Una de las prioridades que debe atender el próximo gobierno democrático, consistirá en reencauzar las relaciones de Venezuela con el concierto internacional, más allá de la preeminencia de las acciones que en lo político ha desarrollado el actual régimen.
Con la finalidad de atender las serias amenazas a la Seguridad que como un todo enfrenta un planeta cada vez más globalizado, y en particular nuestro hemisferio americano, es importante llamar la atención sobre el reto que supondrá para la nueva administración venezolana, la lucha que tiene que emprender para el desmantelamiento de las bandas criminales de la delincuencia organizada transnacional que operan en nuestro país, quienes realizan actividades ilícitas que involucran a varias naciones del continente.
La política exterior que impulse el gobierno democrático, debe, y si se quiere con carácter de urgencia, reestablecer y potenciar los múltiples nexos, que en la forma de cooperación gubernamental e inter-agencial, tienen que desarrollar las instituciones llamadas a combatir a las diferentes instancias del también llamado Crimen Organizado Transnacional, incluyendo las Fuerzas Armadas, si se quiere tener resultados perentorios en este esfuerzo.
El desmantelamiento de la cooperación inter-agencial, la suspensión del intercambio de inteligencia y la inexistencia de coordinación de las Fuerzas Armadas con sus pares hemisféricos y con otros cuerpos que combaten el crimen organizado, han puesto en minusvalía al Estado venezolano obteniéndose un incremento en los flujos de drogas y otros bienes ilícitos que parten desde nuestra nación hacia los principales mercados consumidores de Europa y Norteamérica. Por ejemplo, el reporte oficial del año 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia (UNODC), señala que la mayoría de la cocaína que se distribuye en Europa procede de Venezuela.
El lavado de dinero, que se ejecuta a través de enrevesadas operaciones transnacionales de ingeniería financiera, producto de las millonarias transacciones que en divisas ejecutan estos grupos criminales, está comenzando a permear a la sociedad venezolana, lo que genera como consecuencia un incremento de la corrupción y en la capacidad de la delincuencia organizada para penetrar tanto al sistema político como al sistema judicial venezolano.
La internacionalización de la delincuencia organizada ha encontrado un respuesta contundente en los diversos componentes de la política exterior de las naciones del continente, que no han dudado en catalogarla como una amenaza para la Seguridad Regional. El desarrollo de una política integral contra estos grupos delictivos transnacionales, que asigne una dimensión de primer orden tanto a la cooperación inter-agencial como militar, con aquellas naciones del continente en las cuales sus redes criminales se enlazan con las redes criollas, es una aspecto clave en esta lucha contra este flagelo que amenaza tanto la gobernabilidad como la paz en nuestra nación.
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