubano quiere realmente hacer o no
determinadas cosas, sino algo mucho más importante: aun suponiendo que
lo quisiera hacer, si sabría verdaderamente cómo y cuándo hacerlo, y
si dispone de inmediato de las personas adecuadas para hacerlo
efectiva y eficientemente.
Y en ese último aspecto, todo
está más confuso todavía.
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