lunes, marzo 03, 2014

Cuba: El angustioso tránsito entre el capitalismo y el capitalismo (II y FINAL)

cubanalisis
Armando Navarro Vega
Las Reservas del Comandante
Todas estas corporaciones han contribuido de manera importante a engrosar las famosas y conocidas en Cuba como “Reservas del Comandante”, unos fondos de los que ha dispuesto Fidel Castro sin ningún tipo de control ni fiscalización para hacer lo que le plazca.
Dichas reservas se nutren en un porcentaje más o menos significativo de toda actividad dentro y fuera del país que genere divisas, incluyendo además de las firmas y corporaciones, las remesas de los cubanos residentes en el extranjero (convertidas automáticamente en la moneda del Monopoly, los CUC) la apropiación leonina de los salarios de los trabajadores que laboran en el exterior en empresas cubanas o extranjeras, en las famosas “misiones” o en los organismos internacionales; de los ingresos de los artistas plásticos, músicos, actores, y los deportistas que actúan como “embajadores” de la revolución, de la venta del patrimonio cultural y artístico de la nación, y del dinero proveniente de todo tipo de actividades ilícitas, algunas de las cuales ya se han analizado y de otras que se analizarán más adelante.
La voracidad es insaciable. El Gran Tiburón Blanco le hinca el diente a todo lo que se mueve. Según antiguos testaferros y ex agentes de la inteligencia y la contrainteligencia, constantemente se depositan jugosas sumas de dinero en bancos de Suiza, Panamá, Gran Caimán, Lichtenstein o Londres. En este último caso los fondos van a parar a un banco cubano, el Havana International Bank Ltd. (HAVIN) cuyas siglas son HIB, que según dichas fuentes posee también un importante número de acciones del Guinness & Mahon Bank.
El ex agente de la inteligencia cubana Manuel de Beunza afirmó en una entrevista que concedió al programa “María Elvira Live” de la televisión de Miami, que él personalmente participó en la creación de más de 270 compañías, desde Japón hasta Argentina, que formalmente estaban a nombre de algún testaferro, pero de las cuales Fidel Castro poseía las acciones nominalizadas (incluido el banco HIB, creado según declaró por él mismo y por Francisco Soberón Valdés, el ex presidente del Banco Central de Cuba) convenientemente resguardas de miradas indiscretas en las bóvedas del Banco Nacional. Según de Beunza, no son propiedad de la República de Cuba ni del gobierno cubano, son propiedad del dictador.
 
La inexistente sociedad civil cubana no puede, por razones obvias, pedir cuentas ni fiscalizar la actividad de todas esas empresas extranjeras, mixtas o estatales que operan en divisas, ni tampoco de la miríada de empresas, firmas y oficinas de representación inscritas fuera de Cuba (muchas de ellas en España) bajo el nombre de los testaferros del régimen, ya sean cubanos o extranjeros, que frecuentemente protagonizan una deserción llevándose un botín.
La gran excusa, el argumento que justifica el secretismo y la opacidad, las operaciones clandestinas y el trasiego de maletines con fuertes sumas de dinero al más puro estilo mafioso, es la necesidad de burlar el “bloqueo” norteamericano.
Pero está claro que si la élite en el poder quiere seguir disfrutando de la impunidad con la que dispone de los recursos generados por ese entramado, y continuar esquilmando a la nación, debe permanecer en la clandestinidad, tolerar esos pequeños robos y asimilar algunas pérdidas. Siempre aparecerá alguien inmediatamente que estará dispuesto a sustituir al desertor, y continuar perpetrando el despojo.
Los cubanos de a pie, los que no tienen dólares ni CUC, no se benefician en nada de todo este enorme entramado, y los que tienen alguna posibilidad de conseguir divisas lo hacen en función de sus limitadísimas posibilidades.
El nivel de precios de los productos o servicios en cualquier tienda, hotel, cafetería, restaurante o empresa de servicios que opera en divisas es muy similar (o incluso superior) al que un turista puede encontrar, por ejemplo, en España, y eso lo hace inaccesible para los nacionales. Pero la justificación oficial es el mantenimiento de los “logros sociales de la revolución” en materia de salud y educación.
·         ¿Dónde está la bolita?
Más allá del universo cerrado de los inversores extranjeros, las corporaciones y los militares empresarios, se extiende una economía de subsistencia y una sociedad enajenada y exhausta, un híbrido (como dijera Carlos Alberto Montaner) entre un socialismo sin subvenciones y un capitalismo sin libertad económica ni política, y sin responsabilidad individual.
El propósito esencial del socialismo residual cubano es garantizar la reproducción del sistema de control y el mantenimiento de la estructura gobernante, que posibilite un traspaso de poder sin sobresaltos entre la generación sucesoria y los “históricos”, y una transición soft and easy hacia el neocastrismo, la forma metamorfoseada de dominio político y económico en que se sustanciará la supervivencia del régimen.
 
Todos aquellos que en el exterior llevan años “interpretando” signos de cambio y de apertura en las actuaciones puntuales del régimen, me recuerdan a los pobres incautos que se afanan en seguir con la vista los rápidos movimientos de mano de los trileros para descubrir en cual de los tres cubos se oculta la bolita.
Las “aperturas” han ido y venido coyunturalmente ante la amenaza de colapso, y/o para relajar tensiones a nivel interno y externo. Al rigor de la Segunda Ofensiva Revolucionaria de 1968 le siguió la apertura de finales de los 70´ y principios de los 80´ con la instauración del SDPE y la autorización de actividades por cuenta propia, el mercado campesino, el mercado artesanal y el mercado paralelo examinada en el capítulo anterior, que a su vez se abortó con el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas.
Las carencias asfixiantes del Período Especial que sobrevino a la Caída del Muro se relajaron parcialmente con la reedición (corregida) de algunas de aquellas medidas “liberalizadoras”, a partir de un conjunto de nuevas leyes y resoluciones:
·         Se amplió el trabajo por cuenta propia mediante el Decreto Ley nº 141 de 1993 del Consejo de Estado (complementado con la Resolución Conjunta nº 1 de los ya extintos Comités Estatales de Trabajo y Seguridad Social, y de Finanzas) que derogó el anterior Decreto Ley nº 14 de 1978.
·         Dos años después se amplió aún más el alcance de dichas actividades mediante la Resolución Conjunta nº 4 de 1995 emitida por los recién constituidos Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Finanzas y Precios, a la que se añadió la Resolución nº 10 del propio año que autorizó a los graduados universitarios para ejercer las actividades u oficios permitidos, no así el ejercicio privado de su profesión cualquiera que esta fuese.
·         El Decreto Ley 142 de 1993 estableció la conversión de las granjas estatales en Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC) retomando el planteamiento del Comandante en Jefe de activar la creación de cooperativas como “forma socializada” (y, por qué no decirlo, “reversible” a partir de una simple decisión política) de propiedad en la agricultura. Según esta fórmula el estado cede la tierra en usufructo, y los cooperativistas se apropian del producto y de las ganancias. Esto alteró “formalmente” la estructura de las formas de propiedad en el sector agrícola, porque la tierra siguió siendo estatal. El estado sería también en un primer momento el único comprador a través del antiguo sistema de acopio, hasta que volvieron, como las oscuras golondrinas, los mercados agropecuarios.
·         La reapertura de los mercados agropecuarios se autorizó a partir del Decreto Ley 191 de 1994, complementado por una Resolución Conjunta de los Ministerios de Agricultura y de Comercio Interior. Como novedad se hace referencia “a la concurrencia en un mercado con precios liberados” (previo cumplimiento de las obligaciones de entrega de productos a acopio contraídas con el estado) de las empresas y granjas estatales, las recién constituidas UBPC no cañeras, las cooperativas de producción agropecuaria de siempre, las granjas estatales, las empresas y unidades presupuestadas, los productores en áreas entregadas para el autoabastecimiento familiar, o los pequeños propietarios privados.
·         También se reabrió, con algunas modificaciones, el mercado de productos industriales y artesanales eliminado a mediados de los 80´, mediante el Decreto Ley 192 de 1994 del Consejo de Ministros, complementado por una Resolución Conjunta de los Ministerios de la Industria Ligera y de Comercio Interior. En esta ocasión, en ausencia del Mercado Paralelo, se autoriza a concurrir (junto con los trabajadores por cuenta propia) a las llamadas industrias locales del Poder Popular, previo cumplimiento de sus obligaciones productivas con la administración o con los organismos a los que pertenece. Al igual que en aquella primera ocasión, inmediatamente se notó el incremento en la oferta de confecciones textiles, calzados, muebles y enseres, inexistentes en las tiendas estatales.
Sin embargo, el ascenso al poder del gorila venezolano Hugo Chávez Frías el 2 de febrero de 1999, representó progresivamente un alivio a la apremiante situación económica del país, sobre todo a partir de 2002. A ello habría que añadir la apertura de relaciones con China, Vietnam, Angola o Brasil.
El turismo comenzó a dar algunos frutos, el precio del níquel mantuvo una buena tendencia durante algunos años, y la exploración petrolera permitió ampliar la producción de crudo y gas natural. La despenalización del dólar, la obligatoriedad de canjearlo por CUC en las CADECA, unida a la actividad de las tiendas recaudadoras, permitieron controlar de manera eficaz la disponibilidad de divisas en manos de la población, provenientes mayoritariamente de las remesas de los cubanos residentes en el exterior, así como de otras fuentes minoritarias.
Ante el alivio de la situación, de nuevo comenzaron a hacerse evidentes los recortes de las medidas “liberalizadoras”. Como ejemplo de esto, se dejan de conceder licencias para el desarrollo de cuarenta actividades por cuenta propia mediante una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de octubre de 2004, que supuestamente serían asumidas por empresas y establecimientos estatales.
·         Vade retro Varela, o “from here to eternity”
Pero antes se hizo mucho más. En 2002 se modificó la Constitución para decretar “el carácter irrevocable del socialismo en Cuba”, desterrando por siempre jamás al capitalismo en una declaración sin precedentes en el mundo. Para ello se convocó un referendo entre los días 15 y 18 de junio de ese año, en el que 8.198.237 cubanos estamparon su firma en un documento que, sin ningún pudor, reclamaba el final de la historia para la isla.
Así quedó plasmada la reforma constitucional “solicitada”, agregando este último párrafo al Artículo nº 3:
El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido, y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.”
En el Artículo nº 11 se adicionó este párrafo final a continuación del inciso c): “Las relaciones económicas, diplomáticas, y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera”.
En el primer párrafo del Artículo nº 137, dedicado a la Reforma Constitucional, se incluye esta precisión: “Esta Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo 1, y la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de un potencia extranjera como se dispone en el artículo 11”.
Por último, se incluyó una Disposición Especial en la cual se declara que:
El pueblo de Cuba, casi en su totalidad, expresó entre los días 15 y 18 del actual mes de junio del 2002 su más decidido apoyo al proyecto de reforma constitucional propuesto por las organizaciones de masas en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales que había tenido lugar el día 10 del propio mes de junio, en el cual se ratificó en todas sus partes la Constitución de la República y se propone que el carácter socialista y el sistema político y social contenidos en ella sean declarados irrevocables, como digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos el 20 de mayo del 2002. Lo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, mediante el Acuerdo No. V-74 adoptado en sesión extraordinaria de la V Legislatura, celebrada los días 24, 25 y 26 del mes de junio del 2002.”
¿Qué fue lo que ocurrió para que el Comandante organizara esta descomunal y soberbia pataleta? Claro que tratándose de él, y dado que lo declarado como irreversible era el socialismo tropical, las reacciones internacionales fueron moderadas ¿Alguien es capaz de imaginar la que se hubiese montado a nivel planetario si, por ejemplo Bush, hubiese decretado el carácter eterno del capitalismo en su país o en el mundo?
El pretexto para dar esta digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos fue el anuncio el día el 20 de mayo, fecha en que se celebra la instauración de la República en 1902, de la “Iniciativa para una nueva Cuba” por parte de George W. Bush, consistente en un conjunto de propuestas encaminadas a “acelerar el proceso de transición en la isla”.
El presidente norteamericano instó al gobierno cubano a aplicar reformas políticas y económicas, y a realizar elecciones libres y justas en 2003 para la Asamblea Nacional, a abrir su economía, a permitir los sindicatos laborales independientes, y acabar con las prácticas discriminatorias contra los trabajadores cubanos, comprometiéndose a cambio a trabajar con el Congreso para aliviar la prohibición de comerciar y viajar entre Estados Unidos y Cuba. También ofreció facilitar el acceso a la ayuda humanitaria directa al pueblo cubano por parte de grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales, promover el reinicio del servicio directo de correo hacia y desde Cuba, y establecer becas en Estados Unidos para los estudiantes y profesionales cubanos que traten de construir instituciones civiles independientes, y para los miembros de las familias de presos políticos.
En principio nada particularmente amenazador ni lesivo para la soberanía nacional, salvo que se confunda (como suele ocurrir por parte de la “fanaticada” de izquierda) la soberanía de Cuba, con la soberana voluntad del Comandante en Jefe.
Hay personas y grupos disidentes dentro de la isla que eso es lo que piden, que están privados de visibilidad, de reconocimiento, de voz, de recursos de todo tipo y de espacios para dar a conocer su pensamiento, e incluso de medios de subsistencia para ellos y sus familias, y que en muchos casos sufren o han sufrido prisión por expresar sus ideas.
Se trata de una desigual batalla entre un león y un mono amarrado. Cuando el mono trata a duras penas de girar la cabeza para morder al león, la izquierda extrema protesta airadamente y acusa al mono de hacer trampa.
A los efectos prácticos da igual que la ayuda la ofrezca el gobierno de los Estados Unidos, o el Real Betis Balompié. Bienvenida sea. Esa ayuda deberían ofrecerla en rigor las organizaciones e instituciones internacionales que dicen luchar por el reconocimiento de los derechos humanos. Eso es lo que debería pedir incluso una izquierda mínimamente coherente con las ideas que dice defender.
Pero el hecho que verdaderamente originó este furibundo exabrupto es la recogida de unas 11,000 firmas en apoyo al “Proyecto Varela” [1], documento que fue entregado al Parlamento cubano el 10 de mayo de 2002 para su tramitación por su promotor y fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas, Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia en 2002 otorgado por el Parlamento Europeo, y recientemente fallecido en circunstancias aún no del todo aclaradas.
Payá tras la entrega de dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional
El Proyecto Varela, acogiéndose escrupulosamente al derecho que otorgaba la Constitución cubana a los ciudadanos para proponer cambios en las leyes, recogió las siguientes propuestas con el objeto de solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular “que se realicen las transformaciones necesarias a las leyes para que, preservando el bien común y el respeto a los derechos humanos universalmente reconocidos y a la dignidad humana, se garantice a los ciudadanos”:
·         El derecho a asociarse libremente según sus intereses e ideas, de manera que puedan constituir legalmente asociaciones y organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales, sindicales, estudiantiles, religiosas, humanitarias y de otra índole, respetándose el principio del pluralismo y la diversidad de ideas presentes en la sociedad.
·         Los derechos a la libertad de expresión y de prensa, de manera que las personas, individualmente o en grupos, puedan manifestarse y expresar sus ideas, creencias y opiniones por medio de la palabra hablada y escrita y por cualquier medio de difusión y de expresión.
 
Las leyes que garanticen estos derechos deberán entrar en vigor en un plazo no mayor de sesenta días después de realizado este referendo.
Que se decrete una amnistía para todos los detenidos, sancionados y encarcelados por motivos políticos y que no hayan participado en hechos que atentaron directamente contra la vida de otras personas. Esta ley de amnistía deberá entrar en vigor en un plazo no mayor de treinta días después de realizado este referendo.
 
Que se realicen las transformaciones necesarias a las leyes para que se garanticen a los ciudadanos los derechos a constituir empresas privadas, tanto individuales como cooperativas, para desempeñar actividades económicas que podrán ser productivas y de servicio, y a que se puedan establecer contratos entre los trabajadores y las empresas para el funcionamiento de estas empresas, en condiciones justas, en las que ningún sujeto pueda obtener ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno. Estas nuevas leyes deberán también garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, y a los intereses de la sociedad. Estas nuevas leyes deberán entrar en vigor en un plazo no mayor de sesenta días después de realizado este referendo.
 
Transformar la ley electoral para que, en sus nuevos textos, garantice:
  • La determinación de circunscripciones electorales para la elección, en cada caso, de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, de delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular y de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
 
  • Que cada una de las circunscripciones determinadas para las elecciones municipales elija, por voto directo de sus electores, a un delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Cada elector podrá votar a un solo candidato a delegado.
 
  • Que cada una de las circunscripciones determinadas para las elecciones provinciales elija, por voto directo de sus electores, a un delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular. Cada elector podrá votar a un solo candidato a delegado.
 
  • Que cada una de las circunscripciones determinadas para las elecciones nacionales elija, por voto directo de sus electores, a un diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cada elector podrá votar a un solo candidato a diputado.
 
  • Que los ciudadanos sean nominados como candidatos a delegados a las asambleas municipales y provinciales, y como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, única y directamente mediante firmas de apoyo de los electores de la circunscripción que corresponda, según las condiciones que se exponen en los puntos que hacen referencia a ello en esta petición.
 
  • Que las condiciones necesarias y suficientes para que un ciudadano quede nominado como candidato sean:
    • Cumplir con las condiciones que disponen los artículos 131, 132 y 133 de la Constitución de la República para que un ciudadano tenga derecho a voto y a ser elegido.
 
    • La presentación ante las autoridades correspondientes, con un plazo no menor a los treinta días anteriores a las elecciones, de las firmas apoyando su candidatura, de no menos del 5% del número de electores de la circunscripción que aspira a representar. Cada elector sólo podrá apoyar, de esta forma, a un aspirante a candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, a un aspirante a candidato a delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular y a un aspirante a candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
 
    • Residir en la circunscripción correspondiente si aspira a ser candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, residir en la provincia correspondiente si aspira a ser candidato a delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular y residir en el país si aspira a ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En cualquier caso, para ser candidato, deberá residir en el país al menos durante el año anterior a las elecciones.
 
    • Que los electores, los aspirantes a candidatos y los candidatos tengan derecho a reunirse en asambleas, sin más condiciones que el respeto al orden público, para exponer sus propuestas e ideas. Todos los candidatos tendrán derecho al uso equitativo de los medios de difusión.
La nueva ley electoral con los contenidos aquí expresados deberá entrar en vigor en un plazo no mayor a los sesenta días posteriores a la realización de este referendo.
 
Que se realicen elecciones generales en un plazo comprendido entre los 270 días y los 365 posteriores a la realización de este referendo.
La sobreactuación del gobierno cubano da la medida del pánico que le provocó el Proyecto Varela, enmarcado dentro de la legalidad establecida por el propio régimen. Fue la primera vez que alguien intentó abrir una fisura y pretendió desmontar los resortes del poder desde dentro, y con sus propias reglas del juego.
El que se recogieran 11,000 firmas en apoyo a estas solicitudes es el reflejo real de un clamor popular. Se trata de 11,000 hombres y mujeres que traspasaron una línea infranqueable hasta ese momento, que vencieron el miedo, que se quitaron la máscara, que fueron capaces de arriesgarlo todo por intentar promover unos derechos ciudadanos que ningún partido político de izquierda o de derecha en el mundo se arriesgaría a rechazar, al menos públicamente.
Me atrevería a asegurar (y me quedo corto) que el 99,9% de los 8'198,237 cubanos que firmaron la solicitud para institucionalizar la eternidad del socialismo no han leído, ni antes ni después, el Proyecto Varela, ni saben de la existencia del Movimiento Cristiano Liberación, ni conocieron a Oswaldo Payá más allá de alguna alusión aislada y peyorativa que pueda haber hecho el régimen sobre su figura. Ello quizás tampoco hubiese modificado el sentido de su voto. Su policía interior siempre está vigilante, y usualmente puede más el temor a quedar “marcado” y a perder las migajas del régimen, si no estampa su firma donde le indiquen hacerlo. Pero el día en que se pueda simplemente hablar de estos temas sin temor a represalias, será el momento de conocer el sentir mayoritario de la población cubana.
  
§         La farsa del cambio y el VI Congreso
En resumen, el Proyecto Varela pide reconocer y otorgar el derecho de todo ciudadano cubano:
§         a asociarse libremente según sus intereses e ideas;
§         a la libertad de expresión y de prensa;
§         a constituir empresas privadas, a contratar y ser contratado para desarrollar cualquier actividad económica en condiciones justas que garanticen el respeto a los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos y de la sociedad en general;
§         a presentar candidaturas, a elegir y ser elegidos como delegados a las asambleas municipales, provinciales y a la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante el apoyo y el voto directo de los electores en su lugar de residencia; a reunirse en asambleas sin más condiciones que el respecto al orden público para exponer sus propuestas e ideas, y a utilizar equitativamente los medios de comunicación para darlas a conocer,
§         y por último solicita una amnistía para todos los detenidos, sancionados y encarcelados por motivos políticos, que no hayan participado en hechos que atentaran directamente contra la vida de otras personas.
Si la declaración del carácter irrevocable del socialismo fue una respuesta negativa y un portazo en las narices a estas demandas, ello indica implícita y explícitamente que el socialismo en Cuba no tolerará “jamás” la libertad de asociación, de expresión y de prensa; ni la libertad económica, ni el respeto a los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos y de la sociedad en general, ni la posibilidad de llevar a cabo un proceso de elecciones libres aún dentro del marco constitucional e institucional establecido por el régimen para elegir a los órganos del Poder Popular. Y por último, que a todo el que se oponga incluso pacíficamente al socialismo castrista (y castrante) le espera como único destino la cárcel, o el destierro para los más afortunados. La opinión contraria a los supremos designios de la casta gobernante será considerada por siempre un crimen de lesa conciencia, y por tanto punible.
Se puede decir más alto pero no más claro: no se producirán los cambios profundos y necesarios que requiere Cuba mientras gobierne la gerontocracia castrista, porque ese sería el final de su dominio hegemónico sobre la nación, y pondría en peligro el futuro del neocastrismo.
     
Por esa razón el VI Congreso del PCC celebrado en abril de 2011, más allá de la puesta en escena del cambio de liderazgo unipersonal del Comandante en Jefe por el liderazgo colectivo de los “históricos” encabezados por Raúl Castro (cinco años después del traspaso real de poderes) no ha representado el inicio de una modificación verdadera y profunda del modelo económico y social de Cuba como muchos pretenden creer o hacer creer.
·         Los lineamientos aprobados constituyen, según se reconoce explícitamente, una “propuesta de actualización gradual y programada” del sistema cubano, cuyos principales elementos son:
·         Se mantiene la planificación centralizada como eje de la dirección económica del país, a la que se subordina el mercado y las empresas “no estatales” (eufemismo empleado para no decir “privadas”)
·         Prevalece la empresa estatal sobre las demás, con una gestión (supuestamente) más descentralizada, autofinanciada y sin subsidios fiscales, afrontando el cierre o su conversión en entidades no estatales en caso de pérdidas sostenidas.
·         Se prevé la existencia de mercados mayoristas para abastecer al sector privado.
·         Se dispone la entrega en usufructo de las tierras ociosas (alrededor del 30%) manteniendo la obligatoriedad de vender al estado la mayor parte de la cosecha a precios más bajos que los del mercado. El país está importando alrededor del 80% de los productos agrícolas que consume.
·         Con el objeto de “reducir gastos, elevar la productividad y los salarios”, se prevé el despido escalonado en varios años de cientos de miles de trabajadores, que pasarían a ser “cuentapropistas” o trabajadores por cuenta propia, para lo cual se aprueba:
    • la concesión de licencias para desarrollar 178 actividades económicas (solo 21 más que las ya permitidas con anterioridad);
    • la autorización para contratar trabajadores (no familiares ni convivientes como hasta entonces) en la mitad aproximadamente de esas actividades “liberadas”;
    • la posibilidad de vender productos y servicios a entidades del estado;
    • una mayor flexibilidad para arrendar activos y locales;
    • la concesión de pequeños préstamos a través del Banco Central de Cuba;
    • la afiliación obligatoria de los cuentapropistas a un régimen especial de pensiones, y
    • el aumento del número de sillas permitidas en los restaurantes familiares conocidos como “paladares” de 12 a 20 (después se aumentó a 50).
·         En la línea de reducir el coste de los servicios sociales, se propone la eliminación de “gratuidades indebidas” y de la cartilla de racionamiento o libreta de abastecimientos de forma “ordenada y gradual, creando las condiciones previas para ello”, porque se reconoce que el racionamiento es vital para un porcentaje importante de la población de bajos ingresos y sin acceso a las divisas. Este fue uno de los puntos más debatidos antes y durante las sesiones del Congreso.
·         Se propone aumentar las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores estatales y por cuenta propia, incluyendo la obligatoriedad de afiliarse y cotizar ya comentada en el caso de estos últimos.
·         Se autoriza la compraventa de automóviles y de viviendas (prohibida desde 1960) y se rescata la construcción y rehabilitación de viviendas con medios propios, con la promesa de facilitar la venta de materiales, a lo que se añadiría la concesión de créditos.
En esencia, más de lo mismo. Son en su mayoría los mismos gestos y casi las mismas palabras que se repiten cíclicamente desde hace decenios, las mismas piezas de atrezzo escenográfico que se montan y desmontan una y otra vez como un juego de niños (ahora no, ahora si, ahora no…) para aliviar tensiones, que mucha gente desmemoriada o muy mal informada perciben como novedades, como cambios de mentalidad, pequeños progresos o pasos previos a un gran salto que nunca se produce.
La “liberalización” de 178 actividades económicas ha causado un gran revuelo en la prensa a nivel internacional. Al margen del hecho de que el 88% ya estaban liberadas, llama la atención “el gran potencial” que poseen todas ellas para la estructuración de sectores competitivos, con un futuro tecnológico y económico brillante. He aquí algunos ejemplos. Lo mejor es la descripción oficial que acompaña a cada actividad:
§         Aguador (el que transporta agua utilizando diferentes medios de su propiedad y cobra por este servicio. No incluye la venta de agua en vaso)
 
§         Alquiler de Trajes y otros medios relacionados con este vestuario (sombreros, Pamelas, guantes, bufandas, velos, flores, etc.)
 
§         Alquiler de Caballos Pony, con fines de recreación infantil
 
§         Cristalero (solo en función de la reparación de muebles e inmuebles)
 
§         Chapistero (chapista) de Bienes Muebles con Remaches (refrigerador, neveras, lavadoras, etc.)
 
§         Decorador (se refiere al que decora o adorna, pone decoraciones, decora diferentes locales o habitaciones)
 
§         Forrador de Botones. En este caso parece que el asunto queda suficientemente claro, y no se añade aclaración alguna.
 
§         Lavandero (en función de ayudar a los integrantes del núcleo familiar que trabajan fuera, se excluye el domicilio de otro trabajador por cuenta propia ó arrendador de vivienda, habitaciones o espacio)
 
§         Modista o Sastre (Teniendo en cuenta la demanda de la población, el Consejo de la Administración Municipal puede autorizar la comercialización de las producciones en las áreas de concentración, tomándose todas la medidas para garantizar que la comercialización la realice la persona que confecciona las producciones y no por otras personas)
§         Operador de Compresor de Aire (debe cumplir con las medidas de seguridad en la operación de estos equipos) Ver “Ponchero”
 
§         Parqueador Cuidador de Equipos Automotor, Ciclos y Triciclos (incluye las motos. Sólo puede prestar el servicio en áreas de su propiedad)
 
§         Peluquera (incluye limpieza de cutis y maquillaje) ¡Un clásico!
 
§         Ponchero ó Reparador de Neumáticos (para utilizar el compresor de aire en la comercialización debe tener licencia de Operador de Compresor de aire)
 
§         Productor Vendedor de Escobas, Cepillos y Similares (las materias primas a utilizar son sólo de origen vegetal, tiene que cumplir con las indicaciones del Ministerio de la Agricultura, la Ley Forestal y la del Medio Ambiente)
 
§         Productor Vendedor de Piñatas y otros artículos similares para cumpleaños infantiles
 
§         Reparador de Bicicletas (no incluye comercialización de partes y piezas)
 
§         Teñidor de Textiles
 
§         Zapatero Remendón
 
En la universidad, algunos de mis amigos organizaron un juego que consistía en juntar frases y palabras al azar para componer versos disparatados. Ganaba la composición que resultase más alucinante. Este listado me ha recordado aquello. Parece una broma. Una broma de muy mal gusto, si no fuera una auténtica desgracia.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC, dejaron pendientes de concreción muchos aspectos que resultan medulares para “actualizar” el sistema, y algunas de las concreciones efectuadas con posterioridad perjudican (como el tabaco) seriamente su salud. Ello se ha hecho así deliberadamente para poder administrar los tiempos a conveniencia.
Muchos analistas señalan la armonización y la interrelación entre la planificación centralizada y el mercado como una de las principales incógnitas a despejar en el llamado Modelo cubano. En mi opinión, este es un debate ficticio mientras no exista un verdadero mercado en Cuba.
La casta militar, efectivamente, participa a través de las corporaciones y empresas creadas y dirigidas por ellos en el mercado internacional; los inversores extranjeros son un puente para acceder a otros mercados foráneos, y sus clientes en Cuba son mayoritariamente otros extranjeros (empresas y personas físicas) o el estado.
Pero en la economía interna solo se pueda hablar en rigor de la comercialización con carácter discrecional, monopólico y con afán recaudador de ciertos bienes de consumo y de servicios, en una moneda paralela a la oficial equivalente al dólar que no es la que reciben los trabajadores en pago a su trabajo, dependiente de decisiones políticas en cuanto a qué y cuando se vende, en qué cantidad, calidad o a qué precio. Tampoco se puede hablar de la existencia de un mercado laboral, de bienes de capital o intermedios, o de un mercado de capitales. Insisto, no veo el mercado por ninguna parte.
Lo que aún sigue pareciéndose mas a un mercado de bienes y servicios es la bolsa negra, y hasta cierto punto los mercados agropecuarios y de productos industriales o artesanales, desabastecidos, controlados y/o desvirtuados en origen por el lado de la oferta debido a reglamentaciones absurdas, o a los compromisos de producción y entrega adquiridos por los productores con el estado.
Las empresas estatales de la economía interna siguen subordinadas al Plan, y la discusión continúa centrada (desde la época del llamado “perfeccionamiento empresarial” impulsado por Raúl Castro en las empresas militares dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias) en mejorar la eficiencia económica, en controlar los recursos y su aplicación, en “avanzar” en una mayor (y siempre cuestionada) autonomía para fijar precios partiendo de “los referentes internacionales y los costes”, pero manteniendo criterios centralizados en las “áreas que interese regular” sin especificarlas; para planificar, para “experimentar en organizaciones empresariales seleccionadas”, y “crear un nuevo sistema de relaciones entre las empresas, las OSDE (organizaciones superiores de dirección empresarial) y los organismos de la Administración”. O sea, para ganar tiempo.
Los problemas de la economía cubana no son simplemente de eficiencia. Como dijera el célebre gurú del pensamiento gerencial Peter Drucker, “ninguna medida de eficiencia habría permitido la supervivencia del fabricante de látigos para cocheros. La efectividad es el fundamento del éxito, la eficiencia es una condición mínima de supervivencia después de alcanzado el éxito. La eficiencia se preocupa de hacer bien las cosas, la efectividad de hacer las cosas que corresponden”. [2]
La entrega de tierras en usufructo tampoco ha colmado las expectativas debido a una serie de factores que desestimulan el proceso, como la extensión de las parcelas, el estado en que se encuentran, el acceso al agua, las características del suelo, las condiciones de contratación (determinación centralizada de qué producir y en qué cantidad, obligatoriedad de entregar el 70% de la producción a “acopio” al precio que fije el estado), la prohibición de edificar viviendas en las parcelas, el tiempo de la concesión y/o la posibilidad de traspaso, las condiciones de renovación y/o rescisión según unos criterios de racionalidad, sostenibilidad, utilidad pública e interés social establecidos y aplicados ad líbitum por el estado, o las dificultades para acceder a los créditos prometidos y la existencia de elevados impuestos, todo lo cual genera una gran incertidumbre y muy pocos deseos de acometer tal empresa.
En cuanto al trabajo por cuenta propia, además de una regulación ya de por si restrictiva e insuficiente, se añaden como factores disuasorios las dificultades por las que atraviesan los cuentapropistas para adquirir los recursos necesarios para realizar su actividad, y una carga impositiva difícil de roer.
No es fácil conseguir físicamente las materias primas, materiales, maquinarias y equipos necesarios. No hay estabilidad en el suministro, y la calidad también es variable. Algunas de las actividades económicas liberadas se abastecen parcialmente de los cargamentos que entran por el Aeropuerto Internacional José Martí en las maletas de las “mulas,” [3] personas que en vez de transportar drogas (como sugiere su apelativo en el resto del mundo) “trasladan paquetería que incluye la mayoría de las veces ropa, zapatos, conservas de alimentos, equipos electrodomésticos, comida instantánea, medicamentos y útiles del hogar”, que reciben el billete de avión y un pago por ese servicio por parte de quienes le contratan.
Por esa vía llegan desde condimentos hasta café para los restaurantes paladares, el esmalte de uñas para las manicure, el tinte de las peluqueras o los globos de los payasos que animan las fiestas infantiles. Como bien señala Yoani Sánchez, las nuevas disposiciones aduaneras recién anunciadas, que aplican un gravamen a la entrada de alimentos y artículos de uso personal, se convierten en un nuevo freno para el desarrollo de la pequeña empresa, “en una nación marcada por el desabastecimiento, la ausencia de un mercado mayorista y el elevado costo de los productos alimentarios”.
 
Al parecer la solicitud de créditos por parte de los cuentapropistas al Banco Central de Cuba (BCC) para adquirir insumos, materiales y equipos tampoco se ha comportado de acuerdo con las expectativas del régimen. [4] En el primer semestre de 2012, según la fuente citada, “el BCC otorgó más de 49.900 créditos a particulares por un monto total de 347 millones de pesos (unos 14 millones de dólares) pero en su mayoría fueron concedidos para operaciones relacionadas con la construcción y reparación de viviendas”. Solo 7.000 solicitudes correspondieron a agricultores privados, por lo que las autoridades bancarias están revisando los requisitos de su nueva política crediticia para los trabajadores por cuenta propia.
Otro elemento desincentivador es la elevada carga fiscal que deben soportar los cuentapropistas (mayor que la de las empresas extranjeras y mixtas, o de las cooperativas) y que se añade al cuadro desalentador dibujado con anterioridad.
Según la Resolución Nº 298/2011 [5] el Impuesto sobre los Ingresos Personales puede llegar progresivamente hasta el 50% de los ingresos netos anuales que superen los 50.000 pesos cubanos (CUP) equivalente a unos 2.000 dólares o CUC.
El tipo impositivo del Impuesto sobre las Ventas es del 10%, excepto en el caso de los vendedores de productos agrícolas en puntos de venta y quioscos, que será del 5%.
El Impuesto sobre los Servicios Públicos también es del 10%. Dentro de esta tipología, la sección segunda regula la imposición por el arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios. Por ejemplo, por el alquiler de una vivienda de un dormitorio se pagará un tipo mínimo mensual (distinguiendo entre el arrendamiento en pesos cubanos o en CUC) de 150 CUC ó 100 CUP, y por cada habitación añadida, un plus de 75 CUC o de 50 CUP.
En cuanto al Impuesto sobre la Utilización de la Fuerza de Trabajo, no se paga por los primeros cinco trabajadores contratados. A partir del sexto será de un 25% sobre la remuneración mínima pagada, calculada de conformidad con las siguientes reglas leoninas:
a) A partir del sexto trabajador y hasta el décimo que contraten, se considera como remuneración mínima, el salario medio mensual de la provincia incrementado en un cincuenta por ciento (50%);
b) a partir del onceno y hasta quince (15) trabajadores contratados, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, se considera como remuneración mínima pagada, el monto equivalente a dos salarios medios mensuales de la provincia;
c) a partir del decimosexto trabajador contratado, sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, se considera como remuneración mínima pagada, el monto equivalente a tres salarios medios mensuales de la provincia.
Evidentemente esta regulación está diseñada para desincentivar la contratación, y nada tiene que ver con los costes reales de la fuerza de trabajo.
Así es imposible el avance del cuentapropismo a pesar de las exhortaciones que formulara Raúl Castro en el discurso de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2010, en el sentido de “no generar estigmas ni prejuicios contra ellos, ni mucho menos demonizarlos”.
Si esto es así, ¿por qué se les penaliza de esa manera?
¿Cómo puede quejarse el gobierno de la débil respuesta de la población al cuentapropismo, si darse de alta como tal puede convertirse en una trampa?
¿Así piensa la máxima dirección estimular la creación de puestos de trabajo para emplear a los 140.000 funcionarios despedidos en 2011, a los 110.000 que se ha previsto despedir en 2012, o a los 250.000 que se irán a la calle adicionalmente entre los años 2013 y 2015? [6] Por cierto, de los casi 390.000 cuentapropistas contabilizados en mayo de 2012, menos del 20% eran funcionarios anteriormente.
¿Así piensa Raúl Castro resolver la inminente quiebra del sistema de pensiones prevista para 2015?
¿Cree que será suficiente con seguir recortando los gastos de Bienestar Social del Estado, del Gobierno Central y de lo Gobiernos Locales [7] como lo hiciera entre 2009 y 2010 en aproximadamente un 26%, un 22% y un 26% respectivamente?
¿Cree que “el camino correcto” es continuar reduciendo, como lo hiciera entre 2009 y 2010, los Gastos de Asistencia Social en un 38,2%, el número de beneficiarios del sistema en un 44,8%, los núcleos familiares protegidos en un 41,4%, los adultos mayores beneficiarios en un 40%, las personas con discapacidad en un 34%, las madres beneficiarias con hijos con discapacidad severa en un 17%, o los usuarios de la asistencia a domicilio en un 56,8%? [8]
Si de lo que se trata es de preservar las “conquistas sociales” de la revolución, todo lo anterior carece de sentido, porque es precisamente el método más efectivo para impedirlo.
A primera vista parece la muestra de una profunda incapacidad (de nuevo los “errores de la revolución”) o un suicidio, pero a poco que se rasque la superficie aparecen las verdaderas razones de esta conducta.
Dentro de la lógica totalitaria y mafiosa del régimen, es preferible explotar miserablemente a todos los trabajadores sin distinción alguna, con el apoyo entusiasta de inversores extranjeros inescrupulosos; degradar a la población del país a la condición de ciudadanos de segunda clase, precisamente por ser cubanos; reducir hasta niveles paupérrimos el nivel de vida de la población, o empujar a la juventud al mar para encontrar muchas veces la muerte en vez de un futuro mejor, antes que abrir el camino de los cambios necesarios, modificar el marco político-legal e institucional y liberar a las fuerzas productivas para que generen riquezas.
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[2] Drucker, Peter.- “La Gerencia:  tareas, responsabilidades y prácticas” Editorial El Ateneo, 1995

[3] Sánchez, Yoani.- De cuentapropistas y mulas. Generación Y, 5 de julio de 2012

[4] Infolatam, Efe, “Cuba: Banco Central revisa política de créditos para atraer al sector privado” La Habana, 9 agosto 2012
[5] Ministerio de Finanzas y Precios Resolución Nº 298/2011 “Normas relativas al pago de los impuestos sobre los ingresos personales, sobre las ventas, sobre los servicios públicos, y por la utilización de la fuerza de trabajo, y las referentes al pago de la contribución a la seguridad social por los trabajadores por cuenta propia”
 [6] Según declaraciones a la agencia Efe de Raymundo Navarro, responsable de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) Cubaencuentro, 30 de abril de 2012.
[7] Calculado por el autor a partir de los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico de 2010, Edición 2011. Sección 6 Finanzas, Tablas 6.4, 6.5 y 6.6  relativas a la Ejecución del Presupuesto en cada caso.
[8] Calculado por el autor a partir de los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico de 2010, Edición 2011. Sección 7 Empleo y Salarios, Tabla 7.15 “Principales Indicadores del Sistema de Asistencia Social”.
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