Por Daniel Palacios Almarales
LA HABANA.- El clima de tensión entre los trabajadores por cuenta propia que se dedican a la venta de ropas importadas ha aumentado en las últimas semanas, a medida que se acerca el primero de enero del 2014, fecha tope puesta por el gobierno cubano para el cierre de tales establecimientos.
Ya son notables las negativas de numerosos “cuentapropistas” a abandonar el expendio de sus mercancías, en medio de ánimos caldeados que tuvieron su punto clímax el pasado 10 de octubre, cuando alrededor de un centenar de personas protestaron frente al Capitolio de La Habana.
Los manifestantes demandaron la revocación o revisión de la disposición que prohíbe la venta de ropa y calzado llegados al país desde el exterior, situación que arrojó varios detenidos, entre ellos dos periodistas de la agencia independiente Hablemos Press que intentaban cubrir la protesta.
Abuso de poder
Asimismo, se han publicado paulatinamente post en sitios digitales alentando a la toma de acciones. En el conocido portal Revolico, bloqueado en Cuba, apareció un anuncio titulado “No al abuso de poder de los inspectores HUELGA, es un abuso del gobierno”.
“No hay ley, es un abuso con el cuentapropismo, quieren ahogar al pueblo después de que le quitaron el trabajo a una pila de gente. Todo es un engaño están reprimiendo a los cuentapropistas . Las oficinas del DIS [Departamento de Inspección y Sanidad, perteneciente a la Contraloría General de la República] no tienen pública [sic] las leyes que aplican los inspectores. Hay que unirse para reclamar esta injusticia”, posteó el pasado 27 de septiembre un usuario, mensaje que fue reiterado el 17 de octubre.
A finales de sepotiembre, el gobierno cubano emitió nuevas regulaciones para adicionar nuevas actividades de cuentapropismo y redefinir el alcance de otras ya autorizadas, como la de sastre o modista. La regulación precisó que este último oficio era solo para el trabajo de costura de personas que confeccionan y arreglan ropas, pero no incluye la comercialización de confecciones de fabricación industrial o importada.
La medida afecta a decenas de establecimientos que venden artículos traídos desde Ecuador, Panamá, México y Estados Unidos, a través de las llamadas “mulas” o por gestiones personales de los propios vendedores, lo que ha implicado para muchos de ellos costosas inversiones en divisas.
Continuará la venta
Varios entrevistados por CaféFuerte mantuvieron la idea de continuar la venta, ya fuese en los locales actuales o “por la izquierda” (sin anuencia estatal), pues consideran precipitada e injusta la medida del gobierno.
“He invertido demasiado dinero como para que vengan a cerrarnos tan injustamente. Si ellos usan la fuerza para imponernos las cosas, nosotros vamos a mantenernos fuertes, porque también tenemos derechos como trabajadores”, comentó Roberto García, dueño de una tarima en una de las ferias de la concurrida Calzada de Monte.
Un funcionario del DIS, bajo anonimato, dijo que no debiera haber resistencia, debido a que la ley es muy clara desde el inicio.
“La licencia está expedida para sastres y modistas que confeccionen la ropa a la medida, no para traer piezas del exterior y venderlas. Eso está fuera de los límites de la licencia que ellos mismos firmaron y aceptaron. Han cometido una violación desde el inicio y ya el gobierno decidió ser más enérgico”, aseveró el funcionario.
Algunos clamaron con fuerza por la aceptación de esta variante de trabajo, la cual hasta el momento no está oficializada.
Continuar leyendo en Café Fuerte >>
No hay comentarios:
Publicar un comentario