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Desde que el gobierno cubano anunció en 2006 que el octogenario Fidel
Castro había transferido el poder a su hermano Raúl, ha habido
especulación sobre cambios políticos y económicos en Cuba. Más
recientemente algunos potenciales inversionistas extranjeros parecen
creer que el gobierno cubano ha lanzado un proceso de genuinas reformas
políticas y económicas. Esos inversionistas desconocen los peligros de
invertir en Cuba.
En su “Índice de Libertad Económica”
del 2014 la Heritage Foundation clasifica a Cuba como una de las
economías menos libres, con una puntuación de 28.7, comparada con el
promedio mundial de 60.3 y un promedio de 84.1 para las economías libres
del mundo. El ambiente económico de Cuba continúa deteriorándose en
términos de la mayoría de los factores considerados en la metodología de
la Heritage Foundation, tales como libertad de comercio, libertad
fiscal, libertad monetaria, y particularmente libertad frente a la
corrupción.
Una importante implicación para las empresas que pretenden hacer
negocios con Cuba es la corrupción oficial. Obsérvese que mi expresión
no es hacer negocios “en” Cuba, sino hacer negocios “con” Cuba, ya que
el gobierno cubano (entiéndase los hermanos Castro y los militares) será
obligatoriamente el socio mayoritario en cualquier inversión en Cuba.
Como destaca el Índice, la corrupción oficial en Cuba es un problema
serio, “con una cultura de ilegalidad en una economía ampliamente
controlada por el Estado en un país donde hay muy poco respeto por el
Estado de derecho”. Las empresas americanas, particularmente si cotizan
en bolsa y están sujetas a una miríada de regulaciones anticorrupción y
transparencia, advertirán que es casi imposible operar legalmente en tal
entorno de corrupción sistémica y endémica.
Tomemos un aspecto de hacer negocios “con” Cuba para demostrar como
ofende nuestros valores, nuestras leyes laborales, y nuestras
expectativas de comportamiento corporativo.
Los inversionistas extranjeros operando en Cuba no pueden
establecer relaciones contractuales con trabajadores cubanos. La firma
extranjera tiene que negociar con el Ministerio del Trabajo un “contrato
para el suministro de fuerza de trabajo”, indicando la cantidad y
calificaciones de los empleados que requiere. Entonces la empresa
estatal encargada de dotar con personal a las empresas extranjeras envía
los trabajadores que seleccione a la firma extranjera. El empleador
extranjero paga directamente a la empresa estatal en divisas o el
equivalente en pesos convertibles cubanos (CUC), y entonces la empresa
estatal paga a los trabajadores cubanos en pesos cubanos no convertibles
(CUP). De esta manera, el Estado se queda con más del 90% de los
salarios de los trabajadores.
Esta práctica, por supuesto, viola convenios de la Organización
Internacional del Trabajo como esclavitud bajo otro nombre, o como el
escritor cubano Carlos Alberto Montaner definió acertadamente: Cuba un
estado proxeneta.
Las firmas extranjeras son obligadas a ser socios minoritarios en una
relación donde el gobierno cubano — el socio mayoritario — es
ferozmente hostil a la libre empresa y tiene una historia de actuaciones
arbitrarias y caprichosas contra los intereses de sus socios
minoritarios.
A comienzos de los años 90, después del colapso de la Unión
Soviética, Cuba reestructuró su economía permitiendo limitadas
inversiones extranjeras a través de ciertas asociaciones económicas.
Algunos inversionistas extranjeros vieron erróneamente esas medidas como
el comienzo de una genuina e irreversible transición a una economía de
libre mercado.
La misma equivocación podría estar teniendo lugar ahora. A finales de
los años 90 el régimen revirtió las medidas de liberalización y
recentralizó el poder económico. Es posible que suceda nuevamente.
En el 2009, enfrentando un colapso en los créditos bancarios y un
decreciente flujo de caja por parcas exportaciones, Raúl Castro congeló
todas las cuentas bancarias de las compañías extranjeras. Al año
siguiente, los bancos controlados por el Estado les ofrecieron un plan
no negociable de reembolso del dinero en las cuentas congeladas en un
período de cinco años. Inversionistas, cuidado.
En Cuba los inversionistas extranjeros tienen que asociarse con el
gobierno cubano. Ese gobierno cubano espera que ellos generen ingresos
para el Estado según sus propias reglas. Si la aventura no alcanza las
expectativas del Estado, el gobierno puede terminar arbitrariamente los
acuerdos y buscar otro inversionista ingenuo para el proyecto, y no
existe un sistema judicial independiente donde un inversionista pueda
presentar sus reclamos.
El Poder Judicial cubano se subordina al, y es dirigido por, el
Consejo de Estado y por el Partido Comunista que, en la Constitución
cubana, es la “fuerza dirigente superior”. Y como Karl Marx dijo
claramente en su Manifiesto Comunista, “el comunismo se puede resumir en
una sola frase: abolición de la propiedad privada”. Inversionistas,
cuidado.
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