El sector turístico español, uno de los que cuenta con mayores intereses en Cuba, ve con buenos ojos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba, ya que implicará una relajación de los límites comerciales o de viajes.
Meliá Hotels International es la cadena española que cuenta con más establecimientos en Cuba,
hasta 27 hoteles, con una oferta total de 13.000 habitaciones. Entre
ellos, destacan nueve en Varadero, cuatro en Cayo Coco, cuatro en Cayo
Santa María y tres en La Habana.
La hotelera de la familia Escarrer, fue la primera española en llegar a la isla,
cuyo desembarco no estuvo exento de dificultades por la ley
Helms-Burton. En 2015, celebrará precisamente sus 25 años en el país
caribeño, donde cuenta con un nuevo proyecto que verá la luz el próximo
año.
Este primer paso dado por Estados Unidos y Cuba para normalizar sus relaciones beneficiará a Meliá y al resto de hoteleras españolas por la eventual llegada de turistas estadounidenses, una noticia que ha animado la cotización de sus acciones en la Bolsa.
Le sigue la cadena Iberostar con un total de diez establecimientos,
entre los que destacan cuatro en Varadero, tres en Cayo Coco y uno en
La Habana; la cadena Roc, con tres hoteles, y Barceló, que dispone
actualmente de dos establecimientos en Varadero.
La división hotelera del grupo Globalia, Be Live, cuenta con dos establecimientos en Cuba, ambos en Varadero. Además, su aerolínea Air Europa opera un vuelo diario entre Madrid y La Habana, ruta que Iberia, inmersa en su plan de reestructuración, dejó de operar el año pasado por no considerarla rentable.
El grupo hotelero Blue Bay también tiene dos hoteles en
Varadero, al igual que la hotelera H10, que cuenta con dos
establecimientos, uno en La Habana y otro en Varadero, mientras que Hotusa dispone de un establecimiento en Cayo Santa Maria, al igual que la cadena Valentí, con un hotel. También NH cuenta con un establecimiento en La Habana.
Occidental Hoteles & Resorts, controlada por el BBVA y por
Pontegadea, brazo inversor de Amancio Ortega desde 2007, ha decidido no renovar los contratos de gestión de los cuatro hoteles que opera actualmente en Cuba y que vencen en diciembre de este año.
Esta cadena opera actualmente en régimen de gestión dos hoteles en
La Habana, un complejo en Varadero, y otro en Cayo Guillermo, de los que
ha decidido salir pues el peso de Cuba en su actividad no supera el 1%.
Riu Hotels & Resorts también llegó a un acuerdo con el
propietario del hotel Riu Playa Turquesa, el Grupo de Turismo Gaviota,
para finalizar el pasado mes de noviembre el contrato de
gestión del hotel Riu Playa Turquesa, ubicado en Holguín, Cuba, que
operaba desde mayo de 2012, aunque mantiene otro hotel en Varadero.
Espera alcanzar los 3 millones de turistas
Cuba alcanzó los 2,8 millones de turistas el pasado año, con Canadá como principal mercado emisor
--más de un millón de turistas--, seguido de Reino Unido y Alemania y
con Francia, Italia y España como mercados al alza. En 2014, prevé alcanzar los 3 millones de turistas, según datos del Ministerio de Turismo cubano.
El turismo es la segunda actividad económica de la isla,
con un volumen de 1.832 millones de euros anuales, después de la venta
de servicios médicos, que reporta unos 4.400 millones de euros.
En la actualidad, la isla tiene 335 hoteles, con una capacidad total de alojamiento de 58.434 habitaciones,
de las que el 65% se clasifican en instalaciones de cuatro y cinco
estrellas. El 71% de esas habitaciones están dedicadas al turismo de
'sol y playa', mientras 23% al de ciudad y 2% al de naturaleza.
Inversión extranjera
La filosofía de Cuba respecto a la inversión extranjera no es la
habitual en otros países. Se habla de "autorizaciones a la inversión
extranjera" circunscritas a la aprobación puntual de las mismas y
siempre en función de las necesidades e intereses del país,
y no de un sistema de aplicación de "incentivos a la inversión
extranjera". Por ello, no existen incentivos generales a la entrada de
empresas extranjeras en el país.
No obstante, la Ley de Inversión extranjera permite exenciones fiscales y arancelarias temporales, así
como regímenes especiales para algunas inversiones siempre que exista
interés gubernamental. En cualquier caso, todo está sujeto a la
negociación entre las partes y no se prevén especiales incentivos
sectoriales, según el ICEX.
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