Dr. Eugenio Yanez
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Debería resultar un síntoma alentador saber que los cubanos pagarán los impuestos que les correspondan de acuerdo a las normativas legales existentes, como ocurre en muchas partes del mundo (aunque no absolutamente en todas). Parecería una prueba más de la seriedad con que se está abordando la reorganización y fortalecimiento de la economía cubana, a diferencia del desorden que existía años atrás, concretamente entre 1959 y el 2013.
Podría verse como una clarísima muestra del avance de las “reformas” de Raúl Castro en la economía, como gustan tanto señalar muchos periodistas extranjeros, “cubanólogos” y “expertos” sobre el tema cubano, de esos que a veces se consiguen a dos por un centavo en América Latina y Europa, pero también, a no dudarlo, en Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, sucede que existen algunos “detalles” en este proceso de pago de impuestos que se llevará a cabo en Cuba que representan algunas diferencias con lo que ocurre en el resto del mundo, lo que no debería sorprender a nadie y que resulta absolutamente normal teniendo en cuenta la “excepcionalidad” del caso cubano. Imagino que todos los lectores de Cubanálisis hayan escuchado, y algunos tal vez incluso hasta disertado, sobre eso de la “excepcionalidad” del caso cubano, tema tan caro a la academia y los académicos, aunque no son muchos quienes se atrevan a explicar coherentemente ese concepto... y además lograrlo.
Así que, como en Cuba todos los cubanos son iguales, pero algunos son más iguales que otros, y en ocasiones algunos congregaciones son incluso hasta muchísimo más iguales, las obligaciones fiscales para los cubanos no son las mismas en todos los casos.
De entrada, de acuerdo a lo establecido por el gobierno, y que deberá controlar la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) del régimen, los trabajadores estatales, que representan más del 90% de la fuerza laboral (algo más de cuatro millones y medio de personas), no pagarán impuestos por sus ingresos personales.
En realidad, esto de decir que “no pagarán impuestos por sus ingresos personales” es simplemente un giro semántico para describir un hecho folklórico, de los tantos que utiliza el régimen para manejar el idioma a su conveniencia, porque posiblemente los trabajadores estatales cubanos, tanto los de la esfera empresarial como los del sector presupuestado, así como los parásitos profesionales del Partido comunista, “la juventud” y las “organizaciones de masas”, deben ser posiblemente los que más impuestos pagan en el mundo.
No porque sus impuestos se deduzcan de una nómina o tengan que liquidarlos durante los períodos establecidos para ello, sino porque en un país donde el salario promedio gira alrededor de 500 pesos mensuales (unos 21 pesos convertibles, en teoría parejos con el dólar estadounidense), el Gran Empleador, que es el Estado totalitario, se queda desde 1960 con eso que Marx, en el siglo XIX, calificaba de plusvalía, y que definía como el beneficio que obtiene el capitalista con la venta de las mercancías producidas por el trabajador. En la Isla, Papá-Estado se sigue apoderando de ese “beneficio capitalista” supuestamente para financiar programas de interés y trascendencia social, que ya la vida ha demostrado durante más de medio siglo en qué resultan.
De manera que los trabajadores estatales cubanos son de hecho de los que más altos impuestos pagan en todo el planeta, y ya lo llevan haciendo desde hace varias generaciones, sin que nunca se les haya consultado si están de acuerdo o no con esas que resultan en la práctica brutales y devastadoras escalas impositivas, ni se hayan discutido y analizado públicamente los fundamentos o la necesidad de las mismas.
De hecho, si se le preguntara a funcionarios gubernamentales o a diputados del supuesto “parlamento” cubano qué porcentaje y a cuánto ascienden los impuestos reales (no los nominales, que serían “cero”) que pagan los trabajadores cubanos en comparación con lo que crean con su trabajo y lo que reciben como salario, posiblemente pasarían demasiado trabajo para primero entender y después poder contestar esas preguntas, y no pocos de esos mencionados burócratas gubernamentales o “legisladores” de pacotilla terminarían sorprendiéndose al enterarse que esos cálculos son considerados en cualquier economía medianamente decente, puesto que para ellos esas cosas no solamente se ignoran, sino que creen que no tienen la más mínima importancia.
Y es con esa cuadrilla de ineptos e incompetentes que se pretende “actualizar” un modelo económico que nunca ha funcionado efectiva ni eficientemente en circunstancia alguna, y que después de más de siete años de monarquía neocastrista del hermano menor no muestra resultados que valgan la pena, sino retrocesos o, en el mejor de los casos, estancamiento en casi todos los órdenes productivos e indicadores económicos.
A pesar de lo cual el llamado general-presidente declaró a finales del año pasado, sin siquiera sonrojarse, que
“A pesar de que la economía cubana prosiguió su avance en el actual año, no se alcanzan las metas previstas. El Producto Interno Bruto crece un 2.7 por ciento, inferior al 3.6 planificado.
Ello estuvo condicionado por la contracción de los ingresos por exportaciones, tanto de servicios como de mercancías, cuyos precios disminuyeron, a la vez que se encarecían los productos de importación. Tampoco se logrará el crecimiento esperado en el turismo internacional y algunas producciones nacionales que sustituyen costosas importaciones”.
Supuestos avances por un raquítico crecimiento del 2.7%, aceptando cándidamente que esa cifra fuera confiable y verificable, lo cuál es imposible de comprobar. Quedando así por debajo del crecimiento logrado por muchos países de América Latina y el Caribe sin necesidad de una “revolución” ni mucho menos de “lineamientos” políticos, económicos y sociales establecidos por un partido comunista al que nadie ha entregado su pretendido liderazgo del país y de la sociedad, del que se apropió por la fuerza para, a fin de cuentas, saberlo ejercer solamente para reprimir, pero nunca en función de elevar el nivel de vida de los cubanos y contribuir a la satisfacción de sus necesidades.
No hay que creer tampoco que las cosas vayan a mejorar en el futuro, puesto que no hay razón para tal optimismo. Según señaló el propio Raúl Castro
“Para 2014 está previsto un crecimiento de 2.2 que no satisface en lo absoluto las necesidades del país, pero que se aviene realistamente a la situación interna y externa que enfrentamos”.
Entonces, si ya en el 2013 el supuesto crecimiento fue deplorable, para el 2014 se anuncia menor aún, en caso de que se cumpliera la previsión, algo que normalmente no sucede en Cuba en tiempos de “la revolución”.
Por eso, aunque cuesta mucho trabajo entenderlo, el neo-dictador proclama conclusiones que solamente en situaciones de ciencia-ficción, perturbaciones mentales, o Macondo en su apogeo, podrían parecer razonables o explicables, cuando se atreve a señalar que gracias a todo lo que ha hecho su régimen ha sido posible que
“la credibilidad internacional de la economía cubana prosiga su ascenso paulatino y seguro”.
Volviendo al tema de los impuestos a pagar, se sabe que serán unos 444,000 trabajadores por cuenta propia (cuentapropistas) los que deberán hacerlo antes del 30 de abril del 2014, (el régimen le teme a la palabra “privado” más que el diablo a la cruz, a no ser que se trate de las riquezas de las que se ha apropiado para beneficio personal la camarilla gobernante), y se calcula que el monto de los impuestos que serán captados equivalga a una muy pequeña fracción del presupuesto nacional para el 2014.
La definición oficial establecida por el régimen en las regulaciones que establecen los procedimientos para el proceso tributario y fiscal señala que los obligados a ejecutar las contribuciones al fisco serán
“los trabajadores por cuenta propia que tributen por el Régimen General, personas naturales que reciban gratificaciones, socios y representantes de empresas mixtas residentes en el país (por los dividendos o participación de las utilidades en las empresas), y otras personas naturales que generen ingresos gravados por tributos”.
Mirándolo desde el punto de vista estrictamente económico, cabría preguntarse el por qué de tantos esfuerzos del régimen para cobrar tributos a más de 444 mil personas que, a fin de cuentas, y en el mejor de los casos, constituirían una muy pequeña cantidad de los ingresos del Estado.
En palabras de la Ministra cubana de Finanzas y Precios,
“Producto de la expansión del sector del trabajo por cuenta propia y de otras formas de gestión no estatal, se proyectan ingresos que superan en un 12 por ciento el estimado para el presente año, alcanzando los Mil 600 millones de pesos, que representa el 4 por ciento del total de ingresos netos del Presupuesto del Estado”.
No hay que preguntarse si tiene sentido o no tal esfuerzo para obtener ingresos que representan el 4% del presupuesto estatal, cuando por otra parte se desperdician muchos más recursos en acciones absurdas o improductivas, pero ver el problema desde el punto de vista económico exclusivamente sería no entender otras realidades.
Porque en el Macondo neocastrista de Raúl Castro, como antes en la era “fidelista”, las medidas que se toman en la economía no tienen primariamente objetivos económicos, sino ante todo políticos, y tienen que ver con el mantenimiento y el afianzamiento del poder, la única razón de ser de los hermanos Castro, que ha constituido, constituye y constituirá el alfa y omega del régimen dictatorial cubano durante sus cincuenta y cinco años de existencia.
Un ejemplo claro de que las intenciones de recaudación fiscal del régimen no tienen una prioridad económica es que, según palabras de la Ministra de Finanzas y Precios en la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado, en el período recaudatorio de cuatro meses, hasta el 30 de abril de 2014, se espera captar 1,600 millones de pesos cubanos en impuestos de los cuentapropistas, equivalentes en moneda dura, al cambio actual en el mercado cubano, a 64 millones de pesos convertibles (CUC).
A manera de comparación, ya se ha conocido el dato de que, durante la primera semana de ventas “liberadas” de autos nuevos y de uso por parte del Estado, naturalmente que a precios astronómicos, se vendieron un total de 725 autos (472 de ellos en la ciudad de La Habana, 65% del conjunto de autos vendidos en todo el país), a un precio total de casi 26 millones de CUC (exactamente 25’913,801). Los ingresos del Estado en esa primera semana de ventas de autos “por la libre” representaron una cifra equivalente al 40% del dinero que esperan recaudar los gobernantes a través de los impuestos a los ingresos personales establecidos para los cuentapropistas.
De manera que las imposiciones fiscales establecidas sobre los cuentapropistas, más que buscar dinero en devaluados pesos cubanos para las arcas estatales, lo que intentan es debilitar y dañar la capacidad de los trabajadores por cuenta propia de crecer, fortalecerse y desarrollarse, con la evidente intención de que nunca puedan constituirse en una pujante y vibrante clase media capaz, en algún momento, de retarle el poder a la dictadura.
No olvidemos que la opción del “cuentapropismo” la plantea el régimen en el momento en que se encuentra al borde de la bancarrota, y en su primera intención pretendía abarcar hasta un millón y medio de trabajadores que se eliminarían de las plantillas estatales y serían lanzados a la calle (el régimen no tolera la palabra “desempleo”, que reserva con carácter de exclusividad para los países “capitalistas”).
Esa cifra prevista en el primer proyecto dado a conocer representaría alrededor del 30% del total de los trabajadores del Estado. Y hay que señalar, además, para mayor escarnio y bochorno del “liderazgo revolucionario”, que ese lúgubre proyecto se concibió, planificó y comenzó a llevarse a cabo contando con la absoluta, abyecta y miserable complicidad de la central sindical oficialista, la única autorizada a funcionar en el país.
Además, el régimen no recurrió a esa variante a partir de una convicción de que el trabajo por cuenta propia y cooperativo debería y podría ser un complemento imprescindible para las actividades de producción y servicios que el Estado no era capaz de llevar a cabo eficientemente y con la calidad requerida, algo que ya se había demostrado durante más de cuarenta años de una estatización prácticamente total y absoluta a partir de la llamada “ofensiva revolucionaria” de 1968. Las deficiencias llegaron hasta el extremo de que en muchísimas ocasiones ya no se trataba de actividades que el Estado realizara deficiente e ineficientemente, sino que ni siquiera había sido capaz de realizar durante muchos años.
La intención de la dictadura con su proyecto de cuentapropismo, que hasta el momento en números reales ha quedado muy por debajo de las intenciones iniciales anunciadas en la prensa, no era desarrollar diversas formas de propiedad alternativas y complementarias a la producción estatal, sino quitarse de encima la tremenda responsabilidad de ofrecer trabajo y tener que pagar salarios al 30% de la fuerza laboral del país.
De manera que buscó y encontró una forma enmascarada de lanzar al desempleo decenas de miles de trabajadores bajo unas supuestas “reformas” que de inmediato alborotaron a la academia y “cubanólogos” de todas partes y generaron una extraordinaria producción de tonterías periodísticas escritas, radiales y televisivas que, aunque en su inmensa mayoría no se hayan materializado en la práctica, han servido para entretener auditorios y alegrar galerías, y en algunos casos hasta para representar un medio de ganarse la vida a partir de generosas ayudas gubernamentales para proyectos de muy discutible efectividad y demasiado pocos resultados demostrados.
Para evitar el “creced y multiplicaos” de la Biblia o el “enriqueceos” de los reformistas chinos, la dictadura estableció severas coyundas para controlar el proceso que estaba iniciando. Una cerrada lista de las actividades permitidas, que aún en la actualidad ronda alrededor de dos centenares, y que incluye algunas propias del feudalismo medieval, fue establecida y publicada, y se propició y puso en práctica un sistema impositivo y fiscal destinado, más que nada, a ahogar a los eventuales nuevos empresarios con gastos de licencias, multas, permisos e impuestos por ingresos.
Sin embargo, a pesar de su carácter leonino y abusivo, las restricciones no han logrado impedir completamente que muchas actividades de cuentapropistas no solamente subsistan, sino que se desarrollen y prosperen, teniendo en cuenta la evidente verdad de que cualquier actividad en el ámbito privado o cooperativo será siempre más efectiva y más eficiente que la que pueda llevar a cabo un estado totalitario donde en vez de los emprendedores son los burócratas quienes toman decisiones y trazan políticas.
En este complejo enjambre de autorizaciones limitadas, continuas regulaciones y leyes, prohibiciones en todo sentido, corruptos inspectores, policías semianalfabetos, multas, directivas absurdas y promesas incumplidas, hay “de todo como en botica”, como dice un conocido refrán que los cubanos repiten.
Y lo mismo un día el régimen publica una lista autorizando varias nuevas actividades que han sido aprobadas para que las realicen los cuentapropistas, como avisa que determinada actividad es ilegal y nunca ha sido autorizada, y ordena cerrarla, como ha sido el caso de la venta de ropa importada y la proyección de películas en tercera dimensión (3D) o salas de videojuegos.
Simplemente las prohíben porque aducen que se trata de cuestiones que escapan al control gubernamental, como en los casos del cine 3D, o peor aún, como en la venta de ropa importada, porque crea una “competencia desleal” al monopolio estatal de las TRD (Tiendas Recaudadoras de Divisas), bajo administración y control de los militares-empresarios. Este estamento social constituye hoy en día la más clara representación del neocastrismo en su pleno apogeo y pretende crecer en el post-castrismo que se diseña y se afianza sutilmente a la sombra de los “lineamientos” y la “actualización del modelo”.
De manera que resultaría muy saludable no seguir enfocando el tema de los impuestos a los cuentapropistas cubanos como si se tratara de cuestiones puramente económicas o fiscales, cuando en realidad en lo más profundo de la médula del proyecto neocastrista se concibe que el Estado quede con todas las actividades comprobadamente fundamentales, mayores y más productivas, y los cubanos de a pie (cuentapropistas y cooperativistas) se hagan cargo de lo que ese Estado ni sabe, ni quiere, ni puede administrar con un mínimo de sentido común, efectividad y eficiencia.
Así que, aunque en nuestro Macondo se paguen, o se haga como que se pagan, impuestos sobre los ingresos personales de los cuentapropistas, seguirá siendo algo normal que los cubanos en la Isla se sorprendan cuando puedan tocar el hielo con sus manos, se enteren que la Tierra es redonda, o vean caer un aguacero torrencial sin prisas pero sin pausas que puede durar perfectamente cuatro años, once meses y veintinueve días, al final de los cuales se anunciará que la producción agropecuaria del país descendió por culpa del bloqueo, la crisis mundial, el cambio climático, y además, a causa de la sequía de los últimos días.
Porque en Cuba, como en Macondo, siempre puede suceder casi cualquier cosa.
Que Remedios la Bella suba al cielo a la vista de todos, que un auto nuevo más o menos común y corriente, sin garantía ni piezas de repuesto, cueste casi un cuarto de millón de dólares.
Pero no que los forradores de botones, paseadores de perros, desmochadores de palmas, o peladores de frutas, declaren honestamente todos sus ingresos y paguen impuestos al régimen que los esquilma, los explota, los desprecia, y pretende reventarlos.
Simplemente, porque los cuentapropistas cubanos, capaces de atreverse a serlo entre la continua hostilidad y las permanentes restricciones que impone el régimen, podrán ser cualquier cosa, menos tontos.
¿O es que acaso nuestros lectores nunca han leído, opinado, o escuchado hablar, de la “excepcionalidad” del caso cubano?
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