Miami-Dade no debe hacer cumplir una nueva ley estatal que prohíbe
contratar compañías con vínculos de negocios con Cuba porque la misma
contradice las leyes federales, según una opinión formal dada a conocer
el miércoles por el principal abogado del Condado.
Robert Cuevas concluyó que los términos del Proyecto de Ley de la Cámara de la Florida 959 (Florida House Bill 959) que se refieren a Cuba no se pueden hacer cumplir hasta que el gobierno federal autorice a los estados a imponer limitaciones de adquisición de este tipo, o que un tribunal federal decida que la ley es constitucional.
Cuevas basó su opinión en precedentes legales —incluyendo dictámenes federales en casos de Florida y Miami-Dade— los cuales establecen que los gobiernos estatales y locales no pueden interferir con la habilidad del gobierno federal de establecer su política exterior, haciéndose eco de los críticos de la ley que la han calificado de inconstitucional.
Las leyes federales ya prohíben que compañías estadounidenses hagan negocios con Cuba, por medio del embargo comercial de Estados Unidos hacia la isla. La nueva ley estatal, entre otras cosas, impide a los gobiernos locales que contraten a firmas extranjeras que trabajen en Cuba, directamente o a través de afiliadas, para contratos de por lo menos $1 millón.
La misma parece apuntar a uno de los mayores contratistas de Miami-Dade: Odebrecht USA, subsidiaria radicada en Coral Gables del gigantesco conglomerado brasileño. Otra subsidiaria de la firma está llevando a cabo importantes mejoras al Puerto de Mariel en Cuba.
La ley, que fue patrocinada por legisladores de Miami-Dade y recibió un apoyo casi unánime en Tallahassee, está aguardando la firma o el veto del gobernador Rick Scott. El gobernador podría asimismo permitir que la legislación entre en vigor el 1ro. de julio sin firmarla.
Aun si la ley entrara en vigor, escribió Cuevas, el Condado no estaría violando la ley estatal al ignorarla. Esto se debe a que la ley incluye una cláusula que afirma que el estatuto “se hace inactivo” si viola leyes federales.
El estatuto ya está en conflicto con dictámenes judiciales federales a nivel nacional y local, escribió Cuevas, de modo que el Condado no puede cumplirlo.
“Si el Condado violara las leyes federales en esta área, se vería expuesto a culpabilidad bajo leyes federales de derechos civiles”, escribió.
Los partidarios del proyecto de ley, sin embargo, consideran que debería depender de un juez, y no de un abogado condal, decidir si una ley estatal viola leyes federales.
“Esa no es su decisión, esa es la decisión de un juez”, afirmó el abogado Mauricio Claver-Carone, director del Comité de Acción Política EEUU-Cuba, con sede en Washington D.C., que apoya el embargo y ha estado creando oposición a Odebrecht. “Si el Condado Miami-Dade quiere llevarla a los tribunales, esa es su prerrogativa”.La cláusula citada por Cuevas --aseguró Claver-Carone-- tiene el propósito de asegurar que la nueva ley estatal no choque con cualquier cambio futuro a las leyes federales. “Es consistente con las leyes federales”, subrayó.
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Robert Cuevas concluyó que los términos del Proyecto de Ley de la Cámara de la Florida 959 (Florida House Bill 959) que se refieren a Cuba no se pueden hacer cumplir hasta que el gobierno federal autorice a los estados a imponer limitaciones de adquisición de este tipo, o que un tribunal federal decida que la ley es constitucional.
Cuevas basó su opinión en precedentes legales —incluyendo dictámenes federales en casos de Florida y Miami-Dade— los cuales establecen que los gobiernos estatales y locales no pueden interferir con la habilidad del gobierno federal de establecer su política exterior, haciéndose eco de los críticos de la ley que la han calificado de inconstitucional.
Las leyes federales ya prohíben que compañías estadounidenses hagan negocios con Cuba, por medio del embargo comercial de Estados Unidos hacia la isla. La nueva ley estatal, entre otras cosas, impide a los gobiernos locales que contraten a firmas extranjeras que trabajen en Cuba, directamente o a través de afiliadas, para contratos de por lo menos $1 millón.
La misma parece apuntar a uno de los mayores contratistas de Miami-Dade: Odebrecht USA, subsidiaria radicada en Coral Gables del gigantesco conglomerado brasileño. Otra subsidiaria de la firma está llevando a cabo importantes mejoras al Puerto de Mariel en Cuba.
La ley, que fue patrocinada por legisladores de Miami-Dade y recibió un apoyo casi unánime en Tallahassee, está aguardando la firma o el veto del gobernador Rick Scott. El gobernador podría asimismo permitir que la legislación entre en vigor el 1ro. de julio sin firmarla.
Aun si la ley entrara en vigor, escribió Cuevas, el Condado no estaría violando la ley estatal al ignorarla. Esto se debe a que la ley incluye una cláusula que afirma que el estatuto “se hace inactivo” si viola leyes federales.
El estatuto ya está en conflicto con dictámenes judiciales federales a nivel nacional y local, escribió Cuevas, de modo que el Condado no puede cumplirlo.
“Si el Condado violara las leyes federales en esta área, se vería expuesto a culpabilidad bajo leyes federales de derechos civiles”, escribió.
Los partidarios del proyecto de ley, sin embargo, consideran que debería depender de un juez, y no de un abogado condal, decidir si una ley estatal viola leyes federales.
“Esa no es su decisión, esa es la decisión de un juez”, afirmó el abogado Mauricio Claver-Carone, director del Comité de Acción Política EEUU-Cuba, con sede en Washington D.C., que apoya el embargo y ha estado creando oposición a Odebrecht. “Si el Condado Miami-Dade quiere llevarla a los tribunales, esa es su prerrogativa”.La cláusula citada por Cuevas --aseguró Claver-Carone-- tiene el propósito de asegurar que la nueva ley estatal no choque con cualquier cambio futuro a las leyes federales. “Es consistente con las leyes federales”, subrayó.
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