La posición común sobre Cuba, adoptada el 2 de diciembre de 1996 por la Unión Europea,
es un antecedente muy valioso de política exterior en materia de
derechos humanos al que sin embargo algunos analistas lo califican como
“contraproducente”.
En palabras de Susanne Gratius, investigadora senior de Fride,
“la práctica política señala que el condicionamiento y la presión no
son instrumentos idóneos para promover la democracia”. Aunque ejemplos
como las incesantes presiones internacionales a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile o al régimen del apartheid en Sudáfrica que incluía un amplio embargo, refutan lo expresado por la analista del prestigioso think tank español.
Pero aunque la denuncia internacional y los reclamos de apertura
política a una dictadura efectivamente no logren sus objetivos, desde la
perspectiva democrática es inadmisible aceptar que autoridades
ilegítimas, como en este caso las de Cuba, hagan prevalecer sus
condiciones y mucho menos ante la Unión Europea, cuyos estados miembro
deben garantizar internamente la vigencia de las libertades civiles y
políticas.
En el caso de la posición común de la UE hacia Cuba el problema ha
sido su incumplimiento y la falta de compromiso internacional con los
derechos humanos por parte de muchos de los países -Italia y Francia,
por ejemplo- o, en el caso de España, no haber sido adoptada como
política de estado de los distintos gobiernos.
En realidad, el único cuestionamiento serio a la Posición Común de la
UE sobre Cuba es respecto al punto 3 inciso d, referido a evaluar “la
evolución de la política interior y exterior cubana según las mismas
normas que aplica la Unión Europea a sus relaciones con otros países, en
particular la ratificación y cumplimiento de los convenios
internacionales sobre los derechos humanos”. Esto es, la inconsecuencia
en no adoptar con otras dictaduras, como China, Arabia Saudita o Bahrein,
la misma firmeza que impulsan respecto a Cuba. En todo caso, en lugar
de dejar sin efecto la Posición Común de la UE hacia Cuba, sería deseable para la promoción internacional de los derechos humanos, extenderla a países igualmente represivos.
Salvo el mencionado cuestionamiento, cuesta entender la idea de dar
marcha atrás frente a una posición comprometidamente progresista que,
por ejemplo, establece: “La Unión Europea considera que una plena
cooperación con Cuba dependerá de las mejoras en el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Acaso puede ser otra
la política exterior democrática frente a una dictadura?
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* Director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
(CADAL). Miembro del Consejo Editorial de Perspectiva: Revista
Latinoamericana de Economía, Política y Sociedad. Realiza colaboraciones
periodísticas para varios medios de Argentina y América Latina.
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