El gobierno de Ecuador anunció la creación de un Laboratorio de Comunicación y Derechos, que tendrá como objetivos fundamental detectar y prevenir los mensajes que induzcan a la violencia, discriminación o racismo en los medios de comunicación con la finalidad de proteger los derechos humanos.
El organismo controlará las noticias y publicidad que se difundan en los medios y publicará informes semanales y mensuales que serán discutidos a través de un blog.
La iniciativa fue propuesta por la concejal Marcela Miranda, representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y forma parte de las disposiciones de la nueva Ley Orgánica de Comunicación que fue publicada el pasado 25 de junio.
La nueva ley ha generado varias críticas desde los medios que se consideran libres y democráticos.
Cesar Ricaurte de Fundamedios, que el estado está proponiendo una vigilancia sobre los ciudadanos, cuando en realidad “son más bien los ciudadanos los que tenemos que vigilar al Estado y no el Estado vigilar a los ciudadanos. Esta es la gran diferencia entre un Estado realmente democrático y un Estado autoritario o incluso totalitario”.
La Superintendencia de Telecomunicaciones informó también que las frecuencias que no estén siendo usadas por sus concesionarios deberán ser devueltas al estado.
Tras la promulgación de la nueva ley Orgánica de Comunicación el pasado 25 de junio, las estaciones radiales y de televisión tenían 30 días para declarar de manera juramentada la actividad que realizan con sus frecuencias. El superintendente subrogante del este organismo Claudio Rosas mencionó que 777 concesionarios ya lo han hecho.
El organismo controlará las noticias y publicidad que se difundan en los medios y publicará informes semanales y mensuales que serán discutidos a través de un blog.
La iniciativa fue propuesta por la concejal Marcela Miranda, representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y forma parte de las disposiciones de la nueva Ley Orgánica de Comunicación que fue publicada el pasado 25 de junio.
La nueva ley ha generado varias críticas desde los medios que se consideran libres y democráticos.
Cesar Ricaurte de Fundamedios, que el estado está proponiendo una vigilancia sobre los ciudadanos, cuando en realidad “son más bien los ciudadanos los que tenemos que vigilar al Estado y no el Estado vigilar a los ciudadanos. Esta es la gran diferencia entre un Estado realmente democrático y un Estado autoritario o incluso totalitario”.
La Superintendencia de Telecomunicaciones informó también que las frecuencias que no estén siendo usadas por sus concesionarios deberán ser devueltas al estado.
Tras la promulgación de la nueva ley Orgánica de Comunicación el pasado 25 de junio, las estaciones radiales y de televisión tenían 30 días para declarar de manera juramentada la actividad que realizan con sus frecuencias. El superintendente subrogante del este organismo Claudio Rosas mencionó que 777 concesionarios ya lo han hecho.
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