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El 5 de febrero de 2003 fue publicado en Gaceta Oficial el Convenio Cambiario N.° 1, con el que se impusieron limitaciones a la compra de dólares por parte de las empresas y las personas naturales. Tal medida se debió a la caída de la producción petrolera y de las exportaciones de crudo luego del paro petrolero entre finales de 2002 y principios de 2003, lo que erosionó las finanzas de la nación. El mercado se cerró a fin de evitar que salieran del país divisas para actividades que no fueran absolutamente necesarias.
Tres vías han facilitado esta salida de divisas. Una de ellas, las emisiones de bono que ha hecho la República y Petróleos de Venezuela y que asciende a 60 millardos de dólares aproximadamente
Otra vía, las operaciones de permuta cuando aún existía el mercado de valores en Venezuela. A través de la compra de bonos las casas de bolsa y sociedades de corretaje liquidaban títulos valores a un tipo de cambio oficial, pero no fijo permitido por la ley. Sin embargo, a partir del año 2012 este tipo de operaciones quedó prohibido.
La fuga de capitales también se ha producido mediante la sobrefacturación que hacen algunas empresas importadoras a través de la Comisión de Administración de Divisas y el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extrajera, que funciona en el Banco Central de Venezuela. Tal mecanismo carece de legalidad porque significa un fraude a la República y que, según un estudio preliminar de Econalítica, representa 19,9% del total de importaciones al sector privado. En el caso de las importaciones públicas, que no están bajo supervisión de Cadivi ni del Sitme, esta cifra de sobrefacturación es mucho más alta.
Restricción. Para el diputado del PSUV, Ramón Lobo, el mantenimiento del control de cambio se justifica porque el Estado tiene la necesidad de contar con las divisas para orientar el desarrollo del país a fin de continuar adelantando el plan estratégico. “Los dólares son para importar bienes servicios y es el Gobierno el que debe dirigirlos de acuerdo con la prioridad y las áreas que se tienen previstas. Los gobiernos anteriores eran condescendientes con los empresarios. En 1983, durante el gobierno de Luis Herrera Campíns, ocurrió el famoso viernes negro y salieron del país más de 25 millardos de dólares ese año”.
El economista Asdrúbal Oliveros, de la firma Ecoanalítica, asegura que el control de cambio, implementado en un momento histórico, obedecía a la situación de Petróleos de Venezuela, que se encontraba muy vulnerable luego del paro petrolero.
“El problema es que la asignación de divisas se ha convertido en un mecanismo de control político para las empresas y las personas naturales. El control de cambio y la represión financiera le ha permitido al Gobierno financiar su déficit fiscal y gastar sin control y ese es uno de los incentivos por los cuales no lo levanta. El Gobierno se financia internamente con estos recursos”, puntualizó Oliveros.
De Cadivi al Sitme
En febrero de 2003 se ordena por decreto la creación de la Comisión de Administración de Divisas, pero no fue hasta finales de abril de ese año cuando la institución comenzó a otorgar divisas a las empresas y personas naturales.
El mercado de permuta operaba paralelamente como otra vía legal para la adquisición de divisas. Para entonces existían las operaciones con los llamados ADR que eran títulos de Cantv, que todavía era de capital privado y subastaba tales papeles en la Bolsa de Nueva York. A través de estos las empresas y las personas naturales podían obtener dólares.
Para el año 2004, con la llegada de las emisiones de bonos de la República y de Cantv, el mercado de valores comienza a tener una mayor preponderancia y aparece el llamado dólar permuta. En 2009 tenía prácticamente el mismo tamaño que Cadivi en cuanto a la adquisición de dólares. Esto comenzó a ser motivo de preocupación para el Gobierno.
En 2010 se declara ilegal el mercado de permuta y se ordena la ilegalización de las casas de bolsa y sociedades de corretaje. Asimismo, se ordena la creación del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera a través de subastas de papeles en el Banco Central de Venezuela.
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