Elías Amor Bravo, economista
La
respuesta nos la acaban de dar. El régimen castrista anda dando vueltas
a la forma de conseguir una mayor eficiencia en el proceso
inversionista. Un artículo en Granma “Lograr la mejor reproducción de
cada peso invertido” abunda en estas cuestiones. Recientemente, el
Decreto No. 327 “Reglamento del proceso inversionista”, y un conjunto de
normativas complementarias que entrarán en vigor próximamente, tienen
como principal objetivo, y cito textualmente, “actualizar y atemperar a
las condiciones actuales las diferentes normativas que guardan relación
con dicho proceso, constituye un paso fundamental”.
El que crea que en Cuba existe algún tipo de libertad económica para invertir,
que se olvide. El Decreto regula todas las inversiones que se ejecutan
en el territorio nacional por las entidades estatales, las sociedades
mercantiles de capital 100% cubano, las empresas mixtas, las
Asociaciones Económicas Internacionales (AEI) y las Empresas de capital
totalmente extranjero. Después de la publicación del nuevo entramado
legal, hasta las modalidades de inversión extranjera se extraen
de la recientemente aprobada Ley de Inversión Extranjera, y entran
dentro del ámbito de lo establecido en la Resolución 91 “Indicaciones
para el Proceso Inversionista”, del 16 de marzo del 2006, del
Ministerio de Economía y Planificación, que es el ejemplo más palmario
del intervencionismo estalinista que domina buena parte de las
decisiones de la economía castrista.
En esencia, este Decreto es un golpe de mano
que centraliza, unifica todos los conceptos relativos a las
inversiones, y fija un marco de obligado cumplimiento para cualquier
tipo de inversiones en territorio nacional, excepto las Zonas Especiales
de Desarrollo y en los “derroteros de la Oficina del Historiador de La
Habana”, por sus específicas características. A partir de este momento,
la marcha de las inversiones extranjeras no sólo se controla por el
régimen, sino que se somete al conjunto de normas jurídicas del proceso
inversionista que rige en la Isla.
Por
lo demás, el Decreto fija la responsabilidad del inversionista, su
definición en el marco legal, sus funciones y las del resto de los
sujetos que forman parte del proceso, desde el proyectista,
suministrador, constructor, explotador y contratista. El término “explotador”
no tiene desperdicio. No son capaces de suprimir la retórica del odio
ni siquiera en un texto legal. Incluso, los inversores tienen que estar
“capacitados sistemáticamente”, lo que no se comprende muy bien qué
significa, y además, acreditados con un título sin el cual no podrán
ejercer sus funciones. Es decir, nada escapa al control del régimen.
Ese peligroso aumento del intervencionismo,
va acompañado, curiosamente, de un proceso de descentralización en los
niveles de dirección, dentro del llamado proceso de perfeccionamiento
empresarial. Suena a trampa. Si bien, en la actualidad el 85 % de las
inversiones se aprueba a nivel central, ya sea en el Ministerio de
Economía y Planificación, el Ministerio del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, o en el Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, se pretende que los directores de empresas puedan aprobar
determinadas inversiones sin necesidad de hacer consultas. Un argumento
baladí, si se tiene en cuenta la forma que se establece la organización
piramidal de la economía. En todo caso, el Decreto se encarga de
confirmar que los directores solo podrán aprobar pequeñas inversiones,
como las que garanticen la reproducción simple de su actividad, el
reequipamiento y el sostenimiento de sus funciones. Al final, siempre
obedecen a alguien.
Las
autoridades confían que por medio del Reglamento se pueda ordenar mejor
las diferentes fases del proceso inversionista. Lo dudo. Una cosa es
ordenar y otra controlar in extremis. Una intervención que es total,
desde la obtención de los diferentes permisos, las circunstancias en que
se solicitan, quién los concede y el tiempo que puede demorar en
responder un organismo al que se le haga algún tipo de consulta, entre
otras. Cualquier movimiento será sometido a vigilancia y control. Trabas
y más trabas.
Es sorprendente lo que se dice en Granma, y cito textualmente, “hasta el momento ningún documento legal normaba
claramente qué hacer en estos casos y a partir de ahora todos los
organismos de consulta cuentan con una herramienta legal, atemperada a
la actualización del modelo económico. Con ella se ordenan sus
obligaciones en el proceso inversionista en temas específicos que son de
su rectoría tales como: localización, medio ambiente, transferencia de
tecnología, empleo de fuentes renovables y uso eficiente de la energía,
seguridad y orden interior, defensa, comercialización, uso del espectro
radioelectrónico, transporte, turismo, construcción, uso del suelo y
sus recursos minerales, industria, elaboración de alimentos, higiene y
defensa civil”. Es decir, el intervencionismo y control, que antes era adhocrático, ahora se convierte en una práctica normada y organizada. No se sabe que puede ser peor.
Se
presenta como una innovación la creación de la “Ventanilla Única” para
la tramitación de permisos, la entrada en vigor de un mecanismo que
considera el silencio como aprobación, el silencio positivo, que al
parecer hasta ahora no existía en la jungla burocrática castrista.
A partir de la entrada en vigor del Decreto No. 327, la licitación como
técnica de gestión, se aplicará a todas las fases del proceso
inversionista. Esta técnica abarcará a todas las “formas estatales y no
estatales, con diferentes entidades, nacionales y extranjeras”. En
esencia, se pretende que se liciten todos los proyectos, la
construcción, los suministros pensando que así se pueden obtener las
mejores ofertas en un ambiente de transparencia y competitividad.
Creo que este es un nuevo ejemplo de las contradicciones y dificultades
que tiene la economía castrista para despojarse de las ataduras que la
frenan y le impiden desarrollarse en condiciones normales. En vez de
liberar fuerzas productivas, hacen justo lo contrario. Al final, siempre
acaban en lo mismo. Atentar contra el comportamiento inversor de esta
forma es ir contracorriente en las experiencias que los economistas
conocen y dominan. Cierto es que el gran Keynes nunca vio con buenos
ojos la excesiva libertad de los emprendedores para desarrollar sus
proyectos de inversión, y pensaba que ese comportamiento de los “animal
spirits” estaba en contra de la necesaria igualdad macroeconómica de
ahorro e inversión.
Pero
lo que han hecho en la economía castrista es rizar el rizo, y poner
bajo control del estado y sus decisiones ideológicas y políticas, las
bases del proceso de crecimiento de una economía. No es extraño que la
participación de la formación bruta de capital fijo sobre el PIB
en Cuba sea de las más bajas del mundo. Difícilmente se podrá recuperar.
Este nuevo modelo tampoco ofrece garantías, y desde luego es un claro
aviso a navegantes, en este caso, inversores extranjeros que saben que
sus decisiones estarán sometidas a control del estado. Así, ¿para qué
invertir en Cuba?
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