Disidentes cubanos testificaron ante la Subcomisión de Relaciones
Exteriores sobre el Hemisferio Occidental del Senado, donde coincidieron
que la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba tiene
aspectos positivos, pero debería contar con los aportes de la sociedad
civil cubana.
Manuel Cuesta Morúa, un historiador que aseguró que el régimen cubano
no le dejó ser abogado, dijo no creer que el cambio de política de
Estados Unidos “nos vaya a traer libertad”.
“La libertad en Cuba es cuestión exclusiva de los cubanos, pero
créanme, nos dará nuevas opciones para obtenerla por nosotros mismos”,
remarcó.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo que el tema de los
presos políticos es “uno de los más sensibles”, que “va más allá de la
ocasional liberación de algunos de ellos”.
La activista agregó que la Cuba donde vive no existe la separación de
poderes, ni libertad de expresión, un lugar en que “el partido
comunista es la fuerza rectora del país”.
“Mientras estas condiciones prevalezcan, no es posible de hablar de
una voluntad de cambiar del régimen de Castro… para nosotros significa
la continuación de golpizas, prisión, discriminación para nuestros niños
y todo tipo de intimidación todo por querer una Cuba pluralista,
democrática e inclusiva”, señaló.
Cuesta Morúa dijo que la negociación sobre el relanzamiento de las
relaciones entre los dos países “permite pasar de las posturas a la
acción y coloca el debate en su escenario principal: Cuba”.
Agregó que el acercamiento también “destruye la narrativa del Estado
cubano basado en la confrontación natural entre EE.UU. y Cuba, y abre un
camino de la legitimización de los actores en la sociedad civil”.
La disidente Miriam Leiva dijo que la inacción de Estados Unidos por motivos políticos sería negativa a largo plazo.
"Brasil, Rusia y China ya están posicionados en Cuba, pero los
estadounidenses y cubanoestadounidenses están privados por su gobierno
de participar en las relaciones económicas y comerciales con Cuba (...)
que ofrece independencia de la economía estatal", señaló.
Por su parte, Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Oswaldo
Payá, pidió incorporar la investigación independiente y objetiva de la
muerte de su padre como parte de las negociaciones, y dijo tener pruebas
que esta se trató de un asesinato.
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