Tras algo más de tres semanas transcurridas desde el regreso de
Ángel Carromero a España, ha crecido el reclamo de la comunidad
exiliada, en Madrid y Miami, así como la oposición en Cuba, de que éste
diga lo que realmente ocurrió en el accidente en que perecieron Oswaldo
Payá y Harold Cepero.
Carromero, un cachorro emergente del Partido Popular, apadrinado por José María Aznar y Aguirre, que viajó a Cuba y fue condenado como responsable del accidente de tránsito que causó la muerte de Payá y Cepero, no fue un visitante casual ni alguien que de pronto se vio enredado en una situación ajena.
Lo que no se habla en Miami y Madrid es que el viaje de Carromero no fue un hecho aislado. El accidente, y es necesaria una investigación independiente para conocer mejor lo ocurrido –algo imposible en estos momentos debido al régimen totalitario imperante en Cuba– ha sido enfocado fundamentalmente desde el ángulo de la muerte de Payá, pero tiene otro aspecto que merece una mejor atención: la existencia de un plan en que miembros jóvenes del PP han estado visitando la isla para establecer contactos con la oposición pacífica.
Poner fin a estas visitas ha sido el principal objetivo del gobierno de La Habana. Al igual que lograron descarriar la estrategia diseñada durante la época del ex presidente George W. Bush de cambio de régimen, con la prisión de Alan Gross, el encarcelamiento de Carromero cumplió igual objetivo con respecto a España. Lo demás han sido una sarta de mentiras para encubrir lo ocurrido, y el gobierno español salvar la cara y el de La Habana reforzar su control absoluto en el país.
No solo su filiación política, sino los padrinos de Carromero en Madrid apuntan en esa dirección. Además de Aznar y Aguirre, el principal tutor del joven español es Pablo Casado, a su vez pupilo de Aznar y ahora asesor en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, del ex mandatario español. En su momento Casado también realizó su viaje a Cuba. Todo esto mezclado con los supuestos fondos que llevaba Carromero para contribuir a la creación de una organización juvenil opositora y al hecho de que en la actualidad Casado es un diputado del PP.
A todo esto se agrega el antecedente del viaje frustrado de Jorge Moragas a La Habana, en 2004, cuando las autoridades no le dejaron entrar en Cuba junto a dos parlamentarios holandeses. En aquel momento Moragas era simplemente responsable de Relaciones Internacionales del PP, pero hoy es el director de Gabinete de Rajoy. En la agenda de Moragas entonces, también estaba incluido un encuentro con Payá.
Todo ello indica que estaban dados los elementos para convertir la acusación contra Carromero en un gran juicio político, de implicaciones internacionales. El limitar el caso al delito de tráfico era una prioridad del gobierno español. A partir del anuncio del juicio público, hecho por cierto el mismo día de la renuncia de Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, coincidencias de la vida, todo el proceso fue enfocado como un simple accidente de tráfico.
Lo que ha ocurrido desde el inicio del proceso contra Carromero es que tanto La Habana como Madrid intentaron colocar la muerte de Payá como un elemento circunstancial de un accidente de tránsito, cuando en realidad constituía la esencia del problema. En este sentido, cualquier reclamo de la viuda del opositor es válido.
Al final ha quedado claro que cualquier ayuda o apoyo por parte de Europa a la oposición cubana tiene sus límites. Lo ocurrido tras la muerte de Payá es un buen ejemplo de ello. Es una lástima que los intereses económicos pesen más que la verdad.
Lo más importante para Madrid son las múltiples inversiones españolas en Cuba, hechas todas por conveniencia ante la posibilidad de jugar un importante papel en un mercado emergente, como actúan los capitalistas en cualquier parte del mundo. Con una ola de nacionalizaciones de empresas españoles en países latinoamericanos (Argentina y Bolivia) y una situación más que incierta amenazante e insegura en lo que respecta a Venezuela, lo menos que tenía interés la Moncloa era en buscarse un nuevo problema.
El que Carromero se encuentre en Madrid, muy lejos de una cárcel cubana, resulta secundario, a la hora de considerar que existe una especie de pacto entre los gobiernos de Cuba y España que no se puede poner en riesgo con unas declaraciones. Demasiados turistas españoles visitan la isla, demasiado fácil lograr que alguno o varios cometan cualquier “delito”, para que los dolores de cabeza comiencen de nuevo para el gobierno de Rajoy.
Una cosa fueron las veleidades de un partido en la oposición y otra es la realidad que se enfrenta cuando se llega al gobierno. En ese sentido, Cuba ha resultado un asunto secundario. El tema sirvió para la politiquería del PP contra los socialistas. Ahora, desde el poder, impera la realidad del dinero.
Carromero, un cachorro emergente del Partido Popular, apadrinado por José María Aznar y Aguirre, que viajó a Cuba y fue condenado como responsable del accidente de tránsito que causó la muerte de Payá y Cepero, no fue un visitante casual ni alguien que de pronto se vio enredado en una situación ajena.
Lo que no se habla en Miami y Madrid es que el viaje de Carromero no fue un hecho aislado. El accidente, y es necesaria una investigación independiente para conocer mejor lo ocurrido –algo imposible en estos momentos debido al régimen totalitario imperante en Cuba– ha sido enfocado fundamentalmente desde el ángulo de la muerte de Payá, pero tiene otro aspecto que merece una mejor atención: la existencia de un plan en que miembros jóvenes del PP han estado visitando la isla para establecer contactos con la oposición pacífica.
Poner fin a estas visitas ha sido el principal objetivo del gobierno de La Habana. Al igual que lograron descarriar la estrategia diseñada durante la época del ex presidente George W. Bush de cambio de régimen, con la prisión de Alan Gross, el encarcelamiento de Carromero cumplió igual objetivo con respecto a España. Lo demás han sido una sarta de mentiras para encubrir lo ocurrido, y el gobierno español salvar la cara y el de La Habana reforzar su control absoluto en el país.
No solo su filiación política, sino los padrinos de Carromero en Madrid apuntan en esa dirección. Además de Aznar y Aguirre, el principal tutor del joven español es Pablo Casado, a su vez pupilo de Aznar y ahora asesor en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, del ex mandatario español. En su momento Casado también realizó su viaje a Cuba. Todo esto mezclado con los supuestos fondos que llevaba Carromero para contribuir a la creación de una organización juvenil opositora y al hecho de que en la actualidad Casado es un diputado del PP.
A todo esto se agrega el antecedente del viaje frustrado de Jorge Moragas a La Habana, en 2004, cuando las autoridades no le dejaron entrar en Cuba junto a dos parlamentarios holandeses. En aquel momento Moragas era simplemente responsable de Relaciones Internacionales del PP, pero hoy es el director de Gabinete de Rajoy. En la agenda de Moragas entonces, también estaba incluido un encuentro con Payá.
Todo ello indica que estaban dados los elementos para convertir la acusación contra Carromero en un gran juicio político, de implicaciones internacionales. El limitar el caso al delito de tráfico era una prioridad del gobierno español. A partir del anuncio del juicio público, hecho por cierto el mismo día de la renuncia de Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, coincidencias de la vida, todo el proceso fue enfocado como un simple accidente de tráfico.
Lo que ha ocurrido desde el inicio del proceso contra Carromero es que tanto La Habana como Madrid intentaron colocar la muerte de Payá como un elemento circunstancial de un accidente de tránsito, cuando en realidad constituía la esencia del problema. En este sentido, cualquier reclamo de la viuda del opositor es válido.
Al final ha quedado claro que cualquier ayuda o apoyo por parte de Europa a la oposición cubana tiene sus límites. Lo ocurrido tras la muerte de Payá es un buen ejemplo de ello. Es una lástima que los intereses económicos pesen más que la verdad.
Lo más importante para Madrid son las múltiples inversiones españolas en Cuba, hechas todas por conveniencia ante la posibilidad de jugar un importante papel en un mercado emergente, como actúan los capitalistas en cualquier parte del mundo. Con una ola de nacionalizaciones de empresas españoles en países latinoamericanos (Argentina y Bolivia) y una situación más que incierta amenazante e insegura en lo que respecta a Venezuela, lo menos que tenía interés la Moncloa era en buscarse un nuevo problema.
El que Carromero se encuentre en Madrid, muy lejos de una cárcel cubana, resulta secundario, a la hora de considerar que existe una especie de pacto entre los gobiernos de Cuba y España que no se puede poner en riesgo con unas declaraciones. Demasiados turistas españoles visitan la isla, demasiado fácil lograr que alguno o varios cometan cualquier “delito”, para que los dolores de cabeza comiencen de nuevo para el gobierno de Rajoy.
Una cosa fueron las veleidades de un partido en la oposición y otra es la realidad que se enfrenta cuando se llega al gobierno. En ese sentido, Cuba ha resultado un asunto secundario. El tema sirvió para la politiquería del PP contra los socialistas. Ahora, desde el poder, impera la realidad del dinero.
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