Una nueva resolución obliga a
abogados, notarios y consultores a denunciar cualquier operación
financiera que pueda parecer sospechosa "de lavado de activos,
financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras
relacionadas de similar gravedad que conozcan por razón del ejercicio de
sus atribuciones".
La normativa firmada por la ministra de Justicia, María Esther Reus,
facilitaría información a las pesquisas de la Dirección General de
Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba.
"Abogados, notarios y consultores jurídicos en el ejercicio de sus
respectivas atribuciones y obligaciones, pueden conocer de posibles
operaciones sospechosas relacionadas con la introducción en el mercado
cubano de activos ilícitos, con el fin de ser utilizados en actividades
terroristas o de blanquear capitales”, asegura la resolución que publica
de manera extraordinaria la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
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