Cuba, EE UU y las sanciones

Diario de Cuba

Mauricio Claver-Carone

El presidente de EE UU, Barack Obama, junto a John Kerry, durante la nominación de este último como nuevo secretario de Estado. (REUTERS, Washington)

Cuando el presidente Barack Obama entró a la Casa Blanca en enero de 2009, muchos especularon sobre posibles cambios en la política norteamericana hacia Cuba. Algunos hasta prematuramente vaticinaron el final de las sanciones.

Hace unos meses, al Obama ganar su reelección, la especulación ha sido menor. Y por buenas razones.

En 2009, Obama acudió a la presidencia con una Cámara de Representantes y un Senado bajo el control de su Partido Demócrata. Esa fue la mejor oportunidad que han tenido quienes abogan por normalizar las relaciones con el régimen castrista, quienes intentan conseguir el levantamiento de las sanciones de EE UU a Cuba de manera unilateral.

Y lo intentaron de forma agresiva. Durante los años 2009 y 2010 —utilizando maniobras legislativas— miembros de la Cámara de Representantes, conjuntamente con su líder Nancy Pelosi (D-Cal.), propusieron un proyecto de ley que buscaba autorizar el turismo norteamericano, así como las relaciones bancarias con Cuba. Lo "disfrazaron" bajo una iniciativa para expandir las ventas agrícolas, y de esta forma poder presentarlo al Comité de Agricultura, evadiendo al Comité de Relaciones Exteriores, en donde la congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-Fla.) era la líder de la minoría republicana.

Ese plan, elaborado por el presidente del Comité de Agricultura, Colin Peterson (D-Minn.), y el entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Howard Berman (D-Cal.), eventualmente fracasó debido a la fuerte oposición de más de 80 congresistas demócratas en la Cámara de Representantes. Durante el pasado noviembre, Berman, un histórico y poderoso oponente de las sanciones, perdió su intento de reelección.

Desde entonces, la atención se ha centrado en posibles y limitadas concesiones ejecutivas por parte del presidente Obama, ya que en el Congreso de EE UU existe una decisiva mayoría bipartidista que apoya el mantenimiento de las sanciones hacia el régimen de los Castro mientras estos no tomen pasos concretos e irreversibles hacia una democratización y hacia el respeto a los derechos humanos.

Esta política, que busca cambios reales y contundentes en el comportamiento del régimen hacia su pueblo, fue codificada en ley en 1996. Ese año, la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (conocida como la Ley Helms-Burton) incluía una provisión que codificó todas las diferentes regulaciones y normas que conjuntamente componían las sanciones de EE UU hacia Cuba, constituyendo una ley que solamente podría ser cambiada o, derogada, por el Congreso norteamericano.

Esto ha dejado al presidente Obama, al igual que a su antecesores, con la facultad de solo poder hacerle ajustes limitados a las sanciones, específicamente en lo que se refiere a los viajes a la Isla "con un propósito", realizados por familiares, académicos y religiosos, ya que estos fueron anteriormente reconocidos bajo la Ley de Democracia Cubana de 1992 (más conocida como la Ley Torricelli). Mientras, los cambios substanciales a las sanciones —al turismo, a las inversiones directas, a los créditos bancarios y a las importaciones, que serían equivalentes a decenas de billones de dólares— requieren aprobación del Congreso.

Pocas herramientas ejecutivas

Con la inminente muerte de Hugo Chávez y sus subsidios, estos billones de dólares norteamericanos son cada día más necesarios para los Castro.

¿Qué podemos esperar en los próximos cuatro años?

El presidente Obama ya ha autorizado unilateralmente casi todos los posibles viajes "con un propósito", por lo cual le quedan pocas herramientas en su arsenal ejecutivo, como por ejemplo, un acercamiento diplomático o el fin de la designación de Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo, aunque este último punto también contiene algunos previos requisitos legislativos.

Con opciones limitadas para el presidente y un Congreso comprometido con las condiciones pro democráticas establecidas bajo el marco de la ley de 1996, el futuro depende del propio régimen de La Habana.

¿Le permitirá a los cubanos disfrutar de los derechos civiles, económicos, humanos y políticos enmarcados por la ley internacional, o seguirá con su afán represivo, absolutista y con el incumplimiento de las normas internacionales, tomando inclusive rehenes norteamericanos, como el contratista Alan P. Gross?

Hoy existe incluso un modelo que el castrismo podría seguir como ejemplo. El de Birmania, cuyo régimen ha visto un merecido alivio en las sanciones de EE UU (modeladas en su momento según las sanciones hacia Cuba y codificadas en ley por el Congreso) tras las aperturas democráticas concretas que han llevado a la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, al parlamento de esa nación.

Indudablemente, el reconocimiento legal de la oposición democrática cubana y la libre aspiración y elección a puestos políticos de líderes de la sociedad civil sería una buena pauta a seguir por el régimen. Y entonces, por ley, el gobierno de EE UU respondería.