Por Emilio Morales*
A tres años de expirar el segundo y último mandato del gobernante
Raúl Castro, los cambios emprendidos y los espacios abiertos para
ejercer el trabajo privado, no acaban de estabilizar y enrumbar la
economía por un sendero exitoso.
El escenario actual se torna difícil para la economía cubana. Más
allá del deseo de la cúpula gobernante de querer salir adelante en la
transformación del modelo económico, la realidad muestra que el
pensamiento estratégico y táctico de las reformas es tan arcaico y
obsoleto como la estructura misma que hoy rige los destinos de la isla.
Existen dos poderosos factores que entorpecen las transformaciones:
la falta de recursos financieros (capital) y las rígidas leyes que
regulan la economía y lejos de atraer las inversiones, se comporta como
una barrera al desarrollo y la apertura de mercados.
Es por ello que la convocatoria de la Asamblea Nacional del Poder
Popular -aún no formalizada- para discutir la nueva Ley de Inversiones, a
finales de marzo (¿o se pasará para abril?), parece ser la última carta
del gobierno para intentar salir del inmovilismo económico y enrumbar
las reformas por un camino esperanzador para el pueblo cubano.
Factores de impacto
Lo cierto es que las reformas de Raúl Castro no han logrado atraer el capital extranjero que se necesita.
Las expectativas apuntan a la década de los 90, cuando mayor fuerza
tuvo el proceso inversionista extranjero en la isla. El auge de la
actividad empresarial externa fue tan fuerte, que -junto a las empresas
operadoras de las zonas francas y otros tipos de asociaciones- se
consiguió acumular un capital comprometido para inversiones de unos
$3,000 millones de dólares.
Sin embargo, a partir del 2002, comenzaron a declinar en cantidad y
capital efectivo. En el 2004, el gobierno dio un giro de 180 grados y
retomó las pautas de la economía centralizada, dando lugar a un rápido
proceso de desaceleración de las inversiones que congeló paulatinamente
el emergente proceso aperturista.
El retranque gubernamental desencadenó el cierre de alrededor de 200
empresas mixtas, lo que provocó un bajón en el monto total del capital
comprometido para las inversiones privadas en el país. En cambio, se
optó por dar mayor prioridad a las inversiones de socios gubernamentales
como Venezuela, China y Brasil que a los inversores privados, relegados
a un segundo plano mediante una acelerada disminución de sus contratos.
Con la llegada de Raúl Castro al poder se ejecutó una cruzada en la
lucha contra la corrupción de los inversionistas extranjeros y
empresarios cubanos representantes de empresas estatales. Como resultado
de estas medidas, fueron detenidos varios empresarios extranjeros y
cubanos de alto rango (incluidos un ministro, varios viceministros y
directivos de empresas). Los arrestados, fueron llevados a juicio bajo
cargos de corrupción, sobornos y otros delitos, y algunos recibieron
sentencias de hasta 20 años de privación de libertad. Otros han salido
después de permanecer más de un año en prisión en espera del juicio,
como los empresarios británicos Amado Fakhle y Stephen Purvis, altos
ejecutivos de la empresa Coral Capital Group Ltd.
Campos de golf en el limbo
La cruzada anticorrupción cubana trajo como consecuencia que la
confianza de los inversionistas disminuyera considerablemente,
generándose un ambiente poco atractivo para poner dinero en la isla.
Esta atmósfera de incertidumbre e inseguridad ha servido para detener el
flujo de capitales hacia el país.
A ese efecto adverso hay que sumarle que en los últimos cinco años,
tres megaproyectos proyectos esperanzadores han resultado en fracaso a
causa de la errónea estrategia del gobierno cubano.
El primer tropiezo fue con el archiconocido proyecto de los 16 campos
de golf, que se vienen promoviendo hace más de nueve años y que aún no
ha logrado ejecutarse ni el primero. Tales proyectos, con un potencial
de inversiones de alrededor de $3,500 millones de dólares, están
empantanados en un limbo que solo una nueva legislación renovadora,
flexible, abierta y atractiva puede despertarlos del letargo en favor de
los propósitos inversionista que reclama el sector turístico.
Para ello, la nueva ley tiene que resolver el crucial problema de la
propiedad de superficie de los inmuebles que pretenden venderse y
generar la confianza que los compradores necesitan. En otras palabras,
significa que la oferta en juego tiene que ser tan atractiva que las
opciones existentes en el Caribe y Estados Unidos, desde Bahamas, la
Rivera Maya en México, República Dominicana, hasta Sarasota y los Cayos
del Sur de la Florida.
Los sesudos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera deben acabar de entender de una vez que no basta con tener
paisajes encantadores y playas paradisíacas: las leyes también tienen
que estar a la altura de la naturaleza o de lo contrario los sueños de
desarrollo duran tanto como una pompa de jabón.
Petróleo hasta nuevo aviso
El segundo traspié para la economía cubana fue la búsqueda de petróleo en aguas territoriales cubanas. Más de 10 años de lobby
utilizó el gobierno para lograr convencer a varias transnacionales de
la industria petrolera a enrolarse en las perforaciones en aguas
profundas del Golfo de México, al norte de la isla.
Sin embargo, el apoyo cubano a la nacionalización de YPF por parte
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los obstáculos
geológicos para extraer el crudo, pusieron fin a un esfuerzo colosal,
que incluyó hasta la construcción de una plataforma semisumergible capaz
de explorar petróleo sin violar los impedimentos del embargo
estadounidense. Tras el fiasco en tres pozos se esfumó la esperanza de
que el país encontrara una nueva locomotora para su economía y todavía
quedan en el aire las interrogantes: ¿Realmente cuál fue el fallo?
¿Había o no había petróleo?
Cuando empresas como Repsol y otras involucradas en la exploración
petrolera al norte de Cuba deciden posicionarse para invertir, no lo
hacen para abrir un pozo y retirarse después. La búsqueda lleva tiempo y
probablemente sea necesaria la perforación de más de una veintena de
pozos para dar caza al preciado yacimiento. Pero el fantasma de la
nacionalización quebró la confianza de los postores y determinó la
automática y temprana orden de retirada. El resultado: no habrá búsqueda
de petróleo en aguas profundas hasta que las condiciones de confianza
sean restablecidas.
Un comienzo difícil para el Mariel
El tercer escollo está en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel
(ZEDM). El recién inaugurado y notoriamente publicitado puerto del
Mariel, financiado a un costo de $900 millones de dólares con la ayuda
del gobierno de Brasil, no ha despertado el hambre de inversiones para
lo cual fue diseñado.
Las preocupaciones están a flor de piel, por mucho que el discurso
oficial trata de enmascararlas. Hasta hoy no han aparecido las grandes
inversiones proyectadas, aún cuando, en teoría, el proyecto del Mariel
se sustenta en una estrategia de gran magnitud y a largo plazo.
El escenario actual presenta serias dificultades y retos, desde los
absurdos y poco atractivos mecanismos para la contratación del personal
hasta la fuerte competencia que deberá encarar con zonas similares
existentes en Panamá, Jamaica y otros países del Caribe y Centroamérica.
Todos con muchos años de experiencia, probada eficiencia operativa y
precios competitivos, además de tener mejores condiciones para
desarrollar el comercio con el principal mercado de la región: Estados
Unidos.
El proyecto del Mariel nace limitado por las medidas que se derivan
del embargo, como la prohibición de entrar a aguas territoriales Estados
Unidos a buques que hayan atracado en Cuba en los últimos seis meses. A
la vez, el desarrollo de la zona requiere de cuantiosos capitales para
su desarrollo, lo que se traduce en una presencia de larga estancia en
la isla por parte de los inversores, que quedarían también atados a las
regulaciones del embargo. Los factores de riesgo no permiten mucho
entusiasmo respecto a inversiones de largo alcance en la primera etapa
el proyecto.
La cruzada antiembargo
Mientras tanto, la nueva ley de inversiones está precedida por un fuerte lobismo antiembargo, dentro y fuera de Cuba.
Desde hace meses, el gobierno cubano ha articulado varias acciones,
con un menú diverso sobre la mesa. En esa lista de tentaciones para
inversionistas indecisos se inscribe de intento de negociar con las
Grandes Ligas la contratación de peloteros cubanos; el encuentro del
jefe de la Sección de Intereses Cuba en Washington, José Ramón Cabañas,
con empresarios en Tampa; y el reciclaje de las declaraciones del
acaudalado empresario Alfonso Fanjul sobre sus deseos de invertir en la
isla “cuando las leyes lo permitan”. El trabajo de la propaganda oficial
se complementa con inducciones hacia la prensa estadounidense, y el
complemento siempre diligente de ciertos sitios y espacios
“alternativos” de Miami.
Por cierto, las polémicas declaraciones de Alfy Fanjul levantaron
ronchas en el exilio más conservador, pero su efecto movilizador estaba
puesto en otros blancos. No hay que olvidar la reacción de políticos
como el ex gobernador de Florida, Charlie Crist, quien casi al unísono
pidió públicamente el fin del embargo a la isla. Una posición en las
antípodas a la manifestada durante su campaña al Senado federal, cuando
apoyaba incondicionalmente el embargo. ¿Será que estas inesperadas
posturas muestran la punta de un iceberg oculto? ¿O se trata de movidas
circunstanciales que se repiten cada cierto tiempo en torno a la
política estadounidense?
Obviamente salta a la vista que el gran dilema que tendrá que
resolver la nueva ley de inversiones será el mismo de las legislaciones y
normativas implementadas por Cuba desde 1995: la rigidez legal y el
ambiente poco confiable para arriesgar el capital.
Una oportunidad única
La nueva legislación tiene que garantizar la propiedad de la tierra,
dejar escrito que bajo ninguna circunstancia se van a aplicar medidas
nacionalizadoras al estilo de los años 60 y asegurar una repatriación
del capital sin obstáculos.
Asimismo, deberá permitir la libre contratación del personal cubano
sin la intermediación de las empresas del Estado y asegurar que los
trabajadores contratados puedan percibir un salario verdadero, con la
libertad sufuciente para que los empleadores seleccionen al personal a
su antojo.
Pero esencialmente debe introducir novedosas enmiendas para atraer
capital de exiliados cubanos, permitiendo que puedan invertir sin trabas
de ningún tipo. De Igual manera debe contemplar iguales oportunidades
para los cubanos residentes en la isla, con la opción de que puedan
tener sus propias empresas y tengan acceso al mundo exterior para buscar
créditos en favor del desarrollo de sus propios negocios.
Un aspecto fundamental de la legislación debe contemplar la
repatriación del capital sin impuestos hasta alcanzar el valor perdido,
como compensación económica a todos aquellos exiliados interesados en
invertir en el país y a quienes se les confiscaron sus propiedades en
los primeros años de la revolución.
En el mundo moderno las inversiones las hacen las empresas, no los
gobiernos. Cuba tiene una gran necesidad de inversión de capital en
todas las ramas de su economía para poder sobrevivir como nación y
acariciar una esperanza de desarrollo futuro. Seguir apostando a la
ayuda de la moribunda economía venezolana es un camino errado como lo
fue depender de la Unión Soviética en tiempos pasados. Convertir esas
grandes necesidades de la economía cubana en atractivas y viables
oportunidades para inversiones, dependerá en gran medida de la esperada
Ley para la Inversión Extranjera del 2014.
No hay mucho tiempo para esperar y la oportunidad es única. Raúl Castro y sus acólitos lo saben.
----------------------- *Economista cubano. Ex jefe de planeación estratégica de mercadotecnia en la corporación CIMEX y autor de los libros Cuba: ¿tránsito silencioso al capitalismo? y Marketing without Advertising, Brand Preference and Consumer Choice in Cuba. Es presidente de Havana Consulting Group, en Miami.
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