El asilo, la constitución y la democracia/ Comandante Hubert Matos

El asilo, la constitución y la democracia
Comandante Huber Matos/Cubanálisis-El Think-Tank

Cuando en la lucha contra la dictadura de Batista pude salvar mi vida en una embajada latinoamericana en La Habana, entendí la importancia de la solidaridad democrática, consagrada en este caso en el derecho de asilo a los perseguidos por una dictadura.

Habíamos sido los cubanos víctimas de un golpe de estado, tres meses antes de las elecciones. Aquel pedazo de tierra costarricense en suelo habanero, fue el refugio temporal de la que desde entonces se convertiría en la patria adoptiva de mi familia: la bella y democrática Costa Rica.

Jamás se nos ocurrió a los protegidos en aquella embajada, utilizar la sede tica como tribuna de denuncia contra la dictadura. Habría sido una provocación innecesaria, una falta de respeto a los amables y solidarios costarricenses. Habríamos cerrado la puerta del asilo político, que había salvado ya tantas vidas cubanas y luego continuaría protegiendo a muchos de aquella sanguinaria tiranía.

Vivimos nuevas y preocupantes realidades: Manuel Zelaya ingresó a Honduras, no a refugiarse en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, sino a usarla como una trinchera inexpugnable. Desde allí arenga a sus partidarios a tirarse a las calles a protestar, con el evidente propósito de provocar la violencia.

Simultáneamente el gobierno brasileño solicitó que la seguridad de su sede en Honduras fuese considerada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, el presidente Lula aclara desafiante que Zelaya se quedará en su embajada el tiempo que sea necesario. ¿Es muestra del compromiso militante de Lula con la democracia Latinoamericana? Si es así, esperamos que retire cuanto antes su embajador en La Habana, hasta que en nuestro país se celebren elecciones democráticas.

Si algo similar hubiéramos hecho en la embajada de Costa Rica en La Habana, con o sin el apoyo del presidente José Figueres, los esbirros batistianos hubieran asaltado la sede costarricense y asesinado a todos los allí refugiados. Con suerte el embajador tico hubiera sido arrastrado al aeropuerto y embarcado en el primer avión a cualquier parte.

Este “subversivo” uso de una sede diplomática es parte de un problema más grave. La dirigencia política Latinoamericana parece haber confundido la necesidad de afianzar la legitimidad democrática en Honduras con la restitución de Manuel Zelaya, aunque con esta condición, tengan los hondureños que violar su propia constitución y en consecuencia deslegitimar la práctica democrática.

Quien violó la Constitución hondureña fue su propio presidente, Manuel Zelaya. No solo la violó repetidamente, sino que irrespetó a las autoridades judiciales encargadas de que su espíritu y su letra se respetaran. Varias veces se le comunicó oficialmente al presidente de sus graves e insistentes faltas. Más que terquedad era evidente que quería provocar un abrupto y espectacular desenlace. Lo logró con una orden legal de arresto y luego en un escenario internacional completamente favorable.

Su deportación a Costa Rica, irrespetando su derecho al debido proceso no se puede defender. Ningún ciudadano en una democracia puede ser privado de tal procedimiento legal. Ni el acusado de robo, el de asesinato o el de violador constitucional.

Un golpe de estado no debe quedar impune en ninguna parte del mundo: ni los que nacen en los cuarteles, ni aquellos que desde el poder y en nombre de la democracia, se llevan a efecto con el siniestro fin de destruirla. Quienes todavía con dolor recordamos los crímenes y torturas de amigos y compañeros de lucha asesinados por una dictadura, sabemos que la única alternativa para los pueblos son los derechos consagrados en una constitución, protegidos por la independencia de poderes y por las instituciones democráticas.

Podría alegar la OEA y los presidentes latinoamericanos, la necesidad de que Manuel Zelaya, por haber sido destituido, tuviera derecho a un juicio y hasta negociar alguna forma de verificación del proceso judicial. Pero ir más allá por la razón que sea, y acusar de golpe de estado militar lo que no fue así, e insistir en el regreso del verdadero golpista, deja fuera de transcendencia la verdadera y única solución a la crisis hondureña: las elecciones donde el pueblo decidirá constitucional y libremente, a quién quiere como presidente.