La espita del yin (negativo) la abrió la semana pasada el Departamento de Propaganda de Guangdong —la provincia más rica de China, con 100 millones de habitantes y la más liberal del país, en parte porque siempre fue la más abierta y en parte por su proximidad a la excolonia británica de Hong Kong que desde 1997 es región administrativa especial de China—. De la manera más burda y sin tener en cuenta las ansias de libertad de expresión de una sociedad cada día más conectada y en la que las redes sociales juegan un activo papel, los censores de ese departamento cambiaron una carta a los lectores del influyente Semanario del Sur (Nanfang Zhoumo), en la que se pedía que el nuevo año trajese un “Gobierno constitucional”, por una sarta de alabanzas al PCCh. Como era de esperar, los periodistas del semanario —que sabían lo que se jugaban cuando escribieron su carta y asumieron el riesgo— se sintieron humillados y se declararon en huelga.
La fuerza del yin no les tomó en consideración y continuó expandiéndose por los órganos centrales del PCCh que, en consonancia, actuaron de forma represora contra los huelguistas, los manifestantes y los internautas que acudieron en su apoyo. “No importa si esta gente está contenta o no... los medios de comunicación libre con los que sueñan son imposibles”, editorializaba el lunes, con una total falta de sensibilidad, Tiempos Globales —periódico ligado al órgano de difusión del PCCh, Diario del Pueblo—.
Sumido en su propia oscuridad, el yin ha revelado su falta de capacidad para valorar las demandas y las necesidades de una sociedad compleja, que integran 1.350 millones de personas y que en 2012, por primera vez en su historia, pasó de tener una mayoría rural a una mayoría urbana. El yin parece no asimilar que la brutal mejora en el nivel de vida que han experimentado sobre todo los urbanistas en las tres últimas décadas ha generado una clase media, que como todas las clases medias del mundo actual, está globalizada, viaja, conoce otras realidades y quiere participar, de una manera u otra, en el desarrollo de su propia realidad. De momento, esta clase media china no contesta el liderazgo único del PCCh, pero le exige libertad de información y de expresión con la que poder dejar en evidencia y luchar contra los desmanes que cometen muchos funcionarios y autoridades locales que se cobijan bajo el paraguas de secretismo e impunidad del PCCh.
Pero frente al yin, se ha abierto la puerta al yang (el principio positivo). El Gobierno ha anunciado que se está elaborando un plan para la reforma de los campos de reeducación por el trabajo, uno de los castigos más odiados por los chinos y una de las demandas más enraizadas en la sociedad, que considera estos centros de internamiento injustos y foráneos, ya que se crearon tras la fundación de la República Popular en 1949 y bajo la influencia del régimen de terror impuesto por Josif Stalin en la desaparecida Unión Soviética. Nacieron para reeducar a los contrarrevolucionarios, pero se convirtieron en las mazmorras de las comisarías policiales, donde agentes soberbios e incultos enviaban a cualquiera que contestaba su autoridad o lo que interpretaban como la autoridad del Gobierno y el Estado.
El fin de los campos de reeducación es una de las mayores reivindicaciones de las organizaciones de derechos humanos tanto chinas como extranjeras y se convirtió en objetivo prioritario tras el caso Tang Hui. Esta mujer de Hunan (una provincia del centro de China) fue sentenciada a 18 meses en un campo de reeducación por desatar en 2011 una campaña para exigir a los tribunales y a las autoridades del Gobierno local que impusieran penas más severas a los siete responsables del secuestro, la violación y la prostitución forzosa de su hija de 11 años. Tang fue liberada después de una semana de internamiento por las protestas de académicos, medios de comunicación y millones de ciudadanos en las redes sociales.
Uno de los primeros compromisos asumidos por Xi Jinping tras ascender en noviembre pasado a la Secretaría General del PCCh fue hacer de China un país gobernado por el imperio de la ley. El cierre de los laogai, donde los represaliados pueden ser internados sin juicio hasta cuatro años, es primordial para emprender la reforma de la justicia en China y acabar con una de las mayores frustraciones de sus ciudadanos, que se sienten indefensos ante la injusticia de su sistema judicial. De llevarse a cabo, la fuerza del yang sería arrolladora y frenaría de forma considerable el descontento de la sociedad.
Todo apunta a que Xi Jinping, que en marzo se convertirá en jefe del Estado, permanecerá al frente del destino de China durante la próxima década, pero para hacerlo sin sobresaltos no tendrá más remedio que escuchar las voces de sus ciudadanos. La libertad de expresión y el imperio de la ley son las dos principales demandas de la población y no le servirá contraponerlas como el yin y el yang, si pretende establecer una “sociedad armoniosa”, sino que de habrá de hacer de ambas sus caballos de batalla.
Lo más curioso de lo sucedido estos días en Cantón es que la carta que ha sido censurada por el celo del Departamento de Propaganda pedía precisamente un “Gobierno constitucional”, es decir, la reforma que el Ministerio de Justicia comienza a pergeñar, ya que según los expertos legales, los campos de reeducación violan la Constitución china.
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