Cuba: Crisis del sistema bancario o crisis del pensamiento económico/ Lazaro Gonzalez

Modelo de Mundel-Fleming

Si el gobierno congela las cuentas en divisas de las empresas extranjeras que operan en el país, igualmente tiene previsto hacer lo mismo, en caso necesario, con las cuentas corrientes y de ahorro de la población. Y eso el que en Cuba no lo sepa o vive en otra galaxia o no emplea el transporte publico. Pero aunque se encuentre en el programa de emergencia financiera del país recomendada por los burócratas de la economía cubana, la misma tiene un elevado costo...

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Regimen de inversion extranjera en Cuba: cronologia, aproximacion factica/ Pablo A de Cuba

Régimen de inversión extranjera en Cuba: cronología, aproximación fáctica
Pablo A de Cuba/ Cubanálisis-El Think-Tank

“Es más fácil engañar a una multitud que a una persona”

Pío Baroja

ABREVIATURAS

Régimen de Inversión Extranjera (RIE)

Inversión Extranjera Directa (IED)

Inversión Extranjera Indirecta (IEI)

Inversión Extranjera en Cartera (IEC)

Asociación Económica (AE)

Capital Extranjero (CE)

Capital Nacional (CN)

Empresa Mixta (EM)

Joint Venture (JV)

Empresas Transnacionales (ET)

Empresas Extranjeras (EE)

Parques Industriales (PI)

Régimen de Zona Franca (RZF)

Sistema Financiero Offshore (SFO)

Sistema Empresarial Offshore (SEO)

La entronización del sistema socialista en Cuba trajo aparejado un fuerte y determinante contenido político a todas las instancias de la sociedad. Todo análisis, visión, enfoque u otra forma de pensamiento exteriorizado no podía, ni aún puede, so pena de persecución, discernir para disentir del enfoque político oficial.

Esta politización de la vida cubana ha llegado a ser, por demás, la vía de sustento de toda una nomenclatura gobernante. La consecuente dialéctica que el cambio en la correlación de fuerzas económicas lleva aparejado a todo proceso de apertura de inversión extranjera, aunque dicha apertura posea un control estatal férreo, no existe.

Para la mayoría de los cubanos, la historia se reconstruía con basamento despectivo y hasta destructivo de todo lo anterior al 1^ro de enero de 1959. La política se convirtió en el pan nuestro de cada día, y ya tres generaciones han tomado de su tóxico contenido.

En Cuba, la voluntad política es la fuente de toda decisión. El alcance de este ortodoxo principio llega hasta la aceptación o no de determinado régimen de inversión extranjera o inclusive, el inicio o no de negociaciones con determinada persona o institución extranjera. Superar esta estratificación gubernamental sólo será posible con un cambio general en el contenido de todas las estructuras del poder en Cuba.

Recordemos que para la política, el fracaso solamente inspira cambiar a un nuevo estrado con semejanza de sermones pretendidamente tolerantes. Así, y ante el propio fracaso, el resultado pasa de ser exposición de ideales para convertirse en una política de programas casi siempre de nefastos resultados.

Sin embargo, cuando dicho fracaso busca subsanarse y se refrenda intencionalmente en leyes inspiradas en programas de política económica con supuestas soluciones a favor de capitales foráneos con apellidos de privilegios, queda exclusivamente escuchar el futuro de una nación excluida y relegada a servir a sus nativos una cuota social de esperanza incierta.

La razón es escueta: el fracaso en si constituye un resultado que no se puede restablecer, y menos aún reestructurar.

Muchas veces, el absurdo trabaja de base a lo irracional, y es así como mejor podemos enfocar una legislación que ha pretendido superar el reprobando de la academia florentina con incrustaciones de conceptos importados que sobradamente se conocían y más aún, se perfeccionaron, en lo posible, dentro de una práctica sistémica del derecho, donde no solamente la ley escrita, en este caso nuestro Código de Comercio ⁽¹⁾ brindaron la oportunidad de crear, sino donde una doctrina tanto científica como legal dieron muestras sobradas de iluminación y creación humana.

Para Cuba, la revolución socialista emprendida en 1959 significó el principio del fin de la estabilidad y la racionalidad legislativa y jurídica para dar paso a la entronización de un sistema de producción de leyes que no condujo a otra cosa que a la dispersión legislativa; la falta de tecnicismo en su elaboración, y una sostenida negación de existencia de una cultura jurídica en el contenido de los cuerpos legales que se producían.

Todo lo que fuera catalogado como institución o legislación de corte capitalista, se despreciaba por ser parte y contenido de un derecho inaplicable, obsoleto e incompatible con los principios que informan y conforman el derecho socialista.

La nueva realidad legislativa imponía la absorción por parte del derecho administrativo de las instituciones jurídicas que intervenían en las relaciones tanto civiles como mercantiles referidas al intercambio de valores. Esto trajo consigo que tanto el tráfico mercantil como el financiero se fueran opacando dentro de las relaciones de los hombres, e ir cercenando su aplicación por un derecho administrativo que terminó por apagarlo.

También el empeño de sustitución de normas afloró con decadente resultado. Justamente vemos el fatídico desmembramiento del Código Civil y la reiterada tentativa de enterrar en un basurero el Código de Comercio y otras leyes de corte mercantil, financiero y de seguros, todo ello sin contar las derogaciones por discursos cuya base explicativa fue “(…) no solo la Revolución, sino el actuar de sus lideres es fuente de Derecho (…)”.

Muchos publicistas del derecho, tanto dentro como fuera de Cuba, y principalmente aquellos creadores del derecho socialista, han pretendido demostrar que “las revoluciones proletarias son fuentes de derecho” y han fundado su expectativa doctrinal en la evolución legislativa que implica el cambio del sistema productivo capitalista por un sistema de pretendidas igualdades de todo tipo, donde la base del derecho se sustenta, exclusivamente, en la voluntad de la clase dominante erigida en Ley. La aceptación o no de esta exposición doctrinal no es basamento justificativo para destrozar toda una institucionalización de relaciones jurídicas y con ello de una cultura, que van más allá de cualquier afiliación política o de estadio de desarrollo humano. La blasfemia en su resultado la ha demostrado la historia.

Tradicionalmente, la economía cubana, no obstante ser una economía de mercado, fue bastante reglada, sin que por ello el Estado haya limitado y menos aún coartado la libertad de empresa y comercio de las personas sino, más bien, ha sido delimitadora de los excesos y vaivenes del dejar pasar y dejar hacer de las economías de corte libre-mercantilistas, de ahí, y unido al desarrollo de una clase empresarial nativa muy autóctona, se deriva gran parte de la cultura jurídica que poseemos en estos menesteres.

El proceso revolucionario socialista, lejos de incrementar e incentivar el progreso económico, lo estratificó en proyectos de políticas que a la larga, desencadenaron la quiebra de todo el sistema socialista mundial. La práctica y su mal resultado no fueron un suceso ajeno o aislado al proceso de la economía centralizada, sino parte subyacente de la misma, y Cuba no escapó de sus efectos.

Esto trajo consigo las conocidas y por más nombradas medidas de nacionalización e intervención de la industria tanto nacional como extrajera en Cuba, las cuales fueron causales conducentes a la desarticulación de todo el sistema productivo y de servicios que la nación había atesorado desde el origen del criollismo económico cubano.

En Cuba, sin ánimo de exacerbación egocentrista o nacionalista, se podía hablar de una práctica mercantil precisamente cubana.

La desaparición de la pequeña y mediana empresa privada cubana tuvo su origen, precisamente, en la aplicación de esta política interventora del nuevo Estado, con marcado ánimo destructivo. Su objetivo fue barrer la base empresarial cubana sin importar la fecha de su nacimiento o riqueza acumulada.

La ilustración de este periodo fue la utilización en el lenguaje jurídico de dos verbos extremadamente elegantes: expropiar e intervenir.

La extinta URSS no vislumbró en Cuba un aliado de buena lid en el desarrollo del sistema socialista, sino un enclave militar y un conclave político frente a los Estados Unidos, de perfecciones incalculables. La ventaja que significaba que los vientos solamente tenían que recorrer 90 millas para hacerse sentir, no se podía, bajo ningún concepto y costo, desperdiciar.

El oportunismo castrista así lo asimiló rápidamente, y vio la posibilidad de alejar la presión del subdesarrollo con nuevas políticas de subsidio dentro del igualmente extinto Consejo de Ayuda Mutua Económica, más conocido por sus siglas CAME y así poder concentrar una guerra ideológica capaz de inculpar al capitalismo mundial, y en especial, al estadounidense, de todos los males que se hubieran podido codificar sobre la tierra.

La primera ilusión óptica del nuevo contrato con el socialismo mundial fue implantar una política extensiva de desarrollo económico y no intensiva, como en realidad se requería. En Cuba todo se iniciaba y nada se terminaba. La mediocridad en los planes económicos y su cumplimiento, así como el descontento del trabajador cubano (hoy en su máxima expresión), el voluntarismo y la legislación económica derivada del sistema planificado de la economía fueron, y han sido hasta la fecha, el talón de Aquiles de nuestra economía. Hoy el mencionado lastre es irreversible.

Proveerle la economía a los políticos es mucho riesgo que entregarle la guerra a los generales, y así fue el despertar post soviético: Cuba no poseía desarrollada la estructura requerida para emprender planes de expansión a los mercados capitalistas y, como tal, no atesoraba reservas en divisas internacionales. El CAME demostró su inoperancia y dejó al país endeudado y desplazado de sus propios mercados tradicionales.

En este entorno es imposible nombrar y menos aún establecer un concepto de “inversión extranjera eficiente” dentro del socialismo que fuera sustitutivo del de “colaboración económica ineficiente socialista”. Esa fue la realidad económica y jurídica de Cuba en la era del sovietismo caribeño. La división internacional socialista del trabajo cumplió su objetivo: dividirnos. Reiterar lo resultante es pura tautología.

A partir de dicho momento el socialismo ya implantado en la nación cubana comenzó a demostrar que, excepto a sus propias verdades, le temía a las otras.

Ciertamente hacer política es más fácil que hacer economía, y si es bajo condiciones de subsidio, bienvenida sea. Esa fue siempre la inspiración del dirigente estatal cubano. El inmovilismo conllevó a la mediocridad del gestor empresarial socialista. La consulta a los niveles superiores se convirtió en la máxima de gestión del empresario cubano, y la justificación demostró ser el máximo eslabón de la ineficiencia.

La burocracia dirigente cubana clamaba y pedía iniciativas, pero en el fondo eran iniciativas políticas. Salirse de los cánones que la política disponía para utilizar en la dirección y gestión económicas podía conducir, como mínimo, a la defenestración.

La consecuente repercusión en el campo jurídico no se hizo esperar: legislativamente, todo obedecía a los lineamientos políticos de donde emergían los planes quinquenales emanados de los Congresos del Partido Comunista Cubano, los cuales se tomaban como acuerdos y, de una forma u otra, pretendían armonizar la política y la economía del campo socialista con la legislación de la misma zona del Este.

Internacionalmente, se dio una imagen de bienestar e institucionalización del sistema, que tenía más de espejismos que de realidad.

Las leyes promulgadas, incluyendo la Ley de leyes, eran contentivas de una apología al régimen socialista y una arenga repetida a los beneficios del sistema y el fin próximo del capitalismo. El sacrificio al socialismo fue incrustado, cada vez más, en una legislación que restringía los derechos y las libertades de los cubanos. En Cuba se pasó de una supuesta dependencia imperial a una servidumbre política de nuevo tipo vigente hoy en día.

Con la nueva técnica legislativa, nacieron conceptos mutilados referidos a la propiedad, cooperación, registros, relaciones civiles, tipologías delictivas, reglas de intercambio, contratos, que ahogaron la iniciativa del hombre so pena de ser objeto de revisionismo ideológico, sin contar la represión desatada contra la iniciativa privada de la economía.

El amparo que se le otorgó doctrinal y académicamente a esta nueva concepción del derecho fue la supuesta superación de las instituciones arcaicas heredadas del capitalismo en proceso de descomposición, para dar paso a una nueva forma en el contenido del derecho, en pos de una justicia social real. En resumen, amén por ver.

Consecuente y como señaláramos con anterioridad, con esta sustitución surgieron nuevas legislaciones de índole económica que reflejaban una base centralizada de la economía. La escasa relación existente dentro del tráfico mercantil se convirtió en administrativa por una parte, y por la otra, pretendía negar el contenido de las leyes económicas que regían vínculos mercantiles de intercambio y de valor.

Para estar acorde con las direcciones del bloque de países socialistas, se llegó a incluir en los planes de estudios de las escuelas de derecho de las universidades cubanas la asignatura de Derecho Económico, que no era otra cosa que una amalgama deformada de conceptos traídos y luego adaptados de las tendencias de la intervención del Estado en la economía de mercado capitalista, que fueron sustraídos y pretendidamente aplicados a la economía socialista. Incluso se elaboró una larga legislación en materia contractual y administrativa, que pretendió regular las relaciones de intercambio entre los entes estatales de nuevo tipo.

El método de corte y pega de los códigos socialistas (principalmente soviéticos, alemanes democráticos y búlgaros), era el último grito de la moda en la técnica de la elaboración de normas. No era necesario repetir lo supuestamente consecuente y armónico que la comunidad socialista enarbolaba como principios de un nuevo orden.

Paralelamente, llegó el surgimiento de órganos jurisdiccionales especiales, como fue el Arbitraje Estatal y el Ministerial, cuya función procesal era dirimir disputas de contenido económico entre entidades del sistema estatal. La jurisdicción ordinaria de los Tribunales ya estaba muerta para conocer de la materia desde tiempos anteriores. Las normas procesales fueron mutiladas intencionalmente para desaparecer las garantías de reclamo de los actos de nacionalización e intervención.

El tema doctrinal procesal de aquel entonces fue la discusión sobre si el Arbitraje estatal constituía un órgano jurisdiccional o de dirección de la economía. Lo más doloroso fue que los planes de la economía recibían el rango de Ley y, con ello, eran la doncella dolosamente más violada ante dicha jurisdicción.

En el comercio exterior planificado del socialismo se realizaron esfuerzos de armonización de normas comerciales dentro del concepto del intercambio y la colaboración económica. Una de las normas más debatidas en la esfera del derecho comercial socialista fue las Condiciones Generales de Entrega del CAME, así como las reglas del Arbitraje en el marco del propio organismo.

El seguro no quedó fuera de estas corrientes, y se aplicaron pólizas a los cargamentos de intercambio y colaboración. Muchas veces se enviaba ayuda gratis, y era tal la mecánica y la burocracia que se emitían facturas de reclamo e, inclusive, se insertaron demandas a pesar de la gratuidad.

Hablar de derecho mercantil, títulos de crédito, y otras materias del derecho comercial interno e internacional, bancario y marítimo, era un anacronismo dentro de esas relaciones planificadas y se convirtió, verbigratia, en un cuartel donde muy pocos abogados, vinculados principalmente al sector económico externo capitalista cubano, nos deleitamos con dicha riqueza doctrinal.

No podemos dejar de mencionar, y a la vez agradecer, a muchos “viejos juristas, banqueros y comerciantes e inclusive, corredores de bolsa y de seguros” que gracias a sus conocimientos del derecho y sus respectivas materias, pero, reiteramos, principalmente del derecho, nos pudimos introducir en un bosque de plenitud y plétora riqueza cognoscitiva. A ellos, imperecederas gracias.

La técnica jurídica aplicada a las sociedades mercantiles, Bancos e instituciones financieras, los instrumentos de deuda, obligaciones negociables, adquisiciones, fusiones y otras de reconocida aplicación común dentro de las relaciones mercantiles y financieras, solamente se conocían, además del comercio exterior con países capitalistas, según señalamos, en un incipiente campo donde intervenían empresas extranjeras y offshore que se constituían, dentro de un esquema controlado, en marcos muy estrechos de participación y conocimiento.

Sin embargo, la realidad posterior se fue imponiendo, y el crecimiento de este sector capitalista se hizo sentir dentro de la economía y la sociedad cubanas. Lamentablemente, este cambio en la eficiencia empresarial condujo a un control más desenfrenado de la élite del Gobierno, con supuestas campañas de supremacía ideológica, donde la realidad subyacente no era otra que la de poder participar de sus eficientes resultados, y así dejar sembrada una generación de futuros nuevos ricos. El nepotismo, unido al tráfico de influencias del “sociolismo” moderno cubano, es público y notorio.

Una nueva casta de empresarios para-estatales hoy conduce todo el sector de economía capitalista cubana, incluyendo la participación dentro del régimen de inversión extranjera, y actúa bajo la sombra del poder político cubano.

Con grande saltos de todo tipo, podemos decir que es ese el panorama económico y jurídico que se extiende sobre Cuba.

Sin embargo, un suceso marcó un momento y develó el reverso de un cuadro que mostraba otra realidad paralela de peligrosas dimensiones.

Es válido recordar que solamente quedaban dos vías para recaudar divisas convertibles: la primera era de contenido sentimental, pero inmediato, como fue permitir la entrada de la comunidad cubana en el exilio y la autorización de las remesas, y la otra, de mayor cuantía, pero a largo plazo de asimilación, fue precisamente la autorización y asimilación de un régimen de inversión extranjera. En ambos pertinentes, el costo ideológico a correr seria contrario a la cortina de hierro existente en Cuba. Los resultados son conocidos y los efectos se sienten hasta hoy.

La falta de reservas en monedas fuertes, los niveles de endeudamiento, y la deteriorada presencia en los mercados capitalistas, incluyendo el conocido comercio monopólico overseas colonial, el cual se ha mantenido hasta la actualidad, pese al paso de la historia y sus sucesos, tanto a favor como en contra de mantener el mismo, hicieron acelerar, tardíamente, decisiones encaminadas a lograr la intervención de capitales extranjeros en nuestra economía y recuperar los mercados tradicionales perdidos.

Luego de la crisis del desmantelamiento del campo socialista se dieron los primeros pasos respecto a la aceptación e implementación del régimen de inversión extranjera.

El resultado inicial fue que la tendencia de la IED en Cuba no se mantuvo más o menos similar a la observada en los países de la región. Sin embargo, produjo un marcado inicio de intensividad en los servicios no financieros como el turismo y la administración hotelera, con una base de inversión constructiva en instalaciones destinadas al turismo foráneo inicialmente (las inversiones de mayor cuantía en la hotelería se realizaron, sin entender su fondo, bajo la forma de consorcios) y luego, dentro del novísimo concepto de inversión inmobiliaria.

Así comenzaron a aflorar contratos de management y los conocidos contratos de riesgo compartido, co-partipación o Joint Ventures (JV), que se fueron centrando principalmente en las áreas industriales, constructivas y de la prospección geológica. Las primeras EM vieron la luz durante este periodo.

Para el ya anquilosado aparato burocrático del Gobierno era difícil convencer a los nuevos socios capitalistas, que eran buenos administradores, luego del demostrado fracaso de su propia gestión anterior.

La realidad legislativa a enfrentar fue que la base jurídica del país no estaba lo suficientemente preparada para dicha aventura, a pesar de la experiencia jurídico-mercantil acumulada, pero dormida, aunque ya la nación la había vivido anteriormente.

Jurídicamente, el país comenzó a enfrentar su primer impacto en un tema tan complejo como es la asimilación de capital privado extranjero dentro de un régimen de propiedad estatal socialista que no otorgaba garantía alguna sobre su tenencia y, menos aún, su legitimidad y disponibilidad de los activos patrimoniales para ser aportados a un sistema societario.

La forma de posesión diseñada y amparada en la Ley hacia imposible cualquier asimilación de que el capital financiero determinara cada vez más la forma de propiedad y, aún más, la dirección de las mismas respecto a la disponibilidad de ésta (la propiedad). El Estado no podía dar en propiedad lo que no tenía.

La duda sobre si la propiedad socialista se había erigido sobre la base de los actos de nacionalización por expropiación e intervención era la temática más común respecto a la justificación legal necesaria de los activos aportados por la parte estatal cubana como patrimonio a incorporar.

La situación jurídica de los bienes provenientes del proceso de nacionalización era más descansada que aquella que solamente se había mantenido bajo la concepción no determinada del proceso de intervención cubano. Por ello, los bienes resultantes de los actos de nacionalización por la vía de la expropiación poseían más respaldo de defensa doctrinal, dado que el punto débil de la problemática era el referido a las indemnizaciones no realizadas.

La discusión más profusa, y aún latente en varios casos, era la referida a los patrimonios derivados del proceso de intervención y la validez del proceso en si.

En dicho proceso de intervención el Estado cubano no actuó in fraudem legis, sino, por el contrario, legisló sobre la base encubierta e intencionalmente dolosa de afectar el derecho de propiedad de los intervenidos, para así disponer, de forma inmediata, del patrimonio de los afectados por la vía real del despojo.

La intencionalidad contra legem del Estado se delimitó mucho más claramente en la modificación de la doctrina base aplicable, reservándose el Estado toda interferencia en el ejercicio de cualquier acción de tutela procesal de los legítimos propietarios intervenidos o expropiados, anulando la vía judicial tanto del proceso de nacionalización como de intervención.

De igual manera, anuló internamente la condición susscessio in universum ius, es decir, sucesores a titulo universal, en sustitución de cuantos derechos y obligaciones existían como patrimonio del causante de las generaciones venideras legitimadas al efecto.

En condiciones litigiosas en fueros internacionales, muchas veces se tuvo que argüir el factor procesal de IN DUBIIS MELIOR EST CONDITIO POSSIDENTIS como regla para su beneficio en cuanto a la duda del dueño, es decir, sobre el principio de IN DUBIO PRO POSSESSORE, con lo cual se procuraba dar a entender que, ante la falta de legitimación de los herederos, se caería en el caso de duda razonable acerca de la propiedad de una cosa, se debe decidir A FAVOR DE SU TENEDOR O POSEEDOR, inclinando la decisión judicial a favor de quien posee determinada cosa ante una discusión dudosa o no acreditada fehacientemente sobre la titularidad. En este caso, el tenedor o poseedor ha sido el Estado cubano, sus Agencias y empresas.

Según lo anterior, cualquier entidad cubana que fuera autorizada a incorporarse a un régimen de inversión extranjera solamente puede argumentar A non domino, es decir, con pedestal sobre el zócalo del argumento del que no es propietario pero es poseedor, aunque en administración, de su aportación. Asimismo, dicha entidad buscará basar su fundamentación directa A pari con argumento fundado en razones de semejanza e igualdad respecto al acto de voluntad estatal.

No se está sometiendo al conocimiento de tribunal extranjero la validez o responsabilidad de un acto soberano de Estado, sino de la responsabilidad de una de sus agencias. Basta invocar el caso Sabbatino y su repercusión y efectos en el Derecho Internacional.

Tal fue la repercusión del instituto de la posesión dentro del régimen legal cubano, que con una simple mirada al Código de Códigos nos percatamos del tratamiento dado al efecto de justificar y cubrir, a toda costa, cualquier grieta posible sobre la duda de la posesión.

Otra vertiente fue la falacia de la administración en nuda propiedad de los activos asignados por el Estado a las empresas estatales. A modo de ejemplo, enunciaremos algunos factores que se superaron gracias al oportunista reconocimiento fáctico de los socios extranjeros que, en virtud de actos jurídicos externos con matices de soberanos, las entidades estatales vinculadas al sector económico tanto nacional como externo pudieron ser objeto de reconocimiento de dichos activos que integraban su capital dado por su mera tenencia sin necesidad de aportar justo titulo al efecto; entre ellos se encuentran (*):

• Falta de registro mercantil y de la propiedad actualizada
• Asientos contables sobre bienes y medios básicos del Estado de fácil alteración y de dudosa veracidad
• Existencia perpetua en la renovación del acto de intervención estatal y del interventor.
  

Desde el punto de vista financiero, cualquier intento de asociación debía de saltar obstáculos tan delicados como:

• Inexistencia de circuitos financieros en moneda libremente convertible, principalmente con el dólar estadounidense, en razón de Ley de Comercio y otras legislaciones norteamericanas
• Fuerte endeudamiento soberano
• Alto puntaje en la clasificación de riesgo-país
• Empresas estatales técnicamente quebradas
• Alta actividad de los monopolios estatales del comercio exterior
• Inexistencia real de un mercado tanto mayorista como minorista
• La no incorporación de Cuba a Organismos Financieros Internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
  

Finalmente, el colofón fue la falta de tutela jurídica respecto a las garantías constitucionales que debían, por lo menos, reconocer cierto tipo de protección a las propiedades, tanto corpórea como incorpórea, que se aportaban o generaran a futuro dentro del régimen de inversión extranjera; a los propios inversionistas, y el status de protección de inversión extranjera mediante convenios inter-estatales. Esto aspecto final se desprende, al no ser Cuba miembro del Convenio en virtud del cual se instituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al ser éste parte integrante del sistema del Grupo del Banco Mundial.

La definición constitucional respecto a la condición de irreversible de la propiedad socialista de todo el pueblo no soportó el embate de las exigencias del capital foráneo, y la reforma constitucional no se hizo esperar al respecto.

Sin embargo, el alcance de la reforma, al momento de su reconocimiento práctico, no tomo una directriz amplia, y ha sido tajante en su aplicación respecto a la exclusión de cubanos exiliados, incluyendo sus descendientes.

Si bien legislativamente no existe nada al respecto, la exclusión de los cubanos llega a la imposibilidad de emprender empresas familiares o de pequeño alcance (PYMES) con base de capital en las remesas. Estas sólo están contempladas como un medio de consumo y no de ampliación de riquezas con la participación empresarial privada de los cubanos.

Esta exclusión no alcanza la nueva casta de empresarios que detentan la poca riqueza material que apenas queda en Cuba. Por suerte, no podrán contar con la riqueza humana: el principal capital de cualquier empresa.

Cualquier camino a tomar tiene que poseer el interés primario de reconstrucción económica y financiera nacional con la debida e insustituible participación directa y libre del nativo cubano, e independizar sus acciones y resultados a los de la intervención estatal en los incentivos que se requieran. Es inconsistente la forma de trata de esclavitud y valor de aportación que Cuba hace de la mano de obra cubana.

Cuba precisa, de forma insuperable y con extrema urgencia, recuperar su capacidad de liquidez y credibilidad crediticia a nivel internacional.

La principal respuesta legislativa a tomar es la instauración de un Estado de derecho capaz de proteger los resultados del cubano en la creación de su propia riqueza, y no estar a la espera de una incierta cuota social que frustre sus esperanzas futuras.

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(1) Código de Comercio español vigente en Cuba desde 1 de mayo de 1886.

(*) A modo de ilustración:

• Pérdida notoria de la cultura registral inmobiliaria.
• Diversidad de títulos de dominio sustantivamente imperfectos.
• Interrupción abismal del tracto sucesivo.

“Cuba requiere un proceso urgente de diálogo para abordar reformas”/ Boris Moreno

Boris Moreno Capote, Presbítero y ‘Master’ en Ciencias Económicas

“Cuba requiere un proceso urgente de diálogo para abordar reformas”

Americaeconomica.com

‘¿Hacia dónde va la barca cubana?’ un artículo del padre Boris Moreno publicado en Palabra Nueva, la revista de la Arquidiócesis de La Habana, ha tenido una gran repercusión por la claridad con la que este sacerdote y ‘master’ en Economía aborda la necesidad de reformar la estructura productiva de la Isla. En su opinión, esta es la única solución posible para que el país cree riqueza y asegure el futuro de la población. En esta entrevista concedida a CUBA ECONÓMICA Moreno da más detalles sobre su certero análisis. -Usted ha aportado al debate una visión realista de la situación actual de la economía cubana y de las dificultades por las que pasa la población en su día a día. ¿Cree necesario un proceso de diálogo amplio para superar las dificultades? -Creo que mi artículo ha despertado quizá un interés excesivo, que su significación se ha sobredimensionado, tal vez por el hecho de que ha aparecido publicado en la revista Palabra Nueva, que pertenece a la Arquidiócesis de La Habana. Es, por lo tanto, más bien un reflejo de la importancia que se le concede, tanto dentro como fuera del país, a las opiniones que aparecen en los medios católicos, aunque estas sean de la exclusiva responsabilidad de sus autores. No obstante, si tenemos en cuenta que otros análisis más rigurosos que el mío y realizados por destacados especialistas han señalado ya la condición delicada de la economía cubana, deberíamos aceptar, sin la sospecha de algún interés particular, que se hace impostergable, no sólo administrar una situación de crisis, sino adoptar decisiones que nos conduzcan a un entorno nuevo donde la economía cubana pueda acercarse a una senda sostenida y segura de crecimiento e inversión. Las propuestas que aparecen en mi artículo son, simplemente, una pequeña presentación de las medidas que los especialistas consideran necesarias para lograr este objetivo. Pero es tal el desgaste de nuestra situación económica, que considero que tal cambio no se podrá conseguir sin implicar al conjunto de la sociedad. Y para conseguir eso es necesario un gran diálogo que debe abordar también reformas en el sistema político, pues salta a la vista que las causas que han llevado persistentemente a la economía cubana a mantenerse en una situación inestable desde hace 20 años y a no poder alcanzar de nuevo las cifras de PIB del año 1989, no son sólo de orden económico sino también político. Esta situación es inaceptable y es preciso admitir las responsabilidades. Pero el cambio no sería posible si se pretende realizar con un ánimo revanchista. Las soluciones excluyentes no resultan viables, porque lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido precisamente la exclusión. Cuba es de todos los cubanos. Nos salvamos todos o perdemos todos. En ese sentido, no se pueden ver las diferencias de criterio como un problema, sino como una riqueza. Las diferencias nos permiten reconocernos a nosotros mismos y a los otros. Las diferencias nos dicen que nuestra vida se realiza conviviendo con los otros. Los otros no son el infierno, sino nuestra salvación. Por lo tanto, todos los cubanos deben caber en el proyecto de nación. Cuando eliminamos a alguien, o lo dejamos afuera, perdemos todos. Es necesario incluir, aceptar, sumar. Cuba somos todos. -¿Cuáles serían los ámbitos correctos para que tuviera lugar este debate? ¿Con qué limitaciones o garantías? - Por la actual conformación sociopolítica y económica de nuestro país sería provechoso que la iniciativa del necesario debate partiera de las actuales estructuras de poder. De este modo, los cambios que se requieren se podrían realizar de manera ordenada y consensuada. De ahí parte la necesidad de reconocer la libre discusión de las ideas y la posibilidad de organizarse adecuadamente para promoverlas, conforme a derecho, sin que realizar estas iniciativas provoque una situación de exclusión para aquellos que disienten de la línea oficial. Pero permitir este contexto implicaría una altura de intereses y de miras que, lamentablemente, no se ha manifestado en los últimos 20 años. Es importante admitir que no hay ni puede haber un sólo modelo de pensamiento, ni de ordenamiento de la cosa pública cubana que implique la exclusión de todas las propuestas alternativas. Insistir en ese punto es simplemente tener la pretensión de mantener y perpetuar una sociedad autoritaria, por no ponerle otros calificativos. Y esta disfunción se acentúa porque tal pretensión es contraria a la estructura real del ser humano, que necesita realizarse, llevar adelante sus proyectos propios, arriesgarse, decidir sobre su vida como verdadero protagonista. Creo que en estos momentos vuelve a ser de gran ayuda el diagnóstico profundamente humano del Papa Juan Pablo II cuando ubicaba el error de los regímenes autoritarios en el ámbito antropológico. Y el hombre sólo puede ser él mismo, con todos los riesgos, miserias y logros que eso implica, cuando ejercita su humanidad en un ámbito de libertad. Libertad discutida, ciertamente, una circunstancia que es también propia de la libertad humana. -El inicio del mandato de Raúl Castro vino marcado por la esperanza de unas reformas económicas que no se han producido aún. ¿Considera que los cubanos residentes en la Isla y en el exterior se han sentido decepcionados por la tardanza del proceso? -Creo que muchas personas se animaron a concebir en su corazón una esperanza de mejoría. No sólo en el entorno económico sino también político. Pero las esperanzas necesitan de la confluencia de los hechos para sostenerse y renovarse. Y los hechos que hemos visto en estos tres últimos años creo que no puede considerarse como favorables a tales esperanzas, lamentablemente. Me parece que en estos momentos hay una profunda desubicación por parte del Gobierno, que se ve agudizada por la situación inestable que atraviesa el proceso político venezolano. Y, ante esa situación se pretende responder a los retos del futuro, con estrechamientos presupuestarios que me hacen temer en posibles reacciones nefastas a medio plazo. -La crisis y el colapso financiero actuales parecen obligar al Gobierno cubano a iniciar procesos de recorte de algunos mecanismos de protección social. ¿Qué impacto pueden tener estos recortes en la dura vida cotidiana de los cubanos? -Varios especialistas han mostrado fehacientemente en sus trabajos la incidencia negativa de la situación económica actual en la red de seguridad social de la población. A tales vacíos se les ha hecho frente en gran medida con la entrada de remesas que provienen de familiares en el exterior y con los recursos de la extendida corrupción que tiene en el vocablo "resolver" su leitmotiv. Sería muy interesante intentar cuantificar el peso de tales recursos en el mantenimiento de la canasta básica. Aunque el salario nominal de los cubanos ha crecido en los últimos años, no se ha verificado igual tendencia en el salario real. No se cuenta con datos sobre la evolución de los precios, pero algunos estudios apuntan a un crecimiento de los mismos. Por lo tanto, a pesar del magro apoyo que representan, para una gran parte de la población sigue siendo esencial el contar con los escasos productos subsidiados a los que pueden tener acceso. Una ulterior afectación en este orden sólo puede avizorarse como ampliamente negativa para la subsistencia media, mucho más cuando no se perciben medidas que dinamicen la estructura económica. -Muchos cubanos parecen forzados ahora a buscarse la vida al margen de la Ley, a resolver... ¿Hay alguna posibilidad de parar esta tendencia en el complicado momento actual? -Creo que debemos esperar que esta situación se agudice, lamentablemente. Y esto lo considero muy preocupante, no sólo por lo que afecta a una adecuada asignación de los recursos y al ordenamiento de la actividad productiva, sino también en vista al futuro. Sabemos que la vida del ser humano es fuente de moralidad. Ante una recurrente situación de este tipo, la posibilidad de paliar sus efectos en lo adelante se hará más difícil. Ya hay rastros de este posible comportamiento en el ámbito semiológico y del lenguaje: hurtar ha desaparecido del entorno semántico para ceder el puesto al inocuo resolver. El cambio obedece a un intento de legitimar la nueva situación moral, dada la casi imposibilidad de mantener la subsistencia sin hacer uso de esas acciones. Y las consecuencias pueden ser muy dañinas. En ese sentido, la experiencia de los antiguos países socialistas es muy expresiva. Veinte años después de los cambios en esos países, los problemas morales provocados por las dificultades que la población encontraba para subsistir aún no han podido ser extirpados. -¿Hasta qué punto la situación de escasez pone en peligro la cohesión social? -En el año 1994, tras la caída de la URSS, y después de las protestas acaecidas en la capital, el actual jefe de Gobierno cubano afirmó que si era importante mantener la capacidad defensiva del país frente a un supuesto enemigo externo, también lo era mantener la capacidad alimentaria. De este modo, indirectamente, se aceptaba que la crítica situación de aquel momento había puesto en peligro la cohesión social, abriendo las puertas a reacciones caóticas que podrían afectar el completo ordenamiento del país. Al poco tiempo, aparecieron y fueron puestas en vigor con una rapidez inusitada varias medidas que permitieron hacerle frente a la crisis, por un lado, y comenzar a activar una fuente de dinamización de la economía nacional, por el otro. No fue por gusto, y aunque las medidas fueron algo erráticas, en los años siguientes se verificaron tasas de crecimiento positivo que hacían prever otras reformas. No obstante, no fue así. Y con el tiempo hemos visto producirse una desintegración social alarmante. Creo que el solo hecho de la vasta emigración que se produce en el país, tanto legal como ilegalmente, y en muchas ocasiones con peligro para la propia vida, es un indicio muy preocupante de esto y que nos tendría que llevar a todos a reflexionar con humildad sobre lo que sucede. Ahora, dada la muy delgada, frágil y agujereada red de seguridad social, un incremento en las restricciones presupuestarias nos podría poner nuevamente, y ya se sienten sus efectos, en condiciones muy similares a las de esos muy críticos años del llamado periodo especial. Y cuando el cinturón aprieta y no hay posibilidades de realización propia, los argumentos ideológicos se evaporan con rapidez. -En su artículo usted ha enunciado algunas posibles reformas económicas que considera urgentes, como la promoción de la pequeña y mediana empresa, la seguridad para la inversión extranjera, o la unificación de la moneda... ¿Cuál sería, en su opinión, la forma correcta de poner en marcha todas estas reformas? -Esta es una pregunta que toca aspectos técnicos de definición de políticas, relaciones entre las mismas y timing para su aplicación. Una serie de circunstancias que exceden mis posibilidades de análisis. No obstante, me atrevo a decir que resulta urgente una amplia, simultánea e incisiva aplicación de las mismas. Estamos, usando un término médico, ante un enfermo muy grave, a punto de llegar al estado crítico y es imprescindible actuar con determinación, afrontando los riesgos. En modo alguno esto debe significar improvisación, pero es tal la situación, según el criterio extendido de los especialistas, que no podemos caer en la insensatez de aplicar a cuenta gotas ciertas políticas. Se hace necesario un paquete grueso y profundo de medidas relacionadas entre sí. Quizá destacaría todo lo que tiene que ver con la dinamización de la economía interna, específicamente la introducción, ampliación y desarrollo de nuevas formas empresariales bajo un contexto jurídico de pleno reconocimiento y garantías estables y duraderas. Así se introduciría un elemento muy expresivo de los cambios, y psicológicamente hace falta, alentando la esperanza y el nuevo rumbo del país, aligeraría la situación laboral y de ingresos, y permitiría a gran escala la realización de las energías y proyectos de muchos ciudadanos. También y poco después se haría necesaria una amplia reforma del actual sistema empresarial estatal que debería afrontar un clima de austeridad y restricciones presupuestarias fuertes, según la terminología técnica. Conjuntamente, se tendría que reformar y crear nuevas perspectivas para la inversión extranjera, poniéndonos al día en lo que respecta a la legislación internacional. Tales perspectivas deberían asegurarles a los inversionistas extranjeros la seguridad de sus intereses y la posibilidad de repatriación de beneficios, eliminando todo el marasmo de control que actualmente existe y que enrarece el clima de confianza. Quizá habría que pensar en formas muy flexibles y generosas de participación de la inversión extranjera, porque ciertamente la situación crediticia es harto complicada y no creo que pueda resolverse en el corto plazo. En este sentido, la inversión extranjera no sólo sería una fuente de renovación y modernización, sino también de financiamiento fresco del cual estamos muy necesitados. Estas políticas exigen un trasfondo financiero transparente que permita la valoración adecuada de las opciones económicas y una eficiente asignación de los recursos. Por lo tanto, no se puede alejar más la necesaria unificación de la moneda. Pero la misma no daría los resultados apetecibles sino se reforma de manera radical el sistema bancario y financiero del país a la vez que el manejo fiscal de la economía. En este sentido, habría que establecer la autonomía del Banco Central. Ciertamente en blanco y negro estas políticas parecen muy fáciles, pero sabemos que no lo son. Representan también ajustes en el orden social, con dolorosas consecuencias posibles, que se deben tener en cuenta. Pero es tal el momento apremiante que vivimos que o nos lanzamos a este trabajo duro y fatigoso, y no menos imprescindible, o nuestro enfermo podrá caer en shock. No es posible ahorrarle el dolor de una intervención profunda y renovadora porque lo que está en juego es su vida, nuestra vida. -A algunos analistas internacionales les sorprende la edad del principal grupo de dirigentes de la Isla. ¿Cuál es su opinión al respecto? - En principio, la edad no debe ser un hándicap para valorar la capacidad de los dirigentes. De hecho, la edad introduce el elemento de la necesaria experiencia que nos puede evitar caer en errores ya vividos. No obstante, reconozco que es un elemento llamativo, y más hoy cuando nos vamos adentrando en un mundo globalizado donde se acelera la toma de decisiones y se exige una mente fresca, renovada y libre de esquemas anquilosados. Yo destacaría en estos tres años la ausencia de esa mentalidad y un recentramiento en un orden de cosas que se ha mostrado incapaz de conducir a Cuba por sendas de crecimiento sostenido, modernización y desarrollo en un ámbito de libertad. -¿Cuál es su posición como católico ante el camino por el que la Isla debe transitar en el futuro? -Creemos en un Dios que se ha hecho camino nuestro, que se ha bajado a nuestra altura, que dialoga con nosotros, que es ‘Palabra’, con todo aquello de racionalidad, crítica y avivamiento existencial que se implican en la noción de ‘Palabra’. Él se ha arriesgado por nosotros, ha dado el paso hacia nosotros. En medio de la bruma de nuestra noche, Él ha venido a convivir con nosotros y no como un extraño o como un ser de otra realidad, sino que ha asumido todo lo nuestro. Nos atrevemos a ser gente de esperanza y de paciencia, apelando al diálogo, a la concordia, a la racionalidad de lo humano, que no es fría y calculadora ni olvida de los latidos del corazón, sino que dice de la pasión por todo lo humano, aún con sus miserias y caídas. Por eso, somos amantes de la libertad, aunque a veces sea motivo de confusión. Siempre confiamos y queremos mirar hacia adelante porque nos sabemos sostenidos por Aquel que es el Señor del futuro y que nos guarda en su amor compartiendo lo humano porque ha asumido todo lo humano. Él es así signo de convivencia humana y nos la ha presentado como nuestro ámbito propio. Una convivencia que se realiza en medio de la diferencia, donde cada uno tiene una voz, un pensar, un corazón, un sueño, una pasión, que se hace necesario para todos. Dios no desoye ninguna voz. Nos ampara a todos. Por eso el camino de la vida no lo comprendemos sino es en medio de la diferencia, que enriquece y hace crecer, aunque sea difícil y ponga a prueba nuestra paciencia. Por eso alentamos a escuchar la voz de cada persona, resguardándola de toda exclusión. Necesitamos la voz de todos. De ahí que somos católicos, es decir, apasionados por la totalidad y por lo universal. No queremos ganar nada a costa de dejar derrotados a algunos. Queremos ganar siendo vencedores todos. Por eso muchas veces no elevamos la voz porque no queremos irritar al hermano ni exasperar. Pero otras tantas veces no mostraríamos nuestra vocación si nos mantuviéramos callados. Sabemos que nuestra voz no agota el conjunto de la coralidad humana, pero si calláramos siempre se perdería irremediablemente una nota de gran altura y belleza. Bajo esta perspectiva, desearía que nuestro camino como nación fuera en base al diálogo, donde nadie se arrogara el derecho de ser la única voz, el único modelo, el único proyecto, sino que se invitara a todos a aportar, a poner lo suyo.