El arresto arbitrario de la abogada Yaremis Flores el pasado 7 de noviembre fue seguido por dos oleadas, una represiva, llevada a cabo por el régimen contra numerosos activistas de la sociedad civil, y otra, impresionante y que agradecemos, de solidaridad con las víctimas.
En lo personal, lo sucedido reafirmó mi visión del reto fundamental que enfrentamos como país: la articulación de todas sus partes para transitar a una democracia en la que participe toda la nación.
Visualizar y trabajar en pos de una transición hacia la democracia, en el escenario tan enrevesado que vivimos, es un proceso que implica ante todo madurez política e intelectual, honradez, y un alto grado de civismo. Necesitamos comprender que tal dinámica no involucrará un único eje, un único ángulo. No es posible pensar una transición en la que no estén también contemplados todos esos cubanos que hoy habitan en las diferentes esferas del Estado. Tampoco es posible concebir una transición sin la plena participación de aquellos que están fuera de la Isla y que constituyen parte esencial de la nación. No es posible esbozar una transición sin los trabajadores, intelectuales, profesionales y emprendedores que están dentro y fuera de Cuba.
Creer que el cambio en nuestro país sucederá como un pase mágico, que en un abrir y cerrar de ojos generará una sociedad moderna, asentada en un estado de derecho, es una fantasía demasiado simplista y engañosa. Los opositores al régimen totalitario tenemos el deber y la responsabilidad de mostrar a todos los sectores de la sociedad cuál es el proyecto de país plural e incluyente que defendemos, y lo que esperamos de la democracia.
La estrategia del régimen ha sido siempre la misma. Se ha concentrado sistemáticamente en obstaculizar a toda costa el crecimiento de la sociedad civil. Intimidar, reprimir, encarcelar, desangrar el país, generar desconfianza entre la oposición, crear conflictos internos para minar nuestro trabajo, “entretenernos” y así dejarnos poco tiempo para incidir con efectividad sobre la sociedad es una estrategia que le ha reportado frutos y que debe ser desmontada ya. Tenemos que fijar nuestra ética, nuestros presupuestos, nuestro ritmo.
Trabajar en una transición con responsabilidad implica un conocimiento real del escenario que enfrentamos, en el que se manifiesten las particularidades de grupos e individuos desde una perspectiva global. Para garantizar ese abanico de intereses y visiones es necesario que cada cubano goce de sus derechos fundamentales, de ahí la importancia de la campaña “Por Otra Cuba” y nuestra solicitud de apoyo a todos los cubanos y a la opinión pública internacional.
Frente a esta iniciativa ciudadana y pacífica, el gobierno ha respondido con el recrudecimiento de la represión y el uso desmedido de la violencia, dando otro portazo a una nueva propuesta cívica. Sin embargo, este escenario violento comienza a perfilar fracciones dentro de la sociedad: por una parte están quienes, aun dentro del sistema, creen que es posible una nación próspera donde las diferencias políticas e ideológicas sean parte de lo cotidiano, donde prime el respeto y la decencia; por otra, se halla ese segmento enrarecido, conformado por intereses mezquinos, cinismo y bajos presupuestos éticos, que pretende con su actuar irresponsable y prepotente conducirnos a un camino púrpura a manos de la violencia y la brutalidad. Nos toca decidir a los cubanos de qué lado ubicarnos, desde que posición deseamos incidir y actuar.
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