Cuba tendría en 2015 una nueva Ley
de Empresa Estatal, con el propósito de establecer un ambiente de
gestión empresarial único para todas las compañías del país dentro
del proceso de "actualización" de su modelo económico.
"Se está creando un lenguaje único
a nivel empresarial", expresó Grisel Tristá Arbesú, jefa del Area
de Perfeccionamiento de Entidades de la gubernamental Comisión
Permanente para la Implementación y Desarrollo.
Durante una intervención en la
televisión local hace dos días, Tristá Arbesú apuntó que se trabaja
en esa legislación, a raíz de las nuevas normas que inciden en los
cambios de la empresa estatal socialista en la isla.
El propósito de estas normativas,
divulgadas el pasado 28 de abril, es otorgar "más independencia y
autonomía" al grupo de firmas del Estado, para que estén en
condiciones de "ocupar el verdadero papel que le corresponde" en el
desarrollo de la economía nacional.
La Gaceta Oficial de la República
de Cuba en su edición extraordinaria No. 21 publicó los cambios en
pos de separar las funciones estatales de las empresariales.
Entre los cambios más importantes
resalta que, en el transcurso del año, las cerca de 2.500 empresas
estatales podrán, luego de cumplir con el encargo estatal,
"comercializar sus excedentes o inejecuciones al precio que fije la
relación entre la oferta y la demanda".
Los salarios ahora serán fijados
por las empresas en función de su productividad y ganancias, en
tanto las utilidades podrán ser distribuidas entre los trabajadores
como estímulo, siempre que los resultados de las auditorías
financieras sean aceptables y no se deteriore la productividad.
Las empresas "podrán retener hasta
el 50 por ciento de las utilidades después del impuesto al cierre
del año", un 20 por ciento más de lo establecido hasta ahora.
Tristá Arbesú afirmó que las
facultades de más independencia y autonomía dadas a las empresas
estatales se van consolidando con respaldo jurídico y un impacto
gradual y directo en las compañías.
Precisó, no obstante, que este es
un proceso "gradual" que "aumenta la responsabilidad" de los
empresarios, quienes hasta ahora estaban más acostumbrados a
administrar recursos que a tener iniciativas pues estas eran
orientadas por los respectivos ministerios.
El 90 por ciento de la economía de
Cuba estaba controlada por el Estado hasta el año 2008 y casi toda
la fuerza laboral calculada en unos 5 millones de trabajadores eran
empleados estatales.
A partir de ese año, el presidente
Raúl Castro comenzó a implementar diversas medidas económicas y
sociales, como la reducción de las "abultadas" plantillas estatales
y la desregulación de pequeños servicios minoristas, para
incentivar la producción y la eficiencia.
La autonomía de las empresas
estatales marcó el inicio de la fase "más compleja" de las
transformaciones económicas en Cuba, que incluye la nueva Ley de
Inversión Extranjera, la consolidación de las cooperativas urbanas,
la creación de mercados mayoristas y la eliminación de la dualidad
monetaria (actualmente circulan el peso cubano y la moneda CUC
equivalente al dólar).
El gobierno sostiene que la empresa
estatal seguirá siendo el eslabón más importante del modelo
socialista cubano, pero con un rol diferente que implica más
eficiencia y competitividad y nuevos métodos de utilización de los
recursos.
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